Cataluña: Volver a la casilla de salida. Notas para un referéndum legal

Jesús Pichel ||

Profesor de Filosofía ||

La redacción del artículo 2 de la Constitución del 78 es un buen ejemplo de uno de tantos consensos que la hicieron posible. Para introducir junto al de “regiones” el término “nacionalidades”, propio de la tradición catalanista desde el XIX, la minoría catalana -que tuvo asiento entre los ponentes constitucionales gracias a que el PSOE cedió una de sus plazas-, tuvo que aceptar el añadido con el que comienza el artículo: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. O sea, ni para ti ni para mí: nacionalidades, sí, pero a la vez, unidad indisoluble, Nación española, patria común e indivisibilidad.

Para dar una salida legal y razonable al problema institucional y constitucional que plantea el reto soberanista en Cataluña -que choca frontalmente con la primera parte del artículo 2- el PSOE propone volver a poner en valor esa idea de nacionalidades y redefinir el Estado de las Autonomías como Estado plurinacional o como Nación de naciones, reconociendo constitucionalmente lo que de hecho es una realidad.

Plurinacionalidad fácil de enunciar, pero muy difícil de concretar en una organización territorial que satisfaga a todos -a las regiones, a las nacionalidades y a la Nación española actuales- y que respete la solidaridad deseable entre todas ellas. Y tanto más difícil cuanto mayor sea el antagonismo y menor la voluntad de consenso que haya entre todos los posibles los interlocutores -especialmente entre el Gobierno y el Govern; el Estado y la Generalitat, como es el caso-.

Por eso la propuesta del PSOE en la situación actual probablemente nace muerta, porque ni Rajoy ni Puigdemont, presos de sus palabras y de sus actos, ya no pueden dar marcha atrás a este disparate en el que nos han metido a todos. El disparate es que ninguno de ellos puede prever con certeza la gravedad de las consecuencias del enfrentamiento institucional que ya parece inevitable.

Inevitable porque el Govern de la Generalitat de Catalunya y los diputados independentistas que controlan con su mayoría el Parlament están actuando de hecho como si el pueblo de catalán fuera soberano y Cataluña fuera ya un Estado. Todos los pasos que están dando para la desconexión con España y el establecimiento de una República catalana parten de la autoafirmación de que el pueblo de Catalunya es un sujeto político soberano y, por ello mismo, que no reconoce ninguna autoridad por encima de sí mismo.

De esa autoafirmación parte sin duda la Llei del Referèndum d’autodeterminació de Catalunya que, según su artículo 3.2., prevalece jerárquicamente sobre todas las demás que pudieran entrar en conflicto con ella. Prevalecería, pues, sobre el Estatut d’autonomia de Catalunya y sobre la Constitución española, que precisamente son las leyes que jurídicamente dan legitimidad al Parlament y al Govern que la impulsa.

Quizá por eso -y para evitar posibles denuncias- la Llei no se ha presentado en el hemiciclo del Parlament, sino en el Teatre Nacional de Catalunya y en el Anfiteatro del Parlament, como si de hecho fuera ley lo que, por ahora, no es más que un documento privado titulado Llei del referèndum etc. porque no ha sido formalmente presentado, tramitado ni aprobado en Parlamento alguno.

Es bien sabido que en cualquier Estado de Derecho la ordenación del sistema se realiza, entre otros, a través de dos principios fundamentales: el de jerarquía normativa y el de competencia. El primero ordena jerárquicamente las normas desde la Constitución, que es la norma suprema, hasta los reglamentos, de manera que las de rango inferior no pueden contravenir a las de rango superior. El segundo establece qué organismo tiene competencia para legislar los distintos tipos de normas. Un Ayuntamiento, por ejemplo, no tiene competencia para elaborar y aprobar leyes orgánicas, que son competencia exclusiva de las Cortes. Si una norma legal incumple cualquiera de estos principios no es jurídicamente válida.

La pretendida máxima prevalencia de la Llei de Referèndum, que actúa como si de hecho fuese una Constitución que derogase el Estatut, contraviene ambos principios.

El artículo 149.1.32 de la Constitución establece que la autorización para la convocatoria de consultas populares es competencia exclusiva del Estado. De ahí que en los apartados 1 y 2 del artículo 92 se especifique que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos y que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, implicando así en el proceso tanto al poder legislativo como al ejecutivo -y al Jefe del Estado-.

En el texto constitucional se habla de dos tipos de referéndum: los consultivos -para esas decisiones políticas trascendentes- y los de ratificación de la Constitución, de las reformas constitucionales -no siempre preceptivo, como lamentablemente vimos en la tramitación exprés de la reforma del 135- y de los Estatutos de Autonomía.

Nada, pues, prohíbe que en Cataluña, como en cualquier otra Comunidad, se convoque un referéndum perfectamente legal. Bastaría con cumplir los requisitos: autorización del Congreso de los Diputados, propuesta del Presidente del Gobierno y convocatoria firmada por el Jefe del Estado. Por eso el referéndum ilegal inevitablemente lleva al enfrentamiento institucional.

Que la decisión política sobre el estatus de Cataluña es de especial trascendencia -tanto para Cataluña como para todo el Estado- es evidente y, por ello mismo, cae dentro de lo previsto en el artículo 92. Y, sin embargo, parece que no es posible la solución del conflicto institucional, no solo porque el referéndum solo podría ser consultivo -salvo que fuese para ratificar una reforma del Estatut-, sino porque ni los secesionistas ni el Estado pueden renunciar a sus principios básicos: en un caso, que Cataluña sea un Estado soberano e independiente; en el otro, que la Constitución obliga a todos los poderes del Estado a mantener la unidad y la indivisibilidad de España.

Las sanciones judiciales, las intervenciones administrativas o el uso de la fuerza quizá pudieran detener el proceso, pero desde luego no solucionarían el problema secesionista -si acaso no lo agravara-. La solución política al conflicto podría pasar por un pacto político para volver a la casilla de salida y elaborar un nuevo Estatut, similar al de 2005, que se ratificara en referéndum legal. Pero a estas alturas ya nadie se fía de nadie.

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