Nicaragua: Las reformas constitucionales,
otra conquista de la Revolución

Carlos Fonseca Terán

Secretario adjunto de Relaciones Internacionales del FSLN

El proyecto de reformas constitucionales presentado por la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para ser sometido a discusión y votación en las legislaturas de 2013 y 2014 (tal como está jurídicamente estipulado), tiene dos componentes que a mi juicio constituyen su razón de ser.

05_01_nicaraguaUno de ellos es la proclamación del carácter cristiano, socialista y solidario del proceso revolucionario actualmente en marcha, y el otro es el inicio de la institucionalización del nuevo modelo político que se constituye como eje central de una nueva concepción del poder, asumida por el sandinismo desde que estaba en la oposición.

No obstante, hay un tercer tema que considero secundario, pero cuya motivación tiene implicacio­nes tan importantes como los otros dos aspectos, y es el de ajustar la Constitución a la disposición del Poder Judicial declarando inaplicables los límites a la reelección presidencial. Esos límites son parte de la reforma constitucional realizada por la derecha en 1995, la cual fue un verdadero Golpe de Estado institucional y que había sido convenientemente enterrada en el olvido por sus promotores, quienes ahora no tienen más remedio que reivindicarla, cuando creen que ya se han olvidado las circunstancias en las cuales fue hecha.

Empecemos por esto último, para ir aclarando algunos asuntos indispensables previamente y así poder concentrarnos luego en los otros dos temas, más definitorios de los alcances estratégicos que contiene la actual reforma constitucional en marcha.

Golpe de estado en 1995

En 1995 se dio en Nicaragua un fenómeno político interesante, que muestra claramente cómo la democracia representativa es en realidad una gran estafa. En aquella ocasión, de 39 diputados que habían sido electos en 1990 de la lista presentada por el FSLN, la mayoría renunció a su partido y el Frente Sandinista quedó únicamente con 7 diputados. Por su parte la otra gran fuerza política de aquel momento, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), tenía menos de cinco diputados, debido a que éstos habían corrido como candidatos en 1990 de la Unión Nacional Opositora (UNO), a la cual estaba integrado cuando aún era una pequeña agrupación entre las catorce que conformaban esa coalición.

Fue así como de los 93 diputados que se suponía representaban al pueblo en el Poder Legislativo para en nombre de quien decían representar hacer las leyes del país, menos de 10 pertenecían a las dos fuerzas políticas abrumadoramente mayoritarias, perteneciendo el resto a fuerzas políticas muy reducidas, como se demostró en las elecciones del año siguiente cuando a duras penas entre todas no llegaron al 10% de los votos, mientras el FSLN obtuvo casi un 38% y el PLC cerca del 51%. De esa manera, y sabiéndose perfectamente la minoría que eran, mostrando el más absoluto desprecio por la voluntad popular, estos políticos hicieron una reforma a la Constitución de mucho mayor alcance político-jurídico que la actual, pasándose de un régimen presidencialista a uno semiparlamentario.

Lo que está haciendo el FSLN es restablecer la letra original de la Constitución de 1987, que es hija de la Revolución Sandinista y que fue hecha en un proceso que, a pesar de la guerra, contó con amplia participación popular a través de una inmensa cantidad de los llamados Cabildos Abiertos

Pero lo más interesante no fue esto, sino las razones por las que a espaldas del pueblo, los legisladores de entonces establecieron los límites a la reelección presidencial, cercenando así severamente el derecho del pueblo de elegir nada menos que al Presidente de la República. También establecieron la segunda vuelta electoral si ningún partido ganaba con el 45% de los votos. Para cada una de ambas reformas hubo razones verdaderas y también hubo pretextos  para los límites a la reelección, evitar la “perpetuación” de una persona en el poder, y para la segunda vuelta electoral, legitimar la elección presidencial con el mayor respaldo popular posible.

