Carta a la UE: “El proyecto europeo no puede ser ambiguo con los nacionalismos”

Jesús Blanco ||

Periodista ||

Cerca de doscientos profesores de universidad, escritores, periodistas y eurodiputados españoles, y junto a ellos una decena de intelectuales europeos de primera línea, son firmantes de una Carta, fechada el 11 de julio último y dirigida a los tres dirigentes máximos de la Unión Europea- Jean- Claude Juncker, presidente de la Comisión, Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, y Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo- en la que, denuncian abiertamente al secesionismo supremacista catalán y afirman tajantemente que “el proyecto europeo, democrático y progresista, no puede ser ambiguo con los nacionalismos sin traicionar el fundante principio de solidaridad”.

La Carta comienza refiriéndose a otros dos escritos anteriores: el primero de ellos, la Carta abierta, titulada “Upholding the rule of law in the European Union, hecha pública el pasado31 de octubre de 2017, en la que se acusaba al gobierno de Mariano Rajoy de “violar sistemáticamente el estado de derecho en España” y que fue suscrita, entre otras, por algunas personalidades de la izquierda europea extrañamente complacientes hoy con los nacionalismos supremacistas como el catalán. Entre ellos, el filósofo francés Etienne Balibar, autor en los setenta del pasado siglo de La dictadura del proletariadoy en los tiempos presentes de Raza, nación, clase. Las identidades ambiguas;el griego Yanis Varoufakis, ex ministro de Finanzas de Grecia, en 2015, durante los primeros cinco meses del Gobierno de Alexis Tsipras;y el italiano Toni Negri, condenado como miembro del grupo terrorista Brigadas Rojas, que asesinó en 1978 al primer ministro Aldo Moro, asesinato que impidió la puesta en marcha del Compromiso históricoentre comunistas y democristianos, diseñado por el secretario general del PCI, Enrico Berlinguer.

El segundo, el artículo Cataluña: en defensa de la verdad, publicado en El País, el 27 de noviembre de 2017 y firmado, entre otros juristas de reconocido prestigio,porJosu de Miguel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Francesc de Carreras, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la misma universidad. En él, de Carreras y de Miguel rebatieron contundentemente las acusaciones vertidas en la mencionadaCarta abierta,demostrando que fueron las autoridades catalanas, y no el gobierno central, quienes lo violaron y echaron por tierra las manipulaciones de los hechos que se deslizaban en la Carta abierta de Toni Negri y sus acompañantes.

Sin embargo, los firmantes de la Carta a la UE subrayan que “Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repita en otras regiones ricas de la UE”.Y a ese objetivo dedican el comienzo de su escrito, en el que ponen de relieve varios hechos incontrovertibles:

Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionales -políticas, sociales y mediáticas- en estructuras de Estadoparalelas, poniéndolas al servicio del secesionismo y vulnerando así la neutralidad administrativa, un principio democrático fundamental”.

“Presionaron a profesores de Universidad, periodistas y jueces, usaron a la policía autonómica como policía política para espiar a políticos, empresarios y asociaciones, como Sociedad Civil Catalana [premio Ciudadano Europeo 2014], generando un clima de acoso y violencia simbólica que se acompaña ya de una violencia institucional”.

“Pretenden imponernos su arbitraria voluntad, suplantando la legítima coerción del Estado y la vigencia de ley democrática”.

“Esto, junto con las recurrentes campañas para desacreditar a la democracia española, la propagación de mentiras oficiales, la manipulación de la historia y el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, más propio de regímenes totalitarios, vulnera nuestra Constitución yviola los derechos de millones de catalanes”.

El secesionismo, convertido en un proyecto oligárquico, clasista, identitario y emocional, ha partido la sociedad catalana en dos, con graves consecuencias políticas y económicas para Cataluña y para toda España”.

Asimismo, la Carta a la UE señala que“esta crisis social, política y económica no es consecuencia del centralismo: España ya es uno de los países más descentralizados del mundo. Las regiones controlan Educación, Sanidad y Servicios sociales y Cataluña, Navarra o País Vasco disponen incluso de su propia policía autonómica”.

Y, al mismo tiempo, pone de relieve que“el autogobierno ya ha ido demasiado lejos, dado que el alto nivel de autonomía fiscal del que disfrutan las regiones, dispara la competencia desleal entre ellas, y  niega de hecho el principio de solidaridad”.

Más adelante, concreta dos razones principales que explican estas cesiones de poder y recursos públicos: De un lado, “la mala definición constitucional de los límites autonómicos”. De otro, “las estrategias de movilización de los partidos socialistas, y del PSC en particular, que permitieron a las élites nacionalistas (a cambio de apoyos parlamentarios para alcanzar el poder) desarrollar procesos de ingeniería etno-lingüística, de construcción nacional, y así ampliar su poder y base electoral, haciendo uso de clientelismo y la corrupción sistémica, como muestran el caso Palauo el delclan Pujol”.

Para los firmantes de la Carta, está claro que “el fomento del nacionalismo, así como el pacto con los separatistas radicales en 2012 y espolear a las masas en busca de insolidarios pactos fiscales, ayudó a las élites a encubrir parte de esa corrupción”.

Pero la Carta a los dirigentes comunitarios, no se limita a denunciar las causas internas de esta situación, sino que apunta directamente a la propia responsabilidad de la UE, al menos por lo que respecta a seis cuestiones muy concretas. Entre ellas, las dos siguientes:

La primera incide en la utilización por parte del secesionismo catalán de la lengua como herramienta de dominación política y de elemento básico en la construcción artificial de su proyecto identitario, en tanto que tal instrumentación encontró una potente ayuda en una decisión comunitaria:

“Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionales -políticas, sociales y mediáticas- en estructuras de Estadoparalelas, poniéndolas al servicio del secesionismo”.

El Parlamento Europeo facilitó la violación de derechos lingüísticos al aprobar, en 2009, una enmienda contraria al propio informe de la comisión de Cultura, que preveía la elección de lengua vehicular de enseñanza allí donde coexistan una o más lenguas oficiales. Los nacionalistas recurrieron al artículo 22 para tratar a los niños hispano-hablantes como extranjeros, eliminando el español del currículo en su anhelo de instaurar un ideal identitario premoderno, totalizante y lingüísticamente unidimensional. Su negaciónde la diversidad cultural catalana está en la fuente de la actual crisis social”.

La segunda afecta de lleno a la crisis del espacio judicial europeo, basado en gran medida en la institución de la euroorden de detención y procedimientos de entrega, creada en 2002 por una Decisión marco del Consejo de la UE y cuyo fundamento no es otro que el reconocimiento mutuo de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Es decir, en la crisis profunda de un espacio comunitario hecho añicos directamente por la decisión del Tribunal Superior del Estado alemán de Schleswig Hollstein que ha puesto en cuestión la euroorden dictada por el juez del Tribunal Supremo español, Pablo Llarena, al aceptar, en estos últimos días, la extradición del ex presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont únicamente por “malversación de caudales públicos”, el menos grave de los tres delitos por los que fue procesado:

“El caso de Puigdemont ilustra tanto las limitaciones actuales del espacio europeo (en este caso, respecto a la Orden de Detención Europea), como la amenaza planteada por el tecno-populismo. Con una decisión “plagada de fallas de procedimiento”, los magistrados regionales equipararon una protesta contra una decisión administrativa en los años 80 con los constantes ataques a la soberanía del Estado [el Estatuto catalán, etc.], es decir, con un golpe de Estado incruento. Destruir “los cimientos del reconocimiento mutuo y de la cooperación judicial” es la forma más segura de desgarrar a la UE”.

Frente a todo ello, los firmantes de la Cartaexpresan su firme rechazo a que“los nacionalismos y populismosnos roben el sueño de un futuro compartido más justo y solidario, ni que desaten su egoísmo, promoviendo el supremacismo y la fractura social como solución a la crisis económica”, señalan que “la única forma de enfrentarse al discurso excluyente de los demagogos es ofrecer a los ciudadanos una narrativa mejor”y reclaman “una mayor integración política de todas las instituciones comunitarias”,poniendo el énfasis en que “La formación de partidos políticos trans-europeos, con programas comunes de solidaridad fiscal, justicia social y cesión de soberanía nacional hacia Europa, consolidaría el concepto de ciudadanía europea”.

La carta refleja un amplio espectro de posiciones políticas y profesiones coincidentes en su rechazo sin paliativos al secesionismo catalán, aunque, mayoritariamente, está firmada por profesores y catedráticos de distintas universidades de España y de otros países. Y, así, junto a Luis Méndiz, sociólogo y educador (jubilado), MA European Studies (Reading), PGCE (Reading), Ángela Herrero, antropóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona-UAB, y Mikel Arteta, Doctor en Filosofía Política por la de Valencia, suscriben la Carta los catedráticos de Derecho Constitucional Teresa Freixes, Francesc de Carreras y Josu de Miguel, de la Universidad Autónoma de Barcelona; Ascensión Elvira, de la Universidad Carlos III, de Madrid; Miguel Revenga, de la Universidad de Cádiz,Francisco Javier Díaz Revorio, de la Universidad de Castilla-La Mancha, e Ignacio Villaverde, de la Universidad de Oviedo; Luis Míguez, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela; Amable Liñán, Catedrático de Mecánica de Fluidos; Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU); Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho Internacional y Europeo y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza; Armando Fernández Steinko, Profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC); Laura Sancho, Catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza; Julián Sauquillo, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Madrid (UAM); Jaime Terceiro, Catedrático de la Universidad de Madrid-UCM; Gabriel Tortella, catedrático emérito de Hª del pensamiento económico; Aurelio Arteta, Catedrático jubilado de Filosofía Moral y Política; Javier Roldán, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada; Juan Ruiz Manero, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante, Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León; Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UCM; Félix Ovejero, Profesor Titular de Ética, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona; Joaquim Coll, ensayista e historiador, ex Profesor Titular de la Universidad de Barcelona; Martín Alonso, escritor y docente jubilado y Doctor en Ciencias Políticas: Elvira Roca Barea, historiadora y profesora de IES en Málaga y Salvador López Arnal, Profesor de Matemáticas de la UNED;

“Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repita en otras regiones ricas de la UE”.

Asimismo, son firmantes de la Carta los escritores Andrés Trapiello, Félix de Azúa, de la Real Academia, Fernando Savater y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; los periodistas Miguel Ángel Idígoras, corresponsal en Londres de RTVE, Arcadi Espada, José María Albert, Antonio Robles, Sergio Fidalgo, director de El Catalán, Vicente Serrano, articulista y experto en leyes electorales,y Rodrigo Vázquez de Prada, director deCrónica Popular;Ana Losada, Presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB); Karl Jacobi, President and founder of Comvort Network; Álex Ramos, médico y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC); Josu Puelles, vicepresidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE); los eurodiputados Javier Nart, Marta Pagazaurtundía, Mª Teresa Giménez-Barbat, Enrique Calvet Chambon, Presidente de Unidos, Libres, Iguales & Solidarios (ULIS), y Teresa Jiménez Becerril; Javier Maurín, ex Portavoz, Junta Municipal Villaverde-Madrid, Plataforma AHORA; Lidia Falcón, abogada y presidenta del Partido Feminista de España; y Francisco Frutos, ex Secretario general del PCE.

Y a su lado, profesores de varias universidades de otros países. Entre ellos, Natacha Bacolla, Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario (Argentina) ;Claus Offe, Professor Emeritus of Political Sociology at the Hertie School of Governance, Berlin; Axel Honneth, Professor of Philosophy at both the University of Frankfurt and Columbia University; Pier Virgilio Dastoli, Professor of Politics and European Institutions at the University of Rome, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo; Samuel Schmidt, Political Scientist, University of Texas, Austin; Samuel Freeman, Avalon Professor of the Humanities and Professor of Philosophy and Law at the University of Pennsylvania, Philadelphia; Cyril Trépier, PhD in Geography, Post-Doc researcher at the Institut Français de Géopolitique, University of Paris-8; y Peter Harvey, teacher and translator, MA (Cambridge), PGCE (Wales).

 

 

 

Carta a Juncker, Tusk y Tajani: Por una Europa mejor integrada

Luis Méndiz || sociólogo y educador (jubilado), MA European Studies (Reading), PGCE (Reading) ||
Ángela Herrero || antropóloga (Barcelona-UAB) ||
Mikel Arteta || Doctor en Filosofía Política (Valencia) ||

Señores presidentes Juncker, Tusk y Tajani:

En la carta “Upholding the rule of law in the European Union” del 31 de octubre, se acusaba al gobierno de ‘violar sistemáticamente el estado de derecho en España’. Francesc de Carreras y Josu de Miguel ya la rebatieron contundentemente, demostrando que fueron las autoridades catalanas, y no el gobierno central, quienes lo violaron. Pero Europa todavía necesita comprender qué ha pasado y por qué, para evitar que algo así se repitaen otras regiones ricasde la UE.

¿Qué ha pasado?Las élites catalanas convirtieron las instituciones regionalespolíticas, sociales y mediáticas- en ‘estructuras de Estado’paralelas, poniéndolas al servicio del secesionismo y vulnerando así la neutralidad administrativa, un principio democrático fundamental. Presionaron a profesores de Universidad, periodistasjueces, usaron a la policía autonómica como policía políticapara espiar a políticos, empresarios y asociaciones, como Sociedad Civil Catalana [premio Ciudadano Europeo 2014], generando un clima de acosoy violencia simbólica que se acompaña ya de una violencia institucional. Pretenden imponernos su arbitraria voluntad, suplantando la legítima coerción del Estado y la vigencia de ley democrática. Esto, junto con las recurrentes campañas para desacreditar a la democracia española, lapropagación de mentiras oficiales, la manipulación de la historiay el adoctrinamiento de los niños en las escuelas, más propio de regímenes totalitarios, vulnera nuestraConstitucióny viola los derechosde millones de catalanes.

Además, han dañado gravemente la economía de una región próspera. La deuda autonómica sólo se sostiene gracias a los fondos estatales (FLA), que suman ya 52.5 miles de millonesde euros;  y, desde el intento de golpe de Estadode septiembre/octubre, más de 4.000 empresasse han ido, mientras que la inversión extranjera caía.

El secesionismo, convertido en un proyecto oligárquico, clasista, identitario y emocional, ha partido la sociedad catalana en dos, con graves consecuencias políticas y económicas para Cataluña y para toda España. El proyecto europeo, democrático y progresista, no puede ser ambiguo con los nacionalismos sin traicionar el fundante principio de solidaridad.

¿Por qué?Esta crisis social, política y económica no es consecuencia del centralismo: España ya es uno de los países más descentralizados del mundo. Las regiones controlan Educación, Sanidad y Servicios sociales; y Cataluña, Navarra o País Vasco disponen incluso de su propia policía autonómica. Navarra y País Vasco, dos de las autonomías más ricas, se benefician incluso de privilegios fiscalesque soninconstitucionales,pero tolerados por los Gobiernos nacionales para mantenerse en el poder.

De hecho, el autogobierno yaha ido demasiado lejos, dado que el alto nivel de autonomía fiscal del que disfrutan las regiones, 1º) dispara la competencia desleal entre ellas, y 2º) niega de hechoel principio desolidaridad. Hay dos razones principales tras estas cesionesde poder y recursos públicos: a) la mala definiciónconstitucional de los límites autonómicos; y b) las estrategias de movilización de los partidos políticos, los socialistas PSOE y PSC en particular, que permitieron a las élites nacionalistas [a cambio de apoyos parlamentarios puntuales para alcanzar el poder] desarrollar procesos de ingeniería etno-lingüística, de ‘construcción nacional’, y asíampliar su poder y su base electoral, haciendo uso de clientelismo y la corrupción sistémica, como muestran el caso Palauo el del clan Pujol. El fomento del nacionalismo, así como elpacto con los separatistas radicalesen 2012 y espolear a las masas en busca deinsolidariospactos fiscales, ayudó a las élites a encubrir parte de esa corrupción.

Sin embargo, la UE también es responsablede esta situación, al menos por lo que respecta a las siguientes 6 cuestiones: 

  1. El Parlamento Europeo facilitó la violación de derechos lingüísticosal aprobar, en 2009, una enmiendacontraria al propioinforme de la comisión de Cultura, que preveía la elección de lengua vehicular de enseñanza allí donde coexistan una o más lenguas oficiales. Los nacionalistas recurrieron al artículo 22 para tratar a los niños hispano-hablantes como extranjeros, eliminando el español del currículo en su anhelo de instaurar un ideal identitario premoderno, totalizante y lingüísticamente unidimensional. Su negación de la diversidad culturalcatalana está en la fuente de la actual crisis social.
  2. Un presupuestointegrado sólo por el 1% del PIBde los EEMM incentiva la secesión en las regiones más ricas porque les ofrece moneda y mercado únicos, pero ahorrándoles la solidaridad fiscal más allá de sus fronteras. Hace poco, los ciudadanos de las prósperas Lombardía y Vénetovotaron abrumadoramente por una mayor autonomía y el próximo paso lógico será la construcción nacional: si creen, como los separatistas catalanes, que podrían reingresar rápidamente en la UE, intentarán incluso independizarse. Luego, en una UE de tan limitada solidaridad fiscal, podrán incluso, siguiendoa varios EEMM, convertirse en paraísos fiscalesy oponernos su competencia desleal.
  3. A pesar del éxito que supuso, hoy el euroestá ampliando -y no reduciendo- la brecha económicainter-regional. La críticaes bien sabida: no tiene sentido que, por culpa de intereses nacionales (exacerbados probablemente con la crisis), el euro siga con las mismas carencias dearticulación políticaque cuando se creó hace 20 años.
  4. El FMI y otras autoridades han mostrado que la ‘austeridad’ retrasa la recuperación económica. Pero los países acreedores (Holanda, Alemania, etc.) volvieron a exigírsela a los deudores en la Cumbre Europea de diciembre. Esta estrategia ya ha castigado injustamente a Portugal, Italia, Grecia y España (los conocidos como ‘PIGS’) y sólo conduce a la ‘irracionalidad y el suicidio colectivos’.
  5. El ‘Brexit’ ejemplifica el fracaso político de la UEy revela los riesgos que acechan tras las lógicas nacionalistas, victimistas e identitarias: un incremento del PIB en el RU superior a la media europea no pudo impedirlo. Las políticas clientelistas y la integración mercantil no hanreforzado el sentimiento de pertenencia a un espacio común de derechos y obligaciones compartidos,a un “demos europeo”.
  6. El caso de Puigdemontilustra tanto las limitaciones actuales del espacio europeo(en este caso, respecto a la Orden de Detención Europea), como la amenaza planteada por el tecno-populismo. Con una decisión “plagada de fallas de procedimiento“, los magistrados regionales equipararon una protesta contra una decisión administrativa en los años 80 con los constantes ataques a la soberanía del Estado [el Estatuto catalán, etc.], es decir, con un golpe de estadoincruento. Destruir “los cimientos del reconocimiento mutuo y de la cooperación judicial” es la forma más segura de desgarrara la UE.

Como ciudadanos europeos, estamos orgullosos de los logrosque hemos alcanzados juntos, desde la libre circulación o la moneda única hasta iniciativas que muestran realmente la voluntad de unir, como el programa Erasmus; y no podemos permitir que los nacionalismos y populismos nos roben el sueño de un futuro compartido más justo y solidario, ni que desaten su egoísmo, promoviendo el supremacismo y la fractura social como solución a la crisis económica. Pero la única forma de enfrentarse al discurso excluyente de los demagogos es ofrecer a los ciudadanos una narrativa mejor.

Reclamamos, por lo tanto, una mayor integración política de todaslas instituciones comunitarias. La formación de partidos políticos trans-europeos, conprogramas comunes de solidaridad fiscal,justicia social y cesión de soberanía nacional hacia Europa, consolidaría el concepto de ciudadanía europea. Confiamos en que sabrán ustedes dar nuevo impulso a esta iniciativa, que ya fue planteada hace 25 años, siguiendo el legado político de Ventotene, Schuman o Monnet, y atendiendo los principios de solidaridad yprogreso para todosque legitiman el proyecto europeo. Asimismo, la UE debería facilitar el avance, entre los países de la eurozona que lo deseen, hacia unos “Estados Unidos de Europa”.

Nodebemos olvidar quela integración económica no fue nunca el fin sino el medio para construir un espacio compartido de soberanía y libertad, de paz y solidaridad entre los pueblos europeos. Y también con el resto del mundo.

*Coordinadores:

  • Luis Méndiz, sociólogo y educador (jubilado), MA European Studies (Reading), PGCE (Reading)
  • Ángela Herrero, antropóloga (Barcelona-UAB)
  • Mikel Arteta, Doctor en Filosofía Política (Valencia)

*Firmantes (a título personal y en orden alfabético)

  • Dolores Agenjo, ex profesora, filóloga (Barcelona)
  • José María Albert de Paco, periodista y asistente de prensa en el Parlamento Europeo
  • Francisco D. Alcobendas, junta directiva de Plataforma AHORA.
  • Martín Alonso, escritor y docente (jubilado), Doctor en Ciencias Políticas (UNED)
  • Santiago Álvarez, profesor y filósofo, Doctor en Filosofía (Sevilla)
  • Cayetana Álvarez de Toledo, historiadora y periodista
  • Javier Anso, SM, abogado y politólogo
  • Rafael Arenas, escritor, Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UAB, ex presidente de Sociedad Civil Catalana (SCC)
  • Omar Astorga, Profesor de Filosofía en la Universidad Central de Venezuela
  • Félix de Azúa, escritor, miembro de la Real Academia Española
  • Natacha Bacolla, Profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Rosario (Argentina), subdirectora de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral
  • Michele Bagella, Professor of Monetary Economics and Dean of the Faculty of Economics, University of Rome-Tor Vergata
  • Susana Beltrán, Profesora Agregada de Derecho Internacional Público de la UAB, ex vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana (SCC), Diputada del Parlamento de Cataluña
  • Víctor F Bermúdez, High School teacher in the Netherlands
  • Enrique Bocanegra, gerente cultural, Máster (Centro de Estudios de la Defensa Nacional CESEDEN)
  • Josep Ramon Bosch, Presidente de la Fundación Joan Boscà
  • Paolo Buchignani, Professore Associato di Storia Contemporanea presso l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria
  • Eduardo Butragueño, ex Profesor de Historia de la Filosofía en la Universidad de Barcelona
  • Gabriel Cabello, Profesor de Historia del Arte en la Universidad de Granada
  • Adolfo Calatrava, Profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Antonio de Nebrija (Madrid)
  • Enrique Calvet Chambon, Presidente de Unidos, Libres, Iguales & Solidarios (ULIS), Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
  • José Calvo González, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Málaga
  • Miguel Candel, Profesor Emérito de Historia de la Filosofía en la Universidad de Barcelona
  • Mª del Rosario Cañete, abogada, ex Profesora de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), miembro del Consejo Nacional del Centro Izquierda de España (dCIDE)
  • Julio Carabaña, Catedrático de Sociología en la Universidad de Madrid-UCM
  • Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional en la UAB, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
  • Emilio J Castilla, NTU Professor of Management and Professor at the MIT Sloan School of Management, Cambridge, Massachusetts, USA
  • Francisco Castilla, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Alcalá de Henares
  • Antonio Cazorla, Professor and Chair (Department of History) at Trent University, Peterborough, Ontario, Canada
  • Asterios Chatziparadeisis, PhD in Statistics Université Pierre et Marie Curie (UPMC Paris-6), former civil servant European Commission, General Secretariat of Research & Technology, Greece
  • Ramiro Cibrián, PhD (Yale), ex Embajador de la Comisión Europea
  • Daniela Coli, Professor of History of Political Philosophy at the Università degli Studi, Firenze
  • Joaquim Coll, ensayista e historiador, ex Profesor Titular de la Universidad de Barcelona, Premio Ciudad de Barcelona 1998, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC)
  • Roger Corcho, asistente en el Parlamento Europeo
  • Juan Antonio Cordero, Professeur à l’École Polytechnique de Paris
  • Pier Virgilio Dastoli, Professor of Politics and European Institutions at the University of Rome, Presidente del Consiglio Italiano del Movimento Europeo
  • Francisco Javier Díaz Revorio, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, Toledo
  • José Luis Díez Ripollés, Catedrático de Derecho Penal y exdirector del Instituto Andaluz de Criminología de la Universidad de Málaga
  • Rafael Dobado, Catedrático de Historia e Instituciones Económicas en la UCM, Miembro de la Real Academia de la Historia
  • Pepe Domingo, abogado, ex parlamentario de Ciudadanos, ex vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC), Presidente de Impulso Ciudadano
  • Ascensión Elvira, Catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Carlos III, Madrid
  • Arcadi Espada, periodista
  • Luciano Espinosa, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Salamanca
  • Lidia Falcón, abogada y escritora, Presidenta del Partido Feminista de España (PFE)
  • Guillermo Fatás, Profesor Emérito de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, miembro de la Real Academia de la Historia
  • Augusto Fenollar, químico, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC), miembro de la Plataforma AHORA
  • Isabel Fernández Alonso, Profesora Titular de Comunicación en la UAB, Barcelona, miembro del Consejo de Dirección de Sociedad Civil Catalana (SCC)
  • Pedro Fernández Herrero, economista, ex Director de Alternativa Ciudadana Progresista (ACP)
  • Carlos Ramón Fernández Liesa, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales y exsecretario general y Vicerrector de la Universidad Carlos III de Madrid, ex Director del Instituto de Estudios Internacionales y Europeos ‘Francisco de Vitoria’
  • Ignacio Fernández Sarasola, Profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo
  • Javier Fernández Sebastián, Catedrático de Historia del Pensamiento Político en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
  • Natividad Fernández Sola, Catedrática de Derecho Internacional y Europeo y Relaciones Internacionales en la Universidad de Zaragoza
  • Armando Fernández Steinko, escritor, Profesor de Ciencia Política y Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de Sociedad Civil Catalana (SCC)
  • Luis Ferruz, escritor y economista, Catedrático de la Universidad de Zaragoza
  • Sergio Fidalgo, escritor y periodista, director de El Catalán, cofundador de Concordia Cívica
  • Maxime Forest, Associate Lecturer and Senior Researcher at the Institut d’Etudes Politiques de Paris (Sciences Po)
  • Samuel Freeman, Avalon Professor of the Humanities and Professor of Philosophy and Law at the University of Pennsylvania, Philadelphia
  • Teresa Freixes, Catedrática de Derecho Constitucional en la UAB, Barcelona, Cátedra Jean Monnet ad Personam, member of the Royal European Academy of Doctors
  • Paco Frutos, ex Secretario General del Partido Comunista de España (PCE)
  • Félix de la Fuente, escritor sobre temas de la UE y ex funcionario del Parlamento Europeo
  • Mª de las Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo en la Universidad de León
  • Manel García, Jefe de Servicios de la Generalitat de Cataluña (Generalitat)
  • Juan Antonio García Amado, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de León
  • María Paz García Rubio, Catedrática de Derecho Civil de la Universidad de Santiago de Compostela
  • Maria Amata Garito, Rettore dell’Università Telematica Internazionale (UNINETTUNO), Roma
  • Maria Gerolemou, Post Doc researcher, Dept of Classics and Philosophy, University of Cyprus
  • Alberto Gil Ibáñez, escritor, cuerpo de Administradores civiles del Estado
  • Mª Teresa Giménez-Barbat, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
  • Maurice Goldring, Professor Emeritus of Irish Studies at the University of Paris-8 Saint-Denis
  • Pedro Gómez, editor
  • Mª del Carmen González Enríquez, Catedrática de Ciencia Política y de Administración en la UNED, Madrid
  • Mª José González Ordovás, Profesora Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Zaragoza
  • Nicholas Green, UK Local Government Officer (retired), Bristol
  • Mauro F Guillén, Anthony L. Davis Director of The Lauder Institute and Dr. Felix Zandman Professor of International Management at The Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia
  • Mª Pilar Gutiérrez, Profesora Titular de Derecho Civil en la Universidad de León
  • Peter Harvey, teacher and translator, MA (Cambridge), PGCE (Wales)
  • Antonio Hermosa, Profesor Titular de Filosofía en la Universidad de Sevilla, director de Araucaria: Revista Iberoamericana de Filosofía, Política y Humanidades
  • Jesús Hernández Alonso, Profesor Titular de Matemáticas en la Universidad de Madrid-UAM
  • Rafael Hernández Marín, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia
  • Alejandro Herrero, ex funcionario, Comisión Europea
  • Liborio L. Hierro, Catedrático Emérito de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM
  • Axel Honneth, Professor of Philosophy at both the University of Frankfurt and Columbia University, director of the Institut für Sozialforschung, Frankfurt
  • Enrique Iáñez, Profesor Titular de Microbiología en la Universidad de Granada
  • Miguel Ángel Idígoras, periodista, corresponsal en Londres para Televisión Española (TVE)
  • Julio Iglesias de Ussel, Catedrático de Sociología en la Universidad de Madrid-UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
  • Victoria Iturralde, Catedrática de Filosofía del Derecho en la Universidad del País Vasco
  • Karl Jacobi, President and founder of Comvort Network
  • José Joaquín Jiménez, Profesor Titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Granada
  • Fernando Jiménez Sánchez, Profesor Titular de Ciencia Política en la Universidad de Murcia
  • Teresa Jiménez Becerril, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
  • Jukka Kekkonen, Professor of Legal History and Roman Law at the University of Helsinki
  • Holm-Detlev Köhler, Profesor de Sociología en la Universidad de Oviedo
  • Mattias Kumm, Professor of Global Public Law at the Center for Global Constitutionalism (WZB) Berlin, and Inge Rennert Professor of Law at the NYU School of Law
  • Pepa Labrador, profesora y filóloga (UAB)
  • Francisco Lapuerta, docente, Doctor en Filosofía
  • Rafa Latorre, periodista
  • Carmen Leal, maestra y filóloga
  • Amable Liñán, Catedrático de Mecánica de Fluidos, Profesor Emérito de la UPM,Associate Professor (Yale), miembro de la Real Academia de Ciencias
  • Carmen López Alonso, Profesora Titular de Historia del Pensamiento Político en la Universidad de Madrid-UCM
  • Salvador López Arnal, Profesor de Matemáticas de la UNED, columnista de El Viejo Topo
  • Ana Losada, Presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB)
  • Fernando Losada, Academy of Finland Research Fellow at the Law Faculty, University of Helsinki
  • Barbara Loyer, Directrice et Professeur à l’Institut Français de Géopolitique de l’Université Paris-8, Comité de Rédaction Hérodote
  • Gorka Maneiro, portavoz de la Plataforma AHORA
  • Araceli Mangas, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas
  • Carlo Marcaccini, Professore alla Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet
  • Ramón Marcos, Abogado de la Seguridad Social
  • Enric Martínez Herrera, Profesor Titular de Ciencias Sociales y Políticas (ANECA), Coordinador general de UNIDOS y SOCIALISTAS + por la Democracia
  • Carlos Martínez Gorriarán, Profesor Titular de Estética y Filosofía en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), editor de El Asterisco
  • Pedro Martínez Ruano, Profesor Titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Almería
  • Javier Maurín, ex Portavoz, Junta Municipal Villaverde-Madrid, Plataforma AHORA
  • Jesús M. de Miguel, MSc (LSE), PhD (Yale), Profesor de la Universidad de Barcelona (jubilado), First ‘Príncipe de Asturias’ Professor at Georgetown University
  • Josu de Miguel, Catedrático de Derecho Constitucional en la UAB, Barcelona
  • Luis Míguez, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Santiago de Compostela
  • Chantal Moll de Alba, Profesora de Derecho Civil en la Universidad de Barcelona, member of theEuropean Society of Construction Law, miembro del grupo de juristas catalanes Llibertats
  • Santiago Mondéjar, consultor y articulista
  • Remedios Morán, Catedrática de Historia del Derecho de la UNED, Madrid
  • Jerónimo Moreno, CEO y asesor comercial, ETEA (Universidad de Córdoba)
  • Miriam Moreno, Doctora en Filosofía (UCM), ex productora de Televisión Española
  • Javier Moscoso, Profesor de Investigación, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
  • Javier Nart, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
  • Claus Offe, Professor Emeritus of Political Sociology at the Hertie School of Governance, Berlin
  • José Javier Olivas-Osuna, PhD (LSE), Researcher at the Conflict & Civil Society Research Unit of the LSE, member of the editorial team LSE Eurocrisis blog
  • José A Olmeda, Catedrático de Ciencias Políticas y ex Decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Madrid
  • Antonio F. Ordóñez, abogado y funcionario de la administración local, Vicecoordinador de ASEC / ASIC (Asamblea Social de la Esquerra de Cataluña)
  • Félix Ovejero, Profesor Titular de Ética, Economía y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona
  • Maite Pagazaurtundúa, Miembro del Parlamento Europeo (MEP)
  • Miguel Peña, Profesor de Bellas Artes de la Universidad de Granada
  • Fernando Peregrín, escritor, Doctor en Física (UCM)
  • Xavier Pericay, filólogo y escritor, Diputado del Parlamento Balear
  • Nuria Plaza, escritora y docente del programa ALBA de Estudios Universitarios en Barcelona
  • Franco Praussello, Professor of International Economics, Director of the Jean Monnet Centre and the Post-Grad School in Economics & Finance of the EU at the University of Genoa
  • Evaristo Prieto, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM
  • Josu Puelles, Vicepresidente del Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (COVITE)
  • Mª Jesús Pujalte, Catedrática de Microbiología de la Universidad de Valencia
  • Hugo Quiroga, Profesor Titular de Teoría Política en las Universidades de Rosario y del Litoral (Argentina), director de la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad del Litoral
  • Álex Ramos, doctor, vicepresidente de Sociedad Civil Catalana (SCC)
  • Miguel Revenga, Catedrático de Derecho Constitucional y Director del Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Universidad de Cádiz (Jerez)
  • Antonio Robles, escritor, Profesor de Filosofía, periodista, ex parlamentario de Ciudadanos, portavoz del Centro Izquierda de España (dCIDE)
  • Elvira Roca, escritora e historiadora
  • Luis Roca, Profesor, escritor y filósofo, Universidad de Barcelona
  • Javier Roldán, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Granada
  • Berta Romera, antropóloga (UAB) y profesora
  • Juan Ruiz Manero, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Alicante
  • Alfonso Ruiz Miguel, Catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Madrid-UAM
  • Pasquale Lino Saccà, Jean Monnet Chair ad Personam Erasmus Network “I Mediterranei” South/East Dialogue
  • Marcos Sánchez, ingeniero y CEO
  • Ramón Sánchez Tabarés, ex profesor de Economía de la Universidad de Barcelona
  • Laura Sancho, Catedrática de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza
  • Sergio Sanz, arquitecto, Diputado del Parlamento de Cataluña
  • Julián Sauquillo, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Madrid (UAM)
  • Fernando Savater, escritor, Profesor de Filosofía (jubilado)
  • Samuel Schmidt, Political Scientist, University of Texas, Austin
  • Vicente Serrano, columnista
  • Carlos Silva, Profesor de inglés, miembro de Unión, Progreso y Democracia (UPYD), Vicepresidente de Impulso Ciudadano y miembro de la Asamblea de la Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB)
  • Carlota Solé, Profesora Emérita de la UAB, Barcelona
  • Francisco Sosa Wagner, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de León
  • Mauricio Suárez, Catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Madrid-UCM
  • Javier Tajadura, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU)
  • Jaime Terceiro, Catedrático de la Universidad de Madrid-UCM, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Premio Rey Juan Carlos I de Economía (2012)
  • Raffaele Torino, Professor of Comparative Private Law and European Union Law & Policies at the University of Roma-Tre
  • Gabriel Tortella, escritor e investigador, Catedrático Emérito de Historia Económica, Premio Rey Juan Carlos I de Economía (1994)
  • Santiago Trancón, escritor y docente, fundador del Centro Izquierda de España (dCIDE)
  • Andrés Trapiello, escritor, poeta, ensayista
  • Cyril Trépier, PhD in Geography, Post-Doc researcher at the Institut Français de Géopolitique, University of Paris-8
  • Enrique Ujaldón, escritor, Profesor de Filosofía Política en la Universidad de Murcia, cofundador de la Plataforma Libres e Iguales
  • Alfonso Valero, Principal Lecturer at the Nottingham Law School (Nottingham Trent University), Deputy Editor of the Nottingham Law Journal, member of the Society of Legal Scholars
  • Guillermo del Valle, abogado, portavoz adjunto de la Plataforma AHORA
  • Mario Vargas Llosa, escritor, Premio Nobel de Literatura (2010)
  • Rodrigo Vázquez de Prada, periodista, Director de la publicación semanal digital Crónica Popular
  • Salvatore Veca, Professor Emeritus of Political Philosophy at the Istituto Universitario di Studi Superiori, Pavia
  • Reyes de la Vega, Profesor Titular de Química en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
  • José Luis Vergara, asesor de comunicación
  • Ignacio Villaverde, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo
  • Mercè Vilarrubias, lingüista y escritora
  • José A Zorrilla, ex embajador de España en Georgia y los Estados del Cáucaso (Tiflis)
  • Michael Zürn, Professor of International Relations at the Free University of Berlin, Director of the Global Governance Unit and Head at the Center for Global Constitutionalism (WZB)
  • Aurelio Arteta, Catedrático jubilado de Filosofía Moral y Política.

Cataluña: en defensa de la verdad

Josu de Miguel || Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona
Francesc de Carreras || Catedrático emérito de Derecho Constitucional de la misma universidad.

El País, 28 de noviembre de 2017.

Respetado presidente Juncker, respetado presidente Tusk:

El 31 de octubre se hizo pública una Carta Abierta, dirigida a ustedes, firmada por varias decenas de académicos, intelectuales y miembros del Parlamento Europeo, en la que se denunciaban supuestas actuaciones de las autoridades españolasantes y después del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre. Entre los firmantes encontramos personalidades que, por distintos motivos, son muy conocidas, como es el caso, entre otros, deGustavo Zagrebelsky, Judith Butler, Philip Pettit, Nancy Fraser, Toni Negri, Étienne Balibar, Arjun Appadurai, Boaventura de Sousa Santoso Yanis Varoufakis.

Dicha carta muestra un sorprendente desconocimiento del asunto que trata, denota una grave ignorancia de la Constitución y las leyes españolas, contiene numerosos errores fácticos y, como no podía ser de otra manera, llega a conclusiones totalmente alejadas de lo que realmente ocurre en Cataluña y en España. Por la categoría de los firmantes y por la falsedad -en algunos casos, sin duda, involuntaria- de sus acusaciones, creemos oportuno dirigirles estas puntualizaciones.

En su primer párrafo ya contiene una afirmación que no puede aceptarse desde cualquier punto de vista mínimamente razonable: “Nos preocupa profundamente que los órganos rectores de la UE toleren la violación sistemática del Estado de derecho en España, en particular el enfoque que las autoridades centrales españolas han dado al referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña”.

En este punto, lo que les debería preocupar a los firmantes, si es que conocen la materia sobre la que opinan, son como mínimo cuatro aspectos fundamentales.

Primero, dicho referéndum, para llamarlo de alguna manera, no tenía las más mínimas garantías democráticas: no se conocía el censo hasta una hora antes del comienzo de la votación, tampoco se hizo pública previamente la composición de las mesas electorales, eran inexistentes la administración electoral y los controles judiciales, todos ellos elementos imprescindibles para que un referéndum merezca tal nombre y puedan conocerse verazmente sus resultados.

Segundo, la ley que regulaba tan insólita votación, se había aprobado tres semanas antes, el día 7 de septiembre, en una sesión parlamentaria de la cámara catalana en la que no se pudo debatir ni enmendar el proyecto de ley que se había presentado, debido a una reciente reforma del reglamento del Parlamento que impedía a las minorías parlamentarias hacer uso de los más elementales derechos de participación reconocidos en la Constitución española. Hay que añadir, también, que la Mesa de la Cámara, por mayoría, hizo caso omiso no sólo de las resoluciones del Tribunal Constitucional sino también del Consejo de Garantías Estatutarias (órgano interno de la Generalitat que emite dictámenes jurídicos) y de los informes de los propios letrados del mismo Parlamento de Cataluña.

Tercero, esta Ley de referéndum tenía por objeto regular el derecho de autodeterminación de Cataluña-un derecho inexistente, tanto desde el punto de vista de la normativa española como de la internacional- y afirmaba en sus primeros artículos que el pueblo de Cataluña era soberano y que dicha ley era jerárquicamente superior a la Constitución, al Estatuto de Cataluña y al resto del ordenamiento jurídico.

Cuarto, el Parlamento de Cataluña, cámara legislativa de la Comunidad Autónoma, no es competente para regular, y el presidente de la Generalitat tampoco lo espara convocar un referéndum cuyo resultado afecta necesaria y directamente a todos los españoles. Para conseguir la finalidad que tal referéndum pretende, debe procederse, en su caso, y dado que España es un Estado democrático de derecho, a una reforma constitucional que, como indicó el Tribunal Constitucional en sentencia reciente, es siempre posible dado que la Constitución española no tiene cláusulas, como la tienen otros estados europeos, que prohíban su revisión total. Ahora bien, dado que España es también una democracia constitucional, para tal reforma se deben seguir los procedimientos específicos que figuran en el título X de la Constitución.

Por tanto, si el “enfoque de las autoridades centrales españolas respecto al referéndum del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña”, tal como dice el texto de la Carta Abierta, es un dato, se supone que muy importante, para sostener que en España “se viola sistemáticamente el Estado de derecho”, es evidente que esta afirmación no tiene fundamento alguno. Por el contrario, es la ley catalana -inmediatamente suspendida por el Tribunal Constitucional, de acuerdo con el art. 161.2 de la Constitución- la que vulnera de forma ostentosa, no sólo la Constitución sino los más elementales principios democráticos y, por supuesto, la legalidad española. Lamentamos que los firmantes de la Carta citada no se hubieran preocupado de conocer todo este irregular proceso legislativo, tanto en la forma como en el fondo, antes de proceder a suscribirla.

Se equivocan también los firmantes de la Carta Abierta al denunciar que las autoridades españolas, incluidos los jueces y tribunales ordinarios, así como el Tribunal Constitucional, han vulnerado los derechos fundamentalesrecogidos en los tratados internacionales.

Una acusación tan grave debería argumentarse debidamente. Sin embargo, sorprende que la Carta no aporte ningún dato concreto, más allá de consideraciones generales sin especificar, que justifique la vulneración de derechos fundamentales por parte de la legislación española. En cuanto a la aplicación de esta legislación durante las últimas y conflictivas semanas, sostener que las autoridades españolas -gubernativas y judiciales- hanviolado los derechos de reunión y manifestación pacífica, de expresión y de participación política, como se afirma en la Carta, es faltar a la verdad de forma palmaria.

En primer lugar, la manifestación del 20 de septiembre, a causa de la cual están en prisión condicional, como medida cautelar, los señores Sánchezy Cuixart, no fue en modo alguno pacífica: se destrozaron tres coches de la Guardia Civil mientras ésta, por orden judicial, procedía al registro de un edificio de la Administración Pública catalana; se impidió durante bastantes horas la salida de la secretaria judicial que, en nombre del juez, estaba presente en el registro para garantizar su regularidad jurídica; y hasta las siete de la mañana siguiente – 23 horas después de su entrada-, los guardias civiles no pudieron salir del edificio por impedirlo los manifestantes, encabezados por Sánchez y Cuixart. Por tanto, la manifestación, que duró casi un día entero, no fue en modo alguno pacífica sino que vulneró derechos de quienes, por orden judicial, estaban cumpliendo con el deber de actuar como policía judicial.

En segundo lugar, afirmar como hace la Carta Abierta, que en los días previos al referéndum (sic) del 1 de octubre, las autoridades españolas tomaron una serie de “medidas represivas”contra funcionarios, miembros del Parlamento regional, alcaldes, empresas públicas y privadas, es totalmente incierto. Tales medidas no fueron en absoluto “represivas” sino adoptadas con todas las garantías constitucionales por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en ejecución de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió las normas y actos cuya finalidad fuera llevar a cabo un referéndum regulado por una ley entonces suspendida, por tanto, inaplicable, y pocos días después declarada inconstitucional mediante la correspondiente sentencia. Acusar de “represiva” una medida adoptada por un juez sólo puede sostenerse si se demuestra que es arbitraria, contraria a derecho y, por supuesto, también a los derechos fundamentales reconocidos en derecho internacional. Nada de eso se ha probado, ni siquiera se ha intentado argumentar, en la Carta Abierta.

En tercer lugar, respecto a la jornada del 1 de octubre, en la Carta citada no se menciona un hecho decisivo: según las competencias establecidas en el Estatuto de Cataluña, el cuerpo de policía encargado de impedir la celebración del referéndum ilegal era la policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra). Por esta razón recibió instrucciones de la juez que llevaba el caso. Peroesta policía no cumplió dicho encargo judicial-sus jefes están ahora siendo investigados por si procede su procesamiento- y debió ser sustituida precipitadamente por la Policía Nacional (cuerpo estatal). En consecuencia, a esta Policía Nacional se le tendió una auténtica emboscadaque propició situaciones complicadas en las que fue necesario, como tantas veces en una manifestación, el uso de la fuerza física.

Sin embargo, a pesar de la cifra proporcionada por la Generalitat de casi 900 heridos, lo cierto es que el empleo de esta fuerza física fue muy limitado. La prueba es quesólo tuvieron que ser atendidos en los hospitales cuatro personas: dos de ellas fueron dadas de alta inmediatamente, otra sufrió un infarto de miocardio sin consecuencias mortales -del que no puede responsabilizarse a la policía- y sólo una cuarta fue herida en un ojo por un disparo de pelotas de goma y tuvo que ser intervenida en un centro médico. De las imágenes difundidas en las redes sociales se supo, en los días siguientes (The Guardian, Le Mondeo El País, entre otros, lo averiguaron) que muchas de ellas pertenecían a cargas policiales efectuadas en otros tiemposy circunstancias, no el día 1 de octubre, lo cual demuestra la mala fe de las noticias difundidas, parte de la campaña de propaganda orquestada por las organizaciones independentistas catalanas en connivencia con la Generalitat.

Por tanto, no puede afirmarse, como hace la Carta Abierta, que “la policía española actuó con excesiva fuerza y violencia contra votantes y manifestantes pacíficos”, ni que el uso de la fuerza fuera desproporcionado y abusivo. Si así hubiera sido, no tiene explicación alguna que pudieran votar, según cifras suministradas por los organizadores, de veracidad indemostrable por la falta de garantías electorales, alrededor de dos millones y medio de ciudadanos catalanes.

Sin embargo, lo más sorprendente de la Carta Abierta, que aparentemente tan preocupada está por el Estado de derecho en España, es que no se refiera en ningún momento a la continuada desobediencia del Parlamento y el Gobierno catalána la Constitución, al Estatuto de Cataluña, a las demás normas del ordenamiento jurídico y a las sentencias judiciales. En concreto, puede afirmarse que durante los meses se septiembre y octubre, estas autoridades autonómicas han actuado con un total desprecio a la Constitución, a las leyes vigentes y a las resoluciones judiciales: en diversas ocasiones han proclamado que no estaban dispuestos a respetar las leyesy cumplir las sentencias. También sorprende que la Carta no muestre preocupación alguna por las más que fundadas sospechas de corrupción de las autoridades catalanas al emplear desde hace años fondos públicos de la Generalitat en la financiación de todas estas actividades partidistas a favor de la independencia. Por este motivo, algunos de los políticos procesados están siendo acusados, entre otros delitos, de malversación de caudales públicos.

