“Sector crítico” de CC.OO.: No cabe ningún acuerdo
sin una corrección absoluta de la política del Gobierno

CC.OO. Sector Crítico

1. Situación económica y diálogo social.

La situación económica sigue agravándose, demostrando que la política de recortes del Gobierno además de no impulsar la generación de empleo, está empobreciendo cada vez a capas más amplias de la población: los recortes y la precariedad nos hunden cada vez más en la recesión, aumentan la pobreza, la desesperanza y la exclusión social. Los datos son incontestables. La EPA del primer trimestre cifra en 6.202.700 el número de personas desempleadas, situando la tasa de paro en el 27,16%. Se sigue destruyendo empleo neto, la ocupación también empeora y retrocede a niveles de hace una década, cayendo en el último trimestre en 322.300 personas, hasta un total de 16.634.700. La pobreza y la exclusión social aumentan, la situación de las familias empeora, cerca de dos millones de familias tienen todos sus miembros activos en paro y hay casi tres millones de personas paradas sin cobertura. Todo ello determina que, según la encuesta de condiciones de vida del año 2012, la tasa de riesgo de pobreza se sitúe en el 21.21% de la población residente en España.

Efectos devastadores de las reformas laborales

Asimismo, las sucesivas reformas laborales han tenido efectos devastadores:

  • El coste medio de los despidos ha bajado un 23% en el cuarto trimestre del 2012, con respecto al 2011 que ya había disminuido.
  • Las rentas del trabajo han perdido 5,2 puntos porcentuales de peso sobre el PIB en los cuatro últimos años, frente al incremento de 3,6 puntos en el caso de las rentas del capital en el mismo periodo. Es el país de la UE donde más aumentado las desigualdades en los últimos tres años.
  • Los salarios de los empleados públicos siguen descendiendo, lo que unido al aumento del IPC, hace que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios en general sea la mayor en 27 años. (Datos del Ministerio de Empleo)
  • El número de trabajadores afectados por EREs se incrementó un 45% respecto a 2011.

El Gobierno intenta cargar toda la responsabilidad de sus decisiones en las instituciones de la UE, pero lo cierto es que siempre ha cumplido, en ocasiones más allá de las “recomendaciones” de la troika, las órdenes de los sectores más neoliberales de la Unión Europea, que están arruinando la economía y a los ciudadanos. Se está produciendo un proceso acelerado de deterioro y mercantilización
de los servicios públicos, como la sanidad y la enseñanza, en un contexto de hegemonía de las ideologías ultraliberales y conservadoras, que propugnan la autorregulación del mercado, la primacía de lo privado sobre lo público, la drástica disminución de las prestaciones del Estado y de sus capacidades redistributivas y, por último, su privatización.

Es importante recalcar el papel esencial de los Servicios Públicos, potentes y universales, como factor de corrección de desigualdades y garantía de los derechos sociales, económicos y culturales de la ciudadanía. El objetivo neoliberal es, por tanto, desmontar las conquistas sociales garantizadas por el Estado e incrementar las tasas de ganancia de las empresas al entrar en los mercados de los servicios esenciales, que aseguran grandes beneficios sin soportar ningún tipo de riesgo.

Con este escenario socio económico, estamos asistiendo a las mayores agresiones al mundo del trabajo que hemos conocido desde el restablecimiento de la democracia, y no cabe ningún acuerdo si antes no se produce una corrección absoluta de la política desplegada por el Gobierno: retirada de la reforma laboral y de las políticas de austeridad. Un acuerdo que no llevara aparejada la retirada de la reforma laboral, y de otras medidas de marcado carácter regresivo, supondría una legitimación de las actuales políticas del Gobierno del PP, la Troika y la UE. Los recortes en materia de desempleo, pensiones, educación, sanidad, dependencia, transportes públicos, I+D+i, etc. nos están haciendo retroceder un siglo, por lo que es inaplazable recuperar los sistemas de protección social, como políticas correctoras en situaciones de necesidad, así como la retirada de la LOMCE y de la reforma de las Administraciones Locales.

El objetivo de reducción del déficit público, incluido en nuestro texto constitucional por el acuerdo PP/PSOE de 2011, debe ser sustituido por políticas que prioricen el empleo y la protección social y para ello es imprescindible una política fiscal más progresiva. Los sindicatos y en especial CCOO se juegan en ello su propia credibilidad y su futuro. Pretender reflotar el Diálogo Social será un ejercicio de “melancolía” si no va aparejado de una sustancial corrección de la política económica del Gobierno.

2. Pensiones: el riesgo puede ser mayor si cabe
Los sindicatos y en especial CCOO se juegan en ello su propia credibilidad y su futuro. Pretender reflotar el Diálogo Social será un ejercicio de “melancolía” si no va aparejado de una sustancial corrección de la política económica del Gobierno

En materia de pensiones el riesgo puede ser mayor si cabe. La posición del sindicato de intentar gobernar el sistema desde dentro nos ha llevado, en reiteradas ocasiones, a favorecer reformas que, lejos de situar la pensiones fuera de las presiones especulativas, vienen a reforzar la excusa neoliberal de una supuesta necesidad de aceptación de recortes sociales como única vía de salida de la crisis. Hoy nuestras demandas deberían situarse en la exigencia del mantenimiento y recuperación del poder adquisitivo de unas pensiones ya suficientemente castigadas. La reforma pactada por CCOO y UGT con la patronal y el gobierno de Zapatero en 2011, y que entró en vigor en Enero de este año, con la que el Sector Crítico estuvimos en contra, por recoger elementos muy lesivos para las y los trabajadores: eleva la edad  de jubilación desde los 65 años hasta los 67, aumenta el periodo de cotización exigido para jubilarse con el 100% de la base reguladora (hasta los 37 años en lugar de los 35 actuales), e incrementa los años para el cómputo de la pensión desde los 15 actuales hasta 25. Así, esta reforma establece un listón inalcanzable para millones de trabajadores (especialmente mujeres y jóvenes) que, con carreras laborales inestables y bajas cotizaciones, verán notablemente mermadas sus futuras pensiones.

Con posterioridad a dicho pacto, el gobierno de Rajoy ha seguido erosionando las pensiones públicas: decidió no cubrir la desviación respecto de la inflación en 2012, haciendo retroceder un 2% la capacidad adquisitiva de los pensionistas (lo que se ha traducido en 220 euros de pérdida de capacidad adquisitiva en 2012, al tiempo que dicho recorte se consolida en años sucesivos al no incorporarse la actualización a la base de cálculo de las pensiones en 2013).

Los ingresos del sector más vulnerable de la sociedad –los pensionistas–, que ayudan además a sostener a cientos de miles de desempleados, han sido recortados. Recientemente, el gobierno de Rajoy ha nombrado a un grupo de expertos, la mayoría afines a la gran banca o a las compañías de seguros, con presencia de CCOO y UGT, para hacer un primer diseño de otra nueva reforma del sistema de pensiones. Previsiblemente, dicha reforma se centrará en definir el llamado ‘factor de sostenibilidad’, que supondrá endurecer los periodos de cálculo y nuevo recorte de las pensiones actuales y futuras.
Según se ha filtrado en la prensa, el argumento fundamental que manejan la mayoría de los expertos encargados de diseñar la reforma del sistema de pensiones no es nuevo, son los mismos razonamientos que han dirigido las reformas anteriores: en las próximas décadas el número de personas de más de 67 años va a aumentar más rápidamente que el número de personas en edad de trabajar. Este envejecimiento poblacional va a poner contra las cuerdas, supuestamente, a las pensiones públicas, por lo que es necesario reformar el sistema para contener su gasto a largo plazo. Sin embargo, los datos desvelan que estos argumentos son falaces. En 1993, con los mismos modelos de cálculo los “expertos” decían en el 2010 el sistema de pensiones habría quebrado.

El sistema de pensiones en España, uno de los más baratos de la UE

Según datos de Eurostat, el sistema de pensiones de España es uno de los más baratos de la UE. El gasto público español en pensiones fue en 2010 (último dato disponible) de 1.862 euros por habitante (equivalente al 10,7% del PIB). Esta cifra es muy inferior a los 2.769 euros de gasto medio en la UE (13% del PIB), los 3.421 euros de Alemania (12,8% del PIB), los 3.658 Francia (14,4% del PIB) o los 3.295 de Italia (16% del PIB). Es más, en España el 70% de las pensiones no superan los 1.000 euros mensuales, de modo que la pensión media contributiva es un 25% inferior a la media de la UE, y la no contributiva casi un 50%.

No se puede hablar seriamente de la sostenibilidad del sistema de pensiones sin abordar directamente el debate sobre el modelo de distribución de la renta que queremos. Es más, si hiciese falta reforzar la sostenibilidad del sistema siempre se podría acudir a otras medidas que no pasen por el recorte del gasto, sino por el aumento de los ingresos: la retirada de las políticas de recortes, el aumento de los salarios, el freno a los despidos y el desarrollo de los servicios públicos ayudaría a sostener el empleo y con ello el número de cotizantes.

Por último, el sistema público de pensiones no necesariamente debe sostenerse a través de las cotizaciones sociales, sino que también puede ser financiado mediante impuestos generales.
Es necesario resaltar en este sentido que la presión fiscal en nuestro país es una de las más bajas de Europa: el 32,6% según datos de Eurostat, muy alejada del 40% de la media de la UE, del 43,1% de Francia e Italia, del 46,8% de Suecia o del 48,9% de Dinamarca. Y, al mismo tiempo se ha incrementado el IVA (y se amenaza con una nueva subida); las rentas de capital tienen un trato de favor en el IRPF; las grandes empresas del IBEX cotizan un tipo efectivo inferior al 20% en el Impuesto de Sociedades (en 2012 pagaron la mitad de impuestos por ese concepto que en 2011). Del mismo modo el 70% del fraude fiscal lo provocan las grandes empresas y fortunas. La contributividad y sostenibilidad del sistema de pensiones son conceptos opuestos al de solidaridad intergeneracional entre trabajadores, que es el que las organizaciones sindicales deberían defender.

Por todo lo anterior, las organizaciones sindicales, y en particular CCOO, no deberían entrar en una nueva negociación que rebaje el sistema de pensiones. Este no está en
peligro, y si tiene problemas es precisamente fruto de las actuales políticas de austeridad fiscal, que hunden a la economía en la crisis. La acción sindical en el terreno de las pensiones públicas debería centrarse en este momento en la defensa y reforzamiento del sistema actual, en torno al criterio de solidaridad y no al de contributividad.

Cualquier proceso de negociación que lleve a cabo CCOO debe ser un ejercicio de transparencia y de información a la sociedad en su conjunto y, los posibles acuerdos que pudieran suscribirse, deberán contar con el respaldo mayoritario de nuestra afiliación tras un proceso de debate, consulta y participación. La legitimidad del proceso se debe ganar también, y es un elemento fundamental, en la forma de toma de decisión, nos jugamos mucho de la credibilidad del sindicato. Venimos demandando al Gobierno que someta su política económica a Referéndum ya que está muy distante de aquella con la que se presentó a las últimas elecciones generales, por ello es más necesario que nunca, comprometer al sindicato para que cualquier toma de decisión que pudiera adoptarse, no puede circunscribirse exclusivamente al ámbito de los órganos de dirección y debe contar con la participación del conjunto de la afiliación.

3. Asegurar la transparencia.

En referencia al cuestionamiento sindical fruto de los distintos procesos que están en la opinión pública (ERES, participación en Conejos de Administración, formación, etc.) y que comprometen la confianza en el sindicato, es necesario elevar los niveles de exigencia en nuestra gestión, comprometiendo de manera inequívoca el máximo nivel de transparencia, con la asunción de responsabilidades que corresponda y con plena cooperación con la justicia. Es imprescindible identificar todos los casos de posibles conductas (individuales o colectivas) que hayan podido incurrir en gestión irregular de recursos, exigiendo las responsabilidades a órganos y/o personas. En todos los casos se debe informar de las cuantías percibidas por la participación de los representantes sindicales en Consejos de Administración o similares, su imputación fiscal y cómo se liquidan las mismas por nuestras organizaciones.

4. Normalizar la pluralidad en el sindicato y parar la represión interna.

Seguimos asistiendo con preocupación como se sigue produciendo marginación, exclusiones y represión, en algunas organizaciones de CCOO, por el hecho de tener o haber tenido legítimas discrepancias durante los procesos congresuales. Si queremos tener credibilidad ante la sociedad, es imprescindible la participación de las diferentes sensibilidades en las responsabilidades a todos los niveles, en igualdad de condiciones, como reflejo de la pluralidad existente entre la afiliación y la clase trabajadora en general. Además del importante despilfarro de recursos humanos en tiempos tan difíciles para el sindicato, hemos de demostrar a la sociedad que en CCOO la discrepancia legítima y constructiva es un bien necesario.

5. Potenciar las movilizaciones hasta cambiar la política económica.
Las organizaciones sindicales, y en particular CCOO, no deberían entrar en una nueva negociación que rebaje el sistema de pensiones. Éste no está en peligro, y si tiene problemas es precisamente fruto de las actuales políticas de austeridad

Es imprescindible el cambio de política económica y esto solo se conseguirá con la movilización unitaria y continuada de la mayoría de la sociedad. Es por ello que CCOO debemos promover la confluencia y la más amplia alianza de todos los colectivos y movimiento sociales afectados por los recortes, incluso más allá de las cumbres sociales. Tenemos una gran responsabilidad y debemos estar a la altura de las circunstancias para recuperar los derechos perdidos, defendiendo los servicios públicos esenciales que garanticen el derecho a la salud y a la educación para todos y todas a lo largo de toda la vida, a una vivienda digna, así como una banca pública. Este es el único camino para construir una sociedad más justa e igualitaria.

http://ccootrabajo.blogspot.com.es/2013/06/sector-critico-ante-la-situacion-actual.html

El “Sector crítico” ante el “Informe de Expertos”: Rechazo y descalificación pública del representante de CC.OO.

Hoy se ha hecho público el Informe del grupo de expertos nombrados por el gobierno de Rajoy, la mayoría afines a la gran banca o a las compañías de seguros, con presencia de un representante de CCOO y otro de UGT, en el  que  se  hacen  propuestas  sobre  el  futuro  sistema  de  pensiones. En  él inciden  en  el  llamado  ‘factor  de  sostenibilidad’,  que  supondrá endurecer los  periodos  de cálculo  y nuevo  recorte  de  las  pensiones actuales  y futuras.

De  los  dos  representantes  de  los  sindicatos,  solo  el  de  CCOO  ha votado  a  favor  de  dicho informe,  haciéndolo  público  a  todos  los medios  de  comunicación,  en  una  rueda  de  prensa rodeado  de  los representantes  de  la  gran  banca,  empresas  aseguradoras  y  de fondos  de pensiones privadas,  lo  que  supone  un  nuevo  golpe  a  la  imagen  y credibilidad de nuestro sindicato, máxime cuando tal posición no ha sido ni debatida ni informada a la organización.

Ante la gravedad de los acontecimientos sucedidos, indignación y alarma producido en la afiliación, el Sector Crítico de CCOO demanda.

  1. Posición  clara  y  rechazo  contundente  al  máximo  nivel, del contenido del informe.
  2. Descalificación pública del representante de CCOO,  en el comité, Miguel Angel García, (Asalariado de CCOO) que ha adoptado  dicha  posición,  si  es  que  ha  sido  tomada  de
    forma  personal,  exigiendo  las  responsabilidades oportunas.

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1 comentario de ““Sector crítico” de CC.OO.: No cabe ningún acuerdo
sin una corrección absoluta de la política del Gobierno

  1. Tassio
    10 junio, 2013 at 12:32

    Muy de acuerdo, pero los compañeros del sector critico no aclaran que es una corrección absoluta de la política económica. Podrían explicarlo?

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