El primer pretexto es un contrasentido, ya que en todo caso, no se trataría de la permanencia en el poder de un dictador, sino de alguien que si se mantiene en la Presidencia de la República lo haría por mandato popular; lo contrario es mutilar el derecho a elegir, y en todo caso, el único que puede hacerlo es el pueblo mismo. En tal sentido, ese derecho sólo podría ser cercenado por el pueblo mismo, razón por la cual una reforma de esta índole solamente podría haberse aprobado en referéndum, según la misma Constitución, lo cual no se hizo. Este vicio de origen es una de las razones por las que el Poder Judicial invalidó en 2011 dicha reforma constitucional, declarándola inaplicable. En cambio, de lo que se trata ahora es de restablecer el derecho que ilegítimamente se le había cercenado al pueblo

El segundo pretexto es una falacia, pues en las segundas vueltas electorales tiende a votar menos gente, debido a que acuden a las urnas casi solamente las personas con militancia política o al menos con mayor interés en la vida política del país, y por tanto, el porcentaje de cada partido aumenta sólo porque son dos los competidores, pero votan menos ciudadanos que en la primera vuelta. Además, con esto se fomenta el voto negativo: el que vota en segunda vuelta lo hace no para que gane alguien, sino para que pierda su oponente, lo cual evidentemente no es sano para la democracia.

El hecho de que muchos se vean obligados a elegir entre dos candidatos al que ven como el menor de los males, es la mayor evidencia de que esos ciudadanos están excluidos, sin opciones propias, y por tanto, sin poder ser tomados en cuenta. En realidad, esto sucede en la democracia representativa con todos los ciudadanos, que solamente eligen representantes y gobernantes, pero no deciden lo que éstos hacen luego en nombre de sus electores, pero a espaldas de ellos.

Las razones reales

Sin embargo, en realidad eran otras las razones por las que los partidos minoritarios de derecha se confabularon en 1995 para perpetrar algo que no tiene otro nombre que el de un golpe de Estado institucional. Una de ellas era que con la segunda vuel­ta, sabiéndose ellos minoría, apostaban a venderse al mejor postor en el providencial caso de que ninguna fuerza ganara en primera vuelta. Y con los límites a la reelección realmente pretendían colocar obstáculos a la continuidad del proyecto revolucionario del sandinismo, a sabiendas de que para quienes defienden el orden establecido, es decir el capitalismo, lo que se necesitan son administradores, y es por eso que la derecha, ideológicamente hegemónica, se podía dar al lujo de cambiar al Presidente de turno manteniendo el poder en manos de las mismas clases sociales. Pero para hacer lo contrario, o sea cambiar el orden establecido, no se necesitan administradores, sino líderes que, encarnando los anhelos de las grandes mayorías, inspiren en éstas la confianza que sólo un ser humano concreto, de carne y hueso, puede inspirar, debido al natural temor humano por los cambios.

A diferencia de lo que hicieron los grupúsculos de derecha que reformaron la Constitución en 1995 alterando el régimen político del país sin consulta alguna y representando a una ínfima minoría del electorado, el sandinismo desde el gobierno impulsa las actuales reformas con el respaldo del 62% de los votos (elecciones 2011). Irónicamente, los que más reclaman ahora, argumentando que son para la instauración de una dictadura, son los mismos mercaderes de la política que de manera tan inescrupulosamente antidemocrática hicieron las reformas de 1995. Dicen que el FSLN está destrozando la Constitución, pero lo que se está haciendo es reformándola conforme al orden jurídico establecido y con la legitimidad del apoyo mayoritario no solamente en las urnas, sino de forma sostenida en todas las encuestas de opinión, muy al contrario de lo que hicieron los “demócratas” cuando atropellaron la voluntad popular con inconfesables propósitos.

En estos dos temas, lo que está haciendo el FSLN – con la legitimidad política que no tuvieron los reformadores de 1995 – es restablecer la letra original de la Constitución de 1987, que es hija de la Revolución Sandinista y que fue hecha en un proceso que, a pesar de la guerra, contó con amplia participación popular a través de una inmensa cantidad de los llamados Cabildos Abiertos.

Pero debe tomarse en cuenta algo importante: en esta nueva reforma quedan intactas las facultades traspasadas del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo en las reformas de 1995, en correspondencia con el planteamiento que el FSLN ha venido haciendo desde hace tiempo, de instaurar en Nicaragua un régimen político con mayor protagonismo parlamentario. Por cierto, el FSLN respaldó en su momento este aspecto de las reformas de 1995.

Llama la atención que los sectores políticos dominantes en Europa formen parte de la campaña en contra de las reformas constitucionales en nuestro país, centrándose precisamente en el derecho a la reelección continua, cuando en todos los países europeos ésta es permitida

De igual manera, es irónico que una derecha tan identificada con el modelo norteamericano critique un procedimiento constitucional que incluye al Poder Judicial como fuente de jurisprudencia en este ámbito, la cual es a su vez doctrinariamente, fuente de derecho constitucional. En el derecho consuetudinario que rige a los países anglosajones (entre ellos EEUU), la jurisprudencia es precisamente la principal fuente tangible del derecho como tal, y en EEUU ha sido el Poder Judicial el que dispuso quién ganó las elecciones de 2000, cuando favoreció al candidato del partido con el cual se identificaba la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (el republicano George W. Bush), sin que nadie acusara por ello a las instituciones en EEUU de estar partidizadas.

No está de más recordar que en Costa Rica, país cuya institucionalidad política también es admirada por la derecha nicaragüense, un conocido ex Presidente pudo correr como candidato contra la letra de la Constitución, amparado en una disposición del Poder Judicial en ese país.

El modelo de la Revolución

Una vez aclarados estos detalles, pasemos a lo fundamental: la proclamación del carácter cristiano, socialista y solidario del proceso revolucionario nicaragüense y la institucionalización del nuevo modelo político como eje central de dicho proceso.

La expresión organizada del nuevo modelo político es el Poder Ciudadano, que se manifiesta concretamente en los consejos territoriales y sectoriales y en los Gabinetes de Familia, a los cuales se convoca a todos los ciudadanos nicaragüenses, independientemente de su opción política, ideológica, religiosa y/o filosófica

El socialismo es un modo de producción y de distribución, que tiene un fundamento económico y uno político. El primero es la socialización de la propiedad que consiste en el ejercicio de ésta por la sociedad en su conjunto y no únicamente por cierta cantidad de personas a título individual, lo cual se hace con el objetivo de poner fin a la explotación o lo que es igual, a la apropiación por unos individuos de la riqueza que otros producen sin ser mayores sus necesidades. Esto implica una redistribución de la riqueza según el trabajo, asegurando los bienes materiales necesarios para una vida humanamente satisfactoria a los que tienen una capacidad productiva menor que su voluntad de trabajar. El socialismo permite crear condiciones adecuadas para que prevalezcan valores en concordancia con la racionalidad y la espiritualidad que son propias de la condición humana, de manera que no solamente desaparezca la desigualdad social y con ella la pobreza, sino que también todos los seres humanos estén en capacidad de alcanzar su máxima aspiración, que es la felicidad, lo cual sólo es posible con la combinación entre el bienestar material y el predominio de los valores que concuerdan con la condición humana.

La socialización de la propiedad es algo que puede ponerse en práctica de múltiples formas distintas. La que se corresponde con nuestra realidad nacional e histórica es la democratización de la propiedad mediante el acceso al ejercicio directo de la misma por parte de las clases populares, lo cual se logra a través de la apertura crediticia a las cooperativas, las empresas asociativas, los pequeños productores individuales, transportistas, comerciantes y todos los trabajadores por cuenta propia. Esto se está garantizando en nuestro país mediante las políticas crediticias impulsadas por el sandinismo desde el gobierno y algunos de los programas sociales gubernamentales que se llevan a cabo actualmente. También se alcanza el acceso de los sectores populares a la propiedad por medio de su legalización, lo cual se está haciendo a través de la titulación masiva que se ha venido realizando en estos años.

El socialismo en Nicaragua y en esta época, no puede implementarse en el ámbito económico mediante la exclusión de la principal forma capitalista de propiedad, que es la propiedad privada individual de grandes medios de producción, comercio y servicios, o lo que se conoce como la gran empresa privada. El socialismo aquí y ahora se pone en práctica mediante la convivencia entre las formas capitalistas y socialistas de propiedad, en el marco de un proyecto que tiene en la propiedad socialista su punto de referencia para la creación de un nuevo orden socioeconómico. En ese nuevo orden, alcanzan todos aquellos que acepten unas reglas del juego que en el ámbito económico tienen como límite fundamental impedir que una parte de la sociedad se enriquezca a costa del empobrecimiento del resto de ella.

Es por eso que nadie debe extrañarse de la alianza entre el actual gobierno, la empresa privada y los trabajadores, producto de tres cosas: el pragmatismo del sector empresarial tradicional, que finalmente ha aprendido a aceptar al sandinismo como una realidad ineludible que no necesariamente debe ser vista como una amenaza a sus intereses; la conciencia creciente de una clase obrera gremialmente organizada que, más unida que nunca, identifica en el sandinismo la expresión política de sus intereses; y tercero, la visión política de un Gobierno Revolucionario

que debe combinar su compromiso histórico a favor de las clases populares con la necesidad de crear y garantizar la estabilidad política y económica para impulsar el proyecto que se corresponde con ese compromiso.

La reinvención de la política

El otro fundamento del socialismo es la reinvención de la política, con la instauración de un modelo que garantice el ejercicio del poder por parte de las mismas clases sociales que adquieren el acceso a la propiedad con la socialización de ésta. En las actuales condiciones, esto se logra mediante la democracia directa, en la que los ciudadanos no solamente eligen representantes y gobernantes, sino que deciden las políticas a ser implementadas por quienes fueron electos por ellos y controlan lo que éstos hacen.

La expresión organizada de este nuevo modelo político es el Poder Ciudadano, que se manifiesta concretamente en los consejos territoriales y sectoriales (en el marco de los cuales se da la comunicación sistemática entre el gobierno, la empresa privada y los trabajadores), y en los Gabinetes de Familia, a los cuales se convoca a todos los ciudadanos nicaragüenses, independientemente de su opción política, ideológica, religiosa y/o filosófica. Otros componentes de la democracia directa son: el referéndum, el plebiscito, las iniciativas populares y el presupuesto participativo. Los dos primeros, para decisiones a tomar por sufragio universal, individual, libre, directo y secreto; en el caso del referéndum para decidir en materia legislativa, y en el plebiscito para tomar decisiones políticas estratégicas en cualquier ámbito de la vida social.

Las iniciativas populares se refieren a todo aquello que en el marco del orden político-jurídico constitucional e institucional en general, surja de la creatividad popular para la toma de decisiones que afecten la vida de la sociedad; el presupuesto participativo es la potestad de los ciudadanos para decidir la distribución de los recursos públicos, ejercida a través de mecanismos organizativos diseñados a tal efecto, lo cual se ha estado haciendo por el momento hasta el nivel municipal.

La reforma constitucional en marcha establece estos mecanismos y deja abierta la posibilidad de establecer otros para la instauración de la democracia directa como fundamento político del socialismo en la actualidad. La democracia directa no niega los avances de la democracia representativa, sino que los supera, llenando sus inmensos vacíos pues está diseñada para legitimar el ejercicio del poder por las clases sociales que se benefician del capitalismo. En cambio, en la democracia directa su razón de ser es la legitimación de un poder político que es ejercido por las clases populares, no para oprimir al resto de la sociedad, sino exactamente al contrario, para suprimir toda forma de opresión entre unos seres humanos y otros, siendo una de ellas la explotación ejercida por las clases pudientes en el capitalismo. Esto concuerda con el hecho de que suprimir la explotación es algo que se corresponde con los intereses de las clases populares. Mientras existan las diferencias de clase, solamente mediante el ejercicio del poder político por parte de las clases populares, se garantiza que el poder deje de ser el mecanismo excluyente de una parte de la sociedad para dominara la otra.

La democracia económica, como vía de socialización de la propiedad, está concebida como el acceso efectivo de los ciudadanos a la gestión de la economía o lo que es igual, al poder económico, mediante el ejercicio directo de la propiedad para lograr una justa distribución de la riqueza. Con ello, se suprime la desigualdad social y la pobreza, y al mismo tiempo, permite establecer relaciones de igualdad entre los seres humanos en su actividad principal, que es la producción material, de la cual depende la existencia misma de la sociedad y de la que surge la conciencia social y con ella, el predominio de valores en correspondencia con el tipo de relaciones sociales establecidas.

El socialismo como ideal alude a la democracia directa, como la nueva manera de ejercer el poder para que éste deje de ser potestad exclusiva de las clases sociales explotadoras e históricamente dominantes, poniendo fin así a la opresión política ejercida por unas clases sociales sobre otras. El socialismo refleja el desarrollo de una realidad histórica en la cual una nación entera ha alcanzado la capacidad para hacerse cargo de la construcción de una realidad social que se corresponda con la condición humana de los individuos que pertenecen a ella. Es decir, no se trata de la exclusión ideológica de nadie, sino de un proyecto de nación que incluye todas las opciones, pero bajo una serie de principios que son precisamente, los que las garantizan. Se trata del socialismo como una conquista de la sociedad humana, plasmada en nuestra Constitución como un marco de referencia para alcanzar la justicia, la equidad social y la convivencia incluyente en la que nadie reivindique legítimamente derecho alguno que se establezca en base al atropello de los derechos de los demás

Cristianismo y cosmovisión

La condición humana es la suma de racionalidad y espiritualidad. La espiritualidad es la máxima expresión de la condición humana y tiene diversas maneras de manifestarse, en dependencia de la cultura y demás componentes de la identidad nacional.

