¿Qué podemos esperar del Gobierno del PSOE?

Juan García Ballesteros ||

Colectivo Prometeo ||

El Sr. Sánchez, Presidente del PSOE, fue aupado a la Presidencia del Gobierno por una coalición formada por los partidos autonómicos, pero, sobre todo, por los 71 Diputados de Unidos-Podemos, Mareas y Compromis. No sólo se trataba de quitar al PP, condenado por la Audiencia Nacional por lucrarse de la trama Gürtel, sino con el deseo de cambiar los desastres políticos, sociales y laborales cometidos por este partido corrupto en sus siete años de mandato.

El PSOE que clama “Somos la izquierda”, no ha tenido un comportamiento como tal en sus anteriores 22 años de mandato. Con legislaturas de amplia mayoría absoluta, tuvo, entre otras muchas posibilidades, la oportunidad de acabar con el Concordato con la Santa Sede o recuperar la dignidad de los represaliados por la Dictadura, sacando de las cunetas a los miles de asesinados que todavía esperan recuperar sus familias. Pero, analizando su larga trayectoria, sin olvidar que ha habido avances sociales, el Partido Socialista se ha sometido siempre al poder económico, ha sido servidor sumiso de las exigencias de esta Europa de los mercados y han entregado a precio de saldo el patrimonio público de sectores estratégicos (banca, telefónica, eléctricas, automóviles, petróleos, materias primas,…). Toda esta pérdida de patrimonio y riqueza se ha expoliado por una entrada en la UE que ha supuesto quebranto de nuestra soberanía política y económica y merma de nuestra capacidad productiva, pérdida de derechos laborales, con las consiguientes consecuencias (bajada de salarios, empleos precarios, liquidación de los convenios colectivos, limitación del seguro por desempleo,…) y sociales (congelación de pensiones, deterioro de la sanidad y educación públicas, represión,…).

Con Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno, el Partido Socialista espero que no mantenga, como anteriormente, su doble discurso: radical y transformador en la oposición y sumiso y obediente cuando forma Gobierno. Cuando se presentó a las primarias, para ser Secretario General de su partido, planteaba que iba a revertir las políticas antisociales del PP (Derogación de la LONCE, de la ley Mordaza y de la Reforma laboral, impuesto a la banca -es de “justicia social”, decía-, reforma fiscal progresiva, más educación y sanidad públicas, equiparación salarial entre hombres y mujeres, opción de una España Plurinacional, denuncia del Concordato con la Santa Sede,…) y buscar acuerdos con Cataluña (diálogo y referéndum). Cuando ha llegado al poder ha cuestionado u olvidado muchos de estos posibles cambios políticos. El Gobierno pretende hacer un lavado de cara a sus propuestas de transformación, a estas leyes lesivas para la inmensa mayoría de la ciudadanía, para los trabajadores y para muchas personas que están condenadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión o sus derechos políticos. Pretenden eliminar una parte pequeña de esas leyes injustas para complacer a los poderes económicos y empresariales y para no enfadar demasiado a esta derecha bravucona y rabiosa en la oposición (PP y C´s), que utilizarán (debe analizarlo el PSOE) todos los “medios posibles” para hundirlo.

La cobardía del Gobierno está impidiendo que una propuesta que el PSOE prometió (impuestos a la banca), que la aplican doce países de UE (entre ellos Portugal, Francia o Reino Unido), que el FMI ya propuso como necesaria en 2010 y que pretende sólo recuperar una parte del dinero entregado a la banca para su rescate (unos 60.000 millones de €), la haya retirado de su compromiso, plegándose al comunicado conjunto de las dos grandes patronales del sector bancario (AEB y CECA) que se han posicionado, con amenazas, en su contra.

¿La doble vara de medir? Este Gobierno sigue la política migratoria del PP (expulsiones en caliente). Vota con el PP y C´s la eliminación de los aforamientos, pero no acepta la propuesta de Unidos-Podemos para hacerlos extensivos, sin distinción, ni privilegios para nadie (“todo debemos ser iguales ante la ley”, también el rey y su padre), veta (con PP y C´s) una comisión de investigación que investigue los trapos sucios de esta monarquía corrupta, Pero existe la posibilidad que el rey emérito pueda ser investigado. Éste, entre otros títulos, ostenta el de Rey de Navarra por lo que tuvo que jurar los Fueros. Por ello, según Laura Pérez de Orain Bay, “este Parlamento (de Navarra) no solo es competente a su creación (comisión de investigación), sino que hay una obligación ética y política de promover la iniciativa para dilucidar la responsabilidad del anterior monarca” y continúa “las instituciones autonómicas, como el Parlamento, tienen legitimidad y fuerza para realizar este tipo de acciones”. La propuesta está sobre la mesa y la formación de la Comisión de Investigación depende que los otros cuatro partidos republicanos (EH Bildu, Geroa Bai, I-E y Podemos-Ahal Dugu) la acepten y, por tanto, se pudiera crear esa Comisión.

