El pensamiento político del Tribunal Supremo en la Dictadura franquista

Francisco J. Bastida Freijedo

Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad de Oviedo

El objeto de este trabajo consiste en exponer el pensamiento político del Tribunal Supremo durante la dictadura franquista y, más concretamente, el puesto de manifiesto en sus sentencias en el ámbito sancionador penal y contencioso-administrativo desde 1964 hasta 1974.

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La elección de este periodo obedece a la evolución de la Administración de Justicia desde el triunfo del golpe militar de 1936 hasta la muerte de Franco. Al respecto se pueden distinguir tres etapas.

La primera abarca hasta 1950 y se caracteriza por una selección de jueces de probada lealtad política, que participarán en la composición y funcionamiento de tribunales especiales. La judicatura de la época republicana era ideológicamente conservadora y de ello da fe que en las depuraciones funcionariales en la guerra e inmediata postguerra sólo alcanzaron al 5 por 100 de los jueces (más en los de ámbito municipal y menos en los de las categorías superiores). El dato contrasta con la masiva depuración en otros cuerpos funcionariales, como el de maestros. Incluso no pocos de los inicialmente represaliados fueron incorporados poco más tarde a la Administración. Por tanto, no le fue difícil al Régimen hacerse con un nuevo aparato judicial, sentado sobre nuevas bases jurídico-políticas, pero servido por jueces y magistrados que ya lo habían sido en la II República. Como queda dicho, no había un criterio profesional de selección de jueces, sino que se regían los nombramientos por el demostrado afecto a la causa nacional[1].

En esta fase los jueces intervienen en procesos penales y civiles ordinarios, y menos en la directa represión política, que cuando estaba judicializada, corría a cargo de tribunales especiales, sobre todo castrenses. Esto no quiere decir que no participasen en la represión. De un lado, en su labor judicial ordinaria imponían fielmente los valores sociales, políticos, morales y religiosos que proclamaba el nuevo Régimen, negadores de la libertad, de la igualdad entre sexos y del pluralismo. De otro, los jueces eran llamados a participar en tribunales militares[2], en Tribunales de Responsabilidades Políticas[3], en juzgados del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo[4], creado por Ley de 1 de marzo de 1940, así como en servicios judiciales de vigilancia de los represaliados en situación de libertad vigilada.

En la segunda etapa, entre 1950 y 1963, se institucionaliza la judicatura, una vez asentado el Régimen, con la pretensión de organizar sobre criterios más técnicos la profesionalización de la función judicial, así como de presentar hacia el exterior la imagen de una Administración de Justicia independiente y de la existencia de un Estado de Derecho. Para ello se crea la Escuela Judicial y se establece un sistema de acceso a la carrera judicial por oposición. Ello supone una apertura que, sin embargo, queda mediatizada por el corporativismo y la endogamia, estimulada por el método de preparación de las oposiciones, controlado por los propios jueces. En todo caso los puestos relevantes de la organización judicial se conciben como cargos de confianza, a los que se accede por una libre designación o mediante el procedimiento de exigir una “especial idoneidad”.

Al final de este periodo se produce una mayor judicialización del ordenamiento jurídico, con la aprobación de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, que introduce un control de legalidad de actos administrativos, pese a que excluye a un importante número, en cuanto son calificados como “actos políticos o de gobierno”. También se crea en 1963 el Tribunal de Orden Público, que, como aparente jurisdicción especializada dentro de la Administración de Justicia, sustituye al Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. En realidad, se trataba de maquillar lo que seguía siendo una jurisdicción especial de represión política y, para garantizar su leal funcionamiento, tanto el acceso al TOP como a su Fiscalía se realizaba por el mencionado procedimiento de designación por especial idoneidad.

Para la época estos cambios suponían un cierto progreso, por cuanto permitía la revisión judicial de las condenas y sanciones ante el Tribunal Supremo, hasta ese momento poco vinculado directamente con la represión, por falto de competencias, ligadas a tribunales especiales. Pero se trataba de un avance engañoso, porque los nombramientos de los miembros del TS procedían del Ministerio de Justicia y la pertencia del TS a la jurisdicción ordinaria no podía ocultar que se trataba de un órgano judicial mediatizado por su lealtad política. Los discursos del Presidente del alto tribunal en la inauguración de cada año judicial así lo acreditaban. Lo que pretendía el Régimen era que el TS, a través de su función jurisdiccional diese legitimidad al derecho creado por sus instituciones y a su aplicación por la Administración de Justicia, especialmente por el TOP. Aunque en gran medida cumplió este cometido, también hubo pequeñas fisuras que permitieron abrir flancos a la represión legal y que obligaron al legislador a tapar esas mínimas rendijas, ya endureciendo el código penal, ya apartando de la Sala de lo Penal del TS a algún magistrado considerado insuficientemente adicto al Régimen.

Esta nueva función del TS tras el establecimiento del TOP y la recurribilidad de sus sentencias, se completa con su control judicial sobre las sanciones impuestas en aplicación de la Ley de Orden Público, de 1959 y de la Ley de Prensa de 1966, lo que permitía por primera vez y de modo directo[5] estudiar el ideario del TS a través de sus sentencias. De ahí que este trabajo se circunscriba a esta última fase de la evolución de la Administración de Justicia franquista[6].

Para el Tribunal Supremo, el Estado franquista era un auténtico Estado de Derecho. En una sentencia de 1970 decía que “El pretender que una organización como la del Estado español, pueda ser tildado de dictatorial y carente de libertad, refleja un claro y ostensible propósito de desprestigiar la autoridad del Estado y perjudicar su crédito”

La primera objeción que se hace a un trabajo como el que ahora se expone es negar la mayor, es decir, sostener que los jueces no tienen ideología, pues se limitan a aplicar el derecho. Son, se dirá, lo que Montesquieu llamó “los voceros de la Ley”. Este argumento es tanto más querido en las dictaduras, y más si cabe en la postdictadura, porque le sirve a los tribunales para eximirse de responsabilidad y atribuir la consecuencia represiva de sus sentencias a la legislación represiva que estaban obligados a aplicar por imperativo legal. Sin embargo, es indudable que, como sostiene Kelsen, dictar sentencia es un acto de voluntad, no de mero conocimiento de la ley a aplicar. Ésta es un marco abierto a diferentes interpretaciones y, de igual modo, los hechos a enjuiciar son aprehendidos conforme a criterios susceptibles de diversas valoraciones. Este campo abierto a la decisión se amplía de manera considerable cuando la norma a aplicar es deliberadamente vaga y ambigua. Por ejemplo, el Código Penal de la época tipificaba como delito los “ultrajes a la Nación española o al sentimiento de su unidad” (art. 123), “difundir informaciones peligrosas para la moral o las buenas costumbres” (art. 165 bis, b), asociarse para “subvertir violentamente o destruir la organización política social, económica o jurídica del Estado” (art. 174.1, 3º), “perjudicar el crédito, prestigio o autoridad del Estado, lesionar los intereses u ofender la dignidad de la nación española” (art. 251.4), “hacer circular noticias o rumores falsos, desfigurados o tendenciosos” (art. 252), etc. Esta tipificación permitía al juzgador incluir en su contenido cualquier conducta que se valorase contraria al Régimen, pero también, mediante una interpretación restrictiva y dada la vaguedad de los enunciados de las normas, entender que las conductas juzgadas (ejercicio en países democráticos de libertades públicas de reunión, asociación, manifestación, expresión) no tenían por qué incardinarse en esos tipos penales. Lo mismo cabe decir de la legislación de orden público y de prensa. Por tanto, el margen de interpretación de la norma y de valoración de los hechos en estas condiciones es amplio y la selección por el juzgador de las opciones que ante él se presentan no es aséptica y dista mucho de la neutra función exegética que se atribuyen los órganos judiciales. La lectura de las casi cuatro mil sentencias analizadas así lo corrobora.

La idea fundamental que se destila en la jurisprudencia del alto tribunal es la defensa de la unidad, entendida como uniformidad y todo lo que no es unidad es fragmentación, división, enfrentamiento y separación. El pluralismo aparece como la forma ingenua o el disfraz de comportamientos disolventes. La idea de unidad se irradia a cualquier manifestación de la vida de la sociedad y del Estado. Así, se proclama la unidad espiritual y moral, metafísica, familiar, social, en la producción y en la empresa, sindical, nacional y política. El orden público se defiende como haz de estos principios unitarios.

1. Unidad espiritual

La “unidad espiritual” aparece expresamente proclamada en el art. 33 del Fuero de los Españoles e implícitamente en las demás Leyes Fundamentales franquistas, que consagran la confesionalidad del Estado. También figura la expresión en la Ley de Orden Público, en la que se vincula a éste con aquélla. El TS reconoce la vaguedad del término entrecomillado y, aunque dice atenerse para su interpretación al criterio exegético “manifestado en múltiples sentencias”, realiza una delimitación del término que sobrepasa la mera identificación de lo espiritual con “lo religioso”, apuntada en las Leyes Fundamentales, y extiende también su ámbito a lo “moral, social, nacional y político”. Según el TS el elemento religioso no es el único integrante de la unidad espiritual y estima que ésta se desintegra también “por la actividad separatista” (SP 15/10/66)[7] o se atenta contra ella cuando un sacerdote retira flores de un monumento a los “mártires de la Cruzada y de la Tradición” (SC 11/6/73) o se la provoca con un manifiesto división de los españoles en torno al sucesor de Franco (SC 4/3/68). La unidad espiritual se imputa tanto a la nación como al Estado, al que se atribuye un patrimonio espiritual propio, formado por su crédito, prestigio, autoridad y religión, criterio que no obedece a la confesionalidad del Estado, ya que el TS se lo atribuye a todo Estado. Así, “la intervención de publicaciones (de Testigos de Jehová) representa una legítima práctica de previsión de orden público de inexcusable observancia en España y en todo Estado organizado que trate de salvaguardar sus derechos fundamentales de Gobierno y de unidad esopiritual” (SC 6/10/67).

Un elemento de la unidad espiritual es la “unidad religiosa”, protegidas por las Leyes Fundamentales franquistas mediante la confesionalidad del Estado, y esta uniformidad impuesta, excluyente de la manifestación externa de otros cultos religiosos, está presente en la legislación y en la jurisprudencia[8]. Es de notar que la mención al catolicismo figura en la argumentación jurisprudencial no sólo por imperativo de la leyes a aplicar, sino también por las propias convicciones religiosas de los miembros del alto tribunal. Así, se habla de “creencias disidentes de nuestra Religión Católica (…), que es la única verdadera” (SC 27/10/64). Igualmente se refiere a la “la doctrina de la Iglesia y de la encíclica sobre los Derechos Humanos, cuya autoridad indiscutible, por emanar de la más alta jerarquía espiritual de la Tierra, nadie puede poner en duda” (SP 11/4/69). En el mismo sentido, se sostiene que los criterios de la encíclica Máster et Magister “han de ser aceptados por todos (SC 30/4/70). Pese a ello el TS asegura que en España hay una “indudable libertad religiosa” (SC 14/6/73) y que no vive condiciona por la Iglesia Católica, “pues una mera síntesis de su historia, desde cualquier tendencia interpretativa, viene a dar a conocer que el catolicismo ha venido siendo consubstancial e inserto en la operatividad vital y en las vicisitudes varias de la Patria, de forma inmutable en su trascendencia, inherente en dicho sentir histórico y divinal en sus creencias” (SC 17/3/69).

Como es fácil suponer, el TS se pronuncia también sobre la unidad e indisolubilidad matrimonial, polemizando con quienes defienden la idea del divorcio. La sentencia, que corrobora la sanción a la revista Triunfo (SC 14/6/73), es un ejemplo de activismo judicial en defensa del matrimonio indisoluble y en contra de las opiniones discrepantes. El TS las considera “no constructivas” porque no son “objetivas” y no son objetivas porque “no esbozan ni plantean solución alguna”. Como consecuencia, se encuentra en la publicación “una lógica falta de estudio de la pareja humana”. Añade la sentencia que la publicación “no expone soluciones dignas respecto a la convivencia, que es base de una institución natural, que nace y pervive en toda la civilización y es base de la misma, y ello, aun sin llegar a lo que en nuestra Patria sigue constituyendo esencialmente un sacramento que se contrae y pervive con plena libertad personal, sin trabas, sin traumas, sin tensiones ni deformaciones, que, aun de dudosa vivencia anterior, vienen siendo superadas por el elevado plano en que la sociedad y la religión han colocado a la mujer, y por ello resulta de patente anacronismo remontarse para su fustigación, como se hace en la publicación, a épocas pretéritas que inducen a claro confusionismo en el repetido público lector”. Por tanto, se sanciona a la revista por “una falta de respeto a la verdad actual de la vida española, a la moral, a las instituciones y a la salvaguardia de la intimidad familiar”.

2. Unidad moral

La moral es uno de los valores espirituales más importantes de la comunidad nacional (SC 23/12/69) y la jurisprudencia del TS se ha ocupado en delimitar su concepto estableciendo una noción muy amplia, que tanto sirve de límite a acciones atentatorias a la honestidad de las personas como de frontera a actos contra la seguridad del Estado.

Por lo que respecta a la moral social el TS incluye en su objeto protegido “la honestidad”, “el decoro”, pasando por “las buenas costumbres”, “el honor”, “la decencia”, “el pudor”, y la morigeración”. Es más, hasta una sentencia de 1970 se incluía en tal noción “el buen gusto” (SC 17/1/69, SC 26/12/69). Cuando suaviza el citerio, no deja de expresar su desagrado por el tono del articulista: “las absurdas sinonimias dadas a los vocablos aludidos no puede decirse que ofendan a la moral, pues además de ser arcaicas y trasnochadas, son ordinarias y con la única intención de hacer reir, aunque carecen de gracia. Como el mal gusto no está sancionado en la Ley de Prensa ni constituye limitación a la libertad de expresión, no es posible sancionarlo conforme a los preceptos de la Ley” S 30/1/70).

El alto tribunal justifica una noción tan amplia de moral, porque, a su juicio, la ley no solo exige la no infracción de las normas morales, sino también “su respeto”, y basta un “no acatamiento” de sus principios para entender que se atentó contra ella, “aun cuando no se llegue a conculcarlos o escarnecerlos” (SC 4/12/69).

Lo que el TS entiende por “descoco”, “descaro”, fotografías insinuantes”, etc. causan hoy hilaridad y la descripción de las fotografías enjuiciadas muestra el mundo de obsesiones de los magistrados al analizar y sancionar unas publicaciones que junto a información general se arriesgaban a insertar algunas imágenes de semidesdunos: “En el caso presente es indudable que tanto la fotografía en color insertada en la portada representando a una artista de cine con un escote tan ancho a la par que tan largo que permite ver gran parte de su seno, como las fotografías en negro de otra artista de cine, reproduciendo escenas de una película en la que aparece desnuda de medio cuerpo hacia arriba, cubierta simplemente con un escasísimo sostén estampado que permite ver por encima y por debajo de esa prenda lo que incompletamente intenta ocultar, así como la fotografía también en negro de otra artista de cine, completamente desnuda en la parte superior de su cuerpo, aunque se cubra perfectamente el pecho con ambos brazos enlazados sobre él, teniendo un reloj de pulsera en la muñeca, son tan descaradas que realmente ofenden a la moral y a las buenas costumbres en la medida en que son poseídas por la sociedad española” (SC 8/2/69).

En suma, es contrario a la moral “todo lo que propenda al triunfo de las pasiones corporales sobre el espíritu, a la ofuscación de la inteligencia por la sensualidad” (SSC 22/11/69, 12/12/69). La unidad moral es, en realidad, uniformidad moral derivada de la uniformidad espiritual y religiosa fundada en la doctrina católica.

3. Unidad metafísica

Dentro de la mística de las unidades que preside el pensamiento del TS “la verdad” es el elemento trascendental, sintetizador y legitimador de los demás principios unitarios que componen el ideario del alto tribunal. Su protección resume y da sentido a los desvelos jurisprudenciales por salvaguardar la unidad espiritual, moral, política, social y nacional de España.

La defensa de la verdad del Régimen aparece en las sentencias en las que se aplica la Ley de Prensa para sancionar las opiniones e informaciones contrarias a las tesis oficiales. “La verdad” estaba establecida en el famoso art. 2 de la Ley de Prensa de 1966 como límite a las libertades de expresión u opinión e información. Es significativo que la verdad se constituya en parámetro de las opiniones, cuando debería circunscribirse al ámbito de la información. Pero lo cierto es que se imponía ese límite también a la opinión, condenándose la discrepancia, porque sólo la verdad oficial era la única opinión protegida. Salva alguna contada excepción, la jurisprudencia analizada, tanto contenciosa como penal, no diferencia opinión de información, ambos conceptos englobados en en el de “información” (SC 24/4/69, SP 4/10/69).

En algunas sentencias se considera que determinar si una información respeta la verdad es un problema de hecho (SSC 22/5/64 y 16/5/70). Sin embargo, este planteamiento se tuerce al asimilar la realidad de los hechos con la legalidad, de manera que una organización ilegal, por serlo, nunca se ajusta a la verdad en sus manifiestos (SP 20/10/65). De igual manera, para establecer si se cumplió con la verdad no hay que indagar, según el TS, si el relato de los hechos concuerda con el hecho relatado, sino con el informe oficial del mismo y, de no corresponderse, es al relatante al que corresponde aportar pruebas en contra. Por ejemplo, se sostiene que en la publicación enjuiciada “ no se observa el debido respeto a la verdad (impuesto por la Ley), ya que incide en una patente exageración en cuanto al número de manifestantes, pues es notoria la diferencia en cuanto al número de manifestantes entre el de 1400 que se afima en El Ideal Gallego y los 200 que informa el Gobierno Civil, lo que unido a lo que se habla de una interrupción de tráfico en la calle Real, que no se alude por el gobernador civil, y a los gruesos titulares Manifestación de 1400 productores de la Bazán (…) reveladores de un propósito de notoriedad alarmista, ponen de relieve una discrepancia entre la noticia y la realidad de lo ocurrido” (SC 30/1/71).

Lo mismo sucede con las opiniones contrarias al pensamiento oficial, que no respetan la verdad “al ser tendenciosas” y cuya gravedad “se patentiza si se tiene en cuenta que el Gobierno de nuestra nación no había autorizado…la difusión en España del número de Le Monde en que se publicaba el citado texto o carta” (SC 25/9/70).

El TS legitima la defensa de “la verdad” frente a opiniones e informaciones que, según él, no la respetan, porque es preciso proteger a la opinión pública de los intentos por deformarla. La vigilancia sobre la prensa aparece justificada porque “los impresos periódicos son un medio de información general de formación de la opinión pública, destinados a una masa de lectores sin la cultura necesaria para discriminar lo que contienen de falso” (SC 24/12/70, entre otras). Esta percepción del TS contrasta con la que se mantiene en otras otras sentencias, afirmando que no hay “falta de educación política en estos últimos decenios” (SC 31/5/69).

Una característica de la “verdad política y social española” proclamada por el TS es su “actualidad superadora”. En la SC 24/4/69 se niega que haya dos Españas, “lo cual tampoco es verdad hoy, si bien pudiera serlo cuando aquellos párrafos se escribieron” (antes del Régimen franquista). Añade en la SC 25/9/70 que “Las afirmaciones del artículo del diario Madrid, en la época en que se publica respecto a no estar hecha la reforma de las estructuras económicas y sociales y de no haber resuelto la plena participación democrática, y de no haberse, en fin, previsto la vacante respecto a la sucesión del Jefe del Estado, estaban superadas en aquella época con la enumeración y un estudio más prolijo de (las Leyes Fundamentales), por lo que es indudable que la publicación sancionada supone no solamente una falta de respeto a la verdadera historia de España, engendradora de la verdad política actual …”.

Por último, la defensa de la verdad es también la defensa de “la Verdad”. El TS declara que la Religión Católica, además de ser la oficial, “es la única verdadera” (SC 27/10/64), siendo las demás, “disidentes cuyo culto privado se tolera (SC 27/6/64). El alto tribunal aprovecha esta defensa de “la Verdad” para oponerla a aquellos que atacan al Régimen y que justifican su actitud desde los postulados de la doctrina católica. Según él, ésta “nunca aprueba críticas, más que acervas, mendaces, que, adentrándose en el terreno de la insidia, perjudiquen el crédito del Estado, lo que resultaría por completo contrario a la doctrina evangélica, iluminada siempre por la luz de la Verdad” ((SP 30/10/70).

4. Unidad social

La unidad social hace referencia a lo que se consideraba una de las conquistas del Régimen plasmada en sus Leyes Fundamentales, singularmente en el Fuero del Trabajo, la superación de la lucha de clases, siguiendo así los postulados fascistas de la época. El TS da un sentido diferente a la unidad social, no tanto como conquista definitiva, sino como valor de estabilidad que impide el choque o el conflicto social en la ordenación de clases “fijada legalmente” (sic). Se afirma que es ilegal la propaganda enjuiciada, que “llega con su propósito hasta proponer la ocupación de fábricas, extrema y carácterística actividad revolucionaria que subvierte violentamente la organización política, social, económica y jurídica del Estado, medida que paraliza la producción, transforma radicalmente la relción entre sus elementos y establece el predominio de una clase sobre las demás situadas según la ordenación fijada legalmente, aunque las Autoridades procuren promover a todas con reglamentos que pueden modificarse para mejorarlas” (SP 11/12/69, SC 7/4/69). Se apoya para su argumentación en la encíclica “Populorun progressio”, en la que se sostiene, en texto que cita, que “debe rechazarse la tentación de la violencia” y que lo que hay que promover es reformas “y aceptar cada uno su papel dentro de su educación, situación y poder” (SC 30/4/70).

En este sentido es notoria la gravedad de presentar al Estado como beligerante en la llamada “cuestión social”. El TS no acepta que se hable de oligarquía española, en lugar de oligarquía empresarial, “abarcando al Estado mismo”, lo que perjudica su “crédito prestigio y autoridad”, ya que, al imputarle la explotación de la clase obrera, se sobrepone “a lo concreto laboral ascendiendo a lo estructuraldel Estado” (SP 18/12/71). En otra sentencia se dice que el escrito enjuiciado presenta “al actual Régimen surgido del Movimiento Nacional, producido al servicio comunitario de España, como enemigo triunfante del pueblo trabajador español, y no ya de corrientes disgregadoras y disolventes opuestas a su paz y su unidad, con lo que se exalta la discordia político-social y el clima de odio y lucha de clases, actividades propagandistas punibles” (SP 26/4/69).

El otro camino, además de la lucha de clases, por donde puede producirse la ruptura de la unidad social es, según el TS, el de la “disolución del cuerpo social” o, sin llegar a ello, el de una cruda manifestación del temperamento hispánico, proclive al “individualismo”, “insubordinación”, “fácil captación” por aquellos que “despertando peligros y rencores entre distintos grupos de la Nación”, “pretenden desintegrar la vida del país” (SP 19/10/71, SSC 27/9/69 y 26/5/73). Se tiene en cuenta en la jurisprudencia el ambiénte en el que se desarrolla la acción tenida como subversiva. No es lo mismo la propaganda ilegal repartida en el País Vasco, “donde existe una minoría de separatismo” (SP 10/11/67) que en Galicia, “por la misma ausencia de cierto clima separatista” SP 23/2/71). Con referencia a Asturias, se afirma que se dieron gritos subversivos “en un ambiente conocidamente hostil” (SP 15/12/64); en otros casos se destaca la importancia de la propaganda que “con emblemas engañosamente sugestivos” se dirige “a gente de escasa cultura y débil formación política, con el fin “de ir sumando adeptos a una causa y apartándolos de otra” (SP 29/4/71).

5. Unidad en la producción y en la empresa

La unidad social es un principio que en el ámbito laboral se concreta en la “unidad en la producción y en la empresa”, ya que en las Leyes Fundamentales se define la empresa como una “comunidad de aportaciones” (P. XI del Fuero del Trabajo), y una comunidad de intereses y unidad de propósitos” (art. 26 del Fuero de los Españoles). El TS se aparta de estas mistificadas definiciones, porque se enfrenta a la realidad del conflicto que ha de ser reprimido. Reconoce que hay “antagonistas elementos de la producción” y que si el antagonismo deriva en conflicto, éste equivale al enfrentamiento de intereses y de posiciones dispares entre empresas y grupos de asalariados” (SP 22/11/67). Por tanto, la idea jurisprudencial de unidad en la producción y en la empresa la expresa en sentido negativo, como “no pugna” entre la parte económica y la “parte social” o “productores”, “que existe en toda empresa” (SSP 2/10/68 y 28/9/71). El TS legitima la sanción penal de los conflictos laborales por la trascendencia que la economía tiene en la vida y en la estructura política. Véanse dos ejemplos: “…perturbación de la producción de manera intensa, que refleja la conexión existente entre la política y la economía, elevando la materialidad de ésta a postulado ideal de aquélla, que debe defenderse, porque al hacerlo se protege el bienestar comunitario (SP 19/12/69). “…fomentando la creación de incidentes y plantes en las empresas a la que pertenecían, ya que toda esta conducta ha de estimarse grave por su misma esencia, dimensión y contenido, y su repercusión desfavorable en el orden público y estructura del Estado” (SP 26/5/72).

6. Unidad sindical

Unidad sindical significa que sólo puede existir una única organización sindical que agrupe a empresarios y trabajadores. Para decirlo con terminología propia del Régimen, por unidad sindical se entiende “unidad vertical en lo sindical”. Para el TS, por encima de los intereses de grupo están los intereses de la nación y únicamente dentro de la Organización Sindical, “dada su estructura y la integración en ella tanto de los empresarios como de los productores es admisible que cada uno de estos estamentos defiendan sus respectivos intereses” (SC 7/4/69).

Frente a las reiteradas críticas sobre la inoperancia de la Organización Sindical , el TS la defiende como instrumento válido de resolución de problemas laborales y de defensa de los intereses de los trabajadores; “todo ello tiene arreglo dentro del campo de las disposiciones legales vigentes, sin necesidad de acudir a asociaciones clandestinas prohibidas” (SP 10/2/73).

A efectos administrativos la Organización Sindical no forma parte del Estado y el TS la excluye de la aplicación de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (SC 20/3/65), pero, a efectos políticos, es una institución de carácter público, de suerte que las críticas a sus dirigentes las concibe el TS como reproches a la Institución (SP 10/12/68). Además, la Orgnanización Sindical “está fuertemente ensamblada en la organización estatal” (SP 1/2/72). La propaganda de la CNT pretendía “dejar sin virtualidad la Ley de Unidad Sindical, lo que representa un claro atentado a la firmeza del Estado en sus instituciones y en su autoridad, y una lesión a los interesdes que patrocina a medio de su legislación imperativa que no admite el sindicalismo plural” (SP 30/10/67).

El TS distingue entre las reivindicaciones laborales “atendibles” (se refiere a mejoras salariales, no a los despidos), que “por sus debidos cauces pueden expresarse y ser atendibles”) y las que son expuestas con “ánimo de desprestigiar al Estado y atentar contra su seguridad”. Lo relevante es que entre éstas última incluye “las que proclamaban ‘no a la desposesión de cargos sindicales’, ‘respeto a los derechos del hombre’, ‘libertad de expresión’, y ‘sindicatos libres’, puesto que se exponían contra actos de poder que se estimaban injustos o que no defendía derechos humanos o cohibían la opinión de los hombres sin razón y que, por fin, se declaraban contra el sistema de unidad sindical, legalmente establecido” (SP 24/1/70). Como consecuencia, el prestigio de la Organización Sindical es el del Estado e incluso el de la Nación, pues “ciertamente se perjudica el prestigio del Estado y se ofende la dignidad de la Nación cuando, cual acaece en el supuesto de autos, se afirma que en la nuestra se niegan los derechos políticos y sindicales, consagrando una nueva ley y el poder patronal por medio de los Sindicatos, excitando a la unión y combate para obtener las reivindicaciones que se señalan, entre ellas el poder obrero y campesino en la fábrica y el campo” (SP 28/11/67. Deben destacarse algunas sentencias que,apartándose de la tónica general, absuelven del delito de propaganda ilegal por la difusión de escritos a favor de la legalización del sindicato Comisiones Obreras en una nueva Ordenación Sindical, “pues como doctrinalmente se ha mantenido es extraordinariamente difícil determinar la línea diferencial entre las efectivas apologías delictivas y los lícitos y válidos postulados de libre emisión del pensamiento; y así, puede pensarse que las apreciaciones del autor del folleto comtemplado sean erróneas e incluso que su difusión pudiera resultar peligrosa, pero lo que no cabe afirmar es que por mantener determinada postura doctrinal se incida en el ámbito de esta tipicidad criminosa, que requiere una abierta y expresa solidaridad con una actuación ya formal y concretamente declarada delictiva” (SS 26/4/69).

7. Unidad nacional

La unidad nacional es una de las piezas basicas del Estado franquista, tanto desde el punto de vista territorial como, aún más, desde el punto de vista identitario y existencial: España como unidad de destino, como “Una, Grande y Libre”. La legislación penal tipificaba como delito tanto asociarse como propagar en cualquier forma ideas contrarias a la unidad de la Nación española, promover ideas separatistas o simplemente “relajar el sentimiento nacional” o atentar “al sentimiento de su unidad” (arts 123, 173 y 251 del Código penal).

El alto tribunal considera en abundante jurisprudencia que la unidad nacional es intangible, indisoluble e inquebrantable. Unidad, además, superadora de épocas pretéritas cuyo recuerdo no es dable excitar (SP 22/6/67), al fomentarse con ello la “deplorable, lamentable y dolorosa actuación de unos” tendentes a la destrucción de aquélla (SP 7/7/69). Mientras la obsesión del legislador es la protección de la existencia de España ante los intentos de “desmembración” o de “relajación”, el TS se ve en la situación de afirmar no sólo que España existe frente a aquellos que, según él, la niegan con su conducta “separatista”, sino también que únicamente existe una España frente a los que hablan de “las dos Españas”, la oficial y la real.

La amplitud y ambgüedad de los textos legales, reconocidas por el propio tribunal, permiten a éste mantener una noción de unidad nacional identificada con el centralismo y asimilar las pretensiones descentralizadoras a lo que califica genéricamente como deseos sepataristas.

Habla el TS de la unidad nacional “engendrada por la propia variedad de sus componentes (…) y formada por el esfuerzo de todos los españoles, comprendiendo a los que nos han precedido y hemos de venerar y a los que disfrutamos ahora de los beneficios de sus creaciones y tratamos de perfeccionarlas e incluso arreglar o enmendar posibles errores” (SP 7/7/69).

