CCOO: Informe de coyuntura laboral. Diciembre 2018

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En diciembre se acelera el empleo pero se modera la bajada del paro

En el acumulado de 2018 se mantiene una importante creación de empleo y un descenso del paro, aunque a tasas más moderadas que el año anterior.

En diciembre crece el empleo (78.541 personas) y baja el paro registrado (-50.570 personas), y lo mismo sucede en el acumulado del año 2018, por lo que los datos pueden considerarse positivos. El crecimiento del empleo y la bajada del paro se ralentizan interanualmente respecto a diciembre de 2017, en línea con la moderación de los datos macroeconómicos. El reto es lograr que esta creación de empleo se traduzca y consolide en empleo de calidad, reduciendo la enorme precariedad que caracteriza el mercado de trabajo en España.

La contratación temporal supone el 90% de los contratos firmados. Es imprescindible la modificación de los artículos 15 y 42 del Estatuto de los trabajadores para revertir los efectos nocivos que se mantienen por la reforma laboral del PP.

La rotación laboral está en máximos. Además del dato de contratos firmados (9 de cada 10 temporales) importa mucho más su duración media: se firman muchos contratos de muy corta duración que apenas se traducen en empleo. En los nueve primeros meses de 2018, el 40% de los contratos firmados tenían una duración inferior a 1 mes, pero solo el 1% de la población asalariada trabajaba con contratos de duración inferior al mes.

Sigue repuntando el número de contratos indefinidos y conversiones de temporales en indefinidos, que entre otros motivos se debe al plan director de la inspección acordado con los agentes sociales. Esto muestra la necesidad de reforzar la Inspección de Trabajo, la conveniencia de abordar en la mesa de diálogo social un plan integral para las personas en paro de larga duración y modificar cuanto antes la reforma laboral de 2012 que ha favorecido el aumento y extensión de la precariedad en nuestro país.

La protección contra el desempleo sigue en niveles bajos (59,9% en noviembre, 58% en media acumulada en 2018), por lo que es urgente que se aplique el acuerdo entre sindicatos y gobierno para la recuperación del subsidio de mayores de 52 años que fue eliminado por el anterior gobierno, así como llegar a un acuerdo en el resto de subsidios.

En Comisiones Obreras insistimos que estas medidas deben ir parejas con actuaciones de calado para combatir que la cara del desempleo y la pobreza siga siendo femenina. La protección frente al desempleo registra una brecha de género de 11 puntos porcentuales: en noviembre, la tasa de cobertura de las mujeres (55%) es once puntos inferior a la de los hombres (66%). El paro en España tiene rostro de mujer: hay casi 1,9 millones de mujeres desempleadas, el 58% de la población en paro.

Comisiones Obreras defiende cambios del modelo productivo y laboral para generar y consolidar empleo de calidad y con derechos, que ponga freno a la precariedad y la desigualdad. Apuesta por potenciar la negociación colectiva y la mejora sostenida de salarios y pensiones, y por una reforma fiscal progresiva que permita recuperar la inversión productiva y aumentar los niveles de protección social. El objetivo es sacar a la economía de su patrón tradicional de bajo valor añadido, aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción.

 

La precariedad laboral es la Marca España

La precariedad laboral (la ausencia de un trabajo de calidad que garantice unas condiciones dignas de vida) afecta a la mayoría de la población trabajadora. El indicador más grave es la alta tasa de paro, agravada por su larga duración y el agotamiento de las prestaciones por desempleo, pero hay otros muchos indicadores de la precariedad: la desigualdad laboral, la brecha de género, la alta temporalidad, las jornadas parciales, las horas extras no pagadas o el deterioro de los indicadores de salud laboral y de accidentes de trabajo. El descenso del paro se está produciendo a costa de la menor calidad y mayor precariedad del empleo generado.

1. Baja el paro, aunque se modera su descenso interanual

El paro registrado en las oficinas públicas de empleo baja en 50.570 personas en diciembre y se sitúa en 3.202.297 (baja solo en 8.746 personas en términos desestacionalizados). La bajada interanual del paro se modera hasta 210.484 personas, cuando en diciembre de 2017 bajaba en 290.000 personas. El paro baja en los servicios (-43.874), agricultura (-10.392) y el colectivo sin empleo anterior (-10.269), y repunta en la construcción (9.998) y la industria (3.967).

En España hay 1.865.053 mujeres (el 58%) y 1.337.244 hombres (el 42%) en paro. En diciembre el paro baja entre los hombres (-5.697) y sobre todo entre las mujeres (-44.873) a pesar de lo cual el descenso anual del paro sigue siendo mayor entre los hombres (-122.482) que entre las mujeres (-88.002). El paro baja entre la población menor de 25 años (-17.378 personas) y entre las personas de 25 y más años (-33.192). La población extranjera en paro baja en 8.087 personas (la bajada es de 21.520 personas en términos interanuales) y se sitúa en un total de 393.750 personas, en su mayoría mujeres (57%), mayores de 25 años (93%), que han trabajado anteriormente en el sector servicios (61%) y proceden de un país extracomunitario (64%).

A pesar de la bajada del paro, en diciembre había 3.423.164 personas no ocupadas buscando empleo: 3,2 millones en paro más otras 220.867 personas no ocupadas que buscan trabajo. Además, la población que busca una mejora de empleo, un empleo especializado o tienen disponibilidad limitada se sitúa en 1.071.569 personas. En total hay 4,5 millones de personas que buscan trabajo mediante los servicios públicos de empleo.

2. En diciembre se acelera la creación de empleo

La afiliación media a la Seguridad Social se sitúa en 19.024.165 personas (el 46% son mujeres y el 10,5% población extranjera) tras subir en 78.541 personas en diciembre y el crecimiento anual del empleo se sitúa en 563.965 personas. En términos desestacionalizados la afiliación sube en 55.872 personas en diciembre. El elevado volumen de altas y bajas en afiliación a la Seguridad Social evidencia la fragilidad del empleo: entre el 21 y el 28 de diciembre (último dato disponible) 158.368 personas fueron dadas de baja en afiliación en términos netos. Al no disponer de datos a 31 de diciembre, es posible que el dato de creación de empleo de diciembre esté sobrestimado. 

El dato de diciembre mejora el crecimiento anual de la afiliación hasta el 3,1% y lo mantiene por encima del crecimiento del empleo en la EPA (2,5% en el 3t2018) y del PIB (2,5% en el dato adelantado del 3t2018). Los datos de afiliación sobreestiman la creación del empleo por un efecto estadístico: en el sector público las altas se registran en el régimen general de la Seguridad Social, pero gran parte de las bajas se apuntan a clases pasivas.

La población trabajadora cada vez soporta peores condiciones laborales y más de la mitad del empleo es precario. Menos de la mitad de la población afiliada al régimen general de la Seguridad Social tiene un contrato indefinido a jornada completa (48%) y la mayoría (52%) presenta algún tipo de precariedad: contrato temporal, trabajo por horas o ambos. El empleo indefinido a jornada completa empezó a perder peso al inicio de la recesión por el avance de la jornada parcial y posteriormente por el repunte del empleo temporal. En 2007 la precariedad venía caracterizada por el empleo temporal, en 2018 la jornada parcial también tiene un peso muy relevante en la precariedad.

La EPA confirma la precariedad del empleo generado en la recuperación: entre el tercer trimestre de 2013 y de 2018 se han creado 2,3 millones de empleos, todos ellos empleos asalariados y casi la mitad, temporales (1,1 millones), lo que explica el repunte de la tasa de temporalidad hasta el 27,4% y alcanzar los 4,5 millones de personas con contrato temporal. El trabajo a jornada parcial creció durante la recesión y ha pasado de concentrar el 11% del empleo asalariado (3t2007) al 15% (3t2018).

3. Modelo de crecimiento y de precariedad

El grueso del PIB está formado por la demanda interna agregada y su principal componente es el consumo interno, seguido a gran distancia por la inversión. Para impulsar el consumo interno es imprescindible el crecimiento del empleo y, sobre todo, de los salarios medios. La recuperación de la inversión depende de la confianza del sector privado en la sostenibilidad de la actual fase de crecimiento y de la recuperación del gasto y la inversión pública tras años de recortes.

La precariedad laboral, en sus diferentes formas, afecta a la mayoría de la clase trabajadora y ha aumentado durante la crisis: temporalidad, tiempo parcial, empleo autónomo, devaluación salarial, siniestralidad laboral. La etapa de crecimiento ligada a la burbuja inmobiliaria se caracterizó por el aumento de la precariedad y la desigualdad. La recesión y la larga crisis dispararon aun más los niveles de desigualdad y pobreza laboral. La actual etapa de crecimiento viene marcada por el fuerte repunte de beneficios y dividendos y la precariedad del empleo creado, lo que aumenta la desigualdad y lastra las posibilidades de desarrollo.

La creación de empleo en España sigue concentrada en ramas poco productivas del sector privado, donde lentamente van ganando peso sectores y actividades de mayor valor añadido y con poca contribución del empleo público. La recuperación económica reactivó la creación de empleo desde finales de 2013, apoyada en factores coyunturales (“vientos de cola”) como la bajada del precio del petróleo, la devaluación del euro, la política expansiva del Banco Central Europeo que redujo la prima de riesgo y los tipos de interés o la pujanza turística ante la inestabilidad de otros destinos alternativos. El agotamiento de estos factores coyunturales positivos condiciona la evolución del crecimiento de la economía española, que ha suavizado su crecimiento hasta el 2,5% interanual en el segundo trimestre de 2018.

El sector agrario y la campaña navideña impulsan el empleo en diciembre

El empleo asalariado crece en diciembre, impulsado por el aumento en el régimen especial agrario (52.843 personas), comercio (26.962) y actividades sanitarias y servicios sociales (21.265) ligadas a la campaña navideña que superan la pérdida de empleo en las ramas hostelería (- 13.699), construcción (-13.472) e industria manufacturera (-7.617).

La variación interanual del empleo en el año 2018, con datos del régimen general de la Seguridad Social, concentra la creación de empleo en el sector servicios en cifras absolutas. El aumento interanual del empleo lo encabezan educación (66.716 personas), construcción (65.411), sanidad y servicios sociales (55.018), industria manufacturera (46.067), hostelería (45.569), comercio (44.596), actividades administrativas y servicios auxiliares (38.914) e información y comunicaciones (36.547). La creación de empleo en 2018 está encabezada por los servicios públicos, seguidos de cerca por los servicios de bajo valor añadido:

  • –  el 26% en servicios con gran peso público (AAPP, educación, sanidad y servicios sociales);
  • –  el 25% se concentra en comercio, hostelería y servicios administrativos y auxiliares;
  • –  el 13% en construcción;
  • –  el 9% en industria manufacturera;
  • –  el 7% en servicios de información y comunicaciones;
  • –  el 7% en transporte y almacenamiento;
  • –  el 7% en actividades profesionales, científicas y técnicas.

Los datos de la EPA muestran el predominio del sector privado en la creación de empleo en la recuperación, con un repunte laboral de mayor intensidad en los sectores que más empleo destruyeron durante la crisis (construcción, industria) y un aumento sostenido del empleo en los servicios de mercado. El sector público todavía tiene una aportación limitada a la creación de empleo, herencia de la política de recortes y austeridad y la insuficiente oferta pública de empleo.

Los datos de creación de empleo en el acumulado de los últimos cinco años de recuperación económica muestran una imagen más diversificada por ramas de actividad de la que existía al inicio de la recuperación. En términos absolutos 1 de cada 3 empleos asalariados netos se han creado en la hostelería y la industria manufacturera, y si se añaden sanidad y servicios sociales, comercio y construcción, estas cinco ramas concentran 2 de cada 3 empleos asalariados netos generados en la recuperación. En términos relativos, las ramas que más incrementan su empleo asalariado durante la recuperación son actividades inmobiliarias (92%), hostelería (36%) y construcción (27%), lo que ejemplifica claramente cuáles son las apuestas económicas que se están impulsando. Por el contrario las ramas de servicios financieros y de seguros, empleo doméstico y suministro de electricidad, gas, vapor y aire cuentan en 2018 con menos empleo asalariado del que tenían al final de la recesión.

La inmensa mayoría del empleo en España se ubica en sectores de actividad de bajo contenido tecnológico. Los años de recuperación económica muestran que sigue sin consolidarse un cambio real del modelo productivo y de la creación de empleo: el 92% de los puestos de trabajo netos creados pertenecen a actividades de contenido tecnológico bajo y solo el 8% del empleo creado se concentra en ramas de contenido tecnológico medio y alto de la industria y los servicios. Eso explica que en estos casi cinco años de recuperación económica el peso del empleