Urdangarín y el cuestionamiento de la transparencia económica de la Casa Real

Enrique Santiago.

Abogado.

No es casualidad que mientras más arrecia la critica a un modelo constitucional obsoleto –el de la Constitución de 1978, con 34 años de antigüedad en los que el único cambio en profundidad ha sido realizado para proscribir las políticas keynesianas, incapaz de garantizar el Estado Social y de Derecho que lo legitimaba-, más sonoras sean las voces que desde los poderes económicos que precisamente se han enriquecido a costa del empobrecimiento de la mayoría de la sociedad, que proliferen las voces en defensa de dicho modelo político y, en especial, de la persona que su cúspide lo personifica, representa, y garantiza: el jefe del Estado nunca elegido de forma directa ni refrendado, Juan Carlos I, el rey de España coronado por las Cortes franquistas.

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Cristina de Borbón es accionista, miembro de órganos de administración y receptora de dividendos de las empresas investigadas en la trama Nóos. ©Juan Manuel Herrera/OAS

Confundir la cerrada y larga ovación al Rey (leer editorial de El País del 4 de marzo) en la inauguración de la X Legislatura -una ovación procedente de las mismas fuerzas políticas que han entregado la soberanía de España al dictado de los mercados, al eje franco-alemán y al Banco Central Europeo con trágicas consecuencias sociales y económicas para todos los ciudadanos; una fuerzas políticas que gozan de mayoría debido a un sistema electoral claramente injusto y antidemocrático- con un mayoritario apoyo a la Monarquía es un error de apreciación grave sino una burda falacia. Ocultar el cada vez mas extendido cuestionamiento es, simplemente, ocultar una realidad que se acredita cada mes en las encuestas del CIS, ya de por si precocinadas, a pesar de lo cual en cada nueva publicación ponen de manifiesto el creciente rechazo social a una forma de Gobierno cada día mas innecesaria, costosa, anacrónica y alejada de la realidad social. En esto, como en tantas otras cosas, la opinión del legislador elegido mediante la antidemocrática Ley Electoral en vigor, cuestionada incluso por el Consejo de Estado, no parece que represente fielmente la opinión popular.

Evidentemente, no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Son más iguales quienes cuentan con más recursos para contratar buenos abogados defensores y quienes cometen delitos económicos o de cuello blanco, sensiblemente menos penados que los delitos más frecuentes entre los sectores sociales excluidos, como los pequeños robos o hurtos, delitos comunes más habituales. Mientras que las clases sociales elevadas muestran en todos los estudios criminológicos mayor tendencia a no respetar la ley, son las clases más bajas las que mayoritariamente pueblan las cárceles.

“Recordemos cómo ha adquirido gratuitamente el Rey de España sus muy ostentosos yates, pasando la bandeja entre los mayores empresarios de las Baleares y la Comunidad Valenciana”
Desigualdades y privilegios

Respecto a la Casa Real, no solo el rey, inviolable y no sujeto a responsabilidad alguna por sus actos según el articulo 56 de la Constitución Española, -caso único ene las jefaturas de Estado en Europa- debido a tales desorbitados privilegios disfruta de trato diferenciado en las leyes respecto a los demás ciudadanos. También el príncipe heredero y demás ascendientes y descendientes del rey (incluida la esposa de Urdangarin, la infanta Cristina) disfrutan de una protección desmesurada que impide una abierta crítica a sus actos, toda vez que por mor de los artículos 490.3 y 491 del Código Penal, cualquier crítica a sus actuaciones puede ser considerada injuria o calumnia.

