La oficialidad del bable

Francisco J. Bastida ||

Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo ||

De un tiempo a esta parte el asunto de la oficialidad del bable ha cobrado relevancia y empieza a ser preocupante por la deriva política y social que está tomando. Hasta ahora la cuestión no pasaba de ser una contienda menor entre una parte social muy minoritaria pero militante y una mayoría social plural, dispersa y desinteresada de algo que no ve como un problema. Esto tenía su reflejo en el arco parlamentario, donde sólo IU mantenía una posición favorable a la oficialidad. La entrada de Podemos en la Junta General ha significado un apoyo importante a esta idea e incluso Foro se apunta tímidamente a la misma para distanciarse del PP y de Ciudadanos. Pero lo más relevante es que el PSOE-FSA ha llevado su división interna a este terreno y el sector triunfante apuesta también por la oficialidad. El debate comienza a ocupar un puesto central en la agenda política y eso repercute en las instituciones y organizaciones sociales, como la Universidad o la patronal.

 

La oficialidad del bable se reivindica en nombre de la identidad de Asturias, de su dignidad como pueblo, que se considera que sufre agravio mientras no se equipare con el de otras comunidades autónomas que tienen cooficialidad, y de una ciudadanía con más derechos. En principio esto no debería ser conflictivo, si no fuera porque la raíz del problema no está en la oficialidad, sino en algo previo, la determinación de su objeto, porque no hay consenso social y político sobre si lo propio de Asturias es una lengua asturiana estandarizada por la Academia de la Llingua o las variedades lingüísticas del bable que se hablan en la región. Esta disputa no es sólo filológica o académica, ya que trasciende al ámbito político y jurídico. En apariencia este debate está superado con la Ley de 1998, pero el problema se cerró en falso desde el punto de vista legal y político.

Hay que recordar que en la discusión del Estatuto de Autonomía hubo una encendida polémica sobre si había un bable o varios, si era una lengua o un conjunto de modalidades lingüísticas. Finalmente se optó por no calificarlo y afirmar en su art. 4 que “el bable” gozará de protección y que se respetarán sus “variantes locales”. En su art. 10.1.21 se especifica que compete al Principado el “fomento y protección del bable en sus diversas variantes que, como modalidades lingüísticas, se utilizan en el territorio del Principado de Asturias”. Previamente se crea la Academia de la Llingua (1980) y en sus estatutos (1981) se señala como una de sus finalidades investigar y formular las leyes gramaticales “de las variedades lingüísticas del bable”. Sin embargo, dato poco conocido, en 1995 se produce un cambio muy relevante. El Gobierno del socialista Antonio Trevín acuerda un mes antes de las elecciones autonómicas la reforma de los estatutos de la Academia, a propuesta de ésta, que transforma de manera sustancial la finalidad de la institución. Ahora se dedicará a “investigar y formular las leyes gramaticales del “bable” o lengua asturiana y de sus variedades lingüísticas”. Nace así jurídicamente de tapadillo el bable como “lengua asturiana”, merced a un simple acuerdo del Consejo de Gobierno que es contrario al Estatuto de Autonomía, que huyó expresamente de calificar al bable como lengua. A partir de aquí, la Academia ya no se limita a reconstruir las leyes gramaticales de las “variedades lingüísticas que se utilizan en Asturias”, como demanda el Estatuto, sino a construir las de una lengua que como tal apenas se utiliza, ya que está en formación. Es el triunfo de la oficialidad en sentido castrense, o sea, del conjunto de oficiales que comandan la Academia de la Llingua.

De forma sorprendente, la confirmación de este giro la da el PP, ganador de las elecciones en mayo de 1995. A cambio de que el único diputado del PAS le apoye en la aprobación de la Ley de Presupuestos de 1997, el PP consiente en aprobar la Ley 1/1998 de uso y promoción del bable/asturiano. Su título es revelador, y más su art. 1, que define el bable/asturiano como “lengua tradicional de Asturias” e ignora las modalidades o variantes lingüísticas. Sólo menciona como tal la que denomina “gallego/asturiano”; todas las demás variedades se diluyen en un único bable/asturiano, transformado por ley y al margen del Estatuto de Autonomía en lengua tradicional de Asturias. Se oficializa así la existencia de una lengua uniforme, el bable/asturiano, sin el debido fundamento jurídico estatutario y que surge como mera moneda de cambio para aprobar la Ley de Presupuestos, sin voluntad de impulsar una política lingüística asturiana a la que siempre fue refractario el PP.

Del mandato de normalizar gramaticalmente las variedades lingüísticas se pasa a la construcción por la Academia de la Llingua de un estándar que rija como lengua única. Posiblemente no haya otra manera de poner en pie una lengua, pero tampoco se puede ocultar la crítica de que el resultado es en gran medida un artificio, una lengua que muy pocos hablan de manera canónica, un producto más académico que social. Por ello la primera falta de consenso sobre la oficialidad de la lengua se debe al desacuerdo previo sobre cuál es o en qué consiste la lengua tradicional asturiana. El desacuerdo es razonable, pero el PP tiene poca legitimidad para entrar en la disputa, porque es rehén de sus propias contradicciones al aprobar la Ley de 1998.

Existe una segunda falta de consenso, en este caso entre los que apoyan la oficialidad, porque no todos entienden de la misma manera el alcance que debe tener. La oficialidad se ha convertido en un mantra para la izquierda asturiana, que repite la consigna de que sin oficialidad no hay futuro para el bable, pero sin un análisis serio de lo que la medida comporta.

Lo primero que habría que hacer es un balance de la aplicación de la ley de 1998 y ver si el marco que establece es insuficiente, porque en ella se regulan derechos lingüísticos de los ciudadanos, el uso de la lengua por los poderes públicos, su aprendizaje a través de la enseñanza y su fomento en medios de comunicación y de difusión cultural. Entre los derechos lingüísticos destacan la validez a todos los efectos del uso por las personas de la lengua asturiana en las comunicaciones orales o escritas con el Principado de Asturias. También el derecho a su aprendizaje dentro del horario escolar y a la inclusión de la asignatura en el currículo. Esto conlleva de por sí importantes obligaciones para la administración autonómica, ya que debe contar con empleados públicos que dominen el bable, conocimiento que podrá ser valorado como requisito de acceso en aquellos puestos que lo requieran, y la creación de un órgano de traducción oficial bable-castellano. En el campo de la enseñanza, proveer el profesorado necesario en lengua asturiana para dar efectividad a aquel derecho del alumnado y establecer las titulaciones y programas de formación de ese profesorado. Además, la ley contempla la posibilidad de que las disposiciones del Principado de Asturias sean publicadas en bable y que sus publicaciones, impresos o folletos sean editados indistintamente en bable, en castellano o en ambas lenguas. Igualmente, la ley establece obligaciones de promoción del bable en medios de difusión y de ayudas públicas en publicaciones y producciones culturales en lengua asturiana.

Por tanto, se fía todo a la declaración de la oficialidad del bable, como si fuese el bálsamo de fierabrás, sin examinar estos veinte años de vigencia de la ley de 1998. Es posible que ésta no se haya implementado lo suficiente; de hecho, sólo ha habido un plan de normalización social del asturiano 2005-2007, pero, si ha habido falta de voluntad política, ésta no la va a resolver la cooficialidad. Tampoco hay que descartar que el sentimiento colectivo de identidad abstracta con el bable, como patrimonio cultural de Asturias, no se traduzca individualmente en un deseo concreto de ejercer los derechos lingüísticos puestos a su disposición. ¿Cuántas personas se ha dirigido en bable a la Administración? ¿Cuántos alumnos se han matriculado en el bachillerato en la asignatura de lengua asturiana? ¿Hay que establecer la cooficialidad para resolver un problema sindical de los profesores del bable/asturiano?

Para dulcificar la pretensión de cooficialidad del bable se afirma que tendría un alcance limitado, que sería una cooficialidad “amable”. Pero la oficialidad tiene un núcleo duro de exigencias que no es posible dulcificar. Por ejemplo, entraña que las dos lenguas deben ser cooficiales ante todos los poderes públicos radicados en Asturias; el derecho a que la enseñanza se haga en cualquiera de las lenguas cooficiales; la necesidad de que la Administración garantice el uso de las dos lenguas en cualquier procedimiento, una relación de puestos de trabajo en los que la titulación del bable se requerirá como requisito de acceso, etc. Si se quiere la cooficialidad es para conseguir el objetivo final de la paridad de las dos lenguas, lo que supone un esfuerzo económico intenso y un trato preferente a la lengua minoritaria; de no ser así, bastan unos retoques en la ley de 1998. No sé si los asturianos quieren todo esto; desde luego, la inmensa mayoría de sus representantes regionales que reivindican la oficialidad ni utilizan el bable en sus intervenciones dentro o fuera de la Junta, ni tampoco muestran un interés en aprenderlo. Lo mismo sucede con muchos ciudadanos, a la vista del poco uso que hacen de sus derechos lingüísticos ya reconocidos.

Por último, vincular la lengua asturiana y la cooficialidad con el sentimiento de identidad regional es socialmente peligroso dada la falta de consenso sobre estos temas. Se puede caer fácilmente en demonizar a los que discrepan de que se pueda considerar lengua tradicional asturiana al bable/asturiano normativizado por la Academia de la Llingua y lo mismo a quienes, por esta u otras razones, no consideran pertinente su oficialidad. No llama la atención que la Academia de la Llingua salga al paso de los que hacen campaña en contra de la oficialidad, pero sí que lo haga arrogándose el carácter de ser nada menos que “institución tutelar de los derechos lingüísticos de los asturianos” y, sobre todo, que tilde la campaña como “anti-asturiana”. La pretendida amabilidad puede degenerar en intolerancia y estigmatización de los que públicamente disienten, como hace en su manifiesto la Plataforma por la cooficialidad del asturiano, a los que define como “grupos marginales, minoritarios, de extrema derecha y homófobos pero con gran influencia política (que) pretenden acabar con la lengua asturiana en contra del sentir mayoritario de la sociedad asturiana, contraria a la desaparición y menosprecio a su lengua”. Quim Torra no lo hubiera dicho peor.

*La Nueva España.

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2 comentarios de “La oficialidad del bable

  1. 25 mayo, 2018 at 23:10

    Miedo me dan!

  2. Francisco Frutos Gras
    27 mayo, 2018 at 18:56

    Una nueva hornada de descerebrados que se convierten en masa horneable. En este país se estan creando las condiciones para algo gordo.

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