Retrato económico del independentismo*

Carlos Jiménez Villarejo ||

Ex Fiscal Anticorrupción ||

Desde la constitución del Govern bajo la presidencia de Puigdemont, se puso en marcha activamente el llamado procés hacia la independencia de Cataluña, que, entre otras iniciativas, representó la creación y puesta en marcha de un conjunto de organismos públicos con aquel objetivo. Todo este proceso, con el apoyo de los lobbies de la ANC y Òmnium Cultural, ha representado en estos dos últimos años una dedicación intensiva de fondos públicos a dicho objetivo en claro perjuicio de los ciudadanos y, especialmente, de los más necesitados. Un despilfarro que está en la raíz de las acusaciones que ahora se formulan contra los máximos dirigentes de malversar fondos públicos.

Máxime, cuando los datos estadísticos oficiales de la Generalitat expresaban una patente desigualdad económica y social a la que los actuales gobernantes no prestaban la atención a la que estaban obligados. Durante 2016, con salarios mínimos de 707 euros, la tasa de riesgo de pobreza afectaba al 22,5% de la población, la renta media anual por persona era de 12.660 euros y, entre otros datos, las familias con dificultad para llegar a final de mes era eran el 32,3% de la población.

A partir de estos datos, parciales pero muy indicativos, lo que se expone a continuación constituye un insulto a las personas y familias más  necesitadas de Cataluña en cuanto representan un factor de incremento de la desigualdad económica. Pero, a los dirigentes independentistas siempre les ha resultado indiferente.

Desde principios de 2016 se crean los siguientes organismos: el Instituto de Estudios de Autogobierno, al que luego le dedicaremos especial atención; la Oficina para la Mejora de las Instituciones de Autogobierno, presidida por Josep Maria Reniu, con un sueldo de 84.919 euros; la Secretaría para el Desarrollo del Autogobierno, presidida por Víctor Cullell, con igual sueldo que el anterior; y la Comisión Interdepartamental para el Desarrollo del Autogobierno, presidida por Oriol Junqueras. Además del gasto derivado del funcionamiento de dichas instituciones, que, afortunadamente, han sido disueltas en aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Pero hay otros gastos directamente relacionados con dicho proceso. Entre ellos, el derivado de la retribución de los altos cargos de la Generalitat a 1 de octubre de este año, que suponemos se puso en marcha a principios de 2016. Constan en el Portal de Transparencia de la Generalitat. Está constituido por los 310 cargos públicos de la administración catalana que representaban un coste aproximado al erario público de 23 millones de euros al año. De todos ellos, 158 eran “altos cargos”, y los demás -152- eran “eventuales”. Debe suponerse que estos eran personas designadas por su confianza política sin que el motivo de sus nombramientos fuesen sus méritos o capacidad, además de no exigirse una especial y reglada cualificación para el desempeño del cargo.

Puede suponerse que la totalidad de estos cargos están constituidos por los consejeros del Govern y los responsables de los diversos servicios de cada una de las consejerías. Con una excepción: el titular del citado Instituto de Estudios de Autogobierno, el exmagistrado del Tribunal Constitucional Carles Viver i Pi-Sunyer, con idéntico sueldo que los consejeros, 110.000 euros. Siempre se ha sabido que fue el ideólogo del procés. De ahí, el privilegiado trato institucional y económico recibido.

Todos los consejeros percibían aquel sueldo, obviamente anual, mientras que el de los altos cargos oscilaban entre los 40.000 y 85.000 euros. El president disponía de una amplísima infraestructura constituida por 59 altos cargos y eventuales. Entre ellos, estaba Ferran Mascarell, delegado de la Generalitat en Madrid (¿?), con un sueldo de 85.000 euros. La vicepresidencia de Oriol Junqueras disponía de 21 altos cargos, todos ellos retribuidos con 82.000 euros.

En cuanto a los “eventuales”, la consejería de Raül Romeva contaba con 14 de ellos retribuidos entre los 44.000 y 75.000 euros. Pero no faltaban eventuales con una altísima retribución, como el “responsable de la oficina del president“, que percibía 99.000 euros. De todos estos cargos, solo uno percibía un ingreso algo inferior a los 30.000 euros.

Pero el gasto generado ilegalmente por el proceso independentista es mucho más amplio, como el derivado de las partidas presupuestarias previstas en la Ley 4/2017 para la financiación del pseudoreferéndum. Gasto expresamente citado por el auto del Tribunal Supremo de 9/11/2017, acordando las medidas cautelares contra los exmiembros de la Mesa del Parlament, como uno de los fundamentos para imputar a los investigados el delito de malversación​ de caudales públicos.

El despilfarro descrito, además de ser ilegal, ha contribuido a mantener en Cataluña un nivel inaceptable de desigualdad. Es consecuente con un planteamiento como el de las leyes aprobadas por el Parlament, en las que no hay ningún precepto equivalente a nuestro artículo 10 de la Constitución, que sitúa la “dignidad de la persona” y sus “derechos inviolables” como fundamento del “orden político y la paz social”.

*El Español

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *