Cataluña

Eduardo Moyano Estrada ||

Ingeniero agrónomo, licenciado en Sociología y profesor de Investigación del CSIC en el área de Ciencias Sociales ||

La deriva de ilegalidad (tanto en lo que supone violar las normas de la Constitución, como la del propio Estatut) ha sido algo consustancial con el “procés”, culminando con la aprobación unilateral de la ley de referéndum y las leyes de desconexión.

Sin embargo, el modo como se ha llevado a cabo su tramitación en el Parlament en las sesiones de los días 6 y 7 de septiembre (transgrediendo las reglas del juego parlamentario, desoyendo los informes de los letrados y del Consejo de Garantías Estatutarias, y violando los derechos de las minorías) ha sido la culminación de otra deriva que no estaba implícita en el “procés”, su deriva autoritaria. Esa deriva ha sido de tal calibre, que incluso ha provocado la desafección de algunos políticos que hasta ahora habían mostrado su apoyo al derecho a decidir (el discurso del diputado Coscubiela, portavoz del grupo “Catalunya Sí que es Pot”, es el mejor ejemplo).

Son bien conocidos los factores que han llevado a la grave situación en que nos encontramos (ver el texto publicado en este blog el 04/02/2017). No un factor, sino una combinación de varios factores, han contribuido en mayor o menor medida a que se llegue a la grave situación actual. De nada vale lamentarse. Hasta ahora, el fracaso de la política ha sido innegable.
Sin embargo, llegados a este punto de deriva autoritaria y de flagrante violación de la legalidad por parte del gobierno de la Generalitat y del Parlament, pocas opciones caben de aquí al 1 de Octubre, más allá de utilizar los instrumentos jurídicos del Estado de derecho (TC, fiscalía,…).
La opción jurídica es la que está utilizando el gobierno de Rajoy, apoyado sin fisuras en este tema por PSOE y Cs, que han visto con claridad la gravedad del desafío soberanista. Significativa, por ambigua, es la posición de Unidos Podemos, paralizado en sus divisiones internas y justificando su ambigüedad con el argumento de respetar la libertad ciudadana a movilizarse y el derecho a decidir de los catalanes (la división mostrada por Podemos en la pasada Diada ha sido paradigmática).

En ese escenario, y en el sector no independentista, se oyen voces de distinto signo. De un lado, están los que critican al gobierno Rajoy por su debilidad y le exigen más contundencia en la respuesta, lo que implicaría la aplicación del art. 155 de la Constitución y la retirada de las competencias al gobierno de la Generalitat.
De otro lado, los que consideran prudente y proporcionada la respuesta del gobierno para no caer en lo que están buscando los secesionistas y que no es otra cosa que la confrontación con las fuerzas de seguridad del Estado de tal modo que pueda provocarse una situación de violencia que modifique el actual escenario en favor del secesionismo permitiéndole romper el aislamiento internacional que ahora tiene.
Finalmente, no son pocos los que, pensando más en el “día después”, abogan por una reforma de la Constitución que defina un nuevo modelo de organización territorial posibilitando no sólo un mejor acomodo de la cuestión catalana, sino un mejor funcionamiento del Estado de las Autonomías (ésa es la intención de la propuesta del PSOE de crear una comisión parlamentaria con ese propósito).
Ante ese panorama, me permito hacer algunas reflexiones.

1)     De acuerdo con la Constitución de 1978, el derecho a decidir en asuntos que afectan a la soberanía nacional y a la estructura territorial del Estado, es un derecho de todos los españoles y no de los que viven en una parte del territorio. Los ciudadanos de un municipio o de una región pueden ser convocados a referéndum sobre temas tales como los estatutos de autonomía, las ordenanzas municipales, las fechas de determinados acontecimientos culturales…, pero no pueden serlo para decidir sobre temas que afectan al conjunto de la sociedad española, como es el caso del modelo territorial.

2)      Esto es así en cualquier democracia europea (por ejemplo, los ciudadanos de Baviera no pueden decidir por sí solos separarse del Estado alemán y formar un estado independiente; tampoco pueden hacerlo los de la región italiana del Veneto o de la Padania, o los franceses de Córcega). El caso de Escocia es excepcional al no existir en el Reino Unido ninguna carta constitucional que defina la soberanía nacional e impida la autodeterminación de uno de sus territorios, lo que ha propiciado que se pudiera realizar el referéndum escocés previa autorización del gobierno británico.

3)   El derecho de autodeterminación, que es a fin de cuentas lo que se esconde detrás del derecho a decidir, es establecido como principio general en la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, para evitar el riesgo de inestabilidad que implica si se llevara a la práctica de un modo general en todos los casos, se ha ido definiendo en distintas resoluciones para hacerlo efectivo sólo en los casos de descolonización o en situaciones de flagrante violación de los derechos humanos en un territorio. Más allá de esos casos, el derecho de autodeterminación de los pueblos queda en un plano vago y genérico, y de escasa eficacia jurídica como para apelar a él. Los dirigentes catalanes no pueden apelar al derecho internacional para legitimar sus aspiraciones de independencia, ya que Cataluña no es una colonia, sino que goza de autonomía política plena dentro del Estado español y disfruta de amplias libertades civiles al igual que cualquier ciudadano de otro país de la UE. Es por esto que su propuesta de desconexión hacia la independencia no encaja ni en la resolución 2625 de la Carta de Naciones Unidas ni en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos firmado por España, siendo además rechazada por las instituciones europeas.

4)    La Constitución española de 1978 no es un texto inmutable, como no lo es ninguna carta constitucional de cualquier país del mundo. Puede reformarse, pero siempre de acuerdo con el procedimiento que en ella misma se establece. Estas son las reglas de juego que hay que respetar en toda democracia. En el caso español, según el tema que sea objeto de reforma, se exige una mayoría de dos tercios o de tres quintos en el Congreso, y una mayoría absoluta en el Senado, además de, en determinados casos, someter el nuevo texto a referéndum de todos los españoles. Cabe reformar todo, pero dentro de las reglas que se establece en ella.

5)    Nuestra Constitución se ha reformado en dos ocasiones, y no hay motivos para que no se pueda abordar otra reforma. El problema es encontrar el momento adecuado para hacerlo, lo que exige alcanzar un amplio consenso político previo entre los partidos sobre lo que se va a reformar, evitando abrir un proceso de reforma que acabe convirtiéndose en un proceso sin control. En mi opinión, es prioritario y urgente abordar la reforma del título VIII antes que otros asuntos. La forma de estado, la referencia a la UE o una mayor protección de los derechos sociales y económicos, son asuntos, sin duda, importantes, pero podrían esperar a otra fase de la reforma constitucional.

6)  Respecto a la reforma del modelo territorial, hay que tener en cuenta que esa reforma tiene sus límites en la propia definición de soberanía que establece la Constitución. Por ello, para que tenga cabida el derecho a decidir (que es, en la práctica, el ejercicio del derecho de autodeterminación) sería necesario redefinir el principio de soberanía (hoy radicado en el conjunto de la sociedad española) para trasladarlo a los territorios. ¿Es eso posible? Teóricamente sí, pero en la práctica no lo veo factible, dada la inestabilidad política que conlleva, ya que eso implicaría reconocer el derecho de autodeterminación no sólo a Cataluña, sino a las demás CC.AA. Lo exigirá, sin duda, el País Vasco, y quién sabe si también Galicia, Andalucía o cualquier otra de las actuales comunidades autónomas para no ser menos.

7) La propuesta de referéndum de autodeterminación pactado que con tanta ligereza se plantea como posible salida, no la veo factible, ya que eso implicaría hacer vinculantes sus posibles resultados (entre ellos, el de la independencia), cosa que no es posible sin cambiar el significado del principio de soberanía, con los problemas que ello generaría y que he comentado anteriormente. Sólo veo factible, por tanto, reformar el título VIII y, a partir de esa reforma (que sería votada por todos los españoles en referéndum), elaborar un nuevo Estatut (similar al que fue recurrido ante el TC), estatuto que sería votado en referéndum por los catalanes. Es la única salida que le veo al embrollo al que se ha llegado.

8)   La cuestión es si hay consenso político suficiente para hacerlo así. Parece que un acuerdo entre PP, PSOE y Cs, y algunos otros grupos minoritarios, lo haría posible, siendo conveniente que el nacionalismo vasco moderado (PNV) y el catalán (una vez que las aguas se calmen tras el 1-O) se unieran a ese consenso en torno a la reforma del título VIII. La posición de Unidos Podemos, que plantea un proceso constituyente (es decir, una nueva Constitución) y un referéndum sobre la forma de Estado (dada su evidente posición republicana), no permite pensar en que pueda unirse al consenso en pro de una reforma constitucional acotada sólo al título VIII, pero en política nunca se sabe, y no puede descartarse nada a priori. Por supuesto que sería deseable que Unidos Podemos estuviera también en ese consenso sobre la reforma del Título VIII, pero si no lo está, se podría seguir adelante sin ellos, aunque es verdad que ello daría lugar a un escenario poco deseable.

9)  Ante la actual situación en Cataluña, sólo cabe esperar a que pase sin mayores incidencias el 1-O, y por supuesto sin confrontaciones que desemboquen en violencia (confiemos en la lealtad de los Mossos a la legalidad constitucional, y en la profesionalidad de las fuerzas de seguridad para gestionar posibles altercados o provocaciones). Una vez transcurrida esa fecha, la “cuestión catalana” seguirá presente, aunque el contexto será otro. Probablemente, habrá convocatoria de elecciones en Cataluña cuyos resultados determinarán, sin duda, un nuevo escenario parlamentario, con una recomposición de la jerarquía política dentro de las fuerzas nacionalistas y con una redefinición de las correspondientes estrategias.

10)  Ello abrirá un escenario de oportunidades para que, desde el gobierno del Estado y desde la Generalitat, pueda gestionarse el problema catalán con nuevos bríos y con propuestas concretas. Es verdad que el nacionalismo soberanista es insaciable y que siempre le sabrá a poco todo lo que no sea dar pasos hacia la independencia, pero tras el 1-O tendrán que replantearse sus objetivos y estrategias. Con iniciativas políticas y nuevos marcos de negociación que den voz al conjunto de la sociedad catalana, se podrá, al menos, evitar que el independentismo (con su apelación victimista y emocional) continúe ampliando sus bases de apoyo en una población huérfana de alternativas creíbles, y necesitada, ahora más que nunca, de respuestas claras y verosímiles que permita superar el callejón sin salida al que ha conducido el “procés”. Es un escenario de oportunidad que no debiera desaprovecharse después del 1-O.

(Martes, 12 de septiembre de 2017).

*(Continuación del texto publicado en el blog del autor el 04/02/2017)

#CATALUÑA

Es innegable el fuerte sentimiento de identidad nacional que existe en Cataluña, y que ha ido aumentando en los últimos años hasta convertirse en una cuestión política de primera magnitud. La actitud de la Generalitat y el Parlamento catalán de seguir adelante con su proyecto de desconexión unilateral del Estado, corrobora la gravedad del problema y permite pronosticar una confrontación con el gobierno central.

Para entender la complejidad del problema catalán, conviene acudir, primero, a las raíces históricas del difícil encaje de Cataluña en el Reino de España, para, luego, reflexionar sobre la viabilidad de las posibles salidas que se ofrecen hoy en el debate político generado en torno a este asunto.
Sin embargo, con objeto de evitar que el lector se encuentre con un texto demasiado extenso para un medio de difusión como el blog, he optado por trasladar el apartado de “Apuntes históricos” a un anexo final, de tal forma que no sea necesario leerlo, salvo quien lo desee. Mi análisis comenzará, por tanto, con el modo como se abordó la “cuestión catalana” en la transición democrática.

 

La “cuestión catalana” en el marco de la Constitución de 1978

Con la restauración de la democracia, de nuevo surge la “cuestión catalana”, si bien esta vez como reivindicación de una autonomía política que se extendió rápidamente a prácticamente todas las regiones del Estado, junto a la demanda de libertad y amnistía.

Al igual que ocurriera en la II República, se le intentó dar solución a esta reivindicación mediante la concesión de un estatuto de autonomía. Así, la Constitución de 1978 reconoce el derecho al autogobierno de los territorios que así lo quisieran, estableciendo el procedimiento para ello (Título VIII). La Disposición Adicional Segunda da, sin nombrarlas, un trato especial a las comunidades de Cataluña, País Vasco y Galicia (“comunidades históricas”) para que pudieran acceder por la llamada “vía rápida” (art. 151) al correspondiente Estatuto de Autonomía. No obstante, en el Título Preliminar (art. 1) del texto constitucional se establece que la “soberanía nacional reside en el pueblo español…”, lo que implica que no se reconocerá el derecho de autodeterminación de ninguna comunidad autónoma, ni la posibilidad de que una de ellas pueda separarse unilateralmente del Estado.