Por todo ello, resulta un sarcasmo que la Carta acuse al Gobierno central y a los tribunales de actuar al margen de los estándares del Estado de derechoeuropeo garantizado por los Tratados de la Unión Europea y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando, precisamente, quienes han actuado al margen de las leyes, incluso del Estatuto de la autonomía catalana y de las propias normas de la Generalitat de Cataluña, han sido las autoridades catalanas.

En efecto, desde enero de 2013 las autoridades catalanas han desafiado al Estado de derecho español en numerosas e importantes ocasiones, que no es posible resumir aquí, pero que son perfectamente conocidas. Ello ha culminado en este pasado mes de septiembre, con la aprobación de la ley de referéndum y la ley de transitoriedad jurídica, que reemplazaban el orden constitucional en el territorio de Cataluñapor otro nuevo y distinto sin legitimidad democrática alguna. Frente a ello, el Gobierno español, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, es decir, con una mayoría abrumadora del Congreso de los Diputados, no sólo interpuso recursos por la vía jurisdiccional, en especial ante el Tribunal Constitucional, sino que dio diversos plazos al Parlamento y al Gobierno catalán para que rectificara. Al no hacerlo y declarar, por supuesto sin efectos jurídicos, la independencia de Cataluña el día 27 de octubre, se aprobó en el Senado la propuesta del Gobierno de tomar medidas extraordinarias, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, a la vez que disolvía el Parlamento catalán y convocaba elecciones para el 21 de diciembre. Obviamente, tanto esta decisión como las demás que se adopten en virtud del despliegue de este artículo 155 CE, están sometidas a los correspondientes controles judiciales.

En conclusión, al margen de las simpatías ideológicas que puedan despertar las aspiraciones separatistas encaminadas a la ruptura de la integridad territorial española, consideramos que al restaurar el orden constitucional en Cataluña mediante la aplicación del artículo155 CE, las autoridades españolas están también garantizando el Estado de derecho comunitario. Ello no es óbice, por supuesto, que en el futuro se puedan cometer actuaciones ilegales o desproporcionadas que vulneren derechos fundamentales y violen el principio democrático. En este supuesto, no dudaremos en denunciar cualquier acto arbitrariode los poderes públicos que suponga una amenaza para la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Pero no es este el caso.

Y es por todo ello que consideramos infundadas y parciales las argumentaciones expuestas en la Carta Abierta a la que damos réplica, tanto en su relato de los hechos como en su fundamentación jurídica basada en la normativa española, europea e internacional. Opinión que, dada nuestra responsabilidad pública como académicos e intelectuales, hemos querido trasladar a ustedes para su conocimiento.

Josu de Migueles profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona y Francesc de Carreras, catedrático emérito de Derecho Constitucional de la misma universidad.

Firman con ellos este artículo decenas de académicos e intelectuales, entre ellos: Manuel Aragón Reyes, Pablo Pérez Tremps, Tomás Ramón Fernández Rodríguez, Santiago Muñoz Machado, Roberto Luis Blanco Valdés, Paloma Biglino, Francisco Sosa Wagner, Joaquín Tornos, Araceli Mangas Martín, Luciano Parejo Alfonso, Teresa Freixes, José Esteve Pardo, Luis Jimena Quesada, Javier García Roca y Javier Corcuera Atienza.


La defensa del estado de derecho en la Unión Europea

Albena Azmanova, Barbara Spinelli, and co-signatories ||

3 de Noviembre del 2017

Estimado Presidente Juncker, estimado Presidente Tusk:

Somos académicos, políticos, intelectuales de la esfera pública y miembros del Parlamento Europeo y os escribimos para manifestar nuestra preocupación.

La Unión Europea ha proclamado que los principios del Estado de Derecho y el respeto por los derechos fundamentales y las libertades son compromisos vinculantes para todos sus Estados Miembros (Artículos 2 y 6 del Tratado de Lisboa). Los mandatarios de la UE han sido firmes defensores de estas normas fundamentales, como demuestran la reciente oposición contra los intentos del gobierno polaco de socavar la independencia de su sistema judicial y contra las acciones del gobierno de Hungría dirigidas a limitar las libertades de la sociedad civil y de los medios de comunicación.

Sin embargo, manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que los órganos de gobierno de la UE estén consintiendo la vulneración del Estado de Derecho en España, en especial en relación a la respuesta del gobierno central Español al referéndum de independencia de Cataluña del pasado 1 de Octubre. Cabe destacar que no nos posicionamos políticamente en relación a la disputa sobre la soberanía territorial y que somos conscientes de los déficits procesales de la organización del referéndum; nuestra preocupación está relacionada con el uso del Estado de Derecho tal y como ha sido practicado por un estado miembro de la UE.

El gobierno español ha justificado sus acciones alegando la defensa o restauración del orden constitucional. La Unión Europea ha declarado que se trata de un asunto interno de España. En efecto, en las democracias liberales los debates sobre soberanía nacional pertenecen al dominio de la política interna. Sin embargo, el modo en que las autoridades españolas han gestionado las reivindicaciones de independencia de una parte significativa de la población de Cataluña constituye una violación del Estado de Derecho. En concreto:

1/ El Tribunal Constitucional Español ha prohibido el referéndum de independencia de Cataluña previsto para el día 1 de Octubre, así como la sesión del Parlamento catalán del día 9 de Octubre basándose en que estas acciones planeaban violar el Artículo 2 de la Constitución Española. Este Artículo estipula que la unidad de la nación española es indisoluble y, por lo tanto, la secesión es ilegal. Sin embargo, al forzar la aplicación del Artículo 2 el Tribunal ha vulnerado las disposiciones constitucionales en relación a la libertad de reunión pacífica y de expresión – dos derechos inherentes a referéndums y debates parlamentarios independientemente del tema de debate. Sin ánimo de interferir en las controversias constitucionales de España ni en el código Penal español observamos que es absurdo implementar una disposición constitucional mediante la violación de derechos fundamentales. Es en este aspecto que los dictámenes del Tribunal y las acciones del gobierno español sustentadas legalmente en esas sentencias vulneran el espíritu y la letra del Estado de Derecho.

 

2/ Durante los días que precedieron al referéndum las autoridades españolas emprendieron una serie de acciones represivas contra funcionarios, diputados del parlamento, alcaldes, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. El bloqueo de Internet y otras redes de telecomunicaciones durante y después de la campaña del referéndum tuvieron también serias consecuencias en el ejercicio de la libertad de expresión.

3/ Durante el día del referéndum la policía española ejerció un uso excesivo de la fuerza y de la violencia contra votantes y manifestantes pacíficos, según los informes de Human Rights Watch. Este uso desproporcionado de la fuerza es, sin lugar a dudas, un abuso de poder en el intento de asegurar el cumplimiento de la ley.

4/ La detención y encarcelamiento el 16 de Octubre de los activistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez (Presidentes de Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana respectivamente) bajo los cargos de sedición es un error judicial. Los hechos que justificaron esta acusación no pueden ser calificados de sedición, sino de un libre ejercicio del derecho a manifestación pública tipificado en el Artículo 21 de la Constitución Española.

El gobierno español, en sus esfuerzos por salvaguardar la soberanía del estado y la indivisibilidad de la nación ha vulnerado derechos y libertades fundamentales garantizados en la Convención Europea de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como también los Artículos 2 y 6 de la ley fundamental de la UE (el Tratado de Lisboa). La violación de derechos y libertades fundamentales protegidos por la legislación internacional y comunitaria no puede ser visto como un asunto interno de ningún gobierno. El silencio de la UE y su rechazo a una mediación innovadora es injustificable.

Las acciones del gobierno español no se pueden justificar argumentando la protección del Estado de Derecho, por mucho que se basen en disposiciones legales específicas. A diferencia del mero imperio de la ley (en el que se gobierna en base a normas promulgadas por el proceso legal vigente o formuladas por una autoridad pública), el Estado de Derecho implica además la salvaguarda de los derechos y libertades fundamentales. Son estas normas las que hacen que una ley sea vinculante no sólo en el sentido de ser procesalmente correcta sino, sobre todo, en el de respetar la justicia. Es el Estado de Derecho entendido de este modo el que otorga legitimidad a una autoridad pública en las democracias liberales.

Es por todo esto que pedimos a la Comisión que examine la situación en España desde el marco del Estado de Derecho, como ha hecho en el pasado con otros Estados Miembros.

Los dirigentes de la UE han reiterado que la violencia no puede ser un instrumento político, pero al mismo tiempo han consentido implícitamente las acciones de la policía española y han considerado que las acciones del gobierno español son acordes al Estado de Derecho. Esta visión simplista y sesgada del Estado de Derecho no debería convertirse en el nuevo sentido común político de Europa. Esta visión es peligrosa y tiene riesgos que podrían dañar la Unión a largo plazo. Por ese motivo pedimos al Consejo Europeo y a la Comisión que hagan todo lo que sea necesario para restaurar el principio del Estado de Derecho como fundamento de una democracia liberal en Europa a través de la oposición a cualquier forma de abuso de poder cometido por Estados Miembros. Sin esto, y sin un intento serio de mediación política, la UE arriesga perder la confianza y compromiso de sus ciudadanos.

Mientras tanto la crisis se ha agravado (el gobierno catalán ha sido detenido, se ha dictado una orden de detención contra el señor Puigdemont). Seguimos de cerca la situación con los intereses de la democracia en Cataluña, España y Europa en mente, ya que todos ellos son inseparables e insistimos de nuevo en la importancia del seguimiento de la UE en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de todas las partes.

On the initiative of Albena Azmanova (University of Kent) and Barbara Spinelli (writer, Member of the European Parliament)

Co-signatories (in personal capacity):

  • Etienne Balibar, université Paris Nanterre and Kingston University London
  • David Gow, editor, Social Europe
  • Kalypso Nicolaidis, Oxford University, Director of the Center for International Studies
  • Mark Davis, University of Leeds, Founding Director of the Bauman Institute
  • Cristina Lafont, Northwestern University (Spanish citizen)
  • Ash Amin, Cambridge University
  • Yanis Varoufakis, DiEM25 co-founder
  • Rosemary Bechler, editor, openDemocracy
  • Gustavo Zagrebelsky professor of constitutional law, University of Turin
  • Antonio Negri, Philosopher, Euronomade platform
  • Costas Douzinas, Birkbeck, University of London
  • Robert Menasse, writer, Austria
  • Dimitrios Papadimoulis, Vice President of the European Parliament (GUE-NGL)
  • Ulrike Guérot, Danube University Krems, Austria & Founder of the European Democracy Lab, Berlin 
  • Judith Butler, University of California, Berkeley and European Graduate School, Switzerland
  • Philip Pettit, University Center for Human Values, Princeton University (Irish citizen)
  • Josep-Maria Terricabras, Member of European Parliament (Greens/EFA)
  • Hauke Brunkhorst, University of Flensburg
  • Judit Carrera, Centre for Contemporary Culture of Barcelona
  • Gabriele Zimmer, Member of European Parliament (President, GUE/NGL)
  • Philippe Schmitter, European University Institute, Florence
  • Bart Staes, Member of European Parliament (Flemish Greens)
  • Marie-Christine Vergiat, Member of European Parliament (GUE-NGL)
  • Jón Baldvin Hannibalsson, former minister for foreign affairs and external trade of Iceland   
  • Diana Wallis, former Vice President of the European Parliament
  • Craig Calhoun, President, Berggruen Institute; Centennial Professor at the London School of Economics and Political Science (LSE)
  • Jane Mansbridge, Kennedy School of Government, Harvard University
  • Josu Juaristi Abaunz, Member of European Parliament (GUE-NGL)
  • Alyn Smith, Member of the European Parliament (Greens/EFA)
  • Thor Gylfason, University of Iceland and Research Fellow at CESifo, Munich/former member Iceland Constitutional Council 2011
  • Jordi Solé, Member of European Parliament (Greens/EFA)
  • Judith Revel, Université Paris Nanterre
  • Seyla Benhabib, Yale University; Catedra Ferrater Mora Distinguished Professor in Girona (2005)
  • Arjun Appadurai, Institute for European Ethnology, Humboldt University, Berlin 
  • Susan Buck-Morss, CUNY Graduate Center and Cornell University
  • Ramon Tremosa i Balcells, Member of European Parliament (Alde)
  • Anastasia Nesvetailova, Director, City Political Economy Research Centre, City University of London
  • Nancy Fraser, The New School for Social Research, New York (International Research Chair in Social Justice, Collège d’études mondiales, Paris, 2011-2016)
  • Jill Evans, Member of the European Parliament (Greens/EFA)
  • Regina Kreide, Justus Liebig University, Giessen
  • Jodi Dean, Hobart and William Smith Colleges, Geneva NY
  • Tatjana Zdnoka, Member of the European Parliament (Greens/EFA)
  • Wendy Brown, University of California, Berkley
  • Roberta De Monticelli, University San Raffaele, Milan.
  • Sophie Wahnich, directrice de recherche CNRS, Paris
  • Christoph Menke, University of Potsdam, Germany
  • Tanja Fajon, Member of the European Parliament (S&D)
  • Robin Celikates, University of Amsterdam 
  • Eric Fassin, Université Paris-8 Vincennes – Saint-Denis
  • Paul Molac, Member of the French Parliament (écologiste)
  • Alexis Cukier, Université Paris Nanterre
  • Diogo Sardinha, university Paris/Lisbon
  • Luke Ming Flanagan, Member of the European Parliament (GUE-NGL)
  • Dario Castiglione, University of Exeter
  • Hamit Bozarslan, EHESS, Paris  
  • Frieder Otto Wolf, Freie Universität Berlin
  • Gerard Delanty, University of Sussex
  • Boaventura de Sousa Santos, Coimbra University and University of Wisconsin-Madison
  • Sandro Mezzadra, Università di Bologna
  • Camille Louis, University of Paris 8 and Paris D
  • Philippe Aigrain, writer and publisher
  • Yann Moulier Boutang and Frederic Brun, Multitudes journal
  • Anne Querrien and Yves Citton, Multitudes journal
  • Bruce Robbins, Columbia University
  • Michèle Riot-Sarcey, université Paris-VIII-Saint-Denis
  • Zeynep Gambetti, Bogazici University, Istanbul (French citizen)
  • Andrea den Boer, University of Kent, Editor-in-Chief, Global Society: Journal of Interdisciplinary International Relations
  • Moni Ovadia, writer and theatre performer
  • Merja Kyllönen, Member of the European Parliament (GUE/NGL)
  • Guillaume Sibertin-Blanc, Université Paris 8 Saint-Denis 
  • Peter Osborne, Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University, London
  • Ilaria Possenti, University of Verona
  • Nicola Lampitelli, University of Tours, France
  • Yutaka Arai, University of Kent
  • Enzo Rossi, University of Amsterdam, Co-editor, European Journal of Political Theory
  • Petko Azmanov, journalist, Bulgaria
  • Etienne Tassin, Université Paris Diderot
  • Lynne Segal, Birkbeck College, University of London
  • Danny Dorling, University of Oxford 
  • Maggie Mellon, social policy consultant, former executive member Women for Independence 
  • Vanessa Glynn, Former UK diplomat at UKRep to EU 
  • Alex Orr, exec mbr, Scottish National Party/European Movement in Scotland
  • Bob Tait, philosopher, ex-chair Langstane Housing Association, Aberdeen 
  • Isobel Murray, Aberdeen University
  • Grahame Smith, general secretary, Scottish Trades Union Congress
  • Igor Šoltes, Member of the European Parliament (Greens/EFA)
  • Pritam Singh, Oxford Brookes University
  • John Weeks, SOAS, University of London 
  • Jordi Angusto, economist at Fundació Catalunya-Europa 
  • Leslie Huckfield, ex-Labour MP, Glasgow Caledonian University
  • Ugo Marani, University of Naples Federico II and President of RESeT 
  • Gustav Horn, Scientific Director of the Macroeconomic Policy Institute of the Hans Böckler Stiftung 
  • Chris Silver, journalist/author 
  • François Alfonsi, President of EFA (European Free Alliance)
  • James Mitchell, Edinburgh University
  • Harry Marsh, retired charity CEO 
  • Desmond Cohen, former Dean, School of Social Sciences at Sussex University
  • Yan Islam, Griffith Asia Institute
  • David Whyte, University of Liverpool
  • Katy Wright, University of Leeds
  • Adam Formby, University of Leeds 
  • Nick Piper, University of Leeds
  • Matilde Massó Lago, The University of A Coruña and University of Leeds
  • Jim Phillips, University of Glasgow
  • Rizwaan Sabir, Liverpool John Moores University
  • Pablo Ciocchini, University of Liverpool
  • Feyzi Ismail, SOAS, University of London
  • Kirsteen Paton, University of Liverpool
  • Stefanie Khoury, University of Liverpool 
  • Xavier Rubio-Campillo, University of Edinburgh
  • Joe Sim, Liverpool John Moores University
  • Paul Molac, Member of the French Parliament
  • Hannah Wilkinson, University of Keele
  • Gareth Dale, Brunel University
  • Robbie Turner, University of St Andrews
  • Will Jackson, Liverpool John Moores University
  • Louise Kowalska, ILTUS Ruskin University
  • Alexia Grosjean, Honorary member, School of History, University of St Andrews
  • Takis Hadjigeorgiou, Member of the European Parliament (GUE-NGL)
  • Paul McFadden, York University
  • Matthias E. Storme, Catholic University of Leuven
  • Phil Scraton, Queen’s University Belfast
  • Oscar Berglund, University of Bristol
  • Michael Lavalette, Liverpool Hope University
  • Owen Worth, University of Limerick
  • Ronnie Lippens, Keele University
  • Zoë Dingwall, political adviser EFA (European Free Alliance)
  • Andrew Watterson, Stirling University
  • Steve Tombs, The Open University
  • Emily Luise Hart, University of Liverpool
  • David Scott, The Open University
  • Anders Eriksson, bureau EFA (European Free Alliance), European Parliament
  • Bill Bowring, Birkbeck College, University of London
  • Sofa Gradin, King’s College London
  • Michael Harrison, University of South Wales
  • Ana Manzano-Santaella, University of Leeds
  • Noëlle McAfee, Emory University
  • Peter J. Verovšek, University of Sheffield 
  • Peter Dews, University of Essex
  • Martin Matuštík, Arizona State University
  • Camil Ungureanu, Pompeu Fabra University, Barcelona 
  • Dafydd Huw Rees , Cardiff University
  • Patrick Le Hyaric, Member of the European Parliament (GUE-NGL)
  • Hans-Peter Krüger, University of Potsdam 
  • Loren Goldman, University of Pennsylvania
  • Federica Gregoratto, University of St.Gallen
  • Rurion Soares Melo, Universidade de São Paulo
  • Pieter Duvenage, Cardiff University and editor, Journal for Contemporary History
  • Chad Kautzer, Lehigh University
  • Peter A. Kraus, University of Augsburg
  • David Ingram, Loyola University  of Chicago
  • Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal
  • Peter Bußjäger, Institut für Föderalismus, Innsbruck
  • Nelly Maes, Former Member of the European Parliament, former President of European Free Alliance
  • Helmut Scholz, Member of the European Parliament (GUE/NGL)
  • Michel Seymour, Université de Montréal
  • Simon Toubeau, University of Nottingham
  • Georg Kremnitz, Universität Wien
  • Keith Gerard Breen, Queen’s University Belfast
  • Alan Price, Swansea University
  • Fernando Ramallo, Universidade de Vigo
  • Nicolas Levrat, University of Geneva, Director of the International Law Department
  • Jordi Matas, Professor of Political Science, University of Barcelona
  • Simon Toubeau, University of Nottingham
  • María Pilar García Negro, University of Coruña
  • María do Carme García Negro, University of Santiago de Compostela
  • Francisco Rodríguez, writer
  • Carme Fernández Pérez-Sanjulián, University of Coruña
  • Patrice Poujade, Université de Perpignan
  • Colin H Williams, Cardiff and Cambridge  University
  • Nicolas Berjoan, Université de Perpignan
  • Joan Peitavi, Université de Perpignan
  • Alà Baylac-Ferrer, Université de Perpignan
  • Guglielmo Cevolin, University of Udine
  • Robert Louvin, Professor of Comparatve Law, University of Calabria
  • Günther Dauwen, Secretary General of the Centre Maurits Coppieters
  • Bart Maddens, Catholic University of Leuven
  • Alan Sandry, Swansea University
  • Justo Serrano Zamora, Bavarian School of Public Policy
  • Ivo Vajgl, Member of the European Parliament (Alde)
  • Alberto Aziz Nassif, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México
  • Sandrina Antunes, University of Minho, Portugal
  • Pablo Beramendi, Duke University
  • Nico Krisch, Graduate Institute of International and Development Studies, Geneva
  • Miguel Urbán Crespo, Member of the European Parliament (GUE/NGL)
  • Yasha Maccanico, University of Bristol and “Statewatch”
  • Thierry Dominic, l’Université de Bordeaux
  • Richard Norton-Taylor writer on defence and security, trustee of Liberty
  • Paola Pietrandrea, Université François Rabelais de Tours, and DiEM25
  • Josep Ramoneda, philosopher and writer, Catalonia/Spain
  • José Luís Rodrigues, DiEM25, Portugal
  • Marie Pierre Vieu, member of the European Parliament, (GUE/NGL)
  • Geneviève Fraisse, Centre national de la recherche scientifique, France (CNRS)
  • Sandra Halperin, Director, Centre for Islamic and West Asian Studies,  Royal Holloway, University of London,
  • Mario Diani, University of Trento
  • Angelina Ilieva, Chicago University
  • Elettra Stimilli, la Sapienza Università di Roma
  • Yves Sintomer, Université de Paris 8
  • Donatella della Porta, Director of Centre of Social Movements Studies, Scuola Normale Superiore, Florence

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1 comentario de “Carta a la UE: “El proyecto europeo no puede ser ambiguo con los nacionalismos”

  1. Julio Reyes Rubio
    15 julio, 2018 at 22:44

    En mi ensayo:Al-Ándalus:¿Realidad politica futura? incluyo el problema de los nacionalismos en Europa y si no inocula un remedio contra esta plaga,Europa se desintegrara en multiples reinos-taifas implantandola estructura politica de la antiguedad es decir ciudades-Estado.He aqui mi articulo:En Europa a pesar de la tendencia a la unificación con la construcción de la UE (Unidad Europea) a la que se han incorporado nueve Estados procedentes del Este de Europa, hay algunos movimientos nacionalistas que llevan un largo período de tiempo por la independencia de sus regiones.
    La globalización ha acabado con las fronteras pero en pleno siglo XXI hay una serie de pueblos que reivindican una bandera propia en Europa. Algunos de estos movimientos utilizan como arma para conseguir su proyecto el terrorismo, tal es el caso de IRA en Irlanda del Norte, ETA en España, mientras que otros se han alejado de la violencia como Cataluña y Galicia en España, el movimiento galés y escocés en Gran Bretaña, flamencos y valones en Bélgica, el movimiento de Sicilia y Padonia en Italia etc., y otros han hecho grandes avances por el contacto con otros movimientos nacionalistas europeos.
    Afortunadamente se han producido un avance en la erradicación de la violencia en general en el movimiento nacionalista europeo en este tiempo, siendo el más importante los siguientes:

    1ª) El IRA y su proceso de paz en Irlanda del Norte

    En 1998, tras el sangriento atentado de Omagh, el IRA abandono definitivamente la lucha armada y consiguió que el Reino Unido le devuelva Irlanda del Norte. Se firman unos Acuerdos donde los nacionalistas del Ulster se comprometían a la lucha pacífica por la vía democrática. Actualmente está región está gobernada por una coalición de unionistas y católicos que están consiguiendo llevar la estabilidad a esta región independientemente que los radicales del IRA Auténtico sigan cometiendo atentados siendo el último en agosto del 2010 pero sin víctimas mortales.

    2ª) Escocia y Gales en el Reino Unido.

    Independientemente del IRA en Irlanda del Norte, Gran Bretaña tiene otras regiones cuyas ansias independentistas han surgido hace varios siglos, es el caso de Gales que fue sometida por los ingleses en el siglo XII y también Escocia, se vio obligada a unirse a Inglaterra en 1707 tras caer en bancarrota y ahora siguen sus aspiraciones de independencia por la vía política.En Gales, el partido nacionalista Cymru no tiene muchos partidarios pero en Escocia,el Partido Nacional Escocés gobierna desde el 2007 la primera vez de su historia.

    3ª) Córcega en Francia.

    Aunque el nacionalismo vasco no esta desarrollado apenas en Francia, sin embargo el nacionalismo corso que a pesar de ser anexionada por Francia en el siglo XVIII existe un fuerte sentimiento nacionalista y actualmente hay muchas organizaciones activas siendo la más importante el Frente de Liberación Nacional Corso.

    4ª) Flamencos y Valones en Bélgica.

    La escisión de Bélgica en dos regiones, los valones del sur y los flamencos del norte es una tradición en este país, que se fundó en el año 1830. Además de sus diferentes lenguas (la flamenca en el norte y el francés en el sur) los flamencos imputan a los valones de vivir a sus expensas y este conflicto económico sino se soluciona llevara a este Estado a un debacle institucional que origina una inestabilidad política continua difícil de soslayar y que si no se supera en el futuro, Bélgica irremediablemente se desintegrara.

    5ª) Movimientos nacionalistas en Italia

    Italia, país moderno fundado el año 1861 fruto de la iniciativa del rey Víctor Manuel II de Saboya auxiliado por políticos de talla como Cavour y Mazzini y héroes populares como Garibaldi, también es objeto de movimientos nacionalistas donde destacan el nacionalismo de Sicilia y la Padonia o Liga Norte. En el sur, se creo un movimiento por la autonomía de Raffaele Lombardo y en la Italia septentrional la Liga Norte del ultraconservador Umberto Bossi, que ha sido aliado junto a Berlusconi en el gobierno de Italia.

    6ª) Bosnia en la exYugoslavia.

    A final de la guerra de los Balcanes en 1995, se formó un país con una estructura muy débil en relación con la República serbia de Bosnia donde serbios y la federación de croatas y musulmanes forman la Federación de Bosnia-Herzegovina. Todavía no hay una estabilidad que pueda garantizarse la gobernabilidad de esta región en el futuro porque en cualquier momento el homenaje que se celebro recientemente al nacionalista serbio bosnio Radovan Karadzic, imputado de genocidio en la guerra, puede provocar una nueva crisis.

    7ª) Kosovo en la exYugoslavia.

    Los albaneses manifiestan que llegaron a Kosovo antes que los serbios y Serbia en cambio informa que este territorio es el origen de su pueblo y su civilización.
    Tras la intervención de la OTAN con la complicidad de la UE,el gobierno de Milosevic tuvo que pedir el armisticio y la guerra fue cruel y sanguinaria contra población civil serbia donde perdieron la vida muchísimas victimas provocadas por los bombardeos de la OTAN,cuyo genocidio es una mancha imborrable en el futuro de la generación que tuvo que soportar esta barbarie.El presidente Clinton de los Estados Unidos de America y el Sr. Solana ,como Secretario de la OTAN fueron los presuntos máximos responsables de esta tragedia humana y considero que si alguna vez reflexionan sobre este hecho histórico se arrepentirán de este error. Tras sentencia del Tribunal de La Haya, Kosovo es independiente desde el 2008 aunque no fue reconocida por países como España.

    8ª) Nacionalismo vasco, catalán y gallego en España

    La organización terrorista ETA nació en 1960 como una rebelión contra el régimen de Franco y tras la muerte de éste, ha seguido como movimiento de Vasconia en territorio español y francés. En el caso de Cataluña , el movimiento nacionalista es pacifico pero por la vía política han conseguido un Estatuto de Autonomía que reconoce la realidad nacional y la imposición de la dictadura del catalán como primera lengua en su territorio.
    En Galicia, el movimiento nacionalista está muy poco desarrollado y se espera en el futuro por la emigración extranjera en esta región que se minimice quedando sus pretensiones relegadas al campo meramente cultural.
    Además, en toda Europa hay otras regiones que reclaman su independencia y en plena crisis del modelo europeo y con auge del nacionalismo europeo, nos planteamos la siguiente pregunta: ¿Estamos ante una Europa cada vez más fragmentada o más plural? El tiempo nos dirá si se mantiene la Unión Europea o salta por los aires este modelo que todavía no termina por consolidarse.

    Julio Reyes Rubio

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