El PSOE, ya en el Gobierno, se ha olvidado no sólo las veces que ha criticado que hay que abolir los acuerdos con la Santa Sede, sino también del acuerdo del Congreso (Febrero de 2018) que instaba al Gobierno del PP a derogar dicho acuerdo y a sacar la Religión del ámbito escolar. Sigue incrementado las ayudas públicas y sin eliminar las exenciones fiscales de las que disfruta la Iglesia Católica a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (27-06-2017) que las considera ilegales porque son “ayudas estatales prohibidas”. Aunque se ha pronunciado, y parece dispuesto a la publicación de las inmatriculaciones realizadas por la la Iglesia Católica, el Gobierno tiene las manos atadas para la publicación total de todos los bienes inmuebles incautados, porque no se atreve a derogar la Proposición no de Ley (Abril de 2017) del PP que circunscribe la publicación sólo a las producidas después de la reforma del artículo 206, de la Ley Hipotecaria franquista de 1946, con Aznar en la Moncloa, posibilitando que la iglesia pueda inmatricular los inmuebles dedicados al culto.

Aunque esta Ley Hipotecaria fue derogada por la Ley 13/2015 de 24 de Junio, hubo un año desde el comienzo de su tramitación en que la Iglesia tuvo una actividad frenética de inmatriculaciones, sabiendo que se le acababa el privilegio a los obispos de ser fedatarios (prerrogativa franquista para pagar el apoyo al levantamiento contra el Gobierno democrático de la República) que permitía poner a nombre de la Iglesia aquellos bienes inmuebles que no estuvieran registrados sólo con un escrito firmado por el obispo. Se calcula que sólo en estos 17 años (1998 a 2015) la iglesia ha inscrito más de 4.500 propiedades, pertenecientes al pueblo o a particulares: fincas, cementerios, pisos, cocheras, huertos, frontones, casas parroquiales, catedrales, mezquitas (La Mezquita de Córdoba). Pero según la propia jerarquía eclesiástica las inmatriculaciones en los 69 años de vigencia de la Ley Hipotecaria han sido más de 40.000. Sólo se podría publicar todo lo inmatriculado si, como he recogido anteriormente, el Gobierno se atreve a derogar la PNL del PP de Abril de 2017. Esto posibilitaría la publicación de esos miles de bienes inmuebles apropiados. Si no lo hace, me temo que sólo conoceremos esos aproximadamente 4.500 de los últimos años. La posibilidad real de devolver lo ilegalmente usurpado por la jerarquía eclesiástica, sea público o privado, corresponde al poder político y de su voluntad va a depender que se devuelva esos bienes inmuebles que nunca debieron ser expoliados.

En España, la factura de la luz en la más cara de Europa, mientras nuestras compañías eléctricas ganan más que las demás de la UE. Algo muy importante que este Gobierno tenía que haber hecho, es cortar de raíz el abuso de las grandes empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) , que funcionan como un oligopolio, pues los mismos que producen la energía son los que la distribuyen y comercializan. Aunque en subasta pública, son ellas las que fijan el precio final del coste de la energía (al precio más elevado). En los últimos 18 años el pago de los consumidores no cubrió los costes que tenía el sistema eléctrico. Es lo que se conoce como “déficit tarifario”. En 2015 alcanzó los 25.000 millones de euros que estamos pagando en nuestra factura todos los consumidores. Pero ¿quién fija los costes de la energía (transporte de electricidad, su distribución,…)? Son las mismas empresas que saben que los costes reales son bastante inferiores de lo que ellos manifiestan por lo que se niegan a someterse a auditorías públicas que realmente establezcan el precio real del coste de la energía. Esto supondría que una cantidad, posiblemente muy importante, de la deuda tarifaria sea ilegítima, por lo que tendrían las eléctricas que devolver los cobrado injustamente. Por ello, es urgente que el Gobierno haga una auditoría pública sobre el coste real de la energía que obligue a las empresas eléctricas a devolver lo robado. Me temo que no va a ser así, porque tanto el PSOE como el PP tienen “manos poderosas” que abren las “puertas giratorias”.