La Constitución de 1978 fue votada en referéndum por todos los españoles, arrojando un 87,78% de votos favorables (porcentaje equivalente al 58,97% del censo electoral). En Cataluña, los resultados fueron incluso más favorables a la Constitución que en el resto de España, con más del 90% de votos en todas las provincias catalanas a favor del texto constitucional. Ello significaba que, en una gran mayoría, la sociedad catalana se manifestaba favorable al modo como la “cuestión catalana” era encajada en la Constitución de 1978.

No es éste el lugar para analizar las razones del porqué se ha intensificado el sentimiento independentista en Cataluña en los últimos años. Son razones de muy diversa índole: cuentas fiscales, financiación de las CC.AA., actitudes irresponsables de Maragall y Zapatero al no valorar las implicaciones de la reforma estatutaria catalana, actitudes obstruccionistas del PP, sentencia del TC, descomposición del pujolismo infestado de corrupción, ascenso de ERC, pérdida de la posición hegemónica del PSC (entre otras cosas, por la creciente desafección de amplios sectores de jóvenes hijos/nietos de padres/ abuelos no catalanes, pero nacidos ellos en Cataluña), crecimiento de partidos antisistema como la CUP,… sobre las que no cabe profundizar en este breve texto.

Lo cierto es que ese sentimiento ha llegado hoy a cotas muy elevadas, alcanzando a la mitad de la población catalana (según los resultados de las últimas elecciones catalanas). A eso ha contribuido, sin duda, el agravio sentido por una gran mayoría de la sociedad catalana por haber sido rechazado parcialmente el nuevo Estatuto catalán por el Tribunal Constitucional. Como establece la Constitución, el nuevo estatuto se aprobó, primero, en el Parlamento catalán; luego, fue aprobado como Ley orgánica en las Cortes Generales, y finalmente votado en referéndum por la población catalana. Sin embargo, el PP, en actitud de clara instrumentalización política del tema catalán, presentó un recurso contra una parte del nuevo Estatut (no haciendo lo mismo con otros estatutos de autonomía que tenían artículos similares al catalán), y el TC declaró inconstitucionales algunos de los artículos recurridos.

Se creó así un conflicto de legitimidades, que, aprovechado por los dirigentes de CDC (con Artur Mas a la cabeza) para tapar los flagrantes casos de corrupción en el seno de ese partido, provocaría una intensificación del victimismo nacionalista en Cataluña y, en consecuencia, un creciente apoyo a las tesis independentistas. Todo ello ha conducido al llamado “procés” (secesión unilateral), dada la creciente desconfianza del nacionalismo (históricamente pactista y ahora independentista) respecto al inmovilismo del gobierno central. Y es ahí donde se sitúa hoy el debate político en torno al problema catalán.

 

El debate político y las diversas salidas a la “cuestión catalana”

En el actual debate político se plantean varias salidas. Analicémoslas. La primera consiste en reformar la Constitución de 1978 (concretamente, el Título VIII) para clarificar las competencias de las CC.AA. y organizar el Estado en un modelo federal que pudiera reconocer la identidad nacional de algunos territorios federados (dando satisfacción a la reivindicación histórica del nacionalismo catalán y vasco). Esta salida está en sintonía con la propuesta del PSOE en la Declaración de Granada. No obstante, es una salida que podría tener aún mayor calado si reformando el Título Preliminar, pudiera incluso reconocer el derecho de cada territorio a separarse del Estado, fijándose previamente el correspondiente procedimiento (sería una salida similar a lo que hizo el Parlamento de Canadá con la llamada “Ley de Claridad” para resolver el conflicto de la provincia de Quebec). Una reforma como ésta, tanto en su versión más limitada, como en la de mayor calado, exigiría una mayoría de dos tercios en el Congreso de los Diputados y una mayoría absoluta en el Senado, y sería luego sometida a referéndum de todos los españoles. Sin embargo, no veo hoy factible esta solución, al no contar con el apoyo de PP y Cs, que suman suficiente número de escaños como para bloquear esa salida.

La segunda salida que se propone consiste en que, sin abordar reforma alguna de la Constitución, el gobierno catalán y el gobierno central pacten la realización de una consulta para medir la voluntad del pueblo catalán de continuar asociado al Estado español. Esa consulta es jurídicamente posible siempre que la convoque el Rey y se regule mediante Ley (art. 92), pero, con el actual marco constitucional, nunca podrá ser vinculante, si bien sus efectos políticos serían indudables. Por ello, tampoco creo que sea una salida factible a corto plazo, pues, al no ser vinculante, conduciría a un callejón sin salida en el caso (más que probable) de que triunfaran las posiciones soberanistas. El problema catalán seguiría entonces sin resolverse, y la demanda de una consulta pactada se extendería también a otras CC.AA. como el País Vasco, abriendo así una crisis política de difícil gestión. No veo, por tanto, al gobierno de Rajoy dispuesto a asumir ese riesgo, y menos en un momento en que empiezan a surgirle algunos problemas internos (con la vuelta de Aznar al redil político).

La tercera salida es la que promueven los partidos soberanistas apelando al “derecho a decidir” de los catalanes, y que consistiría en la independencia unilateral de Cataluña. De hecho, el gobierno de la Generalitat y el Parlamento catalán ya han decidido iniciar un proceso de “desconexión” del Estado que, en intención de sus promotores, debe llevar a la creación de una República Catalana. Para ello, consideran que el primer paso es convocar un referéndum donde sólo y exclusivamente el pueblo catalán (en uso de una soberanía que los nacionalistas entienden que radica en Cataluña) pueda manifestar su opinión sobre el proceso unilateral de independencia. Esta salida no parece tampoco viable, ya que significa una flagrante ilegalidad (en el marco de la actual Constitución, ninguna Comunidad Autónoma puede convocar un referéndum de autodeterminación), y, por ello, no tendría reconocimiento en la UE. Lo más probable, por tanto, es que el proceso unilateral de independencia sea bloqueado por el gobierno central aplicando las herramientas que pone a su disposición el ordenamiento jurídico (incluida la aplicación del art. 155 que implicaría la suspensión de las competencias de la autonomía catalana). Esto no significa que el “procés” se detenga, sino que los partidos soberanistas tendrán que reconducirlo (¿nuevas elecciones catalanas?) para seguir adelante con su aspiración de lograr la independencia de Cataluña. Con lo cual, la “cuestión catalana” seguirá presente entre nosotros y habrá que convivir con ella (como decía Ortega y Gasset, el “problema catalán no se puede resolver, sino sólo conllevar”).

A las tres salidas anteriores, cabría añadir la propugnada por Herrero de Miñón, consistente no en una reforma constitucional, sino en lo que él denomina una “mutación”, mediante la incorporación de una disposición adicional que, al igual que se hace para tratar la singularidad de Navarra (disposición Cuarta) o la de los territorios forales (disposición Primera), podría contemplar el reconocimiento del “hecho catalán”, blindando algunos tipos de competencias (lingüísticas, culturales, económicas,…). Esa “mutación” podría, en opinión de Herrero de Miñón, ser luego sometida a referéndum de los catalanes por la vía del art. 152 de la Constitución. No obstante, esta salida, a pesar de que lleva varios años defendiéndola el propio Herrero en diversos foros, no ha sido plenamente asumida por los grandes partidos políticos e incorporada en sus programas, por lo que, aun siendo interesante, no la veo probable a corto plazo.
Son, por tanto, varias las salidas que se plantean en el actual debate político, pero, en mi opinión, ninguna es factible a corto plazo, dada, por un lado, la gran polarización existente en la sociedad catalana y, por otro, la falta de consenso político, tanto entre los partidos del llamado “bloque constitucionalista”, como entre los situados en posiciones cercanas al soberanismo.

Lo único que veo factible es que, sin abordarse por ahora la reforma de la Constitución, el gobierno de Rajoy, mediante un cambio en su política obstruccionista respecto a Cataluña, adopte medidas proactivas que, además de dar argumentos y apoyo al bloque constitucionalista (PP, Cs y PSC), permitan reconstruir las relaciones con un sector de las élites políticas catalanas, rompiendo así la cohesión del frente independentista y minando su actual base de apoyo (por ejemplo, una reforma del sistema de financiación de las CC.AA. que mejore el trato fiscal que recibe actualmente Cataluña; mayores inversiones en infraestructuras; retirada de algunos recursos de inconstitucionalidad; cesión de algunas competencias,…). Sólo así se podrá ir creando un escenario menos polarizado que el de ahora, en el que sea factible abordar, a medio plazo, la reforma constitucional que permita un nuevo encaje de Cataluña en el Estado español.

