CCOO: Los salarios deben ganar poder adquisitivo

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Para CCOO, los datos del IPC de marzo “demuestran la debilidad del crecimiento de nuestro país”, según ha manifestado el secretario de Organización y portavoz del sindicato, Fernando Lezcano. “Tenemos un bajo nivel de consumo porque el crecimiento económico no llega a los salarios, debido a la negativa de la patronal, y eso deprime el consumo y la actividad económica”, señala el responsable sindical, añadiendo que “los empresarios deben hacerse eco de las reivindicaciones sindicales de subidas salariales por encima del 3%”.

13 de abril de 2018

La variación anual del IPC repunta en marzo una décima hasta el 1,2% interanual. En esta variación influye la subida de los precios de alimentos y bebidas, el transporte y los servicios turísticos por la semana santa. En marzo los precios han subido un 0,1% mensual, impulsado por la subida de vestido y calzado al comienzo de la temporada de primavera-verano, compensando en gran medida por la bajada de los precios de la electricidad. En los últimos doce meses, la subida de la inflación afecta a aspectos básicos que impactan en el día a día de las familias y lastran de forma relevante su poder adquisitivo, especialmente por la subida de alimentos y bebidas: aceites (6,3%), huevos (6,2%), bebidas no alcohólicas (4,4%), bebidas alcohólicas (3,5%), fruta fresca (2,9%), turismo y hostelería (2,8%), pescado (2,6%), carne de cerdo (2,4%), comunicaciones (2,1%),…

La baja inflación estructural, con la inflación subyacente en el entorno del uno por cien, es un motivo de preocupación, pues refleja el menor impulso de la demanda interna, provocada por una baja participación de los salarios en el crecimiento y un bajo impulso de la inversión pública, lo que se traduce en menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro.

Por ello, señala Fernando Lezcano, “es necesario introducir en todos los ámbitos de negociación los criterios salariales defendidos por CCOO para la renovación del ANC” (una subida mínima del 3,1%, para garantizar el poder de compra en 2018, recuperar lo perdido en años anteriores y la mejora de la productividad del sector o la empresa). La negociación colectiva debe dejar atrás las dinámicas de moderación salarial que todavía persisten en convenios plurianuales, que hasta marzo afectan a casi 5 millones de trabajadores, saliendo a disputar las mejoras de productividad de las empresas.

Lezcano denuncia la actitud de patronales y empresas al impedir que la negociación colectiva recoja incrementos salariales más acordes con la evolución de la economía, de la actividad y los beneficios empresariales, advirtiendo que “si la actitud empresarial no cambia, CCOO no descarta un incremento de la conflictividad”.

Es necesario introducir en todos los ámbitos de negociación los criterios salariales defendidos por CCOO para la renovación del ANC (una subida mínima del 3,1%, para garantizar el poder de compra en 2018, recuperar lo perdido en años anteriores y la mejora de la productividad del sector o la empresa en 2018). La negociación colectiva debe dejar atrás las dinámicas de moderación salarial que todavía persisten en convenios plurianuales, que hasta marzo afectan a casi 5 millones de trabajadores, saliendo a disputar las mejoras de productividad de las empresas. CCOO denuncia la actitud de patronales y empresas al impedir que la negociación colectiva recoja incrementos salariales más acordes con la evolución de la economía, de la actividad y los beneficios empresariales.

2018 es el quinto año de recuperación económica y el crecimiento ha superado el 3% los tres años anteriores. Los ingresos y beneficios empresariales siguen creciendo porque las empresas se quedan con una mayor parte del valor añadido, gracias a la devaluación salarial provocada por la crisis y la reforma laboral, y porque no están permitiendo que los salarios participen de manera suficiente de las mejoras de productividad.

Los salarios pagados por realizar el mismo trabajo han perdido un 7% de poder de compra desde que se inició la crisis, entre 2008 y 20171 según los datos del Índice de Precios del Trabajo (IPT) que elabora el INE. El IPT es el equivalente al IPC aplicado a los salarios y mide la variación salarial a partir de una “cesta” de puestos de trabajo. Los trabajadores que han conservado su empleo y que acumulaban antigüedad han sido los más afectados por este tipo de devaluación salarial.