Ha sido muy importante que el Gobierno haya cambiado la senda de la confrontación y haya planteado la mesa de negociación, restableciendo el necesario diálogo para intentar solucionar la crisis de Cataluña por el camino de los acuerdos políticos. Pero desde el respeto y la comprensión de los planteamientos de cada Gobierno, hay que conseguir puntos de encuentro, cediendo las dos partes en sus reivindicaciones, para llegar a un acuerdo necesario que satisfaga tanto a Cataluña como al Estado Español. Han sido esclarecedoras las palabras del Presidente del Gobierno que en su viaje reciente a Canadá ha comentado en presencia de su Presidente Justi Trudeau: “Quebec es un ejemplo para Cataluña y que desde la política se pueden encontrar soluciones políticas para resolver los conflictos”. Recordemos que Quebec celebró dos referéndums legales, pactados con el Estado para su autodeterminación ¿Será capaz el Sr. Sánchez de acordar un referéndum pactado? Lo veremos. La judicialización del conflicto por parte del PP (con el apoyo de C´s y el PSOE) ha provocado la lamentable realidad de los presos y exiliados catalanes. ¿Rebelión? ¿Ha habido “alzamiento con violencia pública”? Lo dudo, al igual que lo ponen en entredicho otras democracias europeas (Alemania y Bélgica). Sin solucionar esta situación no se podrá llegar a pactos. En manos del Gobierno puede estar la solución, sin amenazas (155) y llegando a acuerdos valientes y consensuados.

En Política Exterior, el Gobierno del PSOE no ha cambiado el guion marcado por los últimos Gobiernos: servilismo al poderío Norteamericano y sometimiento a la UE, que lo ha demostrado el pasado viernes. Se han reunido en Ginebra los 47 países del mundo que forman el Consejo de DDHH de Naciones Unidas para aprobar o rechazar la “Declaración Universal de los derechos de los Campesinos”. Un proyecto necesario y urgente para dotar al campesinado mundial de garantías sobre: “derecho a la tierra, derecho a las semillas y la biodiversidad, derecho a la soberanía alimentaria,…”. A pesar que muchos Colectivos y Asociaciones relacionadas con la agricultura han pedido al Gobierno español que vote a favor, sin embargo, se han abstenido. Ha seguido la consigna de la Unión Europea, buscando un consenso que no se ha dado porque de los ocho miembros que forman parte de este Consejo de NNUU, seis se han abstenido (Alemania, Bélgica, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia y España) y dos han votado en contra (Inglaterra y Hungría). Al final se ha aprobado por 33 votos a favor, 11 abstenciones y 3 en contra (Australia, Hungría e Inglaterra).

¿Doble vara de medir? En su viaje a Latino América, el Sr. Presidente, ha visitado cuatro países (Chile, Colombia, Costa Rica y Bolivia) ¿Ha hablado de la cruel situación social y económica en Colombia, del hambre y la miseria, de los niños muertos por desnutrición, de los cientos de campesinos asesinados y opositores por paramilitares, de los miles y miles de exiliados? No. Ha hecho unas declaraciones diciendo que “En Venezuela no hay democracia porque hay presos políticos”. Seguramente nuestro Presidente ignora o no se quiere enterar que en ese país ha habido desde 1998 veinte votaciones. Todas han sido miradas con lupa por organismos internacionales y siempre han ratificado su limpieza y legalidad. ¿Son presos políticos los condenados por la justicia por asesinato, por intento de golpe de estado para derrotar al Presidente elegido democráticamente? Seguramente tiene un criterio de “preso político” que en España no quiere aplicar.

No quiero olvidar la última metedura de pata del Ejecutivo sobre la venta de 400 bombas de precisión (aprobada por el ejecutivo de Rajoy en 2015) a la dictadura de Arabia Saudí que lleva años masacrando al pueblo yemení. El 3 de Septiembre la Ministra del Ejército (Este armamento que pertenece al Ejército de Tierra) paralizó la venta porque podrían ser utilizadas para bombardear Yemen. Diez días después, José Borrell, ministro de Exteriores, autoriza la venta porque “no ha encontrado ninguna irregularidad” para no hacerlo. Detrás de este cambio, y sin tener en cuenta la terrible situación del pueblo yemení por los bombardeos de Riad (miles de muertes inocente, entre ellos mujeres, ancianos y niños) y, ante la presión de los 6000 trabajadores de Navantia que verían suspendido el contrato con Arabia Saudí para la construcción de cinco corbetas por 1813 millones de euros, tuvieron su efecto y el Ejecutivo aprobó la venta. Hay que comprender la reacción de estos trabajadores de la Bahía de Cádiz ante la pérdida de sus puestos de trabajo. Al igual que en el resto de Andalucía, el paro en esta provincia es endémico ¿Por qué los sucesivos Gobiernos del PSOE no han solucionado esta lacra social que mantiene a miles de familias en situación de pobreza y exclusión social? Indudablemente la inversión en economía productiva derivada de la enorme riqueza en materias primas (agricultura, pesca,…) de nuestra Comunidad no ha sido su prioridad. La solución para negar la venta de bombas al reino Saudí tenía que haber sido por la no dependencia de esta zona de la fabricación de esas corbetas. La creación de puestos de trabajo alternativos al elevado paro de la Bahía de Cádiz debería haber sido una opción prioritaria en los últimos años en los que los trabajadores de Navantia han sufrido periodos de mucha incertidumbre.

¿Dónde ha quedado la denuncia que hizo el recién elegido Presidente del PSOE en su discurso en el Congreso del 27 de Julio de 2014, defendiendo la causa Palestina? Esperemos que retome su propuesta y vuelva a denunciar al Estado Israelí por sus continuas violaciones de los DDHH: encarcelamientos, muerte de inocentes y destrucción de aldeas para ampliar el territorio ocupado.

Pedro Sánchez lleva algo más de 100 días de Presidente. En este tiempo se ha recuperado el diálogo con Cataluña, la Sanidad Universal, se ha elevado la pensión de viudedad (7,69 %), se ha aprobado la exhumación de los restos del Dictador y se ha producido el necesario cambio en la dirección de RTVE para hacerla abierta, objetiva y plural. Pero hay mucho camino por recorrer si quiere cumplir las promesas que como oposición hizo. El tiempo pasa rápido y cuenta con 84 diputados. Sólo tiene una opción, si no quiere quedar atrapado por la impaciencia y el desprestigio de esta derecha franquista: apoyarse en los partidos que hicieron posible su investidura, sobre todo con Unidos Podemos, con los que debería llegar a acuerdos de calado para hacer un país más justo, más democrático, más plural, más feminista, más ecologista.

Hay propuesta de cambio preparadas, como la eliminación del copago sanitario, la ampliación de la dotación presupuestaria a las CCAA, el aumento de los impuestos a las rentas altas, la eliminación del impuesto al sol y la sustitución el voto rogado (para los españoles en el extranjero). Pero no es suficiente. Se debe: modificar totalmente la Reforma laboral, derogar la Ley Mordaza y la Lomce, invertir mucho más en servicios públicos (sanidad, educación dependencia,…), potenciar la I+D, construir viviendas públicas, recaudar más impuestos (a los ricos, a las grandes empresas, a los bancos), acabar con el fraude fiscal, subir las pensiones públicas y garantizarlas constitucionalmente, conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres (en salarios, en derechos laborales), fomentar los derechos de la mujer, desarrollar políticas que favorezcan el medio ambiente y el desarrollo sostenible (energías alternativas,…). Son propuestas muy ambiciosas que requieren tiempo y voluntad política, pero son necesarias. En manos del Gobierno del PSOE está buscar los apoyos necesarios para irlos desarrollando, pero que no se equivoque. Para estas transformaciones realmente de izquierdas, debe el Gobierno ser valiente y, como en Portugal, contar el apoyo importante y decisivo de Unidos Podemos y de otros grupos que tienen estos mismos objetivos.

El principio establecido en Crónica Popular exige que, para que los autores de un comentario a un artículo, firmado con nombre y apellidos, vean publicado su comentario, deben firmar de igual modo el textos que nos envíe. En caso contrario, no se publicarán.
Y eso lo haremos aunque el comentario sea favorable al artículo: no se publicará ningún comentario si no va acompañado por la identificación personal de su autor.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *