México: el crimen organizado decapita la libertad de expresión

Patricia Reguero Rios || México DF.
Periodista || Desbordamientos

Los asesinatos de las periodistas Marcela Yarce, Rocío González y María Elizabeth Macías Castro sitúan ya en 75 las muertes de profesionales de medios de comunicación en México, desde 2000, a manos del crimen organizado. El Comité para la Protección de Periodistas considera ya que este año será el más violento para los periodistas en América Latina. Las amenazas se extienden a sitios web de denuncia y usuarios de Twitter.

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Asesinatos de periodistas, ataques a medios de comunicación y amenazas a blogueros: así habla el narco. © Patricia Reguero Rios.

 

Los cuerpos sin vida de Ana María Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, la primera periodista de la revista de investigación Contralínea y la segunda reportera freelance, fueron encontrados en la mañana del 1 de septiembre en un parque al sur de la capital mexicana. Según la revista Proceso, entre periodistas circuló un correo en el que se aseguraba que «fueron torturadas, violadas, desgarradas (les arrancaron los pezones), golpeadas, amordazadas, asfixiadas».

Apenas veinte días después, en Nuevo Laredo, el cuerpo decapitado de María Elizabeth Macías Castro, jefa de información del periódico Primera Hora, apareció abandonado junto a un aviso: lo mismo puede pasar a todo aquel que utilice internet para informar de la actividad del crimen organizado.

Con el asesinato de la redactora jefa de Primera Hora, son 75 las ejecuciones de periodistas desde 2000, la mayoría a partir del año 2004, según reflejan las cifras del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés). La Fundación para la Libertad de Expresión, tras el asesinato de Marcela Yarce y Rocío González elevaba la cifra a 84 desde 2000, de las que ocho han ocurrido en 2011.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) añade a esa cuenta un total de 18 ataques a instalaciones de medios de comunicación, y la revista Contralínea contabiliza además 16 periodistas desaparecidos.

El gremio periodístico mexicano, cansado y harto, salió a la calle el pasado 12 de septiembre para exigir justicia y protección. Con el lema «El peor crimen es el silencio», varios centenares de personas recorrieron las calles desde el Ángel de la Independencia hasta la sede de la Secretaría de Gobernación, donde un féretro, flores, pancartas y los nombres de las personas asesinadas por ser profesionales de medios de comunicación pretendían alertar a los poderes políticos de su responsabilidad.

Para Miguel Badillo, director de Contralínea «es urgente que los tres niveles de Gobierno tomen medidas para detener las agresiones contra el gremio y contra la población en general». Porque, reconoce,«cada vez más comunicadores ven la autocensura como único medio de protección».

Impunidad al alza

El crimen organizado pretende mantener a raya a los profesionales de la información en un país que ocupa el octavo lugar entre los estados con mayores cifras de impunidad en asesinatos de periodistas, y en un año que el CPJ ya considera «el año más violento de la última década contra los periodistas» en América Latina.

Con un 87% de casos que se mantienen en «total impunidad», cifra al alza por tercer año consecutivo, el CPJ no ve indicios de esperanza pese a que en 2010 el presidente Felipe Calderón prometiera una reforma legal para poder actuar con rapidez ante estos casos. En América Latina, sólo Colombia, con un 88%, supera a México.

Blogs en la mira

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La amenaza a la libre circulación de información va más allá de los periodistas. Con muchos medios atenazados por el miedo, los blogs de denuncia ciudadana y los mensajes de Twitter sustituyen en ocasiones a los medios tradicionales.

A ellos se dirigía una advertencia el pasado 13 de septiembre: junto a dos cadáveres colgados de un puente, un narco-cartel advertía de que «esto es lo que les pasará a todos los “relajes” de internet». En el punto de mira del crimen organizado están webs como Blog del narco, Al rojo vivo, Nuevo Laredo en vivo y Denuncia ciudadana, en los que denuncias anónimas advierten de la actividad criminal.

La información circula además en mensajes de 140 caracteres a través de Twitter, si bien este tipo de información se enfrenta no sólo a las amenazas del narco sino también a la acción de las autoridades.

El 21 de septiembre, y tras 29 días en prisión, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) liberaba a dos tuiteros de Veracruz, a quienes acusar de «terrorismo equiparado y sabotaje» por haber difundido información sobre un posible ataque contra escuelas.

Piden justicia

La libertad de expresión está en riesgo. Los medios, a veces, callan. Así lo demostró una investigación de la Fundación Mexicana de Periodismo de Investigación. «En Ciudad Juárez, los sicarios de los cárteles de Juárez y de Sinaloa asesinaron un promedio de 300 personas por mes en la primera mitad de 2010, pero un monitoreo del influyente periódico local Norte mostró que los cárteles aparecían en sólo 30 artículos por mes», concluye el análisis que determinó que, en la mayoría de las ciudades donde se efectuó el seguimiento, la población sólo tenía conocimiento de uno de cada diez sucesos relacionados con el crimen organizado.

La ONU, Reporteros Sin Fronteras, Amnistía Internacional, la Comisión Nacional por la Derechos Humanos… Cada vez más organismos se suman a la alerta y la denuncia de la situación de México, que muchos consideran un país en guerra. La organización civil Movimiento por la Paz denuncia la estrategia militarista del actual Gobierno y cuenta 50.000 víctimas de las violencia en el sexenio de gobierno de Felipe Calderón. El ejército está presente en las calles pero es incapaz de resolver la pregunta que se hace la revista Contralínea desde el 1 de septiembre: ¿Dónde están los culpables?

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El gremio periodístico mexicano se manifestó el 12 de septiembre para exigir justicia y protección. © Patricia Reguero Rios.

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