CCOO alerta de la caída de contratos en diciembre y de su precariedad

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El mercado de trabajo se “cae” en diciembre, al moderarse la creación de empleo y el descenso del paro, y caer el número de contratos firmados, que siguen siendo claramente precarios: el 92% son temporales y un 34% a jornada parcial. El Gobierno, entre tanto, ha rechazado las propuestas sindicales de reforma de la contratación laboral, entre ellas la de penalizar los contratos temporales de corta duración aumentando su cotización. Se mantiene asimismo la feminización del paro, con un 57% de mujeres.

A pesar del triunfalismo del Gobierno, 2017 cierra con 3,4 millones de personas en paro registrado, 4,7 millones de personas inscritas como demandantes de empleo y las contrataciones y el empleo creado son de bajísima calidad. La crisis la paga la clase trabajadora: el PIB y los beneficios empresariales ya han superado sus niveles previos a la crisis y los dividendos repartidos están en máximos, no así la inversión, ni el empleo ni las rentas salariales, la recuperación está siendo muy desigual, a costa de las trabajadoras y trabajadores. De ahí la importancia de incrementar el SMI y de lograr un acuerdo de negociación colectiva que aumente los salarios y garantice su poder adquisitivo.

LA PRECARIEDAD ES LA NORMA EN LA CONTRATACIÓN: En diciembre el 92% de los contratos firmados eran temporales y un 34% a tiempo parcial, reflejo de la enorme precariedad del mercado de trabajo, agudizada tras la reforma de 2012. Solo 8 de cada 100 contratos firmados son indefinidos y casi la mitad a jornada parcial. La mitad (46%) de los contratos temporales que especifica su duración duran una semana o menos.

SE FRENA EL EMPLEO Y LA BAJADA DEL PARO: En diciembre de 2017 la afiliación a la Seguridad social sube en 42.444 personas (solo 9.607 al desestacionalizar) y el paro registrado cae en 61.500 (20.726 al desestacionalizar). La afiliación a la Seguridad Social modera su crecimiento al 3,4% interanual en diciembre.

LA PROTECCIÓN POR DESEMPLEO SIGUE EN MÍNIMOS: Los niveles de protección contra el desempleo han dejado de caer pero siguen en mínimos. Hay 1,57 millones de personas en paro pero sin prestación según el SEPE y apenas la mitad de la población en paro registrado cuenta con algún tipo de protección (la tasa de cobertura bruta es del 57,9%) que en la mayoría de los casos se limita a una prestación asistencial. El gasto medio por beneficiario, incluidas cotizaciones sociales, se sitúa en 797,8 euros mensuales.

La creación de empleo sigue concentrada en actividades de bajo valor añadido, impulsada por la hostelería, comercio, construcción y los servicios auxiliares, con un peso limitado de la industria, los servicios públicos y de los sectores de intensidad tecnológica media y alta. CCOO defiende cambios del modelo productivo para generar y consolidar empleo de calidad y con derechos, que ponga freno a la precariedad y la desigualdad. Apuesta por potenciar la negociación colectiva y la mejora sostenida de los salarios y las pensiones, y por una reforma fiscal progresiva que permita recuperar la inversión productiva y aumentar los niveles de protección social, especialmente de las personas que padecen las consecuencias negativas de la crisis.

3 de Enero de 2018.

CCOO reclama la convocatoria del Pacto de Toledo

CCOO sitúa como objetivo prioritario en el primer semestre del año la adopción de medidas concretas de mejora de ingresos de la Seguridad Social que puedan trasladarse a los Presupuestos de 2018, de modo que el sistema público de pensiones garantice el doble objetivo de la suficiencia de sus prestaciones y la sostenibilidad de las mismas.

El secretario confederal de políticas públicas y protección social de CCOO, Carlos Bravo, ha señalado que una de las pocas buenas noticias que nos trae 2018 en materia de Seguridad Social consiste en el incremento pactado en el Salario Mínimo Interprofesional como consecuencia del Acuerdo de Diálogo Social, que elevará este año la base mínima de cotización hasta los 858,55 euros/mes. Es una buena noticia, aunque insuficiente si no va acompañada de otras orientadas también al refuerzo de ingresos del sistema que, a juicio de CCOO, deben concretarse en un acuerdo político y social amplio en el Pacto de Toledo que pueda trasladarse de forma inmediata, bien a los Presupuestos de 2018, en caso de aprobarse estos, bien a nuestro ordenamiento jurídico a través de la reforma normativa correspondiente.

La renuncia a actuar de forma contundente sobre los ingresos, sin perjuicio de continuar con posteriores revisiones del conjunto, como se ha venido haciendo desde 1995, ha llevado al sistema de Seguridad Social a un consumo acelerado del Fondo de Reserva, mientras se mantiene una situación de déficit que podría estar en gran medida corregida si se hubiesen adoptado medidas como las propuestas por CCOO.

Es igualmente lamentable para CCOO que la revalorización de las pensiones aprobada para este año haya vuelto a situarse en el 0,25%, en lo que es, de hecho, una “casi-congelación” que viene contribuyendo a que las pensiones públicas acumulen ya una pérdida máxima de poder de compra de -3,10 puntos porcentuales desde el año 2007, atendiendo al dato de IPC adelantado por el INE en el mes de diciembre que situaba la inflación interanual en el 1,2%. Incluso las pensiones mínimas soportan ya pérdidas reales de poder adquisitivo en ese periodo.

La nueva fórmula de revalorización de pensiones impuesta en 2013 acumula así dos años consecutivos de severas pérdidas, en 2016 (-1,35 puntos porcentuales) y en 2017 (-0,95), un efecto que se prevé mantener en 2018 y al que se le sumará en 2019 el efecto del Factor de Sostenibilidad sobre la pensión inicial de los nuevos jubilados.

También las pensiones mínimas y las pensiones no contributivas se están viendo afectadas por una revalorización limitada al 0,25% anual, haciendo que los casi 3 millones de personas que perciben este tipo de pensiones, que son las más bajas, se vean especialmente afectados por la pérdida de poder de compra que arrastran. Han sufrido un efecto aún peor la mayoría de las prestaciones familiares de la Seguridad Social y las prestaciones sociales vinculadas al IPREM, que se han visto directamente congeladas en 2018, víctimas de la prórroga presupuestaria que, en este caso, el Gobierno no ha querido, hasta hoy, corregir.

Para revertir esta situación, CCOO vuelve a insistir en la necesidad de que el Gobierno convoque de forma urgente la Mesa de Diálogo Social para abordar la discusión de medidas concretas de mejora de ingresos que puedan trasladarse inmediatamente a los Presupuestos Generales del Estado para 2018, de modo que el sistema público de seguridad social garantice el doble objetivo de la suficiencia de sus prestaciones y la sostenibilidad de las mismas

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