La privatización del Canal de Isabel II

Marcos Cioni || Madrid.

«A las tres semanas de llegar a Madrid, me quedé pasmado con un amigo que pidió un vaso de agua del grifo en un bar. Intrigado, la probé y descubrí el sabor del agua. Compas, vosotros no sabéis qué significa tener que cargar con botellas de agua todos los días, porque la de casa sabe y huele tan mal que solo sirve para ducharse».

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Quien habla así es un joven de Barcelona llamado Daniel durante un debate sobre la privatización del Canal de Isabel II organizado el pasado sábado 1 de octubre por la asamblea popular de Arganzuela. Es el turno de preguntas que ha seguido a la intervención de Erika González, integrante de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, quien ha explicado al centenar de vecinos congregados en el parque de Arganzuela los perjuicios que puede suponer para la ciudad la gestión privada del agua.

El Canal, ha explicado González, abastece de agua en la actualidad a más de seis millones de madrileños y aún tiene capacidad para otros tres millones. Es una empresa con amplios beneficios que se pueden invertir en obras sociales, que da empleo a unos 2.200 trabajadores y que consigue que la calidad del agua sea excelente, al igual que el servicio de mantenimiento. Sin embargo, el gobierno de Esperanza Aguirre está tratando de privatizarlo. ¿Por qué?

Aguirre argumenta que el Canal necesita «unas inversiones de unos 4.000 millones de euros» para asegurar el suministro del agua en el futuro; sin embargo, la Plataforma sostiene que «no están justificadas estas necesidades financieras, sobre todo teniendo en cuenta los cuantiosos desembolsos que ha realizado recientemente, como los 900 millones de euros abonados al Ayuntamiento de Madrid por la gestión del saneamiento o los más de 100 millones empleados en la construcción del Teatro del Canal».

Cabe preguntarse, entonces, si la intención de privatizar el Canal no obedece a otros intereses: ¿será quizás para aliviar las depauperadas arcas de la tesorería madrileña? Tampoco este argumento resulta convincente, pues parece quimérico que los beneficios cortoplacistas de su venta ―unos 2.900 millones según una tasación de 1989―, resuelvan la deuda alcanzada por la Comunidad, que ronda los 121.420 millones de euros, o por el ayuntamiento, que adeuda ya más de 7.000 millones de euros. Por el contrario, dado que la empresa privada tiende a reducir costes, el único resultado previsible de la operación es el empobrecimiento de la calidad del agua y el aumento de su precio. Esto es, por ejemplo, lo que sucedió en Berlín desde que privatizaron el suministro del agua en 1999.

Como explica Matteo Guainazzi en un documento de la Plataforma contra de la Privatización del Canal, entre otros problemas medioambientales y sociales, las tarifas del agua en Berlín han aumentado desde entonces hasta el 30 por ciento, muchos contratos fijos se han convertido en eventuales, la plantilla ha disminuido y «la calidad del agua se ha degradado. Los estándares establecidos por la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea no van a conseguirse antes de la fecha prevista (2015). En caso de fuertes lluvias (lo que pasa desde 5 a 30 veces por año en Berlín) las tuberías de la ciudad se ven desbordadas, lo que significa que 6-7 millones de metros cúbicos de agua se vierten a la Spree (el río que atraviesa Berlín) sin tratamiento. No se ha acometido ninguna inversión para acatar el problema, ya que comprometería las ganancias de la empresa».

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Concentración en Sol contra la privatización del Canal. © Manuel de Cos.
Sin derecho a decidir

En Italia podría haber sucedido lo mismo, pero a los italianos les permitieron decidir en un referéndum celebrado en junio de este año si querían privatizar la gestión del agua y la respuesta fue contundente. Del 55 por ciento de electores que acudió a votar, más del 95 por ciento, en torno a 26 millones de personas, votó a favor del agua pública. ¿Se permitirá decidir también a los madrileños cómo prefieren gestionar su agua?

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Concentración contra la privatización del Canal delante de la Asamblea de Madrid el 14 de junio. (www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org)

No parece que esta sea la intención del gobierno de Esperanza Aguirre, que, sin consulta alguna, aprobó en 2008 la Ley 3/2008 de Medidas Fiscales y Administrativas, por la que «el Canal de Isabel II podrá constituir una sociedad anónima que tendrá por objeto la realización de actividades relacionadas con el abastecimiento de aguas, saneamiento, servicios hidráulicos y obras hidráulicas» (capítulo IV, artículo 16).

Por fortuna, la legislación española y europea dificultan que los reyes de taifas gestionen el agua a su antojo y desde entonces el gobierno de Aguirre está haciendo malabarismos legislativos para conseguir vender el Canal. A su ayuda acudió en marzo de 2010 un equipo de consultores de BBVA, Concinsa, Rothschild y Cuatrecasas por 1.144.235 euros a pagar del erario público. Sus informes legales y financieros han allanado el camino a las empresas que quieren comprar el Canal, entre las cuales destaca Aguas de Barcelona, Agbar, cuyos intereses por el agua de Madrid quedaron evidenciados en 2010, cuando alquiló una nueva sede corporativa de 600 metros cuadrados en el piso 31 de la Torre de Cristal, propiedad de Mutua Madrileña.

Multinacionales del agua

A pesar de su nombre y de que La Caixa, a través de Criteria CaixaCorp, mantiene un 24,03 por ciento de las acciones; el 75,01 de la titularidad de Agbar es propiedad de la multinacional de origen francés Suez Environnement, auténtico coloso de la gestión privada del agua, cuya política empresarial ha generado diversos conflictos en Latinoamérica, como el protagonizado en la provincia argentina de Santa Fe a finales del siglo pasado.

Paradójicamente, al mismo tiempo que esta multinacional francesa avanza en el control privado del agua en España y Latinoamérica, en París acaban de recuperar su gestión pública, que habían perdido en 1985, durante la alcaldía de Jacques Chirac.

Sin embargo, tal vez los madrileños aún consigan mantener el control público del agua. Desde unos pocos municipios –como Leganés, Pinto o Collado Villalba- se está promoviendo una Iniciativa Legislativa Municipal contra la privatización del CYII. «No existe ningún motivo real, ni económico, ni técnico, para privatizar la empresa pública que mayores beneficios reporta a la Comunidad de Madrid, quizá ahí radica el empeño por privatizarlo del Gobierno de Aguirre» explicó la concejala de IU Marta López cuando salió adelante esta iniciativa en el ayuntamiento de Leganés el pasado 20 de septiembre.

Pero quizás, aún más importante que las iniciativas que puedan emprender algunos partidos de la oposición, es fundamental que la ciudadanía de Madrid comprenda el alcance del daño que puede suponer la privatización del Canal y que actúe en consecuencia reclamando su derecho fundamental a disfrutar de un agua de calidad a un precio asequible. El 20 de noviembre, pasadas las elecciones, es previsible que el proceso de privatización se acelere.

Está en manos de los madrileños impedirlo.

 

Cuento sobre la privatización del CYII
Un corto de la Asamblea Popular de Fuenlabrada

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