La lucha de clases en España: Asalto neoliberal contra las pensiones

Pedro González de Molina || Construyendo la Izquierda- La alternativa Socialista.

La Troika, en connivencia con el gobierno alemán y la oligarquía financiera europea “obligó” al gobierno socialista en 2010, a virar el timón de la política económica y social, con el resultado que todos conocemos. Un año más tarde, el partido en el gobierno perdió las elecciones frente al PP, que fue aupado al poder, avanzando de forma radical en el camino que fue marcado por la Troika en 2010, conjunto a su planteamiento “clásico” de la derecha española, que pasa por la re-centralización estatal, marcado en la última Reforma de las administraciones locales casi calcada de la reforma de los moderados isabelinos, y el recorte de derechos tratando de cancelar las conquistas históricas logradas en la Transición y en las legislaturas posteriores.

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 El dificultar el acceso al subsidio producirá una mayor competencia por el trabajo en nuestro país, y, como es obvio, los mayores de 55 años tendrán todas las papeletas para caer en la exclusión social. ©Fotomovimiento

El PP lleva un año en el gobierno protagonizando el mayor ataque, desde la Dictadura, contra los derechos de todo tipo, contra el Estado del Bienestar, y contra la democracia en nuestro país. El último ataque protagonizado por la alianza entre la oligarquía financiera, la Troika y el establishment español ha sido dirigido contra las pensiones, tal y como veníamos denunciando en el artículo “El síndrome de Estocolmo” hace casi un año (1), y como han denunciado otros tantos intelectuales y periodistas.

El objetivo está claro, apoyar una contrarreforma de las pensiones a la chilena, y facilitar la conversión de las pensiones en un negocio rentable para las todopoderosas Empresas de seguros, tal y como también están haciendo con la Sanidad Pública. El problema de raíz con el que se encontraban las grandes aseguradoras en España es que el modelo de Sanidad y Pensiones español funcionaba y funcionaba muy bien y la única forma de poder “obligar” a los ciudadanos españoles a contratar seguros privados era a través de la vieja estrategia neoliberal de realizar, en primer lugar, una ofensiva mediática contra el sector público tachándolo de insostenible – recordemos la ofensiva mediática denunciada por Vicenç Navarro (2) cuando se quería aprobar la jubilación a los 67 años -, y en segundo lugar, empeorar el sistema público hasta casi el colapso, mientras se desvían fondos y se legisla en favor del lobby correspondiente. En ese justo momento se declara la ruina y en nombre de la “sostenibilidad” del sistema se acomete una contrarreforma profunda. Pasemos a ver en qué consiste.

La jubilación a los 67 fue una imposición de Bruselas y fue aprobada en 2011 por todo el arco parlamentario, excepto por IU-ICV, que votó en contra, por el PP que se abstuvo, y logró el apoyo de la Patronal y de los Sindicatos. En contra de lo propuesto por Bruselas se introdujo, a petición de los sindicatos CCOO y UGT, una modificación que consistía en el retraso paulatino de la edad legal de jubilación hasta que en 2027 se alcancen los 67 años. Pero a la Comisión Europea le parecía insuficiente, y quería que se aplicase dicha contrarreforma para “ayer”. El gobierno del PP se comprometió precisamente con lo propuesto por Bruselas e hizo entrar en vigor la normativa aprobada por Zapatero, excepto la modificación propuesta de los sindicatos, lo que ha producido un choque directo con los firmantes del “Pacto de Toledo” y con los sindicatos y la patronal (por diversos motivos). Como el objetivo de Bruselas es reducir el gasto por jubilaciones (públicas), el gobierno ha realizado la siguiente contrarreforma, tal y como hemos comentado antes.

 ¿En qué consiste esta contrarreforma?

1º) El Consejo de Ministros decretó el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada y parcial: desde abril se va a exigir más edad y más años cotizados, y, además, se pagarán menores pensiones. Por otro, respetará la legislación vigente —más favorable para el trabajador— para los prejubilados procedentes de despidos colectivos firmados antes del próximo 1 de abril, aunque, eso sí, tendrán fecha de caducidad: 2019. Lo que demuestra que es una cruzada contra las prejubilaciones, para hacer “efectiva” la edad de jubilación de 67 años “promovida” desde Bruselas y aprobada por el gobierno socialista.

2º) El gobierno ha decidido desguazar la “enmienda Telefónica” que buscaba que las grandes empresas con beneficios no abusasen de realizar EREs con un claro objetivo de deslocalización empresarial hacía países con un coste salarial más reducido. La “enmienda Telefónica” obligaba a las empresas con beneficios de más de 100 trabajadores a pagar el desempleo de los despedidos en ERE mayores de 50 años. Ahora, las empresas solo tendrán que asumir este coste si, entre los afectados, el porcentaje de mayores de 50 años supera el porcentaje de la empresa. Además, también se creará la obligación si la compañía encadena dos años con beneficios en el periodo comprendido entre el ejercicio anterior al ERE y los cuatro posteriores.

3º) El gobierno ha decidido endurecer el acceso al subsidio por desempleo a las personas mayores de 55 años. En la actualidad, tienen derecho al subsidio por desempleo los trabajadores mayores de 55 años, aun cuando no tengan responsabilidades familiares, que hayan agotado la prestación por desempleo, hayan cotizado por desempleo al menos durante seis años a lo largo de su vida laboral y acrediten que, en el momento de la solicitud, reúnen todos los requisitos, salvo la edad, para acceder a cualquier tipo de pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. El gobierno introducirá la siguiente norma nueva, un nuevo requisito con arreglo al cual, aunque el parado mayor de 55 años carezca de rentas no podrá cobrar el subsidio si tiene cónyuges o hijos menores de 26 años, “cuando la suma de las rentas de todos los integrantes de la unidad familiar así constituida, incluido el solicitante, dividida por el número de miembros que la componen, no supere el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias”, según la redacción del decreto ley, que está pendiente de su aprobación por el Consejo de Ministros y, por tanto, sujeto a posibles cambios hasta ese momento.

Una mayor competencia por el trabajo traerá una bajada aún mayor de salarios, que es lo que busca el empresariado español: ganar competitividad por deflación salarial

En cualquier caso, se empezará a aplicar de forma no retroactiva, o sea a los nuevos jubilados, a las prejubilaciones que se traten de hacer a partir de la salida en el BOE de la contrarreforma, o a los nuevos trabajadores de 55 años que intenten cobrar el subsidio por habérsele acabado el paro.

4º) Se está introduciendo en la Seguridad Social española la posibilidad de compatibilizar salario y pensión.

5º) Por último, la norma que acaba de ver la luz abre la puerta a la siguiente contrarreforma: la introducción del factor de sostenibilidad. Para definir este índice, que se traducirá en una reforma automática y periódica del sistema según la esperanza de vida y otros factores, el Gobierno designará una comisión de expertos antes de un mes.

Consecuencias: muchos españoles trabajarán de por vida hasta su muerte

El dificultar el acceso al subsidio producirá una mayor competencia por el trabajo en nuestro país, y, como es obvio, los mayores de 55 años tendrán todas las papeletas para caer en la exclusión social. Con toda probabilidad, al no alcanzar grandes estratos de la población una jubilación digna, y al permitirse compatibilizar salario y pensiones, obligará a muchos pensionistas a trabajar por encima de la edad de jubilación (que ya es bastante alta) para poder subsistir de forma precaria, tal y como pasa en Alemania.

Es muy cínico por parte de Dolores de Cospedal que diga que la contrarreforma garantiza que “se permite que los mayores puedan seguir trabajando” mientras sientan que tienen “la capacidad y la fuerza suficientes”, por lo que “no se discrimina por razón de edad a aquél que quiere trabajar”. Dicho de otra forma, muchos españoles trabajarán de por vida hasta su muerte, volviendo al siglo XIX.

Una mayor competencia por el trabajo traerá, por la Ley de la oferta y la demanda, una bajada aún mayor de salarios, que es lo que busca el empresariado español, ganar competitividad por deflación salarial, en vez de por inversión en I+D+I o en formación de sus trabajadores. Con lo cual deprimirá aún más la economía real y producirá mayores tasas de desempleo y pobreza.

El desguace de la enmienda “Telefónica” rompe una de las pocas trabas que tienen las grandes empresas “españolas” (aunque recordemos que el capital no tiene patria ni entiende de fronteras), y de otros países, para despedir masivamente a trabajadores en nuestro territorio nacional teniendo beneficios en su empresa.

Se abre la veda al negocio de las compañías aseguradoras de planes de pensiones, curiosamente muchas de ellas bancos como Caixabank, y del sistema sanitario, siguiendo el modelo “alzira” y teniendo como laboratorios de pruebas de estas medidas a Valencia, Cataluña y Madrid.

Todo esto demuestra que el PP es el partido de la Patronal, y que legisla en favor de ellos todo lo que puede. Es necesario iniciar la construcción de ese Frente de izquierdas que muchos reclaman para parar esta agresión continuada a la población española, al Estado de Bienestar y a la democracia que amenaza con dejar este país irreconocible y empobrecido, mientras unos pocos se enriquecen a costa de todos los demás.

Notas

(1). “El síndrome Estocolmo”: http://www.construyendolaizquierda.com/2012/06/el-sindrome-de-stocolmo.html

(2). Vincenç Navarro: “Las pensiones son viables”: http://www.vnavarro.org/?p=3839 Además el autor tiene numerosa literatura hablando sobre este tema, que recomiendo su lectura.

 

1 comentario de “La lucha de clases en España: Asalto neoliberal contra las pensiones

  1. José Luis
    21 marzo, 2013 at 13:00

    Es inaúdito y dentro de lo malo. Que nuevas normas, dividan más a los futuros pensionistas.
    Dentro del periodo previsto de transición, hacía la jubilación a los 67 años. Se contemplan dos escenarios, en los cuales y a los futuros pensionistas, se les permite escoger, el poder ampliar sus bases de cotización, contemplando los ultimos 20 o 25 años cotizados, dentro del periodo transitorio.
    Sí esa norma fuera común para todos, esos que tambien están sin trabajo y figuran como demandantes de empleo. Sería lo normal. Pues no, sí uno ha sido despedido en determinados supuestos, podrá acogerse a esa norma. Pero sí uno por ejemplo, era albañil, yesero, etc., y se le terminó un contrato de obra y no encontrando otra contratación. A ese, que está tan parado como los demás. Se le impide el que pueda ampliar esa base de cálculo y con ello, poder acceder a mejorarse un poco su exigua pensión.
    Considero que los parados que no encuentran trabajo y van a jubilarse, no deberían ser sometidos, a esas ingenierías numéricas, que solo hacen que ahondar, en crear divisiones entre españoles de primera y de segunda. En este caso en particular, entre españoles de tercera y de cuarta.

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