Los principios ideológicos expresados por el TS tienen una idea común: la unidad. Pero unidad no como superación de la pluralidad, sino como negación de ésta, como ausencia de divergencias. Unidad como uniformidad en lo espiritual, social, nacional, político…

El separatismo se concibe como meta última perseguida, pero esa finalidad se puede intentar bien “descaradamente” o “con más disimulo”, a través de la relajación del sentimiento nacional (SP 17/11/72): “tendencia a destruir o relajar el sentimiento nacional, o lo que es igual, a deshacer o asolar en el primer caso, o aflojar y ablandar en el segundo el afecto que los españoles sienten por su nación” (SP 24/9/73). El autonomismo y el federalismo son, pues, fórmulas disimuladas del descarado separatismo. En apariencia el TS, incitado por la defensa procesal, distingue distintos tipos descentralización, pero sólo para desechar que en ellos quepa incluir la ideología de los procesados, miembros de STV y del PNV, asociaciones que “están declaradas fuera de la ley precisamente por propugnar ideas de separación y no por su carácter federalista o estatutario”(SP 22/2/69). En otras sentencias se señala que todo conduce a lo mismo, al separatismo disgregador. “El procesado, al arrojar pegatinas con la frase ‘Libertad para Galicia’, pedía tal libertad a favor de una región frente a la unidad de España (…) sin que en contra valga la alegación de que se pedía mayor autonomía para Galicia dentro de la unidad nacional, pues la libertad solicitada no se condicionaba y se pretendía ilimitada y sin restricción alguna, significando en una y otra forma interpretadora un claro ataque a la integridad y a la defensa contra el separatismo” (SP 10/3/69).

Junto a la categórica condena del separatismo propugnado por la organización terrorista ETA, aparece también la sanción a otras tendencias asociativas y a propagandas contrarias al centralismo. En el relato fáctico de una sentencia se expone el libro objeto de juicio. En él expresamente se dice que “la obstinación con que Castelao acusa al centralismo castellano como responsable de nuestros males no nos debe llevar a la equivocación de interpretarlo como un ataque sistemático a Castilla y a los castellanos, sino contra la política absurda que se encarnó en Castilla y que a veces fue dirigida por nuestras mismas gentes como sucede hoy”. Añade el libro que “surge el federalismo como única medicina capaz de curar tendencias disgregadoras” y que “no somos separatistas, ni de España, ni de Europa (…) somos federalistas y nuestra idea sigue en pie”. El TS participa en el mismo resultando de las consideraciones hechas por el TOP “Todo el libro… constituye una exaltación del nacionalismo, de la autonomía, con federalismo o separatismo de Galicia, fomentando las disgregación de ésta de la individualidad de la Patria”. Añade por su cuenta el TS que “basta leer la relación dada por probada (…) para advertir que se trata de una incitación de tono altamente separatista (…) tratando entre otras ideas en que se ataca a otra región española (Castilla), interpretándose su historia y su actuación con criterios que pudieran estimarse insultantes para la misma, por su condición de viejo núcleo de la nacionalidad española en tiempos de su formación, lo que está notoriamente incurso en el nº 3 del art. 251 (del CP) al promover ideas disgregadoras de la unidad nacional (SP 25/1/69). Es de destacar que el TS califica de “gran valentía procesal” el intento del recurrente de argumentar que el libro no es una incitación al separatismo.

En parecido sentido, ante una carta publicada en la revista Destino en la que se afirma “Veo con alegría que el catalán se acaba” y que “Juzgo acertado el suprimir el nombre de Cataluña por el de Región Nordeste”, el TS, sabedor de la provocación que encierra y de que su autor no quiere realmente exaltar el centralismo, considera que se trata de expresiones “denigrantes en general para una región y para los intereses de la convivencia nacional”. La intención de la carta la califica como de “aparente dolo[9] patriótico”, que pone en riesgo la interna solidaridad de los españoles, por cuanto “se vierten conceptos de tipo depresivo para una minoritaria pero ilustre lengua vernácula, cuyo libre uso particular y social respeta y garantiza el Estado español”. De su escrito “pueden venir o encender rencillas ya felizmente superadas y a lastimar acendrados sentimientos colectivos de la región afectada no incompatibles con el fundamental y sano patriotismo nacional”. El recurrente, “en acción revestida de rasgos de españolismo intolerante y agresivo a una región española, ilustre por su pasado y por sus presentes realidades de todo orden, como tratando por este medio de hacer odiosa la idea de la nacionalidad española, lo que por sí implica no ya ofensa de la región española, sino también al prestigio y dignidad de la Nación española” (SP 21/3/69).

Curiosamente, también atenta a la unidad y dignidad de la Nación y por ello se castiga penalmente no sólo el pretender la descentralización o el separatismo, sino también reclamar la integridad territorial de España, en el sentido de que no se negocie con otros países el uso del territorio español para la instalación de bases militares extranjeras. “Presentar a España como base yanqui es ofender la dignidad de la Nación al suponerla colonia al servicio de una potencia extranjera” (SP 16/12/68). “Por mucha amplitud que se le conceda a la facultad de crítica que nos corresponde a los españolesy por muy benévolamente liberal que se interpreten los conceptos emitidos para exteriorizar esa crítica, ha de convenirse que el decir, entre otras varias frases, que hay que ir contra la venta de nuestra Patria a los americanos, desborda todos los límites de la buena crítica y atenta a la dignidad de la Nación y al crédito y prestigio del Estado (SP 24/10/73, entre otras).

Completa el TS su idea de España rechazando la posibilidad de que se pueda hablar de la existencia de dos Españas. Si, por un lado, la España de Franco ha superado con su unidad los tiempos en que se cernía sobre ella la posibilidad de desgajamientos y escisiones (SP 22/6/67), por otro también ha superado las distancias entre el país oficial y el real. Los que mantengan la vigencia de esta tesis faltan a “la verdadera historia de España” (SSC 24/4/69, 31/5/69). Evidentemente no se trata sólo de una mera discrepancia entre lo que piensa el TS y lo que piensan los recurrentes, sino que la discrepancia está sancionada penal o administrativamente.

8. Unidad política

Por unidad política ha de entenderse la fusión que hace el TS de las ideas de Estado, Régimen, Gobierno y Nación, de manera que las críticas hacia el Gobierno o la desaprobación del Régimen establecido son consideradas ataques al Estado y afrentas a la dignidad nacional.

Esta concepción totalitaria, por onmicomprensiva, del TS se fundamenta en las ambiguas expresiones del CP, que condena las asociaciones y la propaganda dirigida a “subvertir violentamente la organización política, social, económica o jurídica del Estado”, o contra su “seguridad” o su “crédito, prestigio o autoridad”. Hubieran podido interpretarse en sentido restrictivo estos tipos penales, de manera que sólo cabría encajar en ellos conductas gravemente dañinas, la subversión violenta, en simetría con el bien penalmente protegido, la seguridad e integridad del Estado. Sin embargo, el TS se apoya en tan amplios tipos penales para condenar cualquier conducta contraria u opositora del Régimen y legitimar la sanción atribuyendo a la conducta enjuiciada una finalidad dirigida a acabar violentamente con el Estado y la Nación. Dicho en otras palabras, según el TS “el delito de propaganda ilegal tiene un sentido totalitario, pues trata de conseguir por medios intelectuales la subversión violenta de la organización política, social, económica o jurídica del Estado o bien destruir o relajar el sentimiento nacional”. Lo lógico es que sólo un ataque total o frontal al Estado o a la Nación estuviera incurso en un delito de estas caraterísticas, pero resulta todo lo contrario, ya que por organización política, social, económica o jurídica entiende el TS tanto la estructura estatal, como sus órganos y titulares, así como su actividad o funcionamiento y su resultado, plasmado en el orden establecido. El concepto amplio de Estado que aplica la jurisprudencia sobrepasa sgún el propio TS “el limitado alcance que a este término confiere el recurrente, basado en estrictos conceptos del DerechoPolítico”. En suma, Estado, Régimen, Gobierno y Nación están protegidos bajo el enunciado que protege la organización estatal “en sus diversas facetas”, política, social, económica o jurídica, y “son inseparables en un orden práctico o de la realidad” (SP 17/3/73).

La insistencia del TS en no diferenciar estos conceptos surge a raíz de la polémica suscita por la SP 25/10/65, que absuelve al procesado, porque los gritos proferidos se dirigían al Régimen y no contra la Nación, único sujeto pasivo protegido en el art. 123 del CP de la época: “que no pudiendo confundirse en el campo jurídico penal los conceptos de Nación, Estado y Régimen, cuya diferenciación en la doctrina científica del Derecho Político es clara y evidente, pues sus perfiles ofrecen contornos diversos (…)”. Para que se incurra en el art. 123 del CP es preciso que “se ataque a la Nación y no a los órganos que hoy asumen su representación dentro del sistema político imperante”.

