Comisión de trabajo para la rehabilitación de los académicos sancionados durante la guerra civil y la dictadura

Cristina Calandre Hoenigsfeld ||

Economista ||

Reconocimiento del carácter injusto y declaración de ilegitimidad de las sanciones a los académicos de la Real Academia de ciencias exactas, físicas y naturales durante la dictadura”.

Este es título del comunicado de La Moncloa del día 21 de diciembre 2018, tomado del acuerdo de Ministros que tuvo lugar en Barcelona el día 21(1), propuesta que se hizo a través de los Ministerios de Ciencia, innovación y Universidades, y Ministerio de Justicia., en base a la Ley de la memoria histórica.

Según el Ministro de Ciencia, “… ahora es el momento de que la democracia española honre y recupere a los que padecieron las injusticias durante la dictadura a través de la reparación moral…

Un poco de historia

El 16 de septiembre de 1936, el Ministro comunista Jesús Hernández Tomás, de Instrucción Pública de la II República, con el gobierno de Largo Caballero, disolvía a la academias “instituciones que habían quedado anquilosadas…” y cesaba en sus funciones a los académicos (2).

El Decreto, firmado por Manuel Azaña, disponía la creación del Instituto Nacional de Cultura, que nunca llegó a ver la luz, y que los edificios y patrimonio de las academias, pasaran a la custodia directa del Ministerio.

Mientras tanto, desde la Junta Técnica del Estado franquista, se abordó la situación de las academias. Un decreto de diciembre de 1937 disponía que todas pasaran a integrarse en el Instituto de España (IE), entonces recientemente creado. Sus promotores fueron Eugenio D´Ors y Pedro Sainz Rodríguez.

Según este último, el IE pretendía agrupar a las académicos adictos al bando rebelde, para bajo una estricta jerarquización política y cumplir las funciones de propaganda en tiempos de guerra. Pedro Sainz Rodríguez quiso que fuera un órgano de alta dirección de la investigación científica, y, para ello, firma, ya como ministro de Educación Nacional, un decreto de 19 de mayo de 1938 (BOE del 20) (3) que disolvía la Junta para Ampliación de Estudios (JAE, traspasando al Instituto de España sus servicios, locales y documentos.

Un decreto ilegal, pues la JAE siguió funcionando e investigando en las ciudades republicanas de Madrid, Valencia y Barcelona, bajo la legalidad de la Constitución de 1931 de la II República, hasta el final de la guerra, en abril de 1939. Como subdelegado en Madrid de dicha JAE, fue nombrado, en octubre de 1938 , por el secretario de la JAE, Tomás Navarro Tomás, el cardiólogo Luis Calandre Ibáñez, que dirigía el Hospital de Carabineros situado en la Residencia de Estudiantes (1937-39).

Poco le duraron al franquista Instituto de España aquellas funciones, pues el ministro monárquico Pedro Sainz Rodríguez, fue sustituido, en abril de 1939, por el católico Jesús Ibáñez Martin, que, el 24 de noviembre, crea por ley el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a donde van a parar todos los bienes y patrimonio de la JAE que se había quedado el IE.

Por ello afirmamos que el CSIC se fundamenta en un decreto ilegal de 1938 que va contra la legalidad republicana, vigente en los territorios de Madrid , Valencia y Barcelona. Lo que va contra el honor de los científicos que defendieron valientemente esa JAE, como Tomás Navarro Tomás, Enrique Moles, Dr. Luis Calandre Ibáñez, José Royo Gómez, Antonio de Zulueta, Rafael Lapesa, Dr. Francisco Tello, Dr. Manuel Márquez, Rubén Landa, Ignacio Bolívar, y muchos otros.

Las academias quedaron relegadas y el IE solo tenía ya la función de reagruparlas, pero se quedó sin contenido. El 8 de diciembre de 1937, recuperaron el título de “Reales “ que habían perdido durante la Republica , y no cejaron desde entonces de atacar a la legalidad republicana y su Constitución de 1931, que decían no se cumplía durante la Guerra Civil Española.

Depuración

Finalizada la Guerra de España, se comienza la depuración de los académicos republicanos, y el Presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas, el D. Enrique Suñer, a la vez Director de la Real Academia de Medicina, en agosto de 1939 envió a las ocho academias un escrito para que hicieran una lista con los “nombres nefastos que contaminaban a las instituciones, infiltrados….”

Aunque cada academia aplicó sus criterios represivos, para el IE la situación legal de los académicos republicanos estaba clara: Al haberse disuelto por la II Republica las academias en 1936 habían perdido las academias sus plazas y, como no prestaron el juramento de lealtad (el del santo custodio), pues no las habían recuperado.

