La deuda griega es ilegal, ilegítima y odiosa, según el informe preliminar del Comité de la Verdad sobre la Deuda

Mercedes Arancibia

Periodista. Co Directora de Crónica Popular

Los acontecimientos se están acelerando. La estrategia del miedo alcanza cotas insospechadas. En media Europa se agita de nuevo el fantasma de la posible salida de Grecia de la zona euro, y se anuncia la catástrofe. Otra vez es ahora o nunca, otra vez es “tiene que ser ahora, ya, esta semana”. Todo parece indicar que el tiempo se acaba, que asistimos a las últimas negociaciones entre el gobierno griego y sus acreedores, esos que sojuzgando a Grecia intentan borrar del mapa europeo la posibilidad de una alternativa a la austeridad que solo ha traído sufrimiento a las clases medias, y no digamos a las más desfavorecidas.

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Mientras una prepotente Christinne Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI) se permite bromas de pésimo gusto con el ministro griego de Finanzas, Ianis Varoufakis, presentándose como “la jefa de los criminales” que han reducido a Grecia a la pobreza extrema en que se encuentra, un nuevo sondeo hecho público el 18 de junio de 2015, realizado por Pro Rata para la Radio StoKokkino, confirma la posición predominante de Syriza con un 20% de avance sobre el siguiente partido, Nueva Democracia, del ex primer ministro Antonis Samaras.

Según el sondeo, comentado en el digital de referencia de la izquierda griega Okeanews, los griegos se pronuncian de forma muy mayoritaria en contra de las nuevas medidas de austeridad que pretenden imponer los acreedores, la Unión Europea (UE) y el FMI: el 89% se oponen al aumento del IVA en los productos alimenticios, el 88% están en contra del aumento del IVA en la electricidad y el 83% se manifiestan contrarios a la bajada de las pensiones.

En lo que se refiere a las negociaciones en curso, abortadas una y otra vez en los últimos días, tanto en reuniones a tres del primer Ministro griego, Alexis Tsipras, con el presidente francés, François Hollande, y la canciller alemana, Angel Merkel, como en las sesiones del Eurogrupo (donde el español De Guindos, que se postula para dirigirlo en el futuro, está haciendo un papelón de insolidaridad manifiesta), solo el 7% de los griegos quieren que se acepten las propuestas de los acreedores contra el 25% que desean que se rompan las negociaciones, y el 59% que prefieren que se siga intentando un acuerdo. De no lograrse, el 40% de los griegos piden la celebración de un referendum y el 16% nuevas elecciones.

Cuando hay previstas dos reuniones más de urgencia –una del Banco Central Europeo (BCE), convocado por teléfono para mediodía del viernes 19 de junio, y una cumbre de jefes de estado y de gobierno de la Eurozona el lunes 22-, definidas aún como negociaciones pero a todas luces destinadas a elevar la presión sobre las autoridades griegas para que finalmente se plieguen a las órdenes de las instituciones financieras internacionales, y al mismo tiempo que distintas organizaciones europeas organizan una semana de solidaridad con el pueblo griego –del 20 al 27 de junio-, que anuncian también como una semana de resistencia europea, con manifestaciones en París, Londres, Berlín, Roma…, y ponen a disposición de todos una herramienta en línea -“ Ne soyez pas les complices de l’étouffement de la Grèce !” (No seáis cómplices del ahogo de Grecia): http://www.audit-citoyen.org/?p=6477- para hacer patente la solidaridad mediante la firma de un manifiesto dirigido a los diputados, el Comité para la Verdad sobre la Deuda, constituido por iniciativa de Zoe Kostantopoulos, Presidenta del Parlamento griego, y coordinado por Eric Toussaint –historiador y politólogo, miembro del consejo científico de ATTAC, militante de la Liga Comunista Revolucionaria, uno de los fundadores del Foro Social Mundial en 2001 y fundador y portavoz del Comité para la Anulación de la Deuda del tercer Mundo (CADMT)- ha hecho público, el 17 de junio en Atenas, un Informe Preliminar del que reproducimos una síntesis, publicado en la página digital del CADMT.

El porqué del Comité

En junio de 2015 Grecia se encuentra en una encrucijada. Tiene que elegir entre continuar con los programas de ajustes macroeconómicos impuestos por sus acreedores, o romper las cadenas de su deuda (1). Cinco años después del inicio de los programas de ajuste, el país sigue hundido en una grave crisis económica, social, democrática y ecológica. La caja negra de la deuda no se ha abierto. Al día de hoy, ninguna autoridad, griega o internacional, ha intentado aclarar las causas y modalidades de la sujeción de Grecia al régimen de la Troika (2). La deuda, en nombre de la cual no se ha ahorrado nada a la población, sigue siendo el dogma en cuyo nombre se impone un programa de ajustes neoliberal que va acompañado de la más profunda y larga recesión jamás conocida en Europa en tiempos de paz.

Afrontar un conjunto de problemas sociales y económicos es una imperiosa necesidad, lo mismo que una responsabilidad social. Teniéndolo en cuenta, el parlamento griego creó en abril de 2015 el Comité para la Verdad de la Deuda Pública Griega, con el mandato de efectuar investigaciones sobre el origen y el aumento de la deuda pública, las formas en que fue contratada y el impacto que han tenido sobre la economía y la población las condiciones fijadas en esos contratos. El Comité para la Verdad ha tenido la misión de concienciar sobre las cuestiones relativas a la deuda griega, tanto en el plano interno como a nivel internacional, formular argumentos y proponer otros para la anulación de la deuda.

Unos ajustes claramente políticos a favor de las finanzas privadas

Las investigaciones presentadas por el Comité en su informe preliminar aclaran el hecho de que el programa de ajustes al que se ha sometido a Grecia era, y siguen siendo en su totalidad, un programa orientado políticamente. El análisis técnico efectuado en variables macroeconómicas y proyecciones de de deuda –datos en relación directa con la vida de la población y sus medios de subsistencia-, ha permitido confinar las discusiones relativas a la deuda en un nivel técnico. Esas discusiones se han centrado principalmente en torno a la tesis de que las políticas impuestas a Grecia iban a permitirle devolver la deuda. Los hechos presentados en este informe demuestran todo lo contrario.

Los préstamos han generado cambios dramáticos en la sociedad y han provocado una crisis humanitaria

Los elementos que utilizamos en este informa demuestran con toda evidencia que Grecia no solo no está capacitada para devolver la deuda, sino que no debe devolverla, en primer lugar porque la deuda consecuencia de las medidas de la Troika constituye una flagrante violación de los derechos humanos fundamentales de los residentes en Grecia. Hemos llegado a la conclusión de que Grecia no debe pagar esa deuda a causa de su carácter ilegal, ilegítimo y odioso.

El Comité también ha estimado que el carácter insostenible de la deuda pública griega lo conocían, desde sus orígenes, los acreedores internacionales, las autoridades griegas y los grandes medios de comunicación. Sin embargo, las autoridades griegas y algunos gobiernos de la Unión Europea se pusieron de acuerdo para rechazar una reestructuración de la deuda pública en 2010, con el único objetivo de proteger las instituciones financieras privadas. Los grandes medios oficiales ocultaron la verdad al público (*), manteniendo que el plan de salvación iba a beneficiar a Grecia, repitiendo continuamente que la población estaba pagando sus propias torpezas.

Los fondos entregados en el marco de los programas de salvación de 2010 y 2012 estuvieron gestionados desde el exterior, según esquemas complejos, impidiendo cualquier iniciativa propia en materia presupuestaria. La utilización de esos fondos estuvo dictada de forma estricta por los acreedores, y hemos descubierto que menos del 10% del total se destinó a los gastos corrientes del gobierno.

Este informe preliminar establece un primer esbozo de los principales problemas y retos relacionados con la deuda pública, así como de las grandes violaciones jurídicas en lo que se refiere a contratos de préstamos; también plantea las bases jurídicas que pueden invocarse para la suspensión unilateral de los pagos de la deuda. Las conclusiones están agrupadas en los siguientes nueve capítulos:

Crisis bancaria disfrazada de crisis de la deuda

El capítulo 1, La deuda antes de la Troika, analiza el aumento de la deuda pública griega desde los años 1980 y concluye que el crecimiento de la deuda no es el resultados de un gasto público excesivo, ya que en realidad ha sido menor que el de otros países de la zona euro. La deuda procede esencialmente del pago a los acreedores de intereses extremadamente elevados, gastos militares excesivos e injustificados, una falta de ingresos fiscales debido a la fuga ilícita de capitales, el coste de la recapitalización de los bancos privados por el Estado y algunos desequilibrios internacionales, generados por lagunas inherentes al modelo de la Unión Monetaria.

La adopción del Euro generó en Grecia un drástico aumento de la deuda privada, a la que se vieron expuestos los grandes bancos privados europeos, lo mismos que los bancos griegos. Al aumentar, la crisis bancaria desembocó en una crisis de la deuda soberana griega. En 2009, haciendo hincapié en la deuda pública e hinchando el déficit, el gobierno del socialista Georgios Papandreu (octubre 2009-noviembre 2011) presentó como una crisis de la deuda pública lo que en realidad era una crisis bancaria.

El capítulo 2, Las evoluciones de la deuda pública griega de 2010 a 2015 establece que el primer acuerdo de préstamo, de 2010, iba en primer lugar dirigido a salvar a los bancos privados griegos y europeos, y a permitir a los bancos reducir su exposición a los títulos públicos griegos.

El capítulo 3, La deuda pública griega por acreedores en 2015, pone de manifiesto la naturaleza contenciosa de la deuda griega actual, en relación con las principales características de los préstamos que se analizan en detalle en el capítulo 8.

La aceleración de la privatización

El capítulo 4, Los mecanismos del endeudamiento en Grecia, desvela los mecanismos resultantes de los acuerdos entrados en vigor a partir de mayo de 2010. Esos acuerdos preveían la concesión de nuevos préstamos, de un valor substancial, por acreedores bilaterales y el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FESF), que iban acompañados de costes abusivos, lo que amplificó más la crisis. Esos mecanismos revelan como la mayoría de los fondos recibidos fueron transferidos directamente a las instituciones financieras. En lugar de beneficiar a Grecia, aceleraron el proceso de privatización mediante la utilización de instrumentos financieros (3).

Las medidas puestas en marcha en el marco de los “programas de salvación” han afectado directamente a las condiciones de vida del pueblo y violado los derechos humanos

El capítulo 5, Las « condicionalidades » contra la sostenibilidad, presenta la manera en que los acreedores han impuesto condicionalidades excesivas que, junto con los acuerdos de préstamos, han tenido como consecuencia directa la no-viabilidad económica y la insostenibilidad de la deuda. Estas condicionalidades, que los acreedores se obstinan en seguir exigiendo, han hecho caer el PIB y aumentado la deuda pública –un ratio deuda/PIB más elevado haciendo la deuda griega aun más insostenible. Pero también han generado cambios dramáticos en la sociedad y han provocado una crisis humanitaria. En el actual estado de cosas, la deuda pública griega se puede considerar como totalmente insostenible.

El capítulo 6, Impacto de los « programas de salvación» en los derechos humanos, demuestra que las medidas puestas en marcha en el marco de los “programas de salvación” han afectado directamente a las condiciones de vida del pueblo y violado los derechos humanos que Grecia y sus socios tienen obligación de garantizar, proteger y promover, conforme al derecho nacional, el derecho de la Unión Europea y el derecho internacional en vigor. Los drásticos ajustes impuestos a la economía y a la sociedad griega en su conjunto han provocado un rápido deterioro de los niveles de vida, incompatible con al justicia social, la cohesión social, la democracia y los derechos humanos.

El capítulo 7, Cuestiones jurídicas relativas a los MoU (Memorandum of understanding o Protocolo de acuerdo) y a los convenios de préstamo, sostiene que ha habido violación de las obligaciones (4) en materia de derechos humanos por parte de la propia Grecia y sus prestatarios, a saber los estados miembros de la zona euro, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, que han impuesto las medidas a Grecia. Todos ellos se han negado a evaluar las violaciones de los derechos humanos derivadas de las políticas públicas que han obligado a que Grecia aplicara y que violado directamente la Constitución griega, privando al país de la mayoría de sus derechos soberanos. En efecto, los acuerdos contienen cláusulas abusivas que han obligado a Grecia a renunciar a partes importantes de su soberanía. Una afirmación que atestigua haber optado por el derecho inglés como ley aplicable a esos contratos, con el objetivo de facilitar eludir la Constitución griega, y algunas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El replanteamiento de los derechos humanos y las obligaciones de derecho consuetudinario, la presencia de diversas pruebas de mala fe en las partes contratantes, y su carácter descabellado, cuestionan la validez de los contratos.

Una deuda ilegal, ilegítima y odiosa

El capítulo 8, Evaluación del carácter ilegítimo, odioso, ilegal e insostenible de la deuda, examina la deuda pública griega a la vista de las definiciones adoptadas por el Comité respecto a las deudas ilegales, ilegítimas, odiosas e insostenibles, y llega a la conclusión de que en junio de 2015 la deuda pública griega es insostenible, porque Grecia no puede pagar el servicio de la deuda (5) sin perjudicar gravemente a su capacidad de cumplir las obligaciones más elementales en materia de derechos humanos. Por otra parte, el informe aporta la prueba de que en la deuda existen elementos ilegales, ilegítimos y odiosos, por parte de todos y cada uno de los grupos de acreedores.

La deuda con el FMI debe ser considerada ilegal porque ha sido consentida violando los propios estatutos del FMI, y las condiciones que la acompañan violan la Constitución griega, las obligaciones del derecho consuetudinario internacional y los tratados firmados por Grecia. Es ilegítima porque las condiciones impuestas incluyen disposiciones que violan las obligaciones en materia de derechos humanos. Y finalmente es odiosa porque el FMI sabía perfectamente que las medidas impuestas eran antidemocráticas, ineficaces, e iban a provocar graves violaciones de los derechos socioeconómicos.

La deuda con el BCE debe ser considerada ilegal porque el BCE se ha excedido en su mandato imponiendo la aplicación de programas de ajuste macroeconómico (por ejemplo, la desregulación del mercado de trabajo), por intermedio de su participación en la Troika. La deuda con el BCE es también ilegítima y odiosa porque el objetivo del Securities Market Programme (SMP) era, de hecho, servir a los intereses de las instituciones financieras, permitiendo a los principales bancos privados griegos y europeos desembarazarse de sus obligaciones griegas.

El FESF (Fondo Europeo de Estabilidad Financiera) ha concedido préstamos que hay que considerar ilegales porque violan el Artículo 122(2) del Tratado sobre el funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y porque esos préstamos atentan por otra parte a unos cuantos derechos socioeconómicos y libertades civiles. Además, el acuerdo marco del FESF de 2010 y el Master Financial Assistance Agreement de 2012 incluyen varias cláusulas abusivas, que ponen de manifiesto la actitud inmoral del prestatario. El FESF contraviene también algunos principios democráticos, lo que hace esas deudas ilegítimas y odiosas.

En junio de 2015 la deuda pública griega es insostenible

Los préstamos bilaterales deben ser considerados ilegales porque violan los procedimientos especificados en la Constitución griega. Los préstamos revelan una actitud inmoral de los prestatarios y presentan condiciones que contravienen el derecho y la acción gubernamental. Existe atentado tanto al derecho de la Unión Europea como al derecho internacional cuando hay programas macroeconómicos que excluyen derechos humanos. Por otra parte, los préstamos bilaterales son ilegítimos porque no se han utilizado en interés de la población, sino que solamente han servido para salvar a los acreedores privados de Grecia. Finalmente, los préstamos bilaterales son odiosos porque, a pesar de ser conscientes de las potenciales violaciones, los estados prestatarios y la Comisión Europea se guardaron mucho en 2010 y 2012 de estudiar el impacto en los derechos humanos de los ajustes macroeconómicos y la consolidación presupuestaria, que eran las condiciones de los préstamos.

La deuda con los acreedores privados debe ser considerada ilegal porque los bancos privados tuvieron una actitud irresponsable antes de la existencia de la Troika, no respetando una diligencia razonable y, como en el caso de los fondos especulativos, actuando de mala fe. Una parte de la deuda con los bancos privados y los fondos especulativos es ilegítima, por las mismas razones que es ilegal; además, era ilegítimo que algunos bancos griegos fueran recapitalizados por los contribuyentes. La deuda con los bancos privados y los fondos especulativos es odiosa porque los principales acreedores eran muy conscientes de que esa deuda no se contrataba en interés de la población, sino para aumentar sus propios beneficios.

Grecia puede legalmente repudiar la deuda y suspender los pagos

El informe concluye con algunas consideraciones prácticas. El capítulo 9, Fundamentos jurídicos para repudiar y suspender la deuda griega soberana presenta diferentes opciones para la anulación de la deuda y expone particularmente las condiciones de derecho internacional en que un estado soberano puede ejercer su derecho a plantear una acción unilateral de repudio o suspensión de pagos de su deuda.

Existen varios argumentos jurídicos que permiten a un Estado repudiar sus deudas ilegales, ilegítimas y odiosas. En el caso griego, esa acción unilateral puede basarse en los siguientes : la mala fe manifiesta de los acreedores que empujaron a Grecia a violar su derecho nacional y sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; la primacía de los derechos humanos sobre los otros acuerdos, como los firmados por los gobiernos precedentes con los acreedores de la Troika; la coerción; la presencia de cláusulas abusivas que violan la soberanía del estado griego; y finalmente el derecho de un estado, reconocido en derecho internacional, de adoptar contra-medidas cuando los acreedores hacen actos ilegales. Tratándose de deudas insostenibles, cualquier Estado está jurídicamente capacitado para utilizar el argumento del estado de necesidad que, enfrentado a una situación excepcional, le permite salvaguardar algunos de sus intereses esenciales amenazado por un peligro grave e inminente. En una situación así puede liberarse de la ejecución de una obligación internacional, tal como respetar un contrato de préstamo. Finalmente, los Estados tienen derecho a declararse unilateralmente insolventes cuando el servicio de su deuda resulta insostenible, sabiendo que en ese caso no cometen ninguna ilegalidad y están exentos de responsabilidad.

La dignidad del pueblo griego vale más que una deuda ilegal, ilegítima, odiosa e insostenible

Como consecuencia de sus primeras investigaciones, el Comité considera que Grecia ha sido y sigue siendo víctima de una tentativa de asesinato, fríamente premeditado por el trío del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Este ataque violento, ilegal e inmoral, se ha realizado con el asentimiento y la complicidad de los estados europeos que, en lugar de servir y defender el interés general han preferido ponerse al servicio de los bancos y los intereses particulares de una minoría.

Poniendo este informe a disposición de las autoridades y el pueblo griego el Comité considera que ha cumplido la primera parte de su misión, tal y como la definió la Presidenta del Parlamento el 4 de abril de 2015. El Comité espera que su informe sea una herramienta útil para todos cuantos quieren salir de la lógica mortífera d ella austeridad y se levantan para defender lo que hoy en está en peligro: los derechos humanos, la democracia, la dignidad de los pueblos y el futuro de las generaciones venideras.

En respuesta a quienes les imponen medidas inicuas, hoy el pueblo griego puede recordar las palabras de Tucídides, cuando hablaba de la Constitución de su pueblo: “Ha recibido el nombre de democracia porque su objetivo es la utilidad del mayor número de personas, y no de una minoría » (Oración fúnebre de Pericles, evocada por Tucídides en « La guerra del Peloponeso »).

Firmado: Comité para la Verdad sobre la deuda Griega.

 

(1)-Deuda multilateral: deuda con el banco Mundial, el FMI, los bancos de desarrollo regionales, como el banco Africano de Desarrollo, y otras instituciones multilaterales, como el Fondo Europeo de Desarrollo. Deuda privada: Préstamos contratados con prestatarios privados. De diversos tipos. Deuda pública: Conjunto de préstamos contratados con prestamistas públicos.

(2)- Troïka: FMI, Comisión Europea y banco Central Europeo que, juntos, a través de créditos imponen medidas de austeridad a países en dificultades.

(3)- Los instrumentos financieros son los títulos financieros y los contratos financieros.
Los títulos financieros son:
• los títulos de capital emitidos por sociedades por acciones (acciones, partes, certificados de inversión, etc.),
• los títulos de crédito, excluidos los efectos de comercio y los bonos de caja (obligaciones y títulos asimilados),
• las partes o acciones de organismos de colocación colectiva en valores inmobiliarios (OPCVM).
Los contratos financieros, llamados también « instrumentos financieros a plazo », son los contratos a plazo sobre tasas de interés, los contratos de cambio (swaps), los contratos a plazo de todas las mercancías y artículos de primera necesidad, los contratos de opción de compra o venta de instrumentos financieros, y todos los demás instrumentos del mercado a plazo.

(4)- Parte de un préstamo emitido por una sociedad o colectividad pública. El poseedor de la obligación tiene derecho a un interés y a la devolución del montante suscrito. También puede, si la sociedad se cotiza, revender su título en bolsa.

(5)- Suma de los intereses y la amortización del capital prestado.

(*) P.S. Una vez finalizado este artículo, me informan que el antiguo representante de Grecia en el FMI, Panagiotis Roumeliotis, reveló en su declaración ante el Comité de la Deuda, que hubo periodistas griegos que asistieron a seminarios, financiados por el FMI, que tenían el objetivo de enseñarles como presentar la institución internacional desde un punto de vista favorable.

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