Las sombras de la privatización de hospitales en Castilla La Mancha

Marcel Félix de San Andrés || Periodista.
Puertollano.

A través de la absorción de Ribera y Salud y de la adjudicación directa, la multinacional sueca CAPIO gestionará los cuatro hospitales privatizados en Catilla La Mancha. En la disputa por hacerse con la tarta sanitaria entran también las grandes constructoras españolas y apellidos vinculados a Mercadona.

Capio Sanidad será la adjudicataria de los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa. ©Paris Félix

Con la excusa de que no son rentables, María Dolores de Cospedal privatizará este verano la gestión de cuatro hospitales públicos. Todo apunta a que será Capio Sanidad, multinacional sueca extendida por varios países y con negocios en multitud de sectores, incluida la construcción, quien se hará con el primer pedazo del pastel sanitario. Sé apunta que tras Villarobledo, Almansa, Tomelloso y Manzanares podrían llegar Puertollano y Valdepeñas, y que dado este paso el resto de hospitales públicos saldría a subasta. En el modelo que se pretende aplicar en Castilla La Mancha, importado de la Comunidad Valenciana, la gestión del hospital lleva aparejada la de los centros de salud de su área de influencia

Capio Sanidad llega a Castilla La Mancha de la mano de altos cargos del Partido Popular, algunos ligados al propio gobierno regional y con la tarjeta de presentación que supone gestionar buena parte de la sanidad pública madrileña y otras siete comunidades autónomas.

Capio, multinacional sueca, es líder del mercado en Suecia y España
¿Qué es Capio Sanidad?

La multinacional sueca es uno de los principales proveedores europeos de asistencia sanitaria, líder del mercado en Suecia y España, cuarto en el Reino Unido y segundo en Francia. Tiene presencia en Noruega, Finlandia, Dinamarca y Alemania y también está ligada a actividades inmobiliarias.

Creada en 1993, tiene una facturación anual superior a 1.200 millones de euros y 14.000 empleados. En nuestro país cuenta con 28 centros, 14 de ellos hospitales, entre ellos la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, el Hospital General de Cataluña en Barcelona, el Hospital Sur de Alcorcón de Madrid o el de Las Tres Culturas, en Toledo. En enero de 2005 compró Ibérica de Diagnóstico Cirugía (IDC), que era el primer grupo hospitalario privado español, por 330 millones de euros. Está ya presente en siete comunidades y factura más de 300 millones de euros.

Es la concesionaria del hospital de Valdemoro que, junto a la nueva zonificación sanitaria de Madrid (Área 14, Fundación Jiménez Díaz), supone que su volumen de negocio en la comunidad son 500.000 pacientes madrileños y más de 200 millones de euros anuales. Fuente: “Globalización y salud 2009″, página 234, Fundación Sindical de Estudios y Comisiones Obreras de Madrid. 

¿Quién se beneficiará de la privatización de los cuatro hospitales?

Entre los distintos nombres que aparecen vinculados a Capio Sanidad, como accionistas o directivos, destaca el de Rodrigo Rato, actual presidente de BANKIA, ex vicepresidente y ministro de economía con José María Aznar y máximo responsable del FMI, incapaz de ver llegar la grave crisis que nos ahoga. Ignacio López del Hierro, perejil de todas las salsas, esposo de la presidenta castellanomanchega y muy aficionado a los lucrativos consejos de administración, reparte sus inversiones en multitud de empresas y, según fuentes consultadas, alguna de  las cuales también gestiona hospitales. Para rizar el rizo, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Ignacio Echaniz, es hermano de Teresa Echániz Salgado, subdirectora de investigación de Capio Sanidad.