Por una orden ministerial de 10 de mayo de 1941, el Ministro de Educación Nacional,   Jesús Ibáñez Martin (el mismo que creó el CSIC), solicitó que se dieran de baja a los académicos republicanos. Sus medallas vacantes fueron ocupadas por los nuevos académicos que ostentaban importantes cargos de responsabilidad en el primer franquismo, provenientes del ultra catolicismo (ACNP), los falangistas y los monárquicos.

Incluso se hicieron listas negras de académicos correspondientes republicanos, como he podido leer en la historia de la Real Academia de Medicina, en donde mi abuelo, el Dr. Calandre había sido nombrado académico en el año 1920, a propuesta de los doctores Santiago Ramón y Cajal, Gustavo Pittaluga y José Goyanes.

Volvemos a la actualidad: creación de una comisión de trabajo para la rehabilitación y garantía del derecho al honor de los miembros de las reales academias y academias de ámbito nacional sancionados durante la guerra civil y la dictadura. Será presidida por la Secretaria de Estado del Ministerio de Ciencia, innovación y Universidades,   Ángeles Heras, y participarán el Ministerio de Justicia (Director General de la Memoria Histórica), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Instituto de España, que en el año 2019 será presidido por el Director de la Real Academia de la lengua, el jurista y catedrático de Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado.

La Constitución de 1978, en su artículo 62 j, dispone que las reales academias están bajo el alto Patronazgo del Rey (4). Las reales academias siguen unidas a través del IE , y ahora, administrativamente, dependen del Ministerio de Ciencia innovación y Universidades.

Dichas instituciones reciben dinero con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para mantenimiento de sus valiosos edificios históricos, en el centro de Madrid. El mismo Instituto de España tiene uno, en la calle San Bernardo, al que no se le da casi ningún uso.

Nos adelantan la información de que dicha Comisión investigará las sanciones impuestas a los académicos y podrá declararlas “ilegitimas”, si fueran impuestas “por razones políticas, ideológicas o religiosas”.

Dado que la rehabilitación que acaban de otorgar a esos siete académicos es solo de naturaleza “moral “ y no “jurídica “, dudamos que se atrevan a declarar a los tribunales ó juntas rectoras de las academias que impusieron dichas sanciones como ilegales.

De todos modos, me gustaría recordar a dicha Comisión lo siguiente:

  1. Que el Instituto de España es una institución franquista y que, por el decreto del 19 de mayo de 1938 , disolvió ilegalmente a la republicana Junta para Ampliación de Estudios (JAE), contraviniendo la legalidad vigente en los territorios republicanos, la de la Constitución de 1931.
  2. Que, posteriormente , por ley de 24 de noviembre de 1939, se creó el CSIC (que depende ahora del Ministerio de Ciencia , Innovación y Universidades ) , y que esa institución va contra la legalidad republicana.
  3. Que los científicos que defendieron la legalidad vigente republicana de la JAE durante la guerra luego fueron duramente represaliados, con cárcel, multa y depuración, como pasó con el Dr. Calandre, subdelegado de la JAE (1938-39), y no reconocerlos va contra su honor.

Finalmente, quiero añadir que, dado que el sr. Santiago Muñoz Machado, que será el representante en la Comisión del IE , es experto en constitucionalismo, tiene que saber que hay un enfrentamiento de las legalidades franquistas y republicanas en el seno de la creación del IE (sus academias) y del CSIC.

Y al Director General de Memoria Histórica, del Ministerio de Justicia, que el 1 de Julio me fue entregado un certificado de Rehabilitación y Reparación del Dr. Calandre Ibáñez, en base a la Ley de la Memoria Histórica, donde pone claramente que fue el subdelegado de la Junta para Ampliación de Estudios de 1938 a1939, documento firmado por la Ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Es necesario, declarar ilegales esas juntas rectoras que condenaron a los académicos, pues lo hicieron en base a una normativa –circular del IE, de 10 de mayo de 1941-, siendo dicha institución ilegal. Y, en consecuencia, deberán derogar el decreto franquista de 19 de mayo de 1938 (BOE de 20 de mayo) que la constituye.

Sera un buen comienzo, para posteriormente anular los casi un millón de consejos de guerra y sentencias franquistas, que están atascadas en una ley tramitándose en el Congreso de los Diputados (5). Entonces, sí, habremos roto con el franquismo.

Notas

(1)http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/211218-enlaceacademias.aspx

(2)https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1936/260/B01835-01835.pdf

(3)https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/576/A07418-07419.pdf

(4)http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=62&tipo=2

(5)http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW12&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000026*.NDOC.%29

Madrid 28 de diciembre 2018

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