Función democrática de la biblioteca pública en la sociedad de la información*

 

Pedro López López ||

Profesor de la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias de la Documentación ||

El Diccionario de Sociología editado por Salvador Giner, Emilio Lamo y Cristóbal Torres dice que “la sociedad informacional constituye un nuevo modo de desarrollo y estructuración social basado en la nueva matriz que constituyen las tecnologías de la información y las comunicaciones.” Pero lo que aquí nos interesa, más que escoger una definición de las muchas que se han dado, es el análisis del discurso elaborado durante décadas vinculado a esta expresión. El discurso hegemónico de la sociedad de la información se ha ido construyendo apoyándose especialmente sobre dos premisas:

1ª) La sociedad de la información, gracias a sus las tecnologías (en tratamiento de la información y en telecomunicaciones), facilitará la llegada de una especie de “tecnoutopía” (Mattelart, 2007) gracias a la cual gran parte de los problemas humanos se resolverán. Se trata de una versión del optimismo tecnológico que desde hace mucho tiempo sostiene que el futuro de la humanidad se resolverá con la ciencia y la técnica. Esto permite seguir depredando el planeta como si tuviera recursos inagotables, despreciando las voces que desde el ecologismo y desde la propia ciencia advierten de que este modelo de producción y consumo nos llevará en pocos años a un precipicio del que no habrá vuelta atrás.

2ª) La sociedad de la información aumentará la calidad de nuestras democracias. Se parte del supuesto de que los ciudadanos podremos intervenir más directamente en los asuntos públicos gracias a las enormes posibilidades de consulta directa a los ciudadanos que abren las tecnologías de la información y la comunicación.

Hay abundante literatura crítica que cuestiona el discurso triunfalista de la sociedad de la información, pero destacaremos aquí dos autores de referencia: Armand Mattelart y Javier Echeverría. El primero de ellos, en un trabajo que lleva por título Premisas y contenidos ideológicos de la sociedad de la información (Mattelart, 2002), repasa el proceso de elaboración del discurso de la sociedad de la información, concepto que solo se revela, afirma, a la luz de un marco ideológico que no ha permitido la evaluación ciudadana. Tal proceso de elaboración se remonta a mediados del siglo XX; cita a Norbert Wiener, precursor del concepto, que ya advierte en 1948 de los peligros de la sociedad de la información: falta de transparencia, marginación social y lógica mercantilista. El concepto de sociedad de la información, nos dice Mattelart, se convierte en central en la construcción de un discurso destinado a desactivar la crítica política. El concepto viene a apuntalar la defensa del fin de las ideologías, del fin de la política, del fin de la lucha de clases y del fin de la conciencia crítica de los intelectuales. La sociedad que vendrá, se profetiza, será una sociedad dirigida por una comunidad tecnocientífica sin ideología. A este discurso contribuyen obras como El fin de las ideologías, del sociólogo Daniel Bell[1], o La tercera ola, de Alvin Toffler, así como autores como Marshall McLuhan, que preconizaba el concepto de aldea global, o Servan Schreiber, cuya obra El desafío mundial defiende que los países del Tercer Mundo podrán quemar etapas de desarrollo y aterrizar en la era posindusustrial gracias a los ordenadores. El combate del mañana, defendían estos autores ya no seré entre ricos y pobres, ni entre Este y Oeste, sino entre arcaicos y modernos. El escenario futurista que preveían ya no necesitaba de ningún contrato social entre los agentes del mercado global y una sociedad civil global nacida gracias a la informática. En definitiva, la tecnología resolverá los problemas humanos. Junto a este optimismo tecnológico que se vende, van adheridos algunos sutiles elementos ideológicos y cambios en las políticas en materia de información, cultura y educación. Así, un primer cambio del que habla Mattelart se registra en la definición de la libertad de expresión, un derecho ciudadano reclamado desde las primeras revoluciones liberales como elemento de lucha contra el abuso de poder. Ahora se empieza a hablar no de libertad de expresión, sino de libertad de expresión comercial, una libertad y que va unida al concepto de libre flujo de información. Cualquier objeción a la deriva mercantilista del concepto de libertad de expresión será tachada inmediatamente de censura.

Unido a esta operación semántica, se registra un segundo cambio muy significativo: el foro de debate en materia de información, cultura y educación se traslada en los años ochenta de la Unesco al GATT, que en 1995 pasará a llamarse Organización Mundial del Comercio. Ya comienza a hablarse no de cultura, sino de industria cultural. Se homologa una comunicación telefónica con un producto cultural, se combate el concepto de excepción cultural que primaba en Europa, terminando así con el trato especial que requiere la protección de la cultura, la información y la educación. El ciudadano, el estudiante, el usuario de información y cultura, se convierte en consumidor, al que se le otorga supuestamente una soberanía bajo la cual solo él debe orientar el flujo de información. Se deslegitima de esta manera cualquier intento de formulación de políticas públicas en estas materias, primando la doctrina de la gestión empresarial sobre lo que hoy denominamos globalización. Todo esta gigantesca operación que se presenta bajo una visión técnica, neutral, aséptica, no ideológica, llevará a la difusión por los medios de comunicación controlados por grandes poderes económicos de nuevos valores que abanderan la globalización neoliberal y que en absoluto están desprovistos de ideología. Las nuevas banderas son sobre todo desregulación, privatización de los servicios públicos y mercantilización de cualquier actividad humana y de cualquier recurso natural que antes fuera considerado bien común (por ejemplo, el agua). De esta manera, la Organización Mundial del Comercio se encarga de impulsar la privatización de cultura, sanidad, educación y recursos naturales. Dos son los acuerdos especialmente relacionados con esta gigantesca operación: el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). El AGCS contempla la privatización de bibliotecas, archivos y museos. Estas instituciones ya no se contemplan desde el punto de vista de los derechos ciudadanos al acceso a la cultura, a la educación y a la información, sino desde un punto de vista exclusivamente mercantil donde prima la relación empresa-cliente. El ADPIC va destinado a privatizar el conocimiento generado con recursos colectivos. Los esfuerzos de la Unesco por proteger bienes públicos mundiales de los intereses de las grandes empresas multinacionales y formar un patrimonio de dominio público forman parte de una guerra que poco a poco ha ido ganando el sector privado.

Para concluir con Mattelart, bajo el discurso optimista, futurista y tecnocrático de la sociedad de la información se oculta una operación ideológica de gran envergadura que ha facilitado la gestión neoliberal de la globalización. Que la ideología ha inspirado grandes transformaciones sociales por encima de la tecnología es algo en lo que muchos autores coinciden. Ruiz de Querol y Buira (2007: 40-41) citan a Karl Polanyi y a Peter Drucker. El primero, historiador económico autor de una obra de gran impacto, La gran transformación, defendió en ella que la revolución clave en la llegada de la sociedad industrial no fue la que renovó las tecnologías, sino la ideológica, que transformó la tierra, el capital y el trabajo en mercancías. Por su parte, Peter Drucker, teórico de la gestión empresarial, consideró que las características de las sociedades no están determinadas por la tecnología, ni siquiera por las tecnologías de la información actuales, sino por las ideologías, teorías, problemas e instituciones que estructuran la sociedad.

En cuanto a la segunda premisa ideológica adherida al discurso de la sociedad de la información, a saber, que ésta mejorará la democracia, pasemos a examinar brevemente las objeciones de Javier Echeverría en su trabajo Democracia y sociedad de la información. Echeverría comienza su texto preguntándose si la sociedad de la información es o será democrática. En su análisis habla de un nuevo espacio social: el tercer entorno, que difiere profundamente del entorno natural (E1) y del entorno urbano (E2). La democracia es un producto de E2, una sociedad es democrática si organiza la vida social en base a principios que rigen en un territorio durante un lapso de tiempo. El tercer entorno escapa a este esquema. En él la democracia se encuentra con varios problemas, ya que E3 desborda las fronteras jurisdiccionales de los estados, trastoca la noción de ciudadanía (en E1 Y E2 lo relevante era “ser natural de” o “ser residente en”, ambas condiciones irrelevantes en E3), facilita la emergencia de nuevas formas de poder (la lucha no es por el control de territorios, sino de redes), escapa a los ámbitos jurisdiccionales de la justicia y surgen obstáculos relacionados con la identidad. A continuación, Echeverría se centra en el problema del poder y constata que en E3 ha surgido una nueva forma de dominio, los llamados señores del aire, que son quienes construyen, diseñan y hacen funcionar las redes que necesariamente tenemos que utilizar para comunicarnos. De manera que la infraestructura y el funcionamiento de las redes están controlados por unas pocas empresas transnacionales de teleservicios. Por ello, la sensación de libertad que nos da internet en realidad es compatible con una situación neofeudal de facto. Así como los siervos en la edad media pertenecían a la tierra, que a su vez pertenecía a los señores, los señores del aire tratan de generar en los usuarios una relación de pertenencia, identificación y fidelidad a sus dominios informacionales. Cabe, por ello, hablar de telesúbditos en la gleba digital. Las razones para esta analogía son varias:

  • El telepolita depende de su señor del aire (proveedor de servicios) para existir y actuar en E3 a través de tecnologías que diseña y controla éste. La imagen y la identidad para moverse en el entorno la proporciona el proveedor.
  • Todos nuestros pasos y acciones en E3 pueden ser controlados y archivados, e igualmente ser objeto de transacción para el cruce de datos. Dinero electrónico, televisión, teléfono e internet proporcionan datos sobre nosotros que escapan a nuestro control. Por tanto, la memoria de nuestros actos no la tenemos nosotros, sino nuestros señores del aire.
  • Cuando un señor del aire compra o conquista su teledominio a otro señor del aire (por medio de OPAS, alianzas estratégicas, compra o intercambio de acciones, etc.), los usuarios de un señor pasan a depender del nuevo señor.
  • Los señores del aire se arrogan un auténtico derecho de pernada digital, como lo llama Echeverría, ya que, además de imponer contratos abusivos, exigen datos personales e íntimos.
  • Los señores del aire ofrecen seguridad, protección, cortafuegos, sistemas criptográficos… Todo ello son estrategias típicamente medievales, salvando el contexto tecnológico.

Además de todo esto, el principio una persona, un voto plantea problemas en E3, ya que aquí los criterios de identificación son distintos a los de E1 y E2. Cada persona física o jurídica puede tener varias identidades; incluso está permitido cierto grado de anonimato. Por otro lado, la identidad no la otorgan los Estados y no hay un censo general, sino que cada proveedor tiene sus listados. Una misma persona puede estar en varios proveedores. Por otro lado, puede darse de baja en un proveedor y darse de alta en otro. En definitiva, en E3 las identidades son volátiles, lo que hace inviable tener un control fiable a la hora de hacer votaciones.

Todo ello, además de algunos problemas en el ámbito de los derechos fundamentales, lleva a concluir a Echeverría que la sociedad de la información no es ni parece que vaya a ser democrática.

Aparte de los análisis de Mattelart y Echeverría, sin entrar en tantas profundidades, podemos observar fácilmente que toda la tecnología avanzadísima de la sociedad de la información no está sirviendo de mucho para solucionar los problemas que tiene el planeta. Millones de personas pasan hambre, millones de personas no reciben medicamentos para curar enfermedades cuya curación no tiene un coste elevado, millones de personas tienen una vida muy por debajo de lo que cualquiera de nosotros consideramos una vida digna en cuanto a condiciones materiales. Condiciones materiales imprescindibles para hablar de libertad, la bandera por excelencia del discurso triunfalista de la sociedad de la información del neoliberalismo. Por ello, también el discurso asociado sobre la denominada brecha digital, planteado como si la solución al abismo que separa países pobres y países ricos estuviera en enviar ordenadores, ignorando que no es una cuestión de voluntad, sino de condiciones económicas estructurales, es hipócrita en gran medida. De hecho, las propuestas para superar esta brecha buscan más bien flexibilizar la legislación y permitir inversiones extranjeras, enfocando las iniciativas “hacia un consumo individualizado que responde a un concepto de sociedad fragmentada e individualizada, en el cual se pierde la dimensión colectiva y social del saber” (Crovi, 2002).

Igualmente, no hace falta mucha perspicacia para darse cuenta de que las instituciones democráticas cuentan cada vez menos en las decisiones que afectan a nuestras vidas, y aún menos contamos los ciudadanos. Instituciones y expertos no elegidos por los ciudadanos deciden e imponen a los Estados la firma de acuerdos sobre los que no se nos informa y afectan gravemente a nuestras vidas, medidas claramente regresivas en materia de derechos, recortes en gastos sociales, etc. Las promesas de que las tecnologías de la información y las telecomunicaciones mejorarían nuestras democracias han quedado en aguas de borrajas. Claramente, el uso de las tecnologías de la información y la comunicación no está teniendo ningún papel emancipador para los ciudadanos.

Es complicado deslindar expresiones como sociedad de la información, globalización, aldea global, sociedad del conocimiento, sociedad digital, etc. En primer lugar, para cada una de ellas encontraremos varias definiciones, y, en segundo lugar, todas ellas hacen referencia a las transformaciones sociales que estamos viviendo en las últimas décadas con el concurso de las tecnologías de la información y la comunicación, transformaciones que se proyectan en varias direcciones (economía, cultura, relaciones sociales…). En todo caso, las críticas que hemos visto se refieren a cómo se están gestionando los avances tecnológicos en este nuevo entorno social, en concreto, nos referimos a una gestión que redunda en beneficio de intereses privados muy poderosos y no de la población en general. Lo que estamos viendo es que la gestión neoliberal de la pretendida sociedad de la información y el conocimiento es incompatible con la democracia, la ciudadanía y los derechos humanos.

No se trata de dar marcha atrás en la historia, pero Javier Echeverria terminaba su artículo diciendo: “es imprescindible que, en lugar de considerarnos como clientes y usuarios de los teleservicios informacionales, comencemos a pensar que estamos ante un nuevo espacio social, en el que pretendemos ser ciudadanos con derechos y deberes reconocidos”. Aunque la biblioteca pública vaya adaptándose a los tiempos incorporando nuevas tecnologías y ofreciendo nuevos servicios como el acceso a internet o el préstamo de libros electrónicos, no debe perder de vista su función democrática y social, y no confundir las nuevas prestaciones y el nuevo entorno tecnológico con el cambio en el modelo de gestión de lo público que estamos contemplando. En concreto, externalizar servicios o privatizar bienes públicos, algo que se vende con frecuencia con la coartada de una modernización tecnológica, no tiene que ver con necesidades de modernización tecnológica, sino con un modelo de gestión impregnado de ideología y de intereses. Esta externalización de servicios está ganando terreno ya en bibliotecas municipales e incluso en la Biblioteca Nacional, que lleva años decreciendo en número de trabajadores propios a favor de unas contratas que algunos estudios han demostrado que no ahorran costes.

Si no queremos perdernos en la neolengua que se ha ido construyendo en los últimos años para enmascarar operaciones ideológicas, tenemos, por un lado, que recuperar el lenguaje que describe realidades que no han cambiado utilizando expresiones que ya existían, y, por otro, acudir a documentos de referencia. Cuando oímos la palabra cliente aplicada a los ciudadanos que utilizan la biblioteca, estamos ante una operación ideológica destinada a que vayamos aceptando la mercantilización de un servicio público. Es algo que ocurre en otros contextos; por ejemplo, raramente oímos hablar de clases sociales o de sociedad de clases, ahora la expresión de moda es sociedad dual; lo que se persigue aquí es ocultar el conflicto de clases, un concepto que lleva a análisis más críticos con el sistema actual.

Adecuar las tareas de la biblioteca pública a su misión requiere acudir a los documentos de IFLA o Unesco, así como a las declaraciones que han generado numerosos encuentros en el ámbito bibliotecario. Como ciudadanos y como profesionales, debemos asumir que nuestras tareas en la biblioteca pública deben estar inspiradas por los principios y valores que emanan de estas referencias y declarar nuestra rebeldía a que un servicio público que pertenece a la esfera de los derechos sociales sea sometido a lógicas extrañas a él. Tanto la biblioteca como otros servicios públicos fueron concebidos para garantizar derechos sociales para asegurar una vida humana digna. Es el caso de la sanidad y de la educación, así como el de otros derechos objeto de políticas públicas (pensiones, vivienda…). Sin embargo, los servicios públicos han sido absorbidos por la lógica mercantil y financiera que han impuesto los organismos económicos internacionales: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional Organización Mundial del Comercio, etc. Se trata de lo que denuncia Mattelart en sus trabajos: los debates sobre información, cultura y educación pasaron de la Unesco a la Organización Mundial del Comercio en los años ochenta y noventa. Pero desde el ámbito de los que trabajamos y defendemos los servicios públicos para que protejan los derechos de todas los personas en un mundo crecientemente desigual, no podemos perder de vista la finalidad política y social de la biblioteca pública. Tal finalidad emana del conjunto de declaraciones antes referido y señala la responsabilidad social de “facilitar y promover procesos sociales intencionados, que posibiliten la convivencia, la participación, el debate y la toma de decisiones en la apuesta de una sociedad más democrática” (Jaramillo, 2013: 23-24).

Además, en medio de un tsunami privatizador de todo lo público, la biblioteca, como espacio público, se erige en un espacio de resistencia que debe defender la ciudadanía, tal y como han estado haciendo los vecinos del barrio de Zaidín (Granada) luchando por la biblioteca de Las Palomas. Los espacios públicos son aquellos en los que se construye la ciudadanía, y por ello están siendo objeto de acoso, derribo y apropiación privada. La privatización de lo público que alienta el neoliberalismo necesita también acabar con la ciudadanía y reemplazarla por un consumidor compulsivo y anestesiado por el entretenimiento y la sobreinformación.

Esta privatización se ha ido tejiendo como una tela de araña a través de acuerdos emanados sobre todo desde la Organización Mundial del Comercio y trasladados posteriormente a directivas europeas que se imponen a los estados. Tal es el caso de las directivas 2006/115/CE y 912/100/CE, que gravan el préstamo de libros tratándolo como una transacción comercial. Ésta y otras medidas provienen del sector de las entidades de gestión de derechos de autor, un sector con intereses económicos poderosos que dice hablar en nombre de los autores, y en su nombre defiende un modelo abusivo de gestión patrimonial de estos derechos. Por cierto, que, al parecer, el estado español no ha podido cumplir sus compromisos para satisfacer las cantidades acordadas (20 céntimos por obra adquirida en cada biblioteca) lo que ha dado lugar recientemente a una denuncia ante la Unión Europea por parte de estas entidades de gestión[2]. Una Unión Europea que hace unas semanas, en el ámbito de una reunión con el Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha rechazado dar un trato especial a las bibliotecas en materia de recaudación de derechos de autor, trato justificado para preservar el patrimonio cultural y facilitar el acceso a la información por parte de la ciudadanía, como pedían representantes de bibliotecas y archivos de todos los continentes[3]. También en este contexto vemos cómo la Unión Europea se pliega a un mercantilismo desaforado que está destruyendo espacios y servicios públicos.

Democracia y ciudadanía, pues, son conceptos muy vinculados a la misión de la biblioteca pública, por lo que ésta tiene un importante papel en el fortalecimiento de la democracia. Otro concepto íntimamente relacionado es el de derechos humanos. Igualmente, la biblioteca, como espacio público, tiene un importante papel en la difusión y defensa de los derechos humanos. Es evidente que un ciudadano sin un buen acceso a la información, sin a la educación y a la cultura está seriamente limitado para participar en la vida pública, y ello significa un serio deterioro democrático, a no ser que la idea que se tenga de democracia sea exclusivamente la de ejercer el derecho al voto cada cuatro años, que parece que es la que prima hoy en el gobierno central, habida cuenta de que cómo trata a la movilización ciudadana. Sin información, cultura y educación, no podemos hablar propiamente de democracia. El derecho de acceso a la información estuvo presente en las primeras declaraciones de derechos relacionadas con las revoluciones americana y francesa, a finales del siglo XVIII, considerándose muy tempranamente que no puede hablarse de democracia sin este derecho de primera generación. El derecho a la libertad de expresión y de prensa también estuvo presente en las constituciones del siglo XIX. Hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no se habla de libertad de recibir y difundir informaciones, así como de investigar. El artículo 19, de la DUDH, marco jurídico para este derecho, dice: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”.

Es evidente que todas las unidades de información (bibliotecas, archivos, centros de documentación) están relacionadas con este derecho, y que la perspectiva que hay que adoptar para adecuar las tareas a su finalidad es la de garantizar el derecho que tienen los ciudadanos a acceder a la información sin ningún tipo de traba. En diversos ámbitos podemos observar trabas para el acceso a la información.

  • En el ámbito de los medios de comunicación, el ocultamiento de la verdad, la manipulación o la mentira directa es totalmente impune, y la exigencia de responsabilidad se intenta presentar, por parte de los propietarios de los medios, como una actitud totalitaria, ya que al reclamar libertad de información se incluye en ese concepto todos los fenómenos que la adulteran. Hablar de regulación en este ámbito es enfrentarse a grandes poderes económicos que no admiten la más mínima responsabilidad. Cualquier intento regulador en nombre de la exigencia de veracidad, que se incluye en el artículo 20 de la Constitución Española, es presentado como una medida propia de dictaduras.
  • En materia de información científica, los intentos de diseñar un acceso a la información previo pago, así como los altos precios de suscripción a revistas científicas y bases de datos que dan cuenta de investigaciones que normalmente se han subvencionado con fondos públicos, es otra barrera para el libre acceso. Es una barrera que proviene del modelo expansivo de propiedad intelectual que va privatizando el conocimiento. En la actualidad, los que nos dedicamos a la docencia en la universidad cada vez tenemos más obstáculos para poder poner a disposición de los estudiantes materiales en los campus virtuales. Hasta no hace mucho tiempo no existía ningún problema para colgar artículos u otros materiales con fines didácticos. Hoy día, encontramos mensajes de advertencia de vulnerar la regulación de la propiedad intelectual, en una actividad donde no existe lucro comercial.
  • En materia de memoria histórica, donde el derecho a la verdad es individual y colectivo, hay que resaltar que historiadores, periodistas, movimientos sociales y ciudadanos se han quejado reiteradamente de los obstáculos para acceder a la información en archivos. Los días 4 y 5 de abril [2014] se celebraron en Madrid las jornadas El papel de los archivos en la defensa de los derechos humanos y de la memoria histórica, en la que se trataron estos temas. Unas semanas más tarde, la Cátedra de Memoria Histórica de la Universidad Complutense emitió el manifiesto El acceso a los archivos y la memoria histórica del siglo XX, en el que incide en las trabas encontradas por los investigadores para acceder a información necesaria para acceder a la verdad histórica, acceso que en este país se ha obstaculizado de diversas maneras, sin que quepa por ello culpar, al menos en exclusiva, a los profesionales encargados de los archivos. Pero con frecuencia desde este ámbito se ignora que el derecho de acceso a la información es del ciudadano, y no prerrogativa caprichosa de ningún profesional. Desde Naciones Unidas se reconoce a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos, como es el caso de las miles de víctimas de los crímenes de la dictadura franquista, el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Los tres derechos pasan por los archivos para su ejercicio.

No obstante, las bibliotecas también tienen relación con la memoria histórica. En el último número del Boletín de Anabad (LXIV, Nº 1, 2014), el bibliotecario Javier Aparicio publicaba un artículo bajo el título Biblioteca pública y memoria: el holocausto. En él se centra en el papel de la biblioteca en el recuerdo del Holocausto como prevención de posibles genocidios y defensa de los valores democráticos. Se trata de una iniciativa a la que, según cuenta Aparicio, se han sumado varias bibliotecas públicas, entendiendo que este ejercicio exige la implicación ética del bibliotecario ante la proliferación desmesurada de información que niega, suaviza o banaliza el genocidio nazi.

En cuanto a memoria histórica en España, nuestro país es bastante atípico, siendo quizás el único en Europa donde se puede defender la memoria del franquismo, una variante del fascismo, y ser demócrata al mismo tiempo. Precisamente, en estos días [mayo 2014] está teniendo lugar en la ciudad de Granada una campaña con el título Proyecto Nuestra Historia que apela a la memoria histórica franquista justificando el golpe de estado del fascismo a la república sin que ello sea delito en España. No puede olvidarse que cualquier medida de prevención del genocidio pasa por un esfuerzo por la difusión de la verdad. En España, a diferencia de otros más de cuarenta países, no ha sido posible ni siquiera crear una comisión de la verdad que aclare los crímenes cometidos en la guerra civil y bajo la dictadura franquista. Ya que las víctimas de asesinatos, desapariciones, torturas y robo de bebés no han encontrado justicia en España, han tenido que acudir a la justicia argentina donde se interpuso en 2010 una querella precisamente por genocidio y crímenes contra la humanidad, querella a la que se adhirió el parlamento andaluz en noviembre de 2013. Hay que decir en este punto que, frente a la práctica ausencia de políticas de memoria en el Estado, la Junta de Andalucía, en cambio, sí está teniendo actuaciones en esta materia.

En todo caso, si en este país no se hubiera optado por el olvido, sería lógico que el sistema educativo y las bibliotecas difundieran la memoria histórica a través de materiales educativos, exposiciones y otras iniciativas. Incluso cabría recordar y homenajear a bibliotecarios desaparecidos, asesinados o represaliados durante la guerra civil y el franquismo; es algo que se hace, por ejemplo, en Argentina, donde son frecuentes los homenajes a bibliotecarios desaparecidos durante la época de terrorismo de Estado[i]. Casos como los de Juan Vicéns (exiliado, padre de Manuel Vicéns), Juana Capdevielle (bibliotecaria de la Universidad Central asesinada en La Coruña en 1936), Teresa Andrés (exiliada), Tomás Navarro Tomás (director de la Biblioteca Nacional durante la guerra civil, exiliado), María Moliner (represaliada, autora de un plan nacional de bibliotecas) y un largo etcétera, son dignos de recordar y homenajear. Estas políticas de memoria son las recomendadas por Naciones Unidas en materia de verdad, justicia y reparación cuando ha existido una violación masiva de derechos humanos, como se produjo en España, producto de un ya demostrado plan de exterminio ejecutado fríamente durante cuatro décadas.

  • Otro ámbito de acceso a la información se refiere a la información a la que debe tener acceso el ciudadano en materia de actuaciones administrativas y gubernamentales. Con esto tiene que ver la Ley de Transparencia promulgada en diciembre de 2013, una ley que diversas organizaciones como Transparencia Internacional o Access Info Europe han valorado como bastante deficitaria. España es uno de los países más opacos en este ámbito, lo que supone una importante carencia en un aspecto tan importante para la democracia como es la rendición de cuentas.
  • Por último, también es necesario referirse a casos de censura que de vez en cuando se dan en las bibliotecas y otros centros relacionados con la educación, la cultura y la información. Concretando en bibliotecas, algunos casos han provocado cierto impacto: en 2009 saltó al foro Iwetel el caso de censura en dos bibliotecas navarras, donde cargos políticos querían anular suscripciones de publicaciones periódicas con un criterio político. En la red de bibliotecas del Ayuntamiento de Madrid se comprobó la existencia de filtros para accesos a páginas web también implantados con criterios políticos. En 2013, una usuaria denunciaba que no podía acceder a la web del diario Público ni a la de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sobre libros censurados no es fácil seguir la pista en España, pero en Estados Unidos la ALA sí publica todos los años la lista de los diez libros más censurados. Así, nos enteramos, por ejemplo, de que en 2001 y 2001 el libro más censurado en las bibliotecas estadounidenses fue Harry Potter. En este punto conviene aconsejar a cualquier bibliotecario municipal que tenga algún problema de censura en su biblioteca que lo denuncie a alguna de las asociaciones bibliotecarias.

Hay un sector profesional que entiende su función desde una perspectiva exclusivamente técnica, pero la historia demuestra que han sido muchos los bibliotecarios que se han comprometido socialmente en la lucha por las libertades y por la democracia. El movimiento obrero comprendió desde el siglo XIX la importancia que tenía para la emancipación de la clase trabajadora la cultura, y como instrumento fundamental las bibliotecas, que los sindicatos y los ateneos obreros impulsaron tempranamente. Seguramente no muchos conozcan que fue un bibliotecario el creador de la expresión golpe de estado (Gabriel Naudé, bibliotecario francés s. XVII), una expresión eminentemente política. Y es que también muchos desconocen que declararse apolítico es una decisión extremadamente política.

En la actualidad, cuando el neoliberalismo nos está devolviendo al siglo XIX en materia de derechos, las bibliotecas deben seguir al lado del ciudadano ayudando a evitar la destrucción democrática que diversos poderes están impulsando y a invertir la progresiva desigualdad que muestran numerosos informes. La sociedad de la información está derivando hacia la sociedad de la ignorancia en medio de un caudal inmenso de informaciones caóticas por descontextualizadas, de datos irrelevantes que distraen nuestra atención, de manipulaciones groseras de la información, de censuras incompatibles con una sociedad democrática, de barreras crecientes al acceso a una buena información y educación, y de olvido programado destinado a que los jóvenes no conozcan su historia. Para detener estas tendencias y construir una sociedad democrática es más necesaria que nunca la biblioteca pública.

Además de las referencias normativas y declarativas, en el campo de la bibliotecología social o bibliotecología progresista existe una copiosa literatura sobre la relación entre democracia y biblioteca. En 2008 el bibliotecólogo mexicano Felipe Meneses sintetizaba buena parte de ella en su artículo Bibliotecas y democracia: el caso de la biblioteca pública en la construcción de una ciudadanía activa. El título del trabajo no es inocente. Evidentemente, las nociones de democracia y de ciudadanía de las que se parta conllevan una u otra visión de la biblioteca. Desde el liberalismo, la condición de ciudadano queda satisfecha con ser titular de derechos y cumplir con el rito de votar cada cuatro años. Desde el republicanismo, esto no es suficiente para construir una democracia que no se conforme con la mera elección de unas élites gobernantes. El ciudadano republicano es aquel que participa cotidianamente en la vida pública, que es lo que precisamente en la actualidad intenta evitar por todos los medios el gobierno central. Pues bien, para participar en la vida pública se necesita un cierto grado de formación e información, y es aquí donde juega su papel la biblioteca pública, comprendiendo que un ciudadano desinformado y con bajo nivel cultural tiene graves dificultades para participar en asambleas y deliberar sobre asuntos de interés general.

Si se pretende que la gente permanezca ajena a los asuntos públicos, el resultado es el vaciamiento de la democracia. Desde este punto de vista, el papel de las bibliotecas es menor. Si se pretende una democracia viva en la que haya participación ciudadana, entonces las bibliotecas son bastante más necesarias, ya que no puede haber ciudadanía activa sin una buena educación y un buen acceso a la información. Pero, además de la necesidad de la biblioteca como instrumento para alcanzar un buen nivel educativo e informativo, la biblioteca es un espacio público que, al estar abierto a todos (ser universal), ejemplifica los valores democráticos, según afirma Byrne (citado por Meneses). En este sentido, también es importante que el bibliotecario comparta y ayude a difundir los valores democráticos y los derechos humanos. Valores que pasan por considerar que la democracia no es la dictadura de la mayoría y, por tanto, debe respetar a las minorías asegurando el pluralismo informativo para que la biblioteca sea multicultural y atienda, dentro de sus posibilidades, todas las diferentes necesidades informativas y culturales.

También es muy importante la consideración del usuario como ciudadano y no como cliente. Aceptar esta clase de expresiones, dice Meneses (2008), “es legitimar el discurso neoliberal que intenta convertir los centros bibliotecarios públicos en sitios para el mejor postor”. Y añade:

“Permitir la conversión de la libertad del usuario de biblioteca en la la libertad del cliente como consumidor de mercancías, podría deslegitimar la formulación y la puesta en marcha de políticas públicas favorables a la libertad de acceso a la información, recurso que contienen los fondos bibliográficos destinados al ejercicio de la libertad de lectura, vista ésta como un derecho democrático de servicio público; sería colaborar en el proceso que apunta hacia el desmantelamiento de la esfera pública”.

Dos son los factores que, a mi juicio, hacen más necesaria que nunca la biblioteca pública en nuestros días. Primeramente, la crisis económica -producto de una estafa de élites económicas- hace que millones de personas hayan quedado en el paro y con muy pocos recursos para subsistir. Esta situación lleva al peligro de exclusión social. La biblioteca es un centro precisamente para la inclusión social. En segundo lugar, la involución democrática que estamos viviendo, criminalizando cada vez más la disidencia y el pensamiento crítico, hace necesaria la existencia de la biblioteca como un poderoso instrumento para la educación ciudadana.

La batalla que está librando el neoliberalismo para vaciar de contenido la democracia, expoliando bienes comunes, privatizando servicios públicos y convirtiendo a los ciudadanos en meros consumidores, requiere que unamos nuestras fuerzas para no perder niveles democráticos que habíamos conquistado. Pero no solo se trata de una lucha por preservar algo del pasado, se trata de una lucha por nuestro futuro, una lucha que solo podrán llevar a cabo ciudadanos informados. En esa batalla no puede faltar la biblioteca pública, así como su personal, que debe estar convencido de su papel en la difusión de los valores democráticos y de los derechos humanos.

  1. En España esta obra tuvo su paralelismo: Gonzalo Fernández de la Mora, que llegó a ser ministro con Franco, publicó en los años sesenta El crepúsculo de las ideologías, reclamando más tarde frente a Bell la autoría de esta tesis, libro y tesis muy apreciados por los ministros tecnócratas franquistas.
  2. Información tomada de la página web de ANABAD: http://www.anabad.org/noticias-anabad/28-bibliotecas/1106-canon-prestamo-bibliotecario.html [fecha de consulta: 18 de mayo de 2014]
  3. Información tomada de la página web de la Biblioteca de la Universidad Complutense: http://biblioteca.ucm.es/blogs/boletinbibliotecario/8888.php#.U3iKZ_l_ucC [fecha de consulta: 18 de mayo de 2014]

Referencias bibliográficas:

  • Aparicio, Javier. Biblioteca pública y memoria: el holocausto. Boletín ANABAD, 2014, LXIV(1), pp. 63-85.
  • Crovi Druetta, Delia. Sociedad de la información y el conocimiento. Entre el optimismo y la desesperanza. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, 2002, XLV(185), 13-33. Disponible en http://www.redalyc.org/pdf/421/42118502.pdf
  • Echeverría, Javier. Democracia y sociedad de la información. Isegoría, 2000, nº 22, pp. 37-57.
  • Mattelart, Armand. La sociedad de la información: un mito. En: http://www.voltairenet.org/article121544.html
  • Jaramillo, Orlanda. Biblioteca pública, ciudadanía y educación social. Buenos Aires: Alfagrama, 2013.
  • Mattelart, Armand. Premisas ideológicas de la sociedad de la información. En: Vidal-Beneyto, J. La ventana global: ciberespacio, esfera pública mundial y universo mediático. Madrid: Taurus, 2002.
  • Meneses Tello, Felipe. Bibliotecas y democracia: el caso de la biblioteca pública en la construcci´no de una ciudadanía activa. Anales de Documentación, 2008, nº 11, 93-127.
  • Ruiz de Querol, Ricard; Buira Jordi. La sociedad de la información. Barcelona: UOC, 2007.

 

[*] Hay que advertir que en los mas de dos años transcurridos desde la redacción de este texto varias comunidades autónomas han iniciado actuaciones en materia de políticas de memoria.

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