Un decenio de legislación sobre memoria histórica en España

Juan Carlos García Bravo ||

Asociación de Memoria Social y Democrática (AMESDE) ||

Los crímenes del franquismo que integran el núcleo central de la Memoria Histórica en España, continúan siendo un problema pendiente de solución debido principalmente a la férrea oposición de los gobiernos de la derecha para aplicar una solución en términos de justicia y reparación.

A pesar de ello, entidades y asociaciones muy diversas han seguido trabajando en distintos ámbitos sin que, con frecuencia, se conozcan sus actividades y resultados. Una materia en la que se observan progresos más que notables es la de la producción legislativa sobre Memoria Histórica que, en el último decenio, ha experimentado un desarrollo muy importante.

La serie se inició con la Ley 52/2007, de ámbito estatal, aprobada a propuesta del gobierno Zapatero y recientemente modificada por el RDL 10/2018 que ordena la retirada de los restos del dictador de la ubicación que impusieron a su fallecimiento. A la norma estatal se fueron añadiendo, tras la llegada de gobiernos progresistas a distintas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, las aprobadas por Cataluña (Ley 13/2007, de 31 de octubre, del Memorial Democrático, complementada posteriormente por la Ley 10/2009 sobre localización e identificación de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista), Navarra (Ley Foral 33/2013 de 26 de noviembre de reconocimiento de las víctimas de la Represión y la posterior Ley Foral 16/2018 que añade algunas precisiones en materia de símbolos y un régimen sancionador), País Vasco (Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria), Islas Baleares (Ley 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de desaparecidos a la que hay que añadir la Ley 2/2018, de 13 de abril, de memoria y reconocimiento democráticos de las Illes Balears), Andalucía (Ley 2/2017 de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía), Valencia (Ley 14/2017 de 10 de noviembre de Memoria Democrática y para la convivencia) y Castilla y León (Decreto 9/2018, de 12 de abril, de la Memoria Histórica y Democrática).

Otras Comunidades Autónomas se han sumado al proceso con proyectos diversos, como Aragón, que el 18 de julio de 2017 aprobó su Proyecto de Ley de Memoria, Extremadura, que el 21 de julio de 2017 publicó en su Diario Oficial el anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática, Islas Canarias, que presentó en agosto pasado su Proposición de Ley, y Cantabria, que el 20 de septiembre de 2018 anunció su Anteproyecto de Ley de Memoria Histórica y Democrática.

En el reverso, un número significativo de Comunidades (aunque no tanto en términos de población) que aún no han legislado sobre la materia. Destaca el caso de Madrid, sede de la capital que simboliza la resistencia contra el franquismo, que es la única de entre las de mayor población del Estado que aún no cuenta con una norma legal sobre Memoria Histórica.

Esta notable producción legislativa acredita que era posible y necesario actuar en este ámbito contra la impunidad del franquismo y dejó sin argumentos a los que pretextaban que las políticas de Memoria “desestabilizaban la democracia y reabrían heridas”. Para evaluar el significado y alcance de este conjunto de normas, cabe

concluir que las Comunidades Autónomas que integran a casi el 70% de la población española, consideran que la Memoria Histórica es un problema pendiente de solución, sobre el que es necesario legislar.

Los legisladores de las normas mencionadas, tanto las vigentes como las que se encuentran en fase de tramitación, se han centrado con enfoques e intensidades diversas, en las materias inherentes a la Memoria Histórica en España, cuales son:

a) La localización, identificación y preservación de restos de desaparecidos.

b) La reparación de los casos de robo y adopción irregular de menores bajo la forma de desaparición forzada y falsificación de identidad.

c) Las declaraciones de ilegitimidad o peticiones de nulidad de las condenas de los Tribunales franquistas.

d) La tipificación y tratamiento específico de los distintos tipos de víctimas del franquismo.

e) La Denuncia ante el poder judicial de los indicios de comisión de delitos que se aprecien en las localizaciones.

f) La retirada de edificaciones, símbolos y distinciones a los protagonistas de la sublevación militar.

g) El reconocimiento a colectivos diversos como familiares de víctimas, miembros de las Brigadas Internacionales, condenados a trabajos forzados o guerrilleros,

h) La revisión de los textos escolares para garantizar que ofrecen información veraz y rigurosa de los acontecimientos de la Guerra Civil y la dictadura franquista.

i) La creación de Lugares de Memoria.

j) La conservación de la documentación existente y la creación de Centros Documentales.

k) La reparación económica a las víctimas.

l) La creación de Comisiones de la Verdad.

m) El establecimiento de sanciones por incumplimiento de las normas legales sobre Memoria.

Importa destacar que, pese a su importancia, la Ley estatal de 2007 resultó claramente insuficiente, al dejar sin solución aspectos claves de la Memoria Histórica que la legislación autonómica tampoco ha resuelto porque sus órganos legislativos carecen de competencia al efecto. Ello explica la necesidad de modificar la Ley 52/2007 a fin de incorporar las novedades legislativas que incluyen las normas autonómicas y otras aportaciones igualmente valiosas, como las Recomendaciones del último informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas o involuntarias en España.

En contraste con el gran ejemplo de trabajo y perseverancia que queda descrito, el Partido Popular, mientras se mantuvo en el gobierno, hizo gala pública de vaciar de contenido la Ley estatal por el procedimiento de estrangular su financiación y ésta ha sido una de las pocas promesas que cumplió a rajatabla. Adicionalmente, representantes muy autorizados de la formación han hecho burla de la reivindicación de la Memoria Histórica por el procedimiento de identificar a sus defensores con personas en fase de senectud (“las batallitas del abuelo”) o

ilegítimamente interesadas (“solo se acuerdan de sus antepasados cuando hay subvenciones”).

El mantra oficial de los enemigos de la Memoria Histórica es el recurso al olvido y la renuncia a la justicia por los crímenes cometidos lo cual, necesariamente, hay que interpretar como una propuesta de derogación de las Leyes de Memoria vigentes, entre otras posibles actuaciones.

Sobre el olvido y la reconciliación se han vertido ríos de tinta. Tras las graves vulneraciones de los derechos humanos que sufrió la humanidad en la primera mitad del siglo XX, los países de referencia del mundo democrático consolidaron la idea de que el deber de memoria es un recurso imprescindible para superar episodios históricos de violencia extrema y evitar su repetición. Por esta razón, el movimiento Memorialista mantiene que la superación de una dictadura genocida como la que implantó el franquismo desde el preciso momento de producir el golpe de estado no puede basarse en el simple olvido porque con ello no solo se ofende a las víctimas, sino que además y, sobre todo, se invita a la repetición.

Dar por finalizado un proceso de violencia criminal de la naturaleza del franquismo sin cumplir los requisitos de justicia y reparación equivale, lisa y llanamente, a bendecir la impunidad que es el mayor impedimento de la paz futura. La lucha por la Memoria Histórica en España está tropezando no solo con la férrea oposición de los gobiernos de la derecha sino además con la falta de respuesta de la justicia ordinaria, razón por la cual, la red de Asociaciones Memorialistas ha propuesto la constitución por el Congreso de los Diputados de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo. En palabras de sus impulsores, “cuarenta años de brutal dictadura no pueden ser ignorados y nuestra sociedad necesita construir su futuro en libertad, aprendiendo y condenando las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos cometidos en España por el régimen franquista entre 1936, fecha de la sublevación militar, hasta 1977, año de las primeras elecciones.

Por ello, creemos que ha llegado el momento de aplicar las recomendaciones de las Naciones Unidas y, en concreto, la constitución de una Comisión de la Verdad sobre los Crímenes del Franquismo por el Congreso de los Diputados.” En los países de referencia de la Unión Europea, la Memoria Histórica y Democrática es una cuestión de Estado que inspira y determina la acción pública en materias básicas como la justicia, la enseñanza o la cultura y ello en el convencimiento de que hay que impedir la impunidad y trabajar para evitar el retorno de las dictaduras.

En España hay fuerzas políticas e incluso instituciones del Estado que todavía no han asumido estos estándares democráticos como ponen de manifiesto sus maniobras para impedir la aplicación de la justicia contra los crímenes de lesa humanidad cometidos por los que dieron el golpe de estado franquista y los que implantaron y se aprovecharon de la dictadura. Es necesario continuar trabajando para que dejen de imponer sus criterios y España pueda alinearse con los países de referencia de nuestro entorno. Madrid, diciembre 2018

ANEXOS en PDF

Madrid, diciembre 2018

El principio establecido en Crónica Popular exige que, para que los autores de un comentario a un artículo, firmado con nombre y apellidos, vean publicado su comentario, deben firmar de igual modo el textos que nos envíe. En caso contrario, no se publicarán.
Y eso lo haremos aunque el comentario sea favorable al artículo: no se publicará ningún comentario si no va acompañado por la identificación personal de su autor.

2 comentarios de “Un decenio de legislación sobre memoria histórica en España

  1. Jesús Sanz
    9 diciembre, 2018 at 19:46

    Enhorabuena a Juan Carlos García Bravo por este artículo tan oportuno clarificador y necesario

  2. Jesús Sanz
    9 diciembre, 2018 at 19:55

    Excelente articulo
    Oportuno clarificador y necesario

Los comentarios están cerrados