Tensiones entre los derechos culturales y el Estado en el contexto de la globalización cultural

Estacio Valladares ||

Sociólogo ecuatoriano ||

Actualmente, nos encontraríamos en una etapa caracterizada por el tránsito de un estadio de “legislación cultural” a otro que podría denominarse de “derecho a la cultura” (Jesús Prieto de Pedro, 2010).

Las aportaciones de lo que Pietro de Pedro llama “legislación cultural” no solo datan de muchos siglos atrás, sino que se refieren al carácter y al sentido que adoptó esa fase en distintos países y continentes. Las normativas y regulaciones no se referían solamente a la protección de los procesos culturales, sino al control de las manifestaciones y expresiones culturales en tanto que éstas podían desafiar el orden existente y proponer nuevas formas de estructuración de relaciones sociales y nuevas visiones del mundo. Un claro ejemplo de esta fase en el continente europeo fueron las llamadas “Ordenanzas Moulinus” de 1537, dictadas por Francisco I en Francia, que tenían como objetivo la conformación de bibliotecas a través de la obligatoriedad de la entrega de un número determinado de ejemplares en calidad de depósito legal de todos las obras publicadas. Sin embargo, no solo era éste su objeto primordial. Se trataba de que, a través de esta regulación, el Estado controlara e inhibiera al mismo tiempo que las publicaciones que circularan no fueran críticas a los fundamentos en que estaba organizada la sociedad de ese entonces (Jesús Pietro de Pedro, 2010).

El enfoque del “derecho a la cultura” concibe a lo cultural como un ámbito de derechos fundamentales específicos. La mayoría de textos constitucionales contemporáneos así lo han recogido en sus cartas fundamentales. Ese es el caso de las Constituciones de Colombia (1991) y de Ecuador (2008) que establecen los hitos más desarrollados respecto al constitucionalismo cultural. En estas constituciones se aprecia, como menciona Pietro de Pedro (2010), un proceso de aglutinación del derecho a la libertad de creación, a la cultura, a la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida cultural.

La Constitución de España de 1978 también enfatiza en un enfoque garantista de la cultura, incluyendo la libertad de creación cultural y el acceso a la cultura, en sus artículo 20 y 40, respectivamente, como fundamentales para el principio de autonomía de la cultura. Este mismo enfoque ha sido asumido en el derecho supranacional de la Unión Europea y en algunos instrumentos políticos internacionales, como el que está contenido en la “Carta Cultural Iberoamericana”, aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de este espacio territorial en noviembre del 2006 en Montevideo.

De acuerdo con Padrós, el creciente poder del Ejecutivo, como tendencia sociológica de organización y articulación del Estado contemporáneo, que, en el caso de sistemas parlamentarios como el español o presidencialista como en la mayoría de países de América Latina, se auto-otorga la función de emitir normativas culturales con rango de ley y la constatación de la administración compleja del Estado en materia cultural, evidenciada en el hecho de que en un mismo ámbito de la cultura, por ejemplo en el patrimonio histórico, pueden coexistir y comprender diferentes niveles distintos de administración pública (2009), generarían algunas aristas que pueden entrar en conflicto con el derecho a la libertad de creación, de acceso y autonomía de la cultura.

Estas aristas se pueden expresar en las condiciones de existencia y desarrollo de la cultura, denominadas por Norberto Bobbio como “política de la cultura” (Carlos Padrós, 2009), y en las subvenciones directas a las manifestaciones culturales que son parte del diseño y aplicación de políticas culturales.

Por una parte, la desinversión en el mantenimiento y en la ampliación de la infraestructura y el equipamiento cultural que el Ejecutivo de una determinada concepción político-ideológica pudiera realizar, afectaría de manera directa al pleno ejercicio de los derechos culturales, a pesar de que éstos estén consignados constitucionalmente. Dado el creciente poder del Ejecutivo estas decisiones de políticas culturales deteriorarán las condiciones en que se reproducen las expresiones culturales de un país, de sus actores y creadores; amenazando la libertad de creación y los demás derechos culturales.

Este pudiera ser el caso de lo que acontece en la actualidad en buena parte de los países de Europa, que están marcados por decisiones que conceptúan a la cultura como sinónimo de algo accesorio y prescindible debido a la orientación predominantemente neoliberal de la gestión política de sus gobiernos.

Por otra parte, la reinterpretación de las subvenciones y de prioridades culturales que emprenda el Ejecutivo, en cualquiera de sus niveles de administración territorial, también podrían incidir de manera generalizada en las condiciones de reproducción de lo cultural, afectando seriamente a los agentes y a la continuidad de sus iniciativas y proyectos culturales. Este fue el caso que señala Padrós sucedió a partir de 1996, cuando el cambio de tendencia política en España derivó patológicamente en un cierto intervencionismo o dirigismo cultural (2009).

Los problemas derivados de las tendencias a un cada vez mayor protagonismo del Ejecutivo en la definición de las políticas culturales y en las condiciones de existencia y desarrollo de la cultura (o “política de la cultura”) y la “administración compleja” de la cultura que se evidenciaría en la coexistencia de diferentes niveles de administración pública para la gestión de lo cultural que, de acuerdo con Padrós, explicarían las amenazas a la libertad de creación, podrían tener, sin embargo, otra lectura y consecuentemente otras respuestas.

El creciente poder del Ejecutivo en el ámbito de lo cultural, no puede estar separado de los otros poderes y funciones del Estado. Los regímenes parlamentarios o presidencialistas -aunque en sus formas existen grados de autonomía entre el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Jurisdiccional- en la realidad están articulados por las direcciones políticas de los sectores hegemónicos que comandan el Estado, entendido éste no solo como una suma compleja de aparatos y estructuras, sino como sistema de relaciones sociales orientadas a su reproducción. El creciente poder del Ejecutivo en materia cultural expresa una direccionalidad no auto-otorgada por él, sino entregada por el conjunto fuerzas políticas que elaboran las leyes y normativas desarrolladas y sancionadas por el Legislativo y resguardadas y protegidas por el poder Jurídico, y otras instancias del poder Jurisdiccional[1].

No es la tendencia de creciente poder del Ejecutivo, sino del Estado en su conjunto lo que lo estaría detrás de la amenaza al derecho a la libertad de creación cultural que, tal como lo plantea Jesús Pietro de Pedro, tampoco podría aislarse de otros derechos como el acceso y la participación a la cultura. Todos estos derechos deben examinarse de manera articulada y no de manera individual. Imposible hablar de derecho a la creación cultural si no se entiende a éste como parte de la participación, acceso y disfrute colectivo de la cultura. Y viceversa. La participación, acceso y disfrute mayoritario de la cultura alimentará de manera fundamental la creación cultural en condiciones de libertad.

“Carta Cultural Iberoamericana”, aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno de este espacio territorial en noviembre del 2006 en Montevideo

Lo que subyace a la tensión entre estos derechos culturales y el intervencionismo del Estado también puede leerse a partir de una interpretación clásica derivada de la contradicción entre el interés colectivo, que de manera formal y legal representa el Estado, y el interés particular que el mismo Estado debe garantizar y defender. Esta contradicción es más evidente e inherente a la forma de Estado surgido en el transcurso de la modernidad capitalista, lo que incluiría a la experiencia del Estado socialista, derrumbado a partir de 1989 con la caída del muro de Berlín y en 1991 con la implosión de la URSS y de los países del este europeo.

El Estado, independientemente de sus niveles territoriales de administración o formas de estructuración (ejecutivo, legislativo o judicial), siempre expresará la posibilidad y la amenaza de controlar y limitar los “derechos culturales”, o dirigir y contaminar el ámbito de lo cultural porque de ello depende, en gran parte, la reproducción de las visiones hegemónicas de poder de las clases o fracciones de clase que imprimen una determinada direccionalidad política[2]. La cultura siempre ha sido interpretada desde el poder como un asunto peligroso.

Más todavía en circunstancias en que lo cultural se ha convertido en un campo de batalla políticamente mundializado (Martín Barbero, citado por Tulio Hernández, 2010), donde parecerían concentrarse las disputas hegemónicas y contra-hegemónicas más significativas de la contemporaneidad en la nueva etapa de la modernidad capitalista.

La homogeneización cultural versus la diversidad cultural, el consumismo arrollador y generador de desperdicios y flujos de energía y recursos versus el reconocimiento de límites al crecimiento económico, el multiculturalismo tolerante versus la multiculturalidad con capacidad de integración democrática, las prohibiciones y limitaciones a la movilidad humana versus el derecho de las personas a movilizarse sin trabas en un mundo cada vez más globalizado y complejo, la defensa de las identidades múltiples y diversas y el diálogo intercultural, son algunos aspectos que se discuten en la esfera de lo cultural y que se vinculan con otros ámbitos del conocimiento como la economía, la ecología, la tecnología, la ética, la filosofía o la comunicación.

El Estado, en su etapa de globalización capitalista, por otra parte, está complejamente articulado a una centralidad de decisiones y de comando que han debilitado y desestructurado el funcionamiento del Estado-Nación, desligando y fragmentando el poder económico en una cantidad de actores desterritorializados (Tulio Hernádez, 2010). “Hemos comenzado a quedar a merced de influencias globales que ya no podemos controlar, pero que afectan directamente nuestra identidad, nuestra manera de ver el mundo, nuestro aquí y nuestro ahora. La vida social se torna cada vez más plural, más descentrada pero a la vez, más abstracta, más ambigua y más inmanejable” (Santos Castro. Fin de la modernidad. 1999, citado por Tulio Hernández, 2010: 15).

Algunas respuestas generadas en el ámbito local y desde agentes culturales comunitarios, privados y públicos han re-pensado en nuevas posibilidades que, al mismo tiempo que potencian los derechos culturales, limiten las amenazas del creciente poder estatal, no solo en su expresión local o nacional, sino en sus dimensiones de poder globalizado.

En este contexto, cabe preguntarse si en el escenario político de cambio que se abre para España en los próximos años, las fuerzas políticas de signo democratizador de la gestión pública, conformadas a través de un amplio tejido organizativo social y popular, asumirán estas experiencias transformándolas en un auténtico espacio de participación ciudadana y de política cultural que auto-limite las amenazas que existen al interior de las estructuras del poder estatal y del ejercicio político más proclive al control de las propuestas y expresiones culturales que a la participación ciudadana y democratización del acceso de bienes y servicios de la cultura.

La realidad nunca está determinada de antemano. En la lógica del Estado en su nueva etapa de modernidad capitalista, podemos encontrar claro-obscuros, espacios de intersección y trayectorias que conduzcan a nuevos derroteros. Las experiencias que se han generado o se están diseñando actualmente en el territorio globalizado que es el mundo actualmente, tienen un efecto que va más allá de sus limitaciones. Plantean y sugieren nuevas narrativas, nuevos discursos y nuevas posibilidades de práctica y gestión cultural, incorporando en sus propias debilidades no solamente lo que es, sino lo que podría llegar a ser.

 

Notas:

1 Esto no quiere decir, de ninguna manera, que en determinadas coyunturas no existan intentos por ampliar la autonomía formal entre los distintos poderes que conforman el Estado. Las evidencias de separación y distancia de la Justicia española para enfrentar casos de corrupción respecto de la dirección política del Ejecutivo son innumerables. No siempre se puede decir lo mismo de lo que acontece en algunos países latinoamericanos, aunque esto no tiene que ver con la forma de régimen presidencialista adoptado, sino más bien con los déficits en la construcción de la tradición democrática y el grado de consolidación institucional.  

2 Para aquellas personas, en la que me incluyo, que creen que todavía tiene plena vigencia la caracterización de propuestas desde las dimensiones de izquierda o derecha, no pasan desapercibidos los claro-obscuros que pueden existir entre estas dos visiones contrapuestas e irreconciliables. La experiencia de políticas públicas culturales emanadas por gobiernos de orientación socialdemócrata en Europa, atentas a incorporar las demandas de los ciudadanos y de los agentes culturales, han demostrado ser más proclives a la defensa y promoción de los derechos culturales y a auto-limitar, legal y administrativamente, la tendencia estatal del control y aprisionamiento de las expresiones culturales generadas desde la sociedad.

 

Referencias bibliográficas

Hernández, Tulio. 2010. Cultura y globalización, diversidad y homogeneización. UOC-UdG-UIB.

Padrós Reig, Carlos. 2009. Gestión cultural en la Administración pública. UOC-UdG-UIB.

Prieto de Pedro, Jesús. 2010. El derecho de la cultura. UOC-UdG-UIB.

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