De esta sentencia se hizo eco de manera elogiosa el catedrático José Antonio González Casanova[10]. El trabajo no sólo tuvo un interés científico, sino que sirvió también a los abogados defensores para argumentar en sus pleitos políticos ante el TS. Poco después de su publicación el ponente de aquella sentencia, el magistrado Julio Calvillo Martínez, fue apartado de la Sala de lo Penal del TS y se modificó el art. 123 del CP, que añadió a la tipificación de los ultrajes “a la Nación española o al sentimiento nacional”, los referidos “al Estado y su forma política”.

La mencionada sentencia de 1965 es un caso insólito en la jurisprudencia del TS. A partir de éste fallo el alto tribunal combatió dialecticamente la distinción entre Estado, Régimen, Gobierno y Nación ante los que la seguían defendiendo en el foro. Cuando menos la tacha de “abstracta” (SP 26/10/73). Cuando más, califica de “vano intento” (SP 3/11/67), además de “inadmisible y recusable” (SP 9/3/72) y hasta “ilícito e ilegítimo” (SP 6/12/72) mantener “a estas alturas” (SP 18/11/68) la sutil (SP 18/5/72), “capciosa” (SP 9/3/72) y “peculiar tesis diferenciadora que una y otra vez” (SP 8/11/72), “según uso ya inveterado en esta clase de recursos” (SP 20/11/68), se sostiene con “argumentos ineficaces e inconsistentes” (SP 28/4/71), por ser “una expresión dialéctica sin contenido real” (SP 18/10/71), fundada en “criterios doctrinales enteramente desfasados” (SP 3/11/67) y “superados” (SP20/11/68).

Dentro de la idea de unidad destaca como ingrediente principal el dogmatismo, no sólo en materia religiosa o moral, sino también en el campo de la información y de la opinión, sometido en las sentencias a una particular concepción de la verdad, de base metafísica y de inspiración escolástica, que desemboca en una noción absolutista de la libertad de prensa, es decir, en su negación

En efecto, son inumerables las sentencias que establecen la asimilación entre Gobierno, Estado y Nación, porque era crucial para fundamentar la represión de cualquier acto de oposición. Valgan estos ejemplos: en las hojas “se atentaba al prestigio y autoridad del Estado (…) pues no otra cosa implica (…) atribuir a sus autoridades ‘desfachatez e hipocresía’ y titular de nuevas ‘farsas’ los decretos de indulto y consultas electorales” (SP 22/1/69). “La propaganda contenía, entre otros, párrafos como los siguientes: ‘Fuera los Gobiernos indignos’ , ‘los yankquis han cometido un crimen en Almería” , ‘uno de los aviones ha explotado en el cielo español cuando iba cargado de bombas atómicas’, (…) “los vuelos de los aviones yanquis los había autorizado Franco y sus ministros … y no han vacilado en poner a su disposición el suelo español’, frases que aunque supongan ataque a los Estados Unidos de América ofenden claramente la dignidad de la Nación española, único sujeto pasivo de este delito (art. 251.4 CP), por ser dirigidos exclusivamente contra sus gobernantes, perjudicando su crédito y prestigio, suponiéndolos indignos y al servicio de intereses bastardos” (SP23/9/68).

Lo mismo sucede con el Régimen respecto del Estado y de la Nación. Como se acaba de decir, salvo la mencionada sentencia del magistrado ponente Julio Calvillo, la jurisprudencia de manera directa o indirecta consuma la equiparación e incluso la misma identidad: “los ataques a esta organización temporal del Estado , suelen ser sancionados penalmente, puesto que tales ataques, como en este caso las críticas injuriosas dirigidas contra el Régimen, exteriorización concreta del Estado, no puede caber duda que perjudican directamente no sólo en el interior del país, sino también en el exterior, ante las Naciones extranjeras, el crédito, prestigio y autoridad del propio Estado, lo que constituye la finalidad perseguida por este delito” (SP 4/7/73). “Sin que sea lícito distinguir como pretende el recurrente entre Estado y Régimen (…), pues ya se ha advertido de la íntima conexión entre ambos conceptos, de modo que la negación de uno supone la del otro, en cuanto que un Estado sin una manifestación morfológica a través de un Régimen que lo encarne sería una pura y vana abstracción” (SP 6/12/71).

En este conjunto de asimilaciones también aparece el Jefe del Estado. La vinculación de Franco con “su” Estado es de tal naturaleza que el alto tribunal no ve admisible la diferenciación entre Estado y Jefe del Estado, a la que califica de “sutil”: “No siendo aceptable la sutil distinción propugnada por la tesis de la defensa, de ser distintos los conceptos de Estado, del de Jefe del Estado, Gobierno o Cortes, teoría en abierta oposición con los preceptos punitivos correctamente aplicados, referentes a la organización política, social, económica o jurídica del Estado, a la que se combate con meridiana claridad patentizado a todo lo largo de las octavillas que constituyen una ataque continuado a la vigente estructura del Estado y a los principios fundamentales en que se asienta, desprestigiándola con los más mendaces improperios” (SP 18/5/72).

El TS alude a Franco no sólo desde una perspectiva orgánico-jurídica, sino también con explícitas referencias al hombre y al político. En reiteradas sentencias se le menciona como “Caudillo de España” (SSP 15/12/64, 22/9/70). La relación de Franco con la Nación es directa (“la España de Franco”), “la encarna”, de suerte que las injurias a él dirigidas se consideran agravios al pueblo español. “La frases se dijeron “con la clara y manifiesta voluntariedad de injuriar, menospreciar y denigrar no sólo al Jefe del Estado, sino también al pueblo español” (SP 12/4/73). A Francisco Franco le deben los españoles “respeto y aprecio” (SP 20/6/69). La injurias cometidas contra el Jefe del Estado las considera el TS dirigidas a “la dignidad significada de su persona, su honor venerado, que se ataca con doble repercusión de su patrimonio moral privado y acervo público de representación y garantía” (SP 22/9/70). Cabe recordar que “venerar” significa según el diccionario de la Real Academia de la Lengua “1. Respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes virtudes, o a algo por lo que representa o recuerda. 2. Dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas”. Incluso cuando a un procesado por decir en un bar ante dos personas y en estado ebrio “que el Caudillo era un sinvergüenza”, el TOP no le aplica el art. 147 del CP y el TS ratifica esta sentencia frente a la pretensión del fiscal, ya que el alto tribunal considera que la Sala del TOP “usó del criterio humano y generoso en consonancia con la magnanimidad del que no quedaba perjudicado en su fama, crédito o interés como agraviado” (SP 2/12/68).

La importancia política de la figura de Franco para la continuidad del Régimen o del Estado “en su actual organización” se expresa con certera visión en la sentencia SP 27/12/73: “epítetos que alcanzan a la misma Jefatura del Estado, dando así a entender con toda evidencia el radical alcance de la mutación político-social perseguida, que no sólo es de régimen, sino que ataca los cimientos mismos del Estado en su actual organización” .

La legitimación del Régimen por el TS es evidente en múltiples sentencias, en las que se pone de manifiesto que en España existe “plena participación democrática” (SC 18/6/70, SP 20/1/73), “educación política” (SC 31/5/69) y “conexión del Poder con la voluntad popular” (SP 8/11/71). El régimen goza del respaldo mayoritario de la población (SP 4/10/69, SC 11/6/73) y no es falso el ambiente de triunfo que en paz se respira (SC 9/5/70). Sólo es una minoría la que se opone al Régimen, pero con métodos engañosos que pueden inducir a creer lo contrario: “Es bien sabido que en técnicas de subversión basta una estricta minoría para aterrorizar y abiertamente coaccionar a masas de individuos de contraria opinión que se sugestiona por el temor al que tan fáciles son las colectividades humanas” (SP 24/4/69). Se relatan en el artículo “hechos no habituales en la vida del país, y en su totalidad, y reducidos a determinados ámbitos, limitadísimos en amplitud y resonancia, y que sólo las publicaciones periódicas pretenden desorbitar con intenciones específicas” (SC 17/3/69).

