El humo del procés ciega tus ojos

Francisco J. Bastida ||

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo ||

Hace tiempo que es difícil un análisis sereno de las decisiones jurídicas que afectan al proceso en el que está inmersa Cataluña. El independentismo, cuando no las puede valorar como victorias, las califica de ataques al pueblo catalán desde un Estado español totalitario. Ellos siempre ganan, porque su fe no está en el Derecho, sino en el hecho de la conquista de la independencia. Si los jueces les dan la razón, no es que el sistema judicial sea fiable, sino que la causa independentista es legal; si no se la dan, los jueces están al servicio de un Estado represor del que es legítimo separarse cuanto antes. Como no interesa la legalidad, sino la propaganda, la información sesgada es el instrumento más útil a su propósito. Así, la admisión a trámite de una demanda por ellos formulada la difunden como una decisión final favorable y cualquier opinión que discrepe de una decisión del Gobierno o de un tribunal la contabilizan como apoyo a la causa. Del resto se encargan sus medios y redes sociales.

Frente al independentismo que ha puesto en pie el procés debería haber unanimidad en defensa de la Constitución, pero no es así, ni en el ámbito político ni en el de los medios de comunicación. Hay un nacionalismo españolista, propio de gran parte de la derecha, que es espejo del independentismo y que utiliza la misma propaganda, pero con los argumentos opuestos. Si se acaba con el procés aplicando el Estado de derecho, estupendo, y si no también. Otro sector contrario al independentismo, pero vinculado a la izquierda, sobrepone a su crítica la lucha partidista, aderezada con una visión preconstitucional, es decir, se sigue aplicando al independentismo la atenuante de ser víctima histórica del franquismo y se ve al gobierno del PP como continuador del régimen del dictador. Las respuestas del Estado contra el desafío soberanista son enjuiciadas bajo este prisma, bien de oposición que no quiere aparecer en la foto junto a un Gobierno que chapotea en la corrupción y que lo fía todo a la vía judicial, bien de oposición más radical, que directamente niega legitimidad al sistema constitucional surgido de la transición política.

En este enmarañado proceso, todos parecen interesados, empezando por el propio Gobierno, en confundir el Gobierno con el Estado y el Estado con el Gobierno. Lamentablemente no pocos colegas se alinean en los distintos bandos y hacen pasar por argumentos jurídicos lo que no dejan de ser tesis políticas huérfanas de un análisis constitucional serio y riguroso.

En medio quedamos los que creemos que el proceso independentista es un reto al Estado en dos vertientes distintas. La primera es un reto a España como Estado de derecho, lo cual exige que éste dé respuesta jurídica a los intentos de subvertir la Constitución y el Estatuto de Autonomía; una respuesta que ha de ser contundente, porque está en juego la eficacia del ordenamiento jurídico. Esa respuesta es la producida por el Senado aplicando el art. 155 CE, el Tribunal Constitucional con sus reiterados autos y sentencias y los jueces con sus procesamientos a los dirigentes insurrectos. Se podrá criticar el contenido concreto de estas decisiones, pero no poniendo en tela de juicio que España es un Estado de derecho y menos aún tildando esa reacción constitucional como golpe de Estado, mientras se minimiza la gravedad del proceso sedicioso.

La otra vertiente pone de manifiesto un reto a la idea de España en su configuración constitucional y esto exige una respuesta política, no judicial. Es necesario replantearse la organización territorial del Estado y articular su formulación en nuestra norma fundamental. Esto no es una pugna entre dos gobiernos, ni un conflicto social que se pueda resolver en unas simples elecciones. Es un asunto que requiere la intervención del poder constituyente.

La vía judicial es una defensa del Estado de derecho, pero sólo eso. Una vía que es a la vez represiva de conductas ilícitas y que debe ser garantista de derechos ejercidos dentro del marco constitucional. La vía de la reforma constitucional es una apertura a la renovación de un marco general de convivencia que encauce las discrepancias en un pluralismo integrador, no para acabar con el independentismo irredento, tarea imposible, pero sí con los argumentos que han puesto en pie el más importante desafío social que ha tenido España y la propia Cataluña en los últimos cuarenta años.

El jeroglífico parece de difícil solución. Si el independentismo radical e intransigente desafía a la Constitución y prescinde de ella, el nacionalismo españolista se muestra radical e intransigente con la idea de su sustancial reforma. Así nos va.

La Nueva España. 22.04.2018

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