José Enrique Centen
Concordato, 600 años de privilegios

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centenJosé Enrique Centen

El mejor “lobby” de la historia es, sin dudarlo, la Iglesia Católica. Desde el Concilio de Constanza, siendo rey Juan II, en 1418, se firma el primer Concordato con la Iglesia Católica, siendo varias veces renovado y mejorado a su favor a lo largo del tiempo. En 1737 con Felipe V, en 1753 con Fernando VI, luego mejorado con Carlos III y Carlos IV, en 1814 con Fernando VII y con Isabel II en 1851. Se abolió entre 1931 y 1939 por la laicidad de la II República, fue nuevamente renovado con la dictadura franquista en 1939 debido al apoyo recibido por la jerarquía eclesiástica, y revisado continuamente para mejorarlo en 1941, 1946, 1950, 1953, 1976. Y en 1979,  con la nueva Constitución de 1978. Un insulto a la aconfesionalidad del Estado a su artículo 16.3 donde dice: Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

Este “lobby” está introducido en todos los estamentos políticos desde la antigüedad, con miembros en la mayoría de los partidos políticos a los que recuerda en algunas ocasiones la pena de excomunión por la aprobación de determinadas leyes escudándose en su dogma. Aunque, en realidad, lo que trata es evitar la merma de sus bienes económicos y privilegios.

Según la Constitución, el Estado no puede intervenir en el ámbito de las confesiones y las confesiones no pueden interferir en el ámbito estatal. En España el Estado es fiel cumplidor de su obligación de no intervenir en el ámbito religiosa. Pero la confesión católica está continuamente presionando para abolir o penalizar prácticas por el mero hecho de considerarlas heréticas (dogmas u opinión diferente a la ortodoxia de su religión), entrometiéndose en áreas que debería competir únicamente al Estado que, por el contrario, incluso  aborta la revisión de los enormes privilegios sociales, fiscales, políticos y administrativos que esta iglesia posee desde 1418. Con su legión de acólitos en todos los estamentos de la nación chantajea al Estado aconfesional para anular Leyes que la Iglesia estima en contra de sus intereses.

Sin tapujos, la Iglesia católica reclama al Gobierno del presidente Rajoy medidas en el ámbito social y cultural, o acuerdos contrarios a la lógica democrática, ya que consolidan su casi omnipresencia en instituciones y espacios que no son los suyos (hospitales, ejércitos, ceremonias civiles, etc), sin olvidar su constante intento de injerencia en las políticas sociales así como en el desarrollo legislativo regulador de los derechos civiles, la moral pública, la investigación, etc. Un poder de coacción moral incompatible con el pluralismo ético y cultural de la sociedad española y con el ejercicio de las libertades que consagra nuestra Constitución”.

Pero, además, se opone a la separación y el divorcio, al tiempo que mantiene el Tribunal de Rota donde únicamente acceden personas por un módico precio superior a seis cifras; exige la penalización del aborto, aún en peligro de la madre o malformación del feto, entrometiéndose en la libertad personal e individual de la mujer , mientras calla en los recortes para ayudas a las familias en guarderías sociales y la dependencia en general; se opone a la investigación con células madre embrionarias, aunque represente un avance para salvar vidas; impone la asignatura de religión católica en la enseñanza y la elección o destitución de los maestros de religión (sin tener título oficial de maestros), pagados por el Estado; calla por las restricciones en la enseñanza pública, porque controla la mayoría de las escuelas privadas y subvencionadas; y obliga a que el calendario español establezca 10 de los 14 días festivos.

Además,  en los últimos 10 años ha conseguido apropiarse, por el sistema de inmatriculaciones, de más de 4.500 propiedades públicas, entre ellas la Mezquita de Córdoba- , con la complicidad de los poderes públicos de este soterrado “lobby” en la mayoría de los partidos políticos, propiedades que han pasado a engrosar los más de 100.000 inmuebles que poseen en España exentos del IBI al igual que los edificios públicos dedicados a seguridad ciudadana (comisarías), servicios educativos públicos (colegios) y penitenciarios (cárceles), o a la defensa nacional (cuarteles), los inmuebles de la Cruz Roja, las sedes diplomáticas de otros países y las estaciones de ferrocarril. Al mismo tiempo, el Estado mantiene exenciones de impuestos en sus miles de propiedades rústicas y urbanas, y permite que perciba sin control alguno ingresos por la venta de entradas por las visitas a sus catedrales y centros religiosos restaurados con dinero público.

La hipocresía de la Iglesia Católica se demuestra desde hace seis siglos al incumplir uno de los 7 pecados capitales recopilados y clasificados por Gregorio Magno (540-604).la avaricia, es decir “el afán o deseo desordenado y excesivo de poseer riquezas para atesorarlas”, y uno de los cinco pecados sociales promulgados por Benedicto XVI el 17 de marzo del 2008,  “no te enriquecerás hasta límites obscenos a expensas del bien común”.

Es necesario proclamar la laicidad del Estado como si fuese una nueva Reconquista. En este caso para la abolición de los privilegios de la Iglesia Católica desde hace 600 años y la eliminación de la influencia religiosa y para dejar que los laicos diseñen ordenen y apliquen las leyes, usos y costumbres de una sociedad, en la que los clérigos solo intervengan en el ámbito de sus organizaciones religiosas, cumplan con su ortodoxia y no caigan en otro de los pecados sociales proclamados por Benedicto XVI: “no provocarás la injusticia social”.

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