En 2017 la inflación cerró diciembre en el 1,1%, pero la media anual fue del 1,96%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo fue de 5 décimas en el caso de los salarios pactados (y revisados) en convenio (1,48%) y de 1,7 puntos en el caso de las pensiones (0,25% conforme al Índice de Revalorización de las Pensiones). En 2017 las clausulas de revisión salarial solo estaban presentes en convenios colectivos que cubrían al 21% de la población asalariada, porcentaje que en el acumulado hasta marzo de 2018 ha subido ligeramente y un 22% de los trabajadores cuentan ya con clausula de garantía en su convenio.

Hasta marzo ya hay 5 millones de trabajadores/as con convenio en vigor para 2018 y una subida salarial media del 1,53% (1,27% en los convenios de empresa y 1,54% en los de

  • Este cálculo se realiza empleando para estimar el incremento salarial el IPT disponible para el período 2008-2015 y para 2016-2017 el incremento salarial pactado en la negociación colectiva ámbito superior), de los que 450.000 personas han firmado incrementos salariales superiores al 2%.

La clara pérdida de poder de compra de salarios y pensiones en 2017 contrasta con el aumento de los beneficios empresariales (5,5%) y de los dividendos de las sociedades no financieras (8,9%) en 2017. El alza de los beneficios triplica con creces (y los dividendos multiplican por seis) el crecimiento salarial pactado en la negociación colectiva. La economía está creciendo, se han recuperado ya los niveles previos a la recesión, pero la recuperación está muy desigualmente repartida, el empleo no se ha recuperado y los salarios no están participando de igual forma que las rentas del capital, donde los beneficios empresariales y reparto de dividendos se encuentran en máximos históricos.

Esta evolución negativa se explica por la cerrazón de las organizaciones empresariales a permitir que las y los trabajadores participen de la prosperidad de las empresas, por una reforma laboral diseñada para devaluar los salarios y cuya presión se mantiene también durante la recuperación, por una política económica que prioriza la amortización de la deuda de las empresas a la rebaja del desempleo, y por la falta de un presupuesto público que impulse el crecimiento económico.

La variación anual del IPC repunta en marzo una décima hasta el 1,2% interanual. En esta variación influye la subida de los precios de alimentos y bebidas, el transporte y los servicios turísticos por la semana santa. La variación anual de la inflación subyacente (sin energía ni alimentos frescos) sube también una décima hasta el 1,2%, pero se mantiene en valores bajos, reflejo de la atonía de la demanda interna y la debilidad del consumo. En marzo los precios han subido un 0,1% mensual, impulsado por la subida de vestido y calzado al

comienzo de la temporada de primavera-verano, compensando en gran medida por la bajada de los precios de la electricidad.

En los últimos doce meses, la subida de la inflación afecta a aspectos básicos que impactan en el día a día de las familias y lastran de forma relevante su poder adquisitivo, especialmente por la subida de alimentos y bebidas: aceites (6,3%), huevos (6,2%), bebidas no alcohólicas (4,4%), bebidas alcohólicas (3,5%), fruta fresca (2,9%), turismo y hostelería (2,8%), pescado (2,6%), carne de cerdo (2,4%), comunicaciones (2,1%),…

La baja inflación estructural, con la inflación subyacente en el entorno del uno por cien, es un motivo de preocupación, pues refleja el menor impulso de la demanda interna, provocada por una baja participación de los salarios en el crecimiento y un bajo impulso de la inversión pública, lo que se traduce en menos empleo y una reducción más lenta del elevado paro. El crecimiento económico se mantiene en el tres por cien gracias al tirón de la demanda externa, pero las mejoras en el sector exterior se filtran poco al resto de la sociedad debido a que las exportaciones están muy concentradas en pocas empresas, que pagan pocos impuestos, son menos intensivas en trabajo e importan gran parte de sus factores productivos, lo que no genera empleo en España.

Ligero repunte del IPC general que se sitúa en el mismo nivel que la inflación subyacente Variación anual en porcentaje

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sube una décima en marzo hasta el 1,3% anual en España y se sitúa una décima por debajo del promedio de la inflación en la Eurozona, que repunta tres décimas hasta el 1,4%. La baja inflación y consolidar el crecimiento económico europeo aconsejan no eliminar la política monetaria expansiva del BCE y aplicar una política presupuestaria expansiva en el conjunto de la UE que supere la austeridad e impulse el crecimiento y el empleo, para reducir los 16 millones de personas en paro de la Eurozona, la cuarta parte en España.

Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad en el empleo, exige reequilibrar la capacidad de negociación entre las partes, derogando las dos últimas reformas laborales

Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora de forma más justa, a través de más puestos de trabajo, de empleo más estable y de salarios que ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, al reducir la desigualdad.

Impulsar los salarios de los trabajadores y trabajadoras públicos y privados y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y contribuyan a garantizar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones.

En el área pública, y tras largas negociaciones, Comisiones Obreras ha firmado un acuerdo global con el Ministerio de Hacienda y Función Pública que supondrá el incremento de los salarios entre un 6,1 y un 8,8% en tres años, la recuperación de empleo (con tasas de reposición superiores al 100% en algunos casos) y la estabilización de plazas de temporales en todas las Administraciones y recuperar la capacidad de la negociación colectiva sobre jornada laboral y otros aspecto relevantes. El acuerdo no satisface todas las reivindicaciones sindicales, pero permite avanzar en la recuperación de los derechos arrebatados.

En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. Se debe garantizar el poder adquisitivo de las pensiones con una subida según la inflación prevista. Urge incrementar los salarios más bajos mediante la mejora sostenida del Salario Mínimo. El acuerdo para subir el SMI un 20% hasta 2020 y que alcance los 850 euros brutos por 14 pagas es un gran avance para lograr el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio que recomienda la Carta Social Europea. En paralelo, los incentivos a la contratación deben concentrarse en las personas paradas de larga duración, para evitar su exclusión del mercado de trabajo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear urgentemente puestos de trabajo para la población en paro de larga duración, población joven sin o poca cualificación y mayores de 55 años, así como aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas cuya tasa de cobertura está en mínimos. En este sentido, hay que poner en marcha un “Plan de Choque para la Recuperación de los Parados de Larga Duración” y redefinir el, hasta ahora muy insuficiente, programa de Garantía Juvenil e implantar la Prestación de Ingresos Mínimos promovida por CCOO y que se está tramitando en el Congreso de los Diputados.

Los PGE de 2018 anteponen a los acreedores de deuda pública antes que pensionistas y personas en paro. Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, que mejore la recaudación, revierta los recortes sociales y aumente la inversión

Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema público de pensiones en el corto plazo al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por incrementar los ingresos por cotizaciones (eliminando el tope superior de las bases máximas de cotización por contingencias comunes, equilibrando las bases medias de los distintos regímenes, incrementando las bases mínimas a través de la subida del SMI, actuando sobre los tipos, el fraude a la Seguridad Social,…) y financiar con cargo a los presupuestos del Estado, las políticas activas de empleo, gastos de gestión y administración de Seguridad Social y, al menos temporalmente, garantizar transferencias que contribuyan a financiar parcialmente prestaciones, como las de muerte y supervivencia, con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.

CCOO considera que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado por el Gobierno, con seis meses de retraso, es el proyecto de un Gobierno sin ideas, inmovilista, que sigue desactivando la iniciativa pública (el gasto público crecerá por debajo del PIB) necesaria para impulsar políticas que resuelvan los graves problemas de desigualdad generados por la recesión. En este sentido, el Gobierno ahonda en la reducción del déficit público, del 3,1% del PIB en 2017 al 2,2% en 2018. Una estrategia que supone retrasar la salida del paro de muchas personas y que, una vez fuera del procedimiento de déficit excesivo, ya ni siquiera se justifica con la excusa de una multa impuesta desde Europa. Esta estrategia supone renunciar a un mayor crecimiento y pone a desempleados, pensionistas y a las personas más vulnerables, por detrás de los intereses de los acreedores de deuda pública, que ven reforzadas sus garantías de cobro con la caída del déficit público, al tiempo que se retrasa la salida de la crisis de las personas en situación de paro o de exclusión social.

CCOO demanda que los Presupuestos Generales del Estado para 2018, si finalmente se aprueban, hagan partícipe a la ciudadanía y la población trabajadora del crecimiento económico. Los Presupuestos deben priorizar políticas que faciliten empleo estable y con derechos, la recuperación del poder adquisitivo de la población trabajadora y pensionista, la calidad de los servicios públicos y la mejora de la protección social. Y deben avanzar hacia el necesario cambio de nuestro modelo productivo, apostando por la industria, las energías limpias, la I+D+i, la educación y la formación. CCOO reclama una reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumente la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Sociedades, Patrimonio) y fomente el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la inversión pública que aumente la productividad.

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