Camerún, donde la homosexualidad es delito: cinco años de cárcel para tres gays

Mercedes Arancibia || Madrid.
Periodista.

Por el delito de “ser homosexuales”, el tribunal de  Ekunú, en la capital Yaundé, condenó el 23 de noviembre de 2011 a tres cameruneses, detenidos en julio pasado, a cinco años de prisión incondicional y el equivalente a 300 euros de multa (200.000 francos CFA), según información facilitada por Michel Togué, uno de los letrados defensores, y recogida por la  Agencia France Presse . La homosexualidad se considera en Camerún una “práctica ilegal” y cinco años de cárcel es la pena máxima prevista para dicho “delito”. Según la instrucción policial,  los tres hombres fueron sorprendidos en un barrio de Yaundé manteniendo relaciones sexuales en el interior de un vehículo; dos se ellos se encuentran en prisión preventiva, y asistieron al juicio, mientras que el tercero disfruta de libertad provisional. El juez, a quien el defensor acusa de “homófobo”, ha dictado sentencia sin dar la palabra al ministerio público, para que manifieste la pena requerida, ni tampoco a la defensa para que pudiera presentar alegaciones y atenuantes.

Estos tres condenados se suman a cuatro detenidos más que en agosto pasado fueron a parar a la cárcel tras ser acusados de homosexualidad; la instrucción de su caso se encuentra todavía en curso.

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©Joel Abroad.

En agosto de 2010, las ONG’s Human Rights Watch (HRW) y Alternatives-Cameroun pidieron la despenalización de las conductas homosexuales en Camerún, invocando las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, según el cual la criminalización de la homosexualidad “viola los derechos a la vida privada y la libertad de no ser discriminado”.

Hace prácticamente un año exacto, el 16 de noviembre de 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una enmienda destinada a conseguir que desaparezca la preferencia sexual de “los motivos de condena y ejecuciones injustificadas” en países africanos, árabes y musulmanes que hasta ahora mismo siguen criminalizando a los homosexuales e incluso, como menciona expresamente la enmienda, ejecutándoles. La Asamblea incluyó esa enmienda en un proyecto de distintas resoluciones sobre “ejecuciones extrajudiciales”: “las que carecen de fundamento jurídico o no son el resultado de un proceso y un juicio”.

La Asamblea General de Naciones Unidas debería dejar definitivamente de marear la perdiz con este asunto y declarar de una vez por toda ilegal la pena de muerte, en cualquier circunstancia incluida la guerra, en lugar de dedicarse a seguir estableciendo distinciones entre ejecuciones justificadas e injustificadas, aunque no fuera más que para ser consecuente con el primero de los derechos humanos, proclamados en su Carta, que es el derecho a la vida. De momento, cada dos años se reúne una comisión del organismo onusiano que decide los motivos que hacen que una ejecución sea sumaria, arbitraria o injustificada.

En cualquier caso,  y como tantas otras resoluciones, ésta no obliga a los países, ni siquiera a los que la han aprobado, pero es de esperar que influya en la redacción de futuras legislaciones, especialmente en países africanos donde la homosexualidad y el lesbianismo se castigan con la muerte. Como es posible que haya influido ya en Uganda donde en mayo de 2011 se aparcó definitivamente, al menos de momento, el proyecto de ley destinado a introducir la pena de muerte para los homosexuales “reincidentes” y quienes, afectados de sida, propongan relaciones homosexuales a un menor de 18 años; un proyecto que llevaba desde 2009 en la agenda de los parlamentarios ugandeses . Los militantes de las ONG’s que trabajan en el país en la prevención del contagio del VIH podían ser  condenados a siete años de cárcel por “propiciar la homosexualidad”, y cualquier ciudadano podía incurrir en una condena de tres años de cárcel si se demostrara que no había denunciado una relación homosexual a la policía…antes de transcurridas 24 horas desde que lo supo.En pocos días, más de 300.000 personas firmaron en Internet la petición puesta en marcha por la organización internacional Avaaz contra la condena de los homosexuales ugandeses a la pena de muerte.

De siempre,  la homosexualidad en Uganda se ha considerado algo “no africano” y contrario a las leyes naturales, por lo que a los homosexuales se les puede amenazar, agredir e incluso incendiar sus casas o lapidar, como le ocurrió en 2009 a un transexual en una calle de su pueblo. Las relaciones entre dos personas del mismo sexo constituyen un delito que puede castigarse con cadena perpetua, a través de las disposiciones incluidas en el código penal y la Constitución de 1995.

En Uganda, la homofobia no es un fenómeno reciente. Es muy frecuente que una persona lleve su homosexualidad en el más absoluto de los secretos, que ni siquiera la conozcan otros miembros de su familia; y no es raro que haya homosexuales que vivan clandestinamente e incluso que se hayan marchado del país por ese motivo. Para darse una idea de cómo están las cosas: en junio de 2008, en un simposio internacional sobre el VIH/Sida en Kampala, la capital ugandesa, gays, lesbianas, transexuales y militantes anti-Sida, se manifestaron en contra de las declaraciones efectuadas por el director general de la Comisión de lucha contra el Sida, doctor Kihumuro Apuuli, quien dijo que no se iban a destinar fondos a los programas anti-VIH destinados a hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres: “Los homosexuales son uno de los vectores de la propagación del VIH en Uganda pero, a causa de la escasez de recursos que tenemos, ahora no podemos ocuparnos de ellos”, dijo.

La homosexualidad es ilegal en un total de 37 países africanos y en más de 70 países en todo el mundo. Los grupos defensores de los derechos humanos  aseguran que muy pocos africanos se muestran abiertamente homosexuales por temor a ser encarcelados, a perder el trabajo o ser objeto de violencia.

También en Europa se sigue discriminando a los homosexuales. Según un informe publicado en 2009 en el digital francés Têtu (revista de gays y lesbianas) por Blaise Gauquelin, “después de Polonia y el Reino Unido, La República Checa ha pedido una derogación en la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales, para no tener que plantearse legalizar los matrimonios” de personas del mismo sexo.

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©Octavio Colis

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