Parece evidente que Capio Sanidad será la adjudicataria de los hospitales de Villarrobledo, Tomelloso, Manzanares y Almansa. Entre otras razones porque Ribera Salud, que es el principal concesionario de la Comunidad Valenciana y participa ya en la gestión de los hospitales de Alcira, Manises, Torrevieja, Elche y Denia, es el principal candidato a gestionar el hospital de Almansa. Actualmente, los accionistas de Ribera Salud -Bankia y CAM- están en conversaciones con la multinacional sueca Capio Sanidad para venderle la propiedad. El proceso se encuentra en fase de negociación del precio definitivo de la operación y la fórmula de financiación. Rodrigo Rato juega obviamente un papel protagonista en el proceso de fusión.

José Ignacio Echániz, Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. ©JCCM
Otros aspirantes a la tarta

Capio Sanidad tiene los ojos puestos en estos concursos y también en otros que puedan surgir en la Comunidad Valenciana o en cualquiera de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Pero la multinacional sueca no es la única interesada en controlar el negocio de la gestión de la sanidad pública. ATITLÁN, el fondo de inversión que dirige Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig, no ha renunciado a entrar en un mercado que le permitiría diversificar su actividad. Constructoras de primera fila como FCC y Dragados ya tienen presencia en el sector, normalmente compartiendo beneficios con aseguradoras y empresas especializadas, y no renuncian a lo que consideran un negocio tan lucrativo como lo fueron la gestión de residuos o las energías renovables.

Un negocio tan atrayente que a veces provoca desencuentros entre “colegas”. Fueron muy sonadas las acusaciones del Presidente de la Cámara de Comercio toledana contra Dolores Cospedal a cuenta de un presunto pacto con las grandes constructoras adjudicatarias de las obras del nuevo hospital de Toledo. Según Fernando Jerez, a Contratas La Mancha no se le informó de los motivos de la rescisión del contrato del citado hospital. La empresa, parte de la Unión Temporal de Empresas constructora del proyecto, asegura que se le ha excluido ilegalmente del acuerdo de resolución del proyecto. Es más, denuncia que cuando pidió que información de los términos del acuerdo se le exigió que previamente firmara un documento de confidencialidad, algo inaudito tratándose de un contrato del sector público sometido por ley al principio de transparencia.

El conflicto entre empresas viene de lejos. En principio, Contratas La Mancha aportaba la experiencia en la ejecución de más de cien proyectos públicos en la región, y Acciona y Ferrovial potencia financiera y equipo humano y técnico para el proyecto. Pero en 2011, Contratas La Mancha presentó una querella criminal en los juzgados contra la gerencia y dirección de la obra por estafa, falsedad documental y administración desleal. Las empresas, ahora en litigio, constituyeron en 2006 una UTE para la construcción del Hospital General Universitario de Toledo, uno de los mayores centros sanitarios de Europa con un presupuesto que sobrepasaba los 300 millones de euros, y del que ya se ha ejecutado el 30%.

Uno de los términos que sí ha trascendido del acuerdo de resolución del proyecto es la aceptación por parte de Ferrovial y Acciona de los términos de la resolución, sin que se genere indemnización alguna para las empresas que forman la UTE. Sin embargo, días después de la resolución del macroproyecto en Toledo, se ha sabido que Ferrovial ha conseguido contratos para mantener y limpiar hospitales, por valor de 30 millones de euros. Entre los conseguidos a través de su filial Ferroser figuran tres de los cuatro hospitales que serán privatizados este verano: Almansa, Villarrobledo y Tomelloso.

El falso argumento de que lo público no es rentable

¿Cómo es posible que una cosa que no es rentable se la estén disputando las multinacionales del sector y atraiga inversiones de empresas ajenas? Es evidente que nos engañan al afirmar que los hospitales públicos no son rentables pero además, aunque no lo fueran, olvidan que su función es prestar un servicio a la sociedad y no generar beneficios económicos. En estas fórmulas de financiación público-privada y concesiones de Obra Pública, la financiación, gestión y, en algunos casos, la prestación de servicios corre a cargo de consorcios integrados por empresas constructoras –encargadas de levantar los edificios-, entidades bancarias –financian las inversiones- y aseguradoras -gestionan los servicios-; una vez entregado el nuevo hospital, la administración abona un canon anual, normalmente durante 30 años, que paga con cargo al gasto corriente del presupuesto y no al capítulo de inversiones, por lo que no computa como deuda pública, a pesar de que con esta fórmula se multiplica por siete el coste real de los centros.

El ahorro energético como solución

Una gestión eficiente de los recursos podría suponer un ahorro importante a los hospitales españoles. Lo afirma un estudio recientemente publicado por Euroconsult, consultora especializada, según el cual en Castilla La Mancha se podrían ahorrar casi 7 millones de euros si controlaran su consumo energético en tiempo real. Los hospitales españoles ahorrarían unos 178,8 millones de euros anuales con un control segundo a segundo de sus consumos energéticos, lo que supone el 25% de la demanda energética de las más de160.000 plazas hospitalarias repartidas en todas las comunidades autónomas, según estimaciones de Euroconsult a partir de los datos del Sistema Nacional de Salud.

Los ahorros más cuantiosos se producirían en las comunidades con mayor volumen de camas hospitalarias. A la cabeza se situaría Cataluña, con 37,7 millones de euros de ahorro cada año, seguida de Andalucía (24,5 millones), Madrid (23,9), Comunidad Valenciana (15,9), Galicia (11,6) y Castilla y León (10,6). Con un ahorro considerable, por debajo de los diez millones anuales, se encontrarían País Vasco (9,3), Canarias (8,6), Castilla-La Mancha (6,6), Aragón (6,1), Murcia (5,1), Asturias (4,7), Extremadura (4,6), Baleares (3,5), Navarra (2,7), Cantabria (2,4) y La Rioja (un millón).

Desacreditar lo público para que lo privado gane adeptos

De un tiempo a esta parte los gobiernos del PP están empeñados en desacreditar lo público para que la sociedad no cuestione los duros recortes y las crecientes privatizaciones. Esperanza Aguirre fue punta de lanza en esa estrategia, pero le han salido alumnos aventajados en Cataluña y Castilla la Mancha.

Cospedal ha superado a su mentora en ansias privatizadoras y cada día suma cierres, despidos, recortes o congelación de inversiones. Desde la oposición se pide al Servicio de Salud de Castilla La Mancha (SESCAM) que confirme si se están cerrando consultorios médicos en la provincia de Toledo, los días que el médico descansa tras una guardia, al haberse suprimido las sustituciones. A la denuncia se han sumado incluso alcaldes y diputados del PP.

CSIF, el único sindicato que no apoyó la Huelga General del 29M, tampoco la sectorial convocada recientemente en Castilla La Mancha, denuncia el cierre de 28 camas coincidiendo con las vacaciones de semana santa en el Hospital comarcal de Puertollano. Recortes que, junto a los aplicados en el Hospital General Provincial de Ciudad Real, o los del Virgen de la Salud de Toledo, están generando saturación en los respectivos servicios de urgencias, con enfermos amontonados en los pasillos esperando una cama hasta 48 horas.

El CESM, sindicato mayoritario entre los médicos, tiene previsto convocar huelga para los primeros días de mayo. Rechaza los duros recortes en las partidas de sanidad que se verán incrementadas tras la aplicación de los nuevos presupuestos, así como el importante recorte en las plantillas que ha afectado a interinos, correturnos y médicos con opción a jubilarse. En Toledo y mediante una carta, se comunicó a una treintena de experimentados profesionales que llegados a los 65 años debían acogerse a la jubilación, pese a estar en vigor un acuerdo que permitía a los médicos prolongar su vida laboral. Ninguna de esas plazas la ha cubierto un nuevo facultativo, lo que ha obligado al cierre de varias consultas.

El objetivo está a punto de lograrse: la valoración que los españoles hacíamos de nuestra sanidad pública desciende a velocidad de vértigo, y de ahí a compartir la privatización solo hay un paso.