En nuestro caso, el cristianismo es manifestación de una espiritualidad que es sobre todo cultural e incorpora valores universalmente considerados como bienes espirituales, tales como la generosidad, la honestidad y la sinceridad. Esto no es excluyente de opción religiosa alguna ni de quienes no tienen religión o no se identifican con la fe cristiana. Los valores cristianos no se refieren a ninguna concepción religiosa ni a tal o cual visión del mundo, sino a esos bienes espirituales que, en nuestro caso, se identifican con aquellos que forman parte de nuestra tradición, en la que también se incorporan los elementos fundamentales de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios,

En las reformas constitucionales, esa cosmovisión queda plasmada en lo que se refiere al respeto a la Madre Tierra, y que por cierto, ha sido motivo de queja por parte de un diputado de la derecha, argumentando horrorizado que ese es un concepto indígena y por tanto, extraño al cristianismo y “ofensivo a los sentimientos religiosos de nuestro pueblo”. Pero ese mismo diputado y todos los de su tendencia política, también se pronuncian contra la incorporación de los valores cristianos como tales.

La solidaridad es parte esencial de la puesta en práctica de esos valores y del ideal socialista, y resulta fundamental en un modelo de sociedad en construcción que pretende el predominio de esos valores cristianos y para lo cual sólo el socialismo crea las condiciones adecuadas.

El alcance de estas reformas, desde el punto de vista formal político-jurídico, es menor que las de 1995, porque no altera la naturaleza del régimen político, que sigue siendo presidencialista semiparlamentario, tal como quedó con esas reformas  Es por eso que el proceso de consultas establecido se corresponde con la relevancia de las reformas en marcha, además legitimadas con el respaldo popular en las urnas a una plataforma política que siempre ha proclamado su compromiso con la instauración del socialismo y como parte de éste, de la democracia directa y el Poder Ciudadano.

Pero desde el punto de vista político histórico, estas reformas adquieren una importancia fundamental y estratégica, debido a que constituyen un mecanismo institucional de seguridad para la irreversibilidad de un proceso de transformaciones revolucionarias que ha costado demasiada sangre y demasiado sacrificio como para que esa amalgama de demagogos traficantes de la política y tránsfugas que representan una ínfima minoría (más insignificante aún que la representada por ellos mismos cuando asaltaron el Estado con las reformas de 1995) pretendan descalificarla, con irresponsables, criminales y también ridículas amenazas de violencia futura.

Los sandinistas y todos los patriotas nicaragüenses, hemos conquistado como pueblo el derecho a la paz y la creciente justicia social de las que hoy nos enorgullecemos. Son derechos que ningún demagogo politiquero (tradicional o debutante) nos podrá arrebatar.

La esencia de las reformas

El 1 de noviembre de 2013, 63 diputados de la Bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) presentaron ante la Primera Secretaría de la Asamblea Nacional la iniciativa de Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua. El 4 de noviembre, el pleno del parlamento aprobó la creación de una Comisión Especial de Carácter Constitucional, integrada por siete diputados de todas las bancadas. Esta es la sexta reforma a la Constitución Política de 1987 y la única que ha sido ampliamente consultada con decenas de organizaciones que agrupan a la inmensa mayoría de los sectores sociales económicos, políticos, gremiales, sindicales y sociales del país.

El 3 de diciembre la Comisión presentó su dicta­men a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, en el cual se retira el término “Gabinete de la Familia“, propuesto originalmente en el proyecto de la bancada del FSLN. También descarta el término de “veneración” a la Madre Tierra, agrega el carácter temporal a la participación de militares en funciones civiles, elimina la disposición para obligar a mantener en Nicaragua las bases de datos de las empresas de telecomunicaciones. La esencia de las Reformas queda intacta: se incorpora como precepto constitucional el modelo Cristiano, Socialista y Solidario. Además, integra en el Preámbulo a Rubén Darío, Pedro Joaquín Chamorro y al Cardenal Miguel Obando y Bravo.

