Simas borrascosas de la política española. Corrupción, secesión y déficit democrático ulceran la vida del país

Rafael Fraguas ||

Periodista y sociólogo ||

Las gentes de bien son aquellas que muestran solidaridad con quienes sufren, defienden los derechos propios y ajenos, cumplen con sus deberes cívicos, se indignan con quienes mal-gobiernan y luchan por el progreso de tod@s. Esas gentes han saludado abiertamente las recientes acometidas contra la corrupción emprendidas por la Guardia Civil.

Algunos, pocos aún, de los principales exponentes de la degradación de la política a manos del latrocinio “criminalmente organizado” desde el partido del Gobierno, según dicen los autos judiciales, “esa llave que descarga el dinero público a los bolsillos privados”, han ido a dar con sus huesos entre rejas. Y las gentes de bien, por ello, han avalado con su reconocimiento el meritorio trabajo de l@s agentes. El esfuerzo de perseverancia y abnegación desplegado en tal tarea merece, pues, el reconocimiento y el aplauso de una sociedad que cree, aún y pese a todo, en su propia dignidad y que necesita que quienes la mancillan paguen su culpa por haberla pisoteado.

Empero, el que a la Guardia Civil se le imponga -o se sienta impelida a autoimponerse- desplegar iniciativas cuyo cometido previo corresponde al Poder Judicial o al Poder Ejecutivo, y que sea la inacción de estos poderes la que haga al Instituto armado asumir iniciativas que no le son propias más que en situaciones de excepción, sería un síntoma que corroboraría no solo la excepcionalidad del momento político actual que España vive sino, además, expresión de un inquietante déficit democrático y una abdicación irresponsable por parte del Poder Ejecutivo. Y ello porque es un axioma que la democracia implica y debe implicar, en todo momento, la primacía del poder civil sobre el militar o militarizado, tanto en la iniciativa judicial y parlamentaria como en la dirección política de la vida estatal. Una cosa es el brazo secular del poder y otra, bien distinta, el cerebro que ha de regir la acción política.

En base a ello atribuir, además, a la Guardia Civil la solución del gravísimo problema planteado por el referéndum en Cataluña, al eludir el Gobierno su propia responsabilidad en la gestión política de tan grave asunto, no hace sino demostrar que este Gobierno deja de interpretar los intereses estatales: todo parece indicar que ha abdicado de su principal compromiso representativo con la sociedad. Al pairo con una impolítica propia, que no parece implicarle en otra cosa que esconder la cabeza ante los problemas estatales más graves, el coeficiente de legitimidad necesario para asegurar la legalidad de un Gobierno como el del Partido Popular experimenta una reducción realmente inquietante.

A nadie se le oculta la complejidad de la convocatoria de un referéndum que, al decir de los juristas, sobrepasa los marcos de la legalidad vigente; pero, precisamente, en idear fórmulas políticas que contribuyan a superar tal trance reside la responsabilidad de un Gobierno que se auto-titule como tal. ¿Se han agotado todos los cauces políticos y parlamentarios para domeñar este grave contencioso? No. ¿Se ha convocado a partidos de oposición, a los sindicatos, a las organizaciones de la sociedad civil para extraer criterios de actuación que brinden iniciativas para superar el conflicto? No. ¿Se ha reunido a los Gobiernos regionales para consensuar alternativas que permitan desbloquear la situación? No. Ni siquiera se ha contemplado un diálogo político exploratorio eficaz con los interlocutores pertinentes.

¿Por qué estas carencias? Todo indica que se deben a que o bien la ruindad más irresponsable o bien la incompetencia más ignorante parecen haberse adueñado de quienes, como muestra la cúpula del Partido Popular, anteponen ya sea un irrefrenable apetito por perpetuarse en el Gobierno a machamartillo, pese a su flagrante pérdida de legitimidad democrática, o bien se atribuyen un mesianismo que oponen a los intereses reales de España. Y todo para ocultarse y ocultarnos la silueta de sufrimiento generalizado que se perfila en el inminente futuro político del país, de no mediar un profundo cambio de personas y actitudes por parte del Gobierno y un compromiso del Estado en superar la herida abierta en/con Cataluña.

Recuérdese aquel lema que presidió la Transición de la dictadura a la democracia: “De la ley a la ley”. Si pasar de un sistema dictatorial como el franquismo a una monarquía constitucional con libertades democráticas fue posible, ¿cómo no va a serlo, ahora, superar racionalmente, políticamente, los avatares de un sentimiento como el que del nacionalismo catalán aflora?

El nacionalismo obedece a una sentimentalidad que emerge cuando los demás rubros de la vida social, económica y política, hacen agua. Es el caso. La falta de una idea unitaria de Estado, por desdén de tantos políticos, sobre la base de un tan necesario como inexistente compromiso político-moral del hoy partido gobernante con la democracia y con el patriotismo constitucional, desprovee de fuerza legitimadora buena parte de los intentos por encarar esta espinosa situación. Por ello, conjurar los riesgos que suele acarrear el desbordamiento nacionalista, ya en fase secesionista, exige de prudencia, voluntad y persuasión, tres virtudes políticas desconocidas hoy en Madrid.

Es la hora de que quienes asumen la representación de la sociedad y la definición de los intereses estatales se avengan a trabajar para impedir, con las palabras y las convicciones, la persuasión y la lógica, que el drama se encarame otra vez sobre el futuro de esta España, atribulada por tanto corrupto, tanto incompetente y tanto irresponsable como figura en los rangos gubernamentales y en las filas de los exponentes más conspicuos de quienes confieren al nacionalismo un sesgo cleptocrático; los mismos que movilizan tan arteramente la pureza y singularidad de una cultura nacional, original y bella, en aras de una “desestatalización en clave española, reestatalizante en clave catalana” bajo la forma de un Estado catalán. Por cierto, el germen financiero de este proyecto estatal catalán a largo plazo ya estaba ínsito en el inefable 3% cobrado a los empresarios catalanes desde los albores de la democracia: ello explica el auténtico fin último de tan curiosa recaudación, no solo la explicarían los derroches -tan funcionales para ocultar aquel propósito- de algunos vástagos de Jordi Pujol. Azuzar a la Guardia Civil contra los corruptos y supuestos corruptos de Catalunya sin arbitrar antes medidas políticas que vayan a la raíz del problema catalán no hace más que desustanciar el tratamiento político que la cuestión exige, dando pábulo a nuevas dosis de victimismo anti-centralista.

Ahora ya se puede decir que entre todos los cuerpos militares o militarizados existentes en España en los prolegómenos de la Transición aquel que más simpatías individualizadas mostraba hacia el proceso democrático -protagonizado por la izquierda comunista- era, precisamente, la Guardia Civil. Admítase esto sin menoscabo de la exigua y valiente Unión Militar Democrática que -también cabe ahora decir-, no fue gubernamentalmente tolerada por el Gobierno centrista de Adolfo Suárez ante el temor al surgimiento de una organización militar extremo-derechista como réplica de la UMD, según fuentes gubernamentales centristas que pedían entonces discreción. La simpatía democrática individualizada de la Guardia Civil antes mencionada podría ser explicada en razón de la extracción social de cuño popular de la mayor parte de los integrantes del Cuerpo -a diferencia de la extracción habitualmente burguesa de la oficialidad militar- o bien por su proximidad física a los problemas de las gentes en el campo; con certeza, deberá ser analizado en función de numerosos otras variables e invariantes. Precisamente por aquello, fue tan grave para su imagen corporativa y para su autoestima el engaño infligido al Cuerpo por Antonio Tejero al invocar el sentido de disciplina de varias decenas de guardias para secuestrar a mano armada el Parlamento español en febrero de 1981. Aquel golpe, tan duro para la democracia y para el Estado español expresado en la infame ofensa del secuestro a la institución del Congreso de los Diputados, con toda su letal carga simbólica contra el pueblo y los representantes de su soberanía, puede verse hoy reeditado en clave bien distinta; pero no por iniciativa de la Guardia Civil, sino más bien por la dejación de funciones por parte de un Gobierno incapaz que deja en manos del Instituto la conducción de dos de los más graves problemas que afectan a la nación y que a él le concierne dirimir, a saber: la corrupción como erosiva deslegitimadora del poder, y el secesionismo rampante en Catalunya. Atribuir a la Guardia Civil esa responsabilidad política, además de no corresponderle, puede erosionar su propia imagen pública, relustrada y recuperada por una trayectoria de servicio a la comunidad tras aquella infausta presencia de guardias en el Congreso de los Diputados.