El rey, sus ascendientes, descendientes, y su esposa no son iguales al resto de españoles ante la ley, al menos a los anteriores efectos. Y a efectos prácticos, recordemos que los casos de investigación por corrupción, las esposas o esposos de imputados que han participado o han sido utilizados en el ocultamiento o desvío patrimonial por parte del esposo o esposa imputado suelen ser citadas a declarar para al menos aclarar su grado de conocimiento o participación en los hechos delictivos investigados, como recientemente hemos podido ver, por ejemplo, respecto a  la esposa del Tesorero del PP, Luis Bárcenas, investigado en su día en el marco del caso Gürtell. Resulta irónico que no habiendo optado ni la fiscalía de Mallorca ni el juez instructor por citar a declarar a la esposa de Urdangarin, -accionista, miembro de órganos de administración y receptora de dividendos de las empresas investigadas en la trama Nóos- aún haya voces que tachen a ambos funcionarios judiciales de excesivamente celosos en la investigación del caso, como si tuvieran una especial inquina contra la monarquía por cumplir con su obligación minima de investigar apropiaciones de dinero publico por más de 10 millones de euros realizadas, presuntamente, por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, a través de sus conglomerados fundacionales y empresariales.

Y no solamente la infanta Cristina, sino los mismísimos hijos de ambos y nietos del rey han aparecido en los organigramas de las empresas investigadas, evidentemente haciendo realidad aquello que, en su día, el también presunto latrocina, Jaume Matas, manifestó con claridad: “No se pregunta, cuando los contratos o beneficios los pide un miembro de la Casa Real”. Y si no, recordemos cómo ha adquirido gratuitamente el Rey de España sus muy ostentosos yates, pasando la bandeja entre los mayores empresarios de las Baleares y la Comunidad Valenciana, los mismos que se enriquecieron  con contratos públicos que han arruinado a ambas comunidades autónomas.

Los pedagogos dicen que los niños aprenden lo que ven a su alrededor. Quién sabe si Urdangarin quiso imitar lo que había visto a su alrededor, en una sociedad donde la cultura del pelotazo y el enriquecimiento fácil ha alcanzado a todos, mientras la monarquía española ha escalado puestos año a año en la clasificación de las grandes fortunas europeas publicada por la revista británica Eurobusiness.

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Palacio de Marivent en Mallorca, residencia veraniega de la Familia Real.
Insulto a la inteligencia

Es un insulto a la inteligencia decir que el rey cortó los negocios ilegales de Urdangarin. Una vez que supo de ellos, ni acudió a la justicia a denunciarlos ni mucho menos conminó al ahora imputado a que devolviera el dinero desviado –lo que habría posibilitado que ahora se encontrara en un situación procesal sustancialmente mejor que la actual-, dinero con el que él y su esposa habrían comprado un nada discreto palacio en el exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes. La intervención del Rey, lejos de ser ejemplar, consistió en intentar que pasaran desapercibidas a la opinión publica las hipotéticas fechorías cometidas por el yerno y en enviar al duque lo más lejos posible de España, con un nuevo millonario salario, esta vez en Telefónica. Incluso el abogado de confianza del Rey, José Manuel Romero, intervino en la disolución de una de las fundaciones manejadas por Urdangarin, y ahora investigadas por la justicia, firmando el traspaso del patrimonio fundacional no a obras de beneficencia precisamente, sino a otra fundación controlada también por Urdangarin y sus socios que, posteriormente, también se vio implicada en apropiación y desvío de recursos públicos a cuentas bancarias controladas por el duque en paraísos fiscales. Que cada quien valore si se trató de una operación de ocultación de rastros criminales o, por el  contrario, de la reparación del daño causado al erario publico.

No es frivolidad cuestionar que la Casa Real no es transparente en sus finanzas. Sólo a consecuencia de los últimos escándalos ha incorporado a su plantilla a un auditor, pero no hace públicas las auditorias. El Rey reparte a su discreción entre sus descendientes el dinero público que recibe la Casa Real mientras que sus hijas, además, disfrutan de otros salarios y rentas de capital, -al menos en el caso de los dividendos percibidos por la infanta Cristina, procedentes de la empresa Aizon- con origen en negocios presuntamente nada claros.

“Quién sabe si Urdangarin quiso imitar lo que había visto a su alrededor, en una sociedad donde la cultura del pelotazo y el enriquecimiento fácil ha alcanzado a todos”
Legitimidad franquista

Los españoles no asumieron libremente la forma política monárquica durante la Transición. Nunca hubo opción de un pronunciamiento popular separado entre democracia republicana o monárquica, y existía una importante presión del ejército y el búnker franquista para mantenerlo todo “atado y bien atado”. La legitimidad originaria del Rey es la de la dictadura franquista, legitimidad que recibió al ser nombrado rey y jefe de Estado por las Cortes franquistas, sin que hasta la fecha haya estado dispuesto a someterse al veredicto de las urnas. Hoy día, más de la mitad  de los actuales electores nunca votaron la Constitución del 78, porque no habían nacido o porque no tenían 18 años en Diciembre de 1978.

Lo que el Rey debe a los españoles

El Rey no ha rendido ningún servicio impagable a España, ni los españoles le debemos la democracia. Los españoles le hemos rendido un servicio impagable al permitir que el sucesor de Franco adquiriera legitimidad constitucional como jefe de Estado democrático. Es el rey y su familia quienes deben mucho a los españoles y no al revés. En el 23F, la más que cuestionable actuación del Rey –no se pronunció hasta siete horas después de ocupado el Congreso de los Diputados, siendo su preceptor, el General Armada, el organizador y máxima autoridad del golpe- ha quedado aclarada tras la desclasificación de los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania. Así, hemos conocido las cartas del embajador alemán de la época a quien, apenas unos días después del 23F, el Rey expreso más que simpatía por los militares golpistas –actitud muy poco respetuosa con el pueblo español y la democracia– además de manifestarle su intención de intervenir para que las penas a los anteriores  fueran lo más leves posibles.

El papel del Rey como jefe de los Ejércitos continúa otorgando a esta institución un carácter desvinculado de los ciudadanos y sitúa en su cúspide al único cargo institucional no sometido a control político
Imposición del centralismo

El Rey no es ninguna argamasa del estado autonómico. De hecho, la monarquía Borbónica representa la imposición del centralismo español sobre las nacionalidades históricas como catalanes y vascos, además de suponer un elemento de desencuentro entre éstas y el resto de España. Su papel como jefe de los Ejércitos continúa otorgando a esta institución un carácter desvinculado de los ciudadanos y sitúa en su cúspide al único cargo institucional no sometido a  control político.

Para los responsables de la crisis económica y de la pérdida de soberanía de España frente a los mercados nunca es ni será momento de cuestionar la jefatura del Estado porque siempre habrá otros problemas que, previamente, ellos se encargarán de crear para su mayor enriquecimiento, como el desempleo, los desahucios, la crisis económica, etc. Por eso, quienes defendemos como modelo de estado una República democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas no defendemos esta opción simplemente para poder elegir un presidente como jefe de Estado, sino para rescatar a nuestro país del secuestro permanente de su soberanía al que se encuentra sometido por mercados, oligarquías e instituciones no democráticas como la Iglesia o la misma Monarquía.

* En contestación al editorial de El País, del 4 marzo, ‘El caso Urdangarin y el futuro de la Monarquía. El artículo está firmado también por Hugo Martínez Abarca; Miguel Pastrana y José María Coronas

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3 comentarios de “Urdangarín y el cuestionamiento de la transparencia económica de la Casa Real

  1. mercedes
    14 marzo, 2012 at 8:12

    magnífico artículo, muy bien explicado. Ni el más tonto podrá decir ahora que no sabe lo que ha pasado y lo que pasa. felicidades a sus autores

  2. José
    17 marzo, 2012 at 12:48

    Comparto el artículo cien por cien. Gracias por esa mente lúcida que tienes. Artículos como este son los que nos abren los ojos a la mayoria de los mortales.

  3. José Luis
    30 mayo, 2012 at 11:34

    Rotundamente claro e imposible de rebatir, por lo que sólo cabe suscribirlo y extenderlo.

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