Apuntes históricos sobre la cuestión catalana

Al igual que otras identidades nacionales, la catalana se ha ido construyendo en el marco de un largo periodo histórico. Sus orígenes cabe situarlos a principios del segundo milenio (siglos X y XI), cuando, tras la desmembración del imperio carolingio, los territorios de la llamada Marca Hispánica se organizan de forma autónoma, siendo el Condado de Barcelona uno de esos territorios. Sin embargo, entre los siglos XII y XV, Cataluña, como resultado de uniones matrimoniales dinásticas, se integrará, como principado, en la corona de Aragón, y seguirá así hasta que se produce la unidad del Reino de España bajo los Reyes Católicos (segunda mitad del siglo XV). Fue ésta una frágil unión de las coronas de Castilla y Aragón, que se rompió temporalmente a la muerte de la reina Isabel, cuando el rey Fernando abandona Castilla y regresa a sus feudos aragoneses.

No obstante, la unión del reino de España sería consolidada años más tarde, cuando el emperador Carlos (primera mitad del siglo XVI) hereda de sus abuelos maternos las dos coronas españolas y recibe, por parte paterna, el reino de Flandes y el imperio alemán. Fue, sin embargo, una unidad más política que real, debido a las fuertes tensiones internas y externas a las que tuvo que hacer frente el emperador y que le desviarían del propósito de construir un Estado moderno y cohesionado  (revueltas de las “comunidades” y “germanías”, guerras de religión, conflictos dentro del imperio,…).

Algo similar le ocurriría a su hijo Felipe II, aunque en menor medida, al haber dividido el emperador Carlos sus dominios cediendo el imperio alemán a su hermano Fernando. Aun así, el rey Felipe II tuvo que gobernar unos vastísimos territorios (desde Flandes a las Américas y Filipinas) en los que “nunca se ponía el sol”, viéndose, además, ante la responsabilidad, como el más poderoso rey cristiano, de liderar la guerra contra la amenaza otomana. Esto hizo que, al igual que su padre, Felipe II tuviera poco tiempo para dedicarse a la necesaria consolidación de la unidad del reino de España. No obstante, y en un claro esfuerzo integrador, se serviría de las mejores cabezas de la nobleza catalana para organizar su gobierno (un ejemplo de ello es el del barcelonés Luis de Requesens, que, entre otros cargos, fue gobernador de Milán y de los Países Bajos, además de Gran Comendador de Castilla). Sin embargo, acontecimientos como el espinoso asunto de Antonio Pérez (secretario de Felipe II) y el asesinato de Escobedo, no ayudaron a cohesionar la unión entre Castilla y Aragón.

Sea como fuere, lo cierto es que la unidad de España se ha asentado históricamente sobre bases poco sólidas, arrastrando problemas de vertebración interna, entre ellos el problema catalán. Porque es una realidad que, desde entonces, el encaje de Cataluña en el conjunto del estado español no ha sido fácil, dando lugar a puntos álgidos de fricción en estos cuatro siglos. Ha sido un largo periodo histórico, marcado siempre por la estrategia de la oligarquía catalana de aprovechar los momentos de crisis política en el Reino de España para plantear sus reivindicaciones independentistas.

Uno de esos puntos de fricción ocurrió durante el reinado de Felipe IV (siglo XVII), cuando, en plena guerra franco-española, se produce la revuelta de los “segadores”, que da nombre al himno catalán y que desemboca en el llamado “Corpus de Sangre” (7 de junio de 1640). Por cierto, fue ésta una revuelta popular que no iba dirigida expresamente contra el gobierno de España, sino contra los abusos del ejército asentado en Cataluña y contra las élites políticas catalanas incapaces de evitarlos (de hecho, ocasionó el asesinato del entonces virrey de Cataluña, el noble catalán Conde de Santa Coloma). Al verse desbordada por la revuelta, la oligarquía catalana, ante la desconfianza que le inspiraban los gobernantes españoles (en especial, el valido Conde Duque de Olivares), pide la protección de Francia (entonces gobernada por el cardenal Richelieu) para que Cataluña pudiera separarse del Reino de España. Tras un intento (frustrado) de proclamarse estado independiente, Cataluña se pone, durante quince años, a las órdenes del rey francés Luis XIII (que es proclamado Conde de Barcelona por la oligarquía catalana). No obstante, volvería Cataluña a la corona española en 1652, una vez que Francia le retirara su protección. La firma en 1659 del Tratado de los Pirineos fijará de modo definitivo la frontera franco-española y delimitará geográficamente el actual territorio de Cataluña.

Otro punto álgido de fricción tuvo lugar sesenta años más tarde. Terminada la Guerra de Sucesión con la firma de los Tratados de Utrecht (1713) y Rastatt (1714), y ante la persistencia de la población catalana y de sus gobernantes (con Rafael Casanova a la cabeza) de seguir apoyando al pretendiente austriaco (el archiduque Carlos), el rey Felipe V ordenó al Duque de Berwick la invasión de Cataluña y la ocupación militar de Barcelona, finalizando el conflicto con la derrota catalana el 11 de septiembre de 1714 (fecha por la que se conmemora la Diada). El resultado de todo ello fue la abolición de los fueros catalanes, así como la suspensión de la Generalitat y su autonomía política (Decretos de Nueva Planta, 1716). Desde entonces, Cataluña, al igual que el resto de la corona de Aragón, dejaría de ser una entidad política autónoma, se regiría por las instituciones castellanas y se integraría de forma plena en el conjunto del Reino de España.

De todos esos acontecimientos surge la denominada “cuestión catalana”, un memorial de agravios respecto al Estado central, que emerge, con más o menos intensidad, en determinadas épocas, según la situación política y económica (en algunos casos, de forma sangrienta como ocurrió durante la “Semana Trágica” de julio de 1909, pero en otros buscando el pacto y el acuerdo como sucedió con la Lliga Regionalista de Prat de la Riba y Cambó, que incluso formó parte de los gobiernos de Alfonso XIII). La “cuestión catalana” se refiere también al problema del encaje jurídico-constitucional de Cataluña en el Estado español, y eso se ha planteado en diversas ocasiones.

Al proclamarse la II República, por ejemplo, la “cuestión catalana” era un tema que mucho preocupaba a políticos e intelectuales republicanos (políticos como Azaña tenían la esperanza de solucionarlo ofreciendo a Cataluña un estatuto de autonomía, mientras que intelectuales como Ortega eran más escépticos). A pesar del desaire inicial de Maciá (máximo dirigente de Ezquerra Republicana), declarando la República de Cataluña justo el día de proclamación de la II República española, las Cortes aprobaron en 1932 el Estatuto de Cataluña y comenzaron a funcionar las instituciones autónomas de la Generalitat. Sin embargo, Lluis Company (el nuevo Presidente de la Generalitat tras la muerte de Maciá) aprovecha una de las más graves crisis por las que pasó la II República (provocada por la revolución de Asturias) para, en un contexto de clara confrontación con el gobierno central (por asuntos como la Ley de Cultivos) y de involución política (bienio negro), proclamar el 6 de octubre de 1934, desde el balcón de la Generalitat, y en un acto de deslealtad hacia las instituciones republicanas, el “Estado catalán de la República Federal Española”, lo que significaba de hecho una declaración unilateral de independencia. Ello provocó que el gobierno de centroderecha de Lerroux suspendiera temporalmente el Estatuto catalán y las instituciones autónomas, si bien, más tarde, en marzo de 1936, el gobierno del Frente Popular se las devolvería restaurando las funciones de la Generalitat.

Durante la Guerra Civil (1936-1939), Cataluña fue escenario de una fratricida y encarnizada lucha armada entre los distintos grupos de izquierda (comunistas, trotskistas y anarquistas), que aterrorizó a la burguesía catalana. Eso explica que, en marzo de 1939, una gran mayoría de la burguesía catalana recibiera con vítores en las calles de Barcelona a las tropas franquistas mandadas por el general Yagüe.

Durante la dictadura de Franco, Cataluña se benefició de la mayor parte de las grandes inversiones en infraestructuras y de las políticas proteccionistas en favor de ciertos sectores estratégicos, al tiempo que las élites económicas y políticas catalanas mantuvieron una “entente cordiale” con el régimen franquista bajo el precio de aceptar determinadas imposiciones sobre aspectos importantes de la identidad catalana (como la prohibición del idioma catalán como lengua oficial). La “cuestión catalana” quedó así congelada, que no solucionada, durante varias décadas, hasta su emergencia en los últimos años del franquismo en el marco de las amplias movilizaciones en favor de la democracia, la restauración de las libertades y el reconocimiento de la identidad nacional en algunos territorios del Estado.

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