Empero, el problema prioritario donde anidan los otros dos, corrupción y secesión, es el ultra-capitalismo depredador, que no se arredra a la hora de inmiserar a toda nuestra juventud, arrebatándoles su futuro a cambio de cooptar a los más dóciles hacia ellos y a los más crueles hacia sus semejantes. De no existir ese frenesí devastadoramente capitalista, que parece haberse adueñado de la cúpula del Partido Popular y que lacera a la base honrada –pero despolitizada- que vota a este partido, la corrupción perdería la gasolina que la dispara y el nacionalismo hegemónico, expresión de la singularidad añorada por sus teóricos, que fue fruto de la revolución industrial en clave capitalista, perdería buena parte de sus fundamentos.

¿Soluciones para Cataluña? Si. Algunas posibles: páctese una tregua con los exponentes del catalanismo más conspicuo y pídanles, por las buenas, aplazar la convocatoria de referéndum mientras se conversa en serio sobre lo que cada cual está dispuesto a transar en una negociación política; incluyan el regreso al punto procesal en el cual el PP torpedeó el Estatuto catalán; siéntese a dialogar Gobierno con Gobiernos regionales, partidos, sindicatos, sociedad civil, instituciones…y pongan a trabajar al aparentemente indolente Consejo de Estado en la fórmula constitucional apta para encajar intereses tan contrapuestos como los que comparecen hoy a escena; vigilen que los consejeros de Estado se apliquen a estudiar la viabilidad, provisional, de una monarquía federal como fórmula posible de desbloqueo: de no hacerse, o la unidad española o la Corona van a salir verdaderamente desplumadas de este trance; y a la oposición, impidan en el Parlamento que el Gobierno pretenda perpetuarse en el poder a costa de recoger los réditos de envolverse en la bandera de España; trunquen la obsesión del Ejecutivo por ser simple y exclusivamente un ariete sistemático contra la oposición y, consigan que, en cooperación con ella, aproveche la imaginación y la energía, juventud incluida, de la izquierda para transformarse conjuntamente en intérprete verdadero de los intereses sociales, estatales pues, del país todo.

Y, eso sí, que sea el Parlamento quien exija a la Corona que demande a este Ejecutivo algún gesto de sensatez constitucional, alguna medida eficaz contra la corrupción y a favor del diálogo político en Catalunya y, de no hallarlas, disolver las Cortes y convocar elecciones. Y que nadie olvide que si bien muchos desean salir de las crisis, otros, cada vez más numerosos y apremiados, acarician fervientemente la idea de salir del sistema ultra-capitalista en crisis.

 

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1 comentario de “Simas borrascosas de la política española. Corrupción, secesión y déficit democrático ulceran la vida del país

  1. Domingo Sanz
    17 agosto, 2017 at 16:20

    Hola Rafael, cuando te he leído lo de “de no hacerse, o la unidad española o la Corona van a salir verdaderamente desplumadas de este trance” he comprobado que estamos en onda similar, al recordar el que titulé hace unos meses “III República o Monarquía sin Catalunya”, entre otros sitios en http://kaosenlared.net/tercera-republica-o-monarquia-sin-catalunya-1/
    Soy de los que piensan que España, tal como la conocemos, no tiene futuro, pues ya sabes que vivimos en el país que, con gran diferencia en relación con todos los de su entorno, ha sido el más masacrado por sus élites, de tal manera que hemos disfrutados de muchos menos años de libertad durante los dos últimos siglos. Por tanto, descartada la violencia como factor de vinculación forzosa, solo es cosa de tiempo que, primero Catalunya y después Euzkadi, se desvinculen con uno u otro procedimiento. Únicamente veo una posibilidad: la expulsión en breve del PP del gobierno con una moción de censura que incluya los nacionalistas o C’s, el nombramiento de un gobierno solo para la convocatoria de elecciones generales lo antes posible con una coalición por la reforma constitucional ganadora que plantee la decisión entre Monarquía y República, como piden las JJ.SS. Quizás los líderes de este plan podrían convencer a los independentistas catalanes, siempre que se comprometieran a la celebración de un referéndum pactado. Difícil no, lo siguiente, porque ya la izquierda renunció a sacar al PP del gobierno en la única ocasión que pudo, el 4 de marzo de 2016, cuando los de Podemos votaron con el PP contra Sánchez, lo cual demuestra un miedo a asumir responsabilidades de gobierno que no creo que hayan superado.

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