España 2017¿Apuntillará la corrupción el régimen que alumbró la Transición?

David Ruiz ||

Historiador.Catedrático emérito de la Universidad de Oviedo ||

No resultaría extraño que sucediera si, como acaba de publicar el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, la indignación contra ella, que ya figuraba como segundo problema después del desempleo, ha crecido más que el rechazo a éste. Una noticia que merece especial celebración por el componente moral que aporta. De mayor calado pedagógico que una convocatoria electoral al uso.  

Abochorna conocer que desde la aprobación de la Constitución en 1978 hasta hoy se hayan registrado más de 180 casos de corrupción política pura y dura repartidos por todas las instituciones del Estado: desde los Ayuntamientos a la Casa Real pasando por Diputaciones Provinciales ,Gobiernos Autonómicos y Ejecutivos Nacionales. Más aún que, según una revista especializada en este asunto, los latrocinios reunidos han costado a las arcas públicas más de 7.500 millones de euros hasta el 9 de febrero del pasado año.

Toda una lacra que en las negociaciones que dieron lugar a la Transición nadie presagiaba se iba producir ni se merecían las partes que la protagonizaron: ni el círculo de los reformistas del régimen de Franco ni el de los opositores a la dictadura que sin romper una silla pasaron de considerarse enemigos encarnizados a convivir como adversarios políticos.

Sin embargo, todo se iría al traste cuando – sin que desapareciera por ensalmo la mentalidad franquista inoculada durante cuatro décadas, en el nuevo orden democrático – irrumpe el bipartidismo provocado por las mayorías absolutas obtenidas por los socialistas primero y los populares después. Que entre otros olvidos y carencias populares y socialistas compartieran el desdén presupuestario del Tercer poder del Estado y la preocupación política por la independencia judicial en la nueva democracia lo dijo casi todo.

Prueba de ello es que, a día de hoy, el Fiscal General del Estado, del que depende el de Anticorrupción, aún lo designe el Gobierno de turno; o que apenas haya habido protestas cuando un Agente extrajudicial del tamaño de la Agencia Nacional Tributaria torpedeara la instrucción de un caso en el que primero fue inculpada y después absuelta una hermana del rey – por solo citar una norma antigua y un comportamiento reciente – cuestionan sobradamente la calidad de la democracia surgida de aquella Transición bautizada de modélica.    

Lógico, pues, que al “lodazal político” que para muchos asemeja el país actual haya contribuido decisivamente la quiebra del bipartidismo. Los socialistas divididos en tres corrientes desde que su Comité Federal destituyera “a la brava” – así se calificó el procedimiento utilizado por miembros del Comité Federal presentes en el acto – al último secretario general, el primero elegido en unas primarias. Los populares – desbordados con la salida a la superficie de sus innumerables casos de corrupción urdidos en las dos últimas legislaturas – poniendo la guinda en la actualidad con el de la presunta financiación ilegal del propio partido.

Peor imposible. Si su irascible fundador Manuel Fraga levantara la cabeza probablemente les aconsejaría aproximarse a los convergentes catalanes que se encuentran en trance análogo aunque ya no estén pastoreados por Jordi Pujol, a la sazón también bajo la lupa judicial. El acercamiento entre ambos partidos aunque ahora discrepen a muerte sobre el futuro de Cataluña – los populares esgrimiendo la bandera españolista y los convergentes la independentista para salvar sus respectivos patrimonios- probablemente les serviría de consuelo. A fin de cuentas, ambos son hermanos de clase como es el caso.         

En cambio, para el resto del país el problema principal será la persistencia del malestar social la realidad que acompañe a la suerte de los indignados contra la corrupción. Según el Infome España 2017 de la Comisión Europea recientemente publicado, el 13,1 % de los españoles está hoy en riesgo de pobreza, el mayor índice de la Unión Europea.

Dicho esto, la erradicación de la desigualdad y de la corrupción será una tarea primordial que corresponderá a los nuevos actores del cambio. Los mismos que como se indicó al principio no son otros que los pertenecientes a las generaciones que no pudieron votar la Constitución de 1978 por no tener la edad legalmente requerida. Suman el 64% de la población actual, dos de cada tres. Nada menos. La conquista de la decencia les pertenece.

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