Para el TS el Estado franquista es un auténtico Estado de Derecho: “El pretender que una organización como la del Estado español, constituida por autolimitaciones del poder en auténtico Estado de Derecho, constreñido y mediatizado por una Ley Orgánica y unos Principios Fundamentales, de todo lo cual son sólida salvaguardia y garantía los Tribunales de Justicia, pueda ser tildado de dictatorial y carente de libertad, refleja un claro y ostensible propósito de desprestigiar la autoridad del Estado y perjudicar su crédito” (SP 6/10/70). Por tanto, “las mendaces, inexactas, falsas, tendenciosas, mordaces, insidiosas y bastardas críticas y otras de parecido jaez”, conjunto de calificativos que dedica el TS al contenido de la propaganda y de la conducta de los procesados, zahieren al “Estado-Régimen-Nación”, porque España es un Estado de Derecho y en ella no hay represión ni persecución (SSP 28/6/68, 13/10/73), ni se practica la tortura (SSP 30/9/70, 20/1/73). Por el contrario, existe paz, libertad y respeto a los derechos humanos (SSP 29/10/69, 26/1/70).

9. Orden público como síntesis de los principios unitarios

El orden público quintaesencia los principios unitarios comentados, porque al consistir éstos en la proclamación de una uniformidad en materia moral, espiritual, social, nacional, política, etc. su defensa frente a los discrepantes constituye una cuestión de orden público, identificado con la seguridad del Estado. El que el tribunal especial encargado de reprimir los actos de oposición al Régimen se denominase “de Orden Público” es a este respecto significativo. Puede hablarse indistintamente de “unidad” o de “orden” moral, espiritual, social, nacional, político, etc., cuya defensa judicial tiene como contrapartida una jurisprudencia negadora de las clásicas libertades políticas de expresión, información, reunión, manifestación y asociación, por más que el TS se empeñe en argumentar lo contrario, pues los fallos condenatorios y los hechos enjuiciados así lo ponen de manifiesto. “… el figurar peyorativamente la frase ‘libertad’, como una expresión de negativismo, como si en nuestro país no se disfrutaran de todas las libertades conciliables con el mantenimiento del orden público y el desenvolvimiento de la convivencia social pacífica, y el haber pintado también otros letreros –FNL, Dictadura no- como si esta nación precisara de ser liberada, o no se rigiese, cual se rige, como verdadero Estado de Derecho dotado de toda serie de garantías ciudadanas …” (SP 22/12/70, igualmente SP 27/17/69, SC 26/5/73).

A modo de conclusión

El pensamiento político del TS y su contribución a la política de legitimación del Régimen y a la represión de las libertades.
Con las reservas que toda afirmación general comporta, puede decirse que la trama ideológica del TS coincide con los principios políticos del Régimen del 18 de julio, cuyo espíritu se encuentra plasmado básicamente en la Ley de Principios del Movimiento Nacional. Con tal aserto no se pretende negar la existencia de independencia judicial en el seno del supremo órgano de la magistratura española, ya que no hay dependencia del TS respecto del Gobierno, del Régimen o de su fundador y jefe, sino coparticipación en unos mismos valores y creencias esenciales. Por lo demás, el sistema de reclutamiento de los jueces, en general, y de los magistrados del TS, en particular, operaba como filtro previo que alejaba la posibilidad de sorpresas políticas en el ejercicio de la función judicial, sobre todo en su peldaño más alto.

Los principios ideológicos expresados por el TS tienen una idea común: la unidad. Pero unidad no como superación de la pluralidad, sino como negación de ésta, como ausencia de divergencias. Unidad como uniformidad en lo espiritual, social, nacional, político, etc. En este sentido las sentencias tienen un importante valor sociológico, al reflejarse en ellas “las dos Españas”, “la oficial”, formada por los valores y esencias unitarios protegidos y que aparecen descritos en los Considerandos de las mismas, y la “real”, contenida en los Resultandos, en los que figuran personas de muy diversas ideologías, unidas justamente por el hecho de enfrentarse contra la uniformidad que estimaban impuesta, y también en los fallos de las sentencias, abrumadoramente condenatorios. Frente a las diferentes confesiones religiosas se alza la unidad religiosa católica; frente a la libertad de opinión, el dogma de la verdad; frente a los conflictos sociales, la unidad social; frente a la pluralidad de pueblos, la unidad de España entendida como centralismo; frente a la diversidad de grupos políticos, el Movimiento Nacional. Puede decirse que gran parte de las sentencias dictadas son actas que dan fe de la condena de la España real por la España oficial.

Dentro de la idea de unidad destacan como ingredientes principales los siguientes elementos, tanto ideológicos como psicológico-políticos, muy semejantes a los que caracterizaban el pensamiento de los jerarcas del Régimen[11]:

Catolicismo tradicional, cuya influencia alcanza directamente a la fundamentación del fallo, hasta el extremo de que en algunas sentencias el TS, más que sentenciar, pontifica.

Dogmatismo, no sólo en materia religiosa o moral, sino también en el campo de la información y de la opinión, sometido en las sentencias a una particular concepción de la verdad, de base metafísica y de inspiración escolástica, que desemboca en una noción absolutista de la libertad de prensa, es decir, en su negación.

Autoritarismo, que se plasma en la genérica exigencia de acatamiento al citado dogmatismo y al orden como sistema de principios unitarios, y en el requerimiento de disciplina social y política.

Paternalismo, fruto del dogmatismo y de la consideración de que el pueblo español es menor de edad, por su poca cultura y fácil captación hacia posiciones “erróneas y dañinas”. El TS se erige en tutor de la moral, las buenas costumbres y la recta formación de la opinión pública, eliminando todo lo que estima “nocivo”, “disgregador” o “falso”.

Centralismo, que juzga como separatista toda reivindicación de autogobierno, incluidas las de contenido autonomista y federal.

Catastrofismo, presente, por lo general, en las calificaciones que la jurisprudencia hace de las acciones que se apartan de los principios unitarios. Tales conductas tienden, según el TS, a atacar la salud moral, social, política, etc. de los españoles, con el propósito de conseguir la “destrucción”, “barrenamiento”, “derrocamiento”, etc. del Régimen, lo que significa para el alto tribunal el “arrasamiento y aniquilación” del Estado y de la Sociedad.

Anticomunismo, al estimarse que el comunismo y los partidos que pregonan su ideario son los que con más vehemencia buscan aquellos catastróficos resultados. Por analogía, el anticomunismo se extiende contra cualquier agrupación que coincida con las asociaciones comunistas en el objetivo de criticar o de acabar con el Régimen.

Tercerismo político”, que se concreta en la continua afirmación de la superación por el Régimen de doctrinas y situaciones sociales (lucha de clases), sindicales (sindicalismo horizontal y plural) y políticas (liberalismo versus marxismo; Régimen y Gobierno versus Estado y Nación, ideologías versus verdad; etc.). En congruencia con esta idea de superación surge en la jurisprudencia otro elemento característico del pensamiento analizado: el triunfalismo.

Triunfalismo, que se manifiesta en el juicio jurisprudencial de que España no ha sufrido las frustraciones y reveses de los otros países europeos, ya que “en nuestra patria la decadencia decimonónica y la del periodo anterior al Alzamiento han sido, tras éste, superadas con la institucionalización del Movimiento Nacional, que pervive y se estructura por completo en sus Leyes Fundamentales”. Con el régimen establecido hay plena libertad personal y educación política; sólo son unos pocos los que intentan impedir la pacífica y armoniosa convivencia ciudadana.

Liberalismo conservador, que apunta la existencia de democracia, pero orgánica; de pluralismo, en el marco del Movimiento Nacional; de contraste de pareceres, con respeto a la moral, a la verdad, etc, cuya formulación decide en última instancia el TS. En definitiva, un liberalismo muy poco liberal, tanto por su matizada declaración en la forma (libertad dentro de un orden), como por su fondo (orden fundamentado en principios unitarios incompatibles con un mínimo de pluralismo).

En el pensamiento político del T.S. la unidad de España en sus diferentes aspectos se presenta formalmente como realización por el Régimen del secular anhelo de vertebración del cuerpo social. Sin embargo, como queda dicho, tal unidad supone, en realidad, negación (y no superación) de la pluralidad, al no ser más que una uniformidad social, nacional, moral, religiosa, política, etc. impuesta. En la jurisprudencia se sostiene básicamente una ideología “anti”, rechazo de cuanto signifique ataque a aquella uniformidad hecha orden. De ahí que se conciba la unidad en sentido negativo, como ausencia, dentro de la legalidad, de divergencias importantes: éstas pertenecen al campo de la ilegalidad y como tal son tratadas por el ordenamiento jurídico. De ahí que en un Estado fundado en la ausencia de pluralismo, el ejercicio de la libertad constituya un delito contra su seguridad. La unidad vertebradora expuesta por el alto Tribunal se consigue a través de la represión de la pluralidad social en sus múltiples facetas, lo que conduce al establecimiento de una sociedad rígida y, por tanto, ciertamente invertebrada por falta de flexibilidad. En el fondo, tras la aparente unidad subsisten acumulados los viejos problemas de organización de la convivencia social, política, nacional, etc., y ello debido a que subsiste igualmente la causa última que los produce, observación ésta que se deduce de la propia jurisprudencia.

En efecto, en las sentencias –pese a mostrarnos la imagen de un Estado totalitario, por omnipresente en todas las manifestaciones de la sociedad—se percibe la inexistencia o la poca existencia de un Estado moderno en la “España de Franco”. El Estado nacido el 18 de julio de 1936 fue más bien una estructura institucional con muy escasa capacidad de integración, como lo prueba en última instancia su más alto órgano judicial, reprimiendo incluso a personas que hoy militan en la derecha parlamentaria más conservadora.

Algunos magistrados del TS lo fueron por méritos contraídos en su labor previa como magistrados del Tribunal de Orden Público. Pese a ello, ninguno sufrió depuración tras la muerte del dictador e incluso alguno fue promovido a magistrado del Tribunal Constitucional, encargado de crear jurisprudencia de amparo de los derechos y libertades fundamentales. Todo un sarcasmo

Además, aquel Estado “totalitario” era “poco” Estado porque, como aparece reflejado en las sentencias analizadas, estaba muy condicionado en el tiempo, modo y forma de ser y estar por el Régimen “organizado para regirlo”. Noción que es similar a la sostenida por los teóricos fascistas, que entendían que el Régimen es el mismo Estado en el acto de su producción y éste el instrumento totalitario transformado por completo por y para servicio del Régimen. Lejos de ser un marco jurídico que posibilite diversos regímenes, el Estado era la concreta expresión jurídica del Régimen; el hecho de que su fundamentación no descansase en una Constitución, sino en unas Leyes Fundamentales, cual Cartas Otorgadas al filo de los acontecimientos que hacían en él mella, refuerza la tesis de su condicionamiento o instrumentalización por el Régimen.

Dentro de la perseverante identificación jurisprudencial entre Estado y Régimen adquiere una especial, capital, importancia la figura del Jefe del Estado-Régimen-Movimiento, en cuanto cabeza del orden establecido y clave de bóveda del armazón institucional, Franco es la encarnación de la unidad de poder y la persona que garantiza la continuidad del Régimen y, en consecuencia, la seguridad del Estado, o sea, la seguridad de que el Estado no verá modificada su “vigente forma de ser”, de que no dejará de ser “Régimen”. La vinculación de Franco con el Estado-Régimen que fundó es tal que en alguna sentencia el TS llega a afirmar que no hay diferencia entre el Estado y su Jefe.

Cuando el TS sostiene que el Estado no existe diferenciado del Régimen, (“sería una pura y vana abstracción”, dice), el único error que comete es el de generalizar tal aserto, porque aplicado a la situación española era perfectamente válido, ya que se creó un Estado cuya fundamentación jurídica la constituían los principios políticos del Régimen, y la mutación de éste suponía inexorablemente la ruptura de la estructura jurídica de aquél, o sea, la del Estado “en su forma de ser actual”. Por ello, en casos como el español de la dictadura franquista, no es el Estado el que hace posible el Régimen, sino éste el que crea un peculiar Estado, cuya estructura jurídico-institucional responde a las necesidades que en cada momento le surgen al Poder consagrado en Régimen. El TS lo vio perfectamente al aplicarse en su función represora.

En suma, el TS ha tenido un amplio margen de interpretación de las normas que debía aplicar. Su labor no fue de mera exégesis jurídica, sino de colaboración en el mantenimiento del Régimen, de legitimación de su organización política y jurídica y de participación en su actividad represora de la oposición. Ha de recordarse aquí que algunos magistrados del TS lo fueron por méritos contraídos en su labor previa como magistrados del Tribunal de Orden Público. Pese a ello, ninguno sufrió depuración tras la muerte del dictador e incluso alguno fue promovido a magistrado del Tribunal Constitucional, encargado de crear jurisprudencia de amparo de los derechos y libertades fundamentales. Todo un sarcasmo que lastra con pesada carga la historia de la transición política a la democracia.

Notas
  1. Vid. Cano Bueso, J. La política judicial del régimen de Franco (1936-1945), Ministerio de Justicia, Madrid: 1985. Igualmente, Lanero Táboas, M.: Una milicia de justicia: el Ministerio de Justicia en el franquismo (1936-1945), Centro de Estudios Constitucionales, Madrid: 1996,
  2. Gil Vico, P. La jurisdicción militar contra la sociedad civil. Proyección de una imagen de orden judicial en España (1940-1950), tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 2002.La noche de los generales. Militares y represión en el régimen de Franco, Ediciones B, Barcelona: 2004.
  3. Vid. Álvaro Dueñas, M. Por ministerio de la Ley y voluntad del Caudillo: el Tribunal de Responsabilidades Políticas. Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, 1997. De manera más sucinta, Los militares en la represión política de la posguerra: la jurisdicción especial de Responsabilidades Políticas hasta la reforma de 1942, Revista de Estudios Políticos, núm.69, 1990, pp.141-162. También del mismo autor, El decoro de nuestro aire de familia. Perfil político e ideológico de los presidentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas”, Revista de Estudios Político, núm.105, 1999, pp.147-174.
  4. Vid. Portilla Contreras, G. La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, Tirant Lo Blanc, Valencia, 2010.
  5. Como queda dicho, de manera indirecta se puede revisar el pensamiento del TS, sobre todo en materia social, moral y religiosa, a través de sus sentencias sobre asuntos “ordinarios” penales y civiles. Vid, al respecto, Pérez Ruiz, C. La argumentación moral del Tribunal Supremo (1940-1975), Tecnos, Madrid, 1987.
  6. Para un examen más detenido de esta materia, vid. mi libro, Jueces y franquismo. El pensamiento político del Tribunal Supremo en la Dictadura, Ariel, Barcelona, 1986.
  7. Nomenclatura simplificada utilizada: SP (sentencia de Sala de lo Penal del TS), SC (sentencia de Sala de lo Contencioso del TS); SS (Sentencia de la Sala de lo Social del TS).
  8. 8 Sobre esta materia, Vid. Martín Retortillo, L. Libertad religiosa y orden público. Un estudio jurisprudencial, Tecnos, Madrid, 1970.
  9. En la versión del repertorio de Aranzadi se dice “celo” patriótico.
  10. González Casanova, J.A. La distinción Estado-Régimen Político en la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo, Revista Jurídica de Cataluña, octubre, 1966, pp. 979-1017. Este artículo dio pie a mi tesis doctoral, dirigida por el profesor González Casanova, leída en 1977 y editada por Ariel, Vid. nota 6.
  11. Cfr. al respecto el libro de Amando de Miguel, Sociología del Franquismo, Euros, Barcelona, 1975

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