José Manuel Martín Medem
Dos noticias. La buena, que la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a Naiara y Eduardo, acusados de atentado contra la autoridad por no someterse a la intervención de la policía contra su libertad de expresión.
La mala, que el periodista chileno Camilo Taufic murió el 9 de junio como consecuencia de un infarto fulminante.
Los hermanos Naiara y Eduardo, militantes comunistas, fueron acusados de agredir a los agentes cuando la policía intervino para impedir que ondearan una bandera republicana durante una visita del heredero de la Corona y su esposa a la localidad madrileña de Mostoles. Fue el 16 de mayo del 2006 y la mala justicia ha tardado ¡seis años! en reconocer -como decíamos en un reciente editorial de Crónica Popular – que “reclamar la República no es un delito” y que “los acusados no agredieron a los agentes y la actuación de la policía fue de intimidación contra la libertad de expresión”. Nos alegramos (¡mucho!) de que no les hayan impuesto la condena de dos años de prisión (con multa de 2.500 euros) que pidió la fiscalía. Pero de nuevo queda en la impunidad la actuación de los servicios públicos de seguridad que deben garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Para defender esos derechos y libertades cada vez es más importante la democratización de los medios de comunicación. Lo están haciendo ahora los gobiernos de la izquierda latinoamericana como culminación de un proceso que comenzó en Chile con la Unidad Popular de Salvador Allende. En aquel grupo de periodistas y sociólogos, que nos explicó la importancia de la comunicación para la transformación socialista, destacaba Camilo Taufic, autor de Periodismo y lucha de clases, uno de los libros de las extraordinarias publicaciones populares de Ediciones Quimantú. Taufic ya denunciaba en 1973 que, siendo la comunicación un patrimonio colectivo, es la propiedad privada la que acumula y controla sus instrumentos más decisivos.