El informe recuerda que en el preámbulo actual de la Constitución Política -inspiración y alma de la misma- recoge con profundo respeto el pensamiento y sentimiento cristiano, cuando se dice, en su parte conducente: «En nombre del pueblo de Nicaragua… de los cristianos que desde su fe en Dios se han comprometido e insertado en la lucha por la liberación de los oprimidos… promulgamos la siguiente Constitución Política de la República de Nicaragua». Agrega que “de ello se colige que no existe una manifestación más clara de lo que se ha vivido y se sigue viviendo desde el aspecto fundamental del sentimiento cristiano. Más allá de todo apasionamiento, es de considerar que los ideales socialistas o sociales significan un valor y un anhelo de solución en el mundo a los pueblos, a los eternos problemas humanos de la pobreza, el hambre, la desocupación y la miseria a través de gobiernos que se interesen en realizar una verdadera justicia social al lado de la libertad, lo cual constituye un verdadero Estado social de Derecho el que ya fue esculpido y consagrado en el artículo 130 de la Constitución Política vigente, en las primeras líneas de su primer párrafo, que literal­mente dice: «La nación nicaragüense se constituye en un Estado social de Derecho». Ello define expresamente el perfil y la naturaleza política del Estado de Nicaragua”.

De acuerdo con el informe, las Reformas Constitucionales:

  • Fortalecen la democracia, destacándose el papel protagonista de la persona, la familia y la comunidad, y amplía las formas directas de participación del pueblo soberano.
  • Respetan los valores y principios de los nicaragüenses que fundamentan el Estado, entre los que se destacan los principios cristianos y los ideales socialistas.
  • Amplían el concepto del Estado nicaragüense, manifestando su perfil jurídico político y territorial.
  • Incorporan las sentencias de la Corte Internacional de Justicia relativas a los límites territoriales de Nicaragua.
  • Reafirman la naturaleza del Ejército como fuerza armada para la defensa de la soberanía y la integridad territorial, y el fortalecimiento de sus funciones combativas y operativas en la vida nacional para mantener la seguridad propia de la nación, el resguardo de los recursos naturales, la lucha contra la criminalidad trascendental organizada de acuerdo con las leyes de la defensa, de seguridad nacional y segundad democrática.
  • Definen el sistema de seguridad ciudadana que garantiza el modelo policial preventivo, comunitario y proactivo. Se mantienen sus principios, funciones y nuevos quehaceres que le otorgan las leyes, con especial referencia a la de seguridad ciudadana, modelo que ha convertido a Nicaragua en una referencia mundial por el bajo índice de homicidios y la alta percepción de seguridad ciudadana.
  • Incorporan el diálogo tripartito entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores, en razón del cual las políticas públicas deberán ser concertadas considerando a los trabajadores y empresarios como sujetos activos en la construcción de las políticas productivas y económicas del país. La alianza conlleva a una unidad de propósitos, de criterios y acciones en un esfuerzo político para el desarrollo y la búsqueda de un consenso que cree confianza en el sector empresarial, lo cual institucionaliza la coordinación de los grandes factores del desarrollo de la vida nacional: los empresarios, el gremio laboral y el Estado facilitador, que juntos, bajo un marco de gobernabilidad democrática y seguridad jurídica, aseguran la actividad económica productiva y laboral de la nación.
  • Consagran la preservación y conservación de los recursos naturales como patrimonio social nacional y su desarrollo y explotación racional cuando el interés de la nación lo requiera.
  • Refuerzan el sistema jurídico nacional y el sistema de justicia a través de la definición de la ad­ministración pública, constitucionaliza el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial y fortalece la seguridad jurídica para los ciudadanos mediante el reconocimiento expreso de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y los meca­nismos de control constitucional a través de una ley de justicia constitucional.
  • Integran como regulación constitucional el deber de los partidos políticos de presentar en sus listas de candidatos un cincuenta por ciento de mujeres, y otro tanto de varones. El binomio de alcalde y vicealcalde debe formularse bajo el principio de igualdad y equidad de género en el ejercicio del poder local.
  • Asumen la reivindicación histórica de los derechos de los pueblos del Caribe, originarios y afrodescendientes, y aseguran las formas de organización política, administrativa, social y cultural inheren­tes a las tradiciones históricas de su vida ancestral y la espiritualidad de sus pueblos.

Revista CORREO Nº 30, Noviembre-diciembre 2013,

(Fuente: www.radiolaprimerisima.com/revista)