El expolio de Cataluña

Lidia Falcón O´Neill ||

Abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista ||

El 23 de diciembre de 2010, Artur Mas fue investido Presidente de la Generalidad de Cataluña al ser su partido, Convergencia y Unión, el más votado. La primera medida que adoptó fue suprimir el Observatorio de Violencia de Género, institución realmente inoperante pero que no significaba apenas gasto y quedaba bien en el imaginario feminista. Era el ejemplo de lo que se proponía el proyecto convergente para gobernar el país.        

A partir de ese momento, y para cumplir los objetivos de la austeridad y del déficit, en plena crisis, el gobierno catalán, antes que el de España, comenzó a recortar los presupuestos de la sanidad, la asistencia social, la justicia, los transportes. La educación quedó aparte ya que es la columna vertebral del lavado de cerebro a que se somete a los alumnos y alumnas en Cataluña para que se convenzan de que es imprescindible que se independicen de esta España que les roba. El expolio de Cataluña.   

     

Yo asistí a las primeras manifestaciones de la Marea Blanca, que se organizó en Barcelona antes que en Madrid, frente a las medidas depredadoras que afectaban a la sanidad. Artur Mas fue pionero en los recortes. La respuesta fue tardía y no duró mucho. Todas las reivindicaciones sociales quedaron ahogadas por la marea independentista.

La ideología de Convergencia y Unión que ha dominado durante más de tres décadas en Cataluña, ha convencido a una parte de la sociedad catalana, curiosamente la que mejor vive, de que su país –entendido como una entidad única por encima de las clases sociales- está preterido, maltratado y expoliado por el Estado Español. Mientras los años del bienestar llenaron los bolsillos de los empresarios y de los políticos corruptos y permitieron vivir tranquilamente a las clases trabajadoras, pocos fueron los que denunciaron la política nacionalista capitalista liberal que implantaba el gobierno convergente.           

El mismo Jordi Pujol y su gobierno, en 1980, diseñaron el modelo mixto para la sanidad con la Ley de Ordenación Sanitaria para Catalunya, que fue completado con una reforma de 1995 que autorizó la introducción del ánimo de lucro en la sanidad pública. El mismo sistema fue continuado por la temporalmente socialista Marina Geli durante el Tripartit y llevado hasta sus últimas consecuencias por su sucesor, Boi Ruiz, de CDC. El plan de privatización sanitaria de Cataluña no tiene nada que envidiar al de Madrid.       

Se desvían los fondos públicos a los hospitales privados, se derivan los pacientes a consultorios diversos para realizar las pruebas más comunes y los planes de inversión o de desinversión de la sanidad se encargan a despachos de origen desconocido o muy oscuro, cuyas minutas son abonadas puntualmente por la Generalitat.          

Otro de los suministros imprescindibles, el agua, se ha entregado a empresas particulares en toda Cataluña. La privatización de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) la joya de la corona, ha seguido la misma práctica que la sanidad, con Oleguer Pujol, a través de la empresa International Tax Planning Services, de la que se sirvieron la familia Pujol y la familia Rodés.

Las irregularidades, para utilizar un lenguaje suave, que jalonan el suministro del agua y la construcción del canal Segarra-Garrigues ocupan decenas de tomos en las estanterías de los juzgados. La desviación presupuestaria es del 81%. Josep Antoni Rosell, el director de Infraestructuras es uno de los detenidos en octubre de 2015 por la trama del 3% que iba a parar a CatDem, la Fundación de Convergencia Democrática de Catalunya.

Los servicios sociales, trabajadoras a domicilio, casas de acogida para mujeres maltratadas, centros de tutelaje de menores, de atención a discapacitados, geriátricos, residencias para ancianos, se han convertido en los grandes y rentables negocios de empresarios privados. En sus centros, apenas inspeccionados, se sirve comida podrida, se maltrata a niños y a ancianos, se abusa sexualmente de menores y adolescentes, se les quita la custodia de los hijos a las madres pobres para internarlos en centros de acogida, y de donde, a veces, ya no los recobran, entregados en adopción en procesos poco claros. Todas esas empresas reciben miles de euros de la Generalitat. Esquerra Republicana de Cataluña ha mantenido en su poder la Consejería de Servicios, nepotismo, tráfico de influencias, apropiación indebida, estafas sociales, desde el gobierno del Tripartito. 

Esta es solo una pincelada de la pintura del océano de corrupción, malversación de fondos, y otros más delitos que han cometido con inexplicable impunidad los gobiernos de la Generalitat durante más de 30 años, con escasos intervalos. Principalmente del partido de Convergencia y Unión, ahora trasmutado en PDCat, pero al que han apoyado y apoyan ERC y, lo más estrambótico, la CUP.

Jiménez Villarejo, el fiscal que con José María Mena, intentó vanamente procesar a Jordi Pujol y sus consejeros por la estafa de Banca Catalana, nos explica que una quinta parte de los consejeros de Pujol han sido imputados por algún delito. En toda esta etapa Artur Mas fue el delfín de Pujol. En 1982 ingresó en Convergencia Democrática de Cataluña y fue jefe del Servicio de Firas y Director General de Promoción Comercial. Concejal del Ayuntamiento de Barcelona (19871995) y después diputado en el Parlamento de Cataluña desde 1995. Ese mismo año fue nombrado consejero de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno de Jordi Pujol, cargo que ocupó hasta 1997, cuando fue nombrado Consejero de Economía y Finanzas. El 17 de enero de 2001 dejó la Consejería de Economía para ser primer consejero de la Generalidad de Cataluña, cargo del que tomó posesión al día siguiente y que ocupó hasta el 18 de diciembre de 2003.

En la noche del 25 de enero de 2005, 25 familias fueron desalojadas de sus casas a raíz del hundimiento de un edificio en el barrio del Carmel de Barcelona, por el desprendimiento del túnel que se estaba practicando para las obras de ampliación de la línea 5 del Metro. La empresa privada Gestión de Infraestructuras (GISA) encargada de la obra, afirmó aquella misma noche: “No se han encontrado afectaciones en la superficie ni en la estructura de los edificios”. Transcurridas 48 horas, la tierra se tragó un garaje situado pared con pared con esa finca y empezó el calvario del Carmel.

1.276 personas fueron desalojadas de sus viviendas que pasaron a vivir una situación de provisionalidad en hoteles, casas de familiares y, más tarde, en pisos puente. Los dos últimos regresaron a su casa en diciembre de 2006, casi dos años después. El grueso de los desalojados pudo volver a lo largo de 2005 y unos 200 en 2006. Claro que no todos regresaron al barrio, porque 58 personas optaron por dejarlo e instalarse en otras zonas de la ciudad con la permuta de sus pisos. 241 comercios se vieron afectados por la crisis, 71 de la zona evacuada y 170 del área de influencia. Muchos tuvieron que cerrar y otros vieron como el negocio se venía abajo por la crisis, casi depresión, en la que cayó El Carmel. Los alumnos de dos escuelas tuvieron que ir a otros centros. Las empinadas calles de uno de los barrios que aguardaban como agua de mayo la llegada del metro se llenaron de hormigoneras. Toneladas de cemento sellaron el túnel de maniobras que se hundió y después hicieron lo mismo en el subsuelo de decenas de edificios. Cuatro se tuvieron que derribar porque la rehabilitación era imposible.

Las indemnizaciones a los afectados alcanzaron 100 millones de euros. El grueso, cerca de 42, en indemnizaciones -el concepto de daño moral se instauró por primera vez-, algo más de 16 en facturas de hoteles y alquileres de pisos puente. Otros 6,3 millones de euros fueron para indemnizar a los comerciantes y 32 para obra civil y la rehabilitación de edificios.

En la sesión de control sobre el desastre, el entonces Presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall acusó a Artur Mas, que era el hombre fuerte del gobierno de Pujol cuando se diseñó y se presupuestó el metro del Carmel, de que su partido cobraba comisiones del 3% de todas las obras que se realizaban. La comisión parlamentaria que estudió las causas del desastre concluyó afirmando la falta de control de aquella obra: ausencia de estudios geológicos del subsuelo y cambios en el proyecto, amén de otras deficiencias. Un absoluto desastre.

Carlos Jiménez Villarejo relata pormenorizadamente VEINTICINCO procesos por corrupción contra consejeros y altos cargos de la Generalitat, alcaldes y concejales de diversas poblaciones, diputados del Parlament, abogados, jueces, inspectores fiscales, empresarios. Y esos son los casos que se han descubierto.  

Ciertamente, Cataluña ha sido expoliada, y el expolio lo han realizado los propios gobernantes catalanes.

Madrid, 9 d julio 2017.

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