APDH-RIS-ADID: Apoyo al juez José Ricardo de Prada

cab_comunicadosokLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido por mayoría impedir arbitrariamente al Magistrado José Ricardo de Prada Solae sa de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cargo que compatibilizaba con el de Juez en el Mecanismo Residual Internacional para Tribunales Penales (IRMCT) desde el año 2012, su reingreso a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El Magistrado de Prada Sola esa solicitó su reingreso renunciando, por no ser actualmente necesarios, a los servicios especiales que se le había otorgado poco después de haber integrado el tribunal que enjuició el llamado caso Gürtel. Sin embargo, la Comisión Permanente señaló que esa renuncia no bastaba, que era necesario ahora que cesara en el cargo de Juez ante el Tribunal Internacional para el que había sido nombrado. De este modo, han conseguido, por una parte, evitar indefinidamente la incorporación de un Magistrado que ha juzgado con firmeza la corrupción política y, por tanto, resulta incómodo para determinados partidos políticos y, por la otra, impedir que pudiera presentar su candidatura para ser designado Vocal del Consejo General del Poder Judicial.

Esta decisión enmascara una sanción para un Magistrado con una carrera profesional en la que ha demostrado su compromiso con los valores del Estado de Derecho y con los Derechos Humanos. Precisamente por su compromiso con los Derechos Humanos, por responsabilidad ética, profesional e institucional al Magistrado de Prada Solaesa ha resultado imposible renunciar a un Tribunal en el que él representa a España ante las Naciones Unidas.

La Asociación Pro Derechos Humanos de España, la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Rights International Spain, consideran que estos hechos constituyen una violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en los que España es Estado Parte y que garantizan el derecho al juez natural, esto es, el derecho que tenemos todas las personas a que nuestros conflictos sean resueltos por un Tribunal independiente e imparcial previamente establecido por la ley.

Asimismo, supone un ataque a la independencia judicial, pilar fundamental de una sociedad democrática, esencial para la protección de los derechos humanos, y crucial para que la ciudadanía pueda confiar en sus instituciones. Según los Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, confirmados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 y 40/146 de 1985, “Se garantizará la inamovilidad de los jueces”, así como que éstos “sólo podrán ser suspendidos o separados de sus cargos por incapacidad o comportamiento que los inhabilite para seguir desempeñando sus funciones”.

En estas circunstancias, no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por este hecho e insta a los órganos públicos que correspondan a remediar tal situación.

Asociación Pro Derechos Humanos de España

Fundada el 14 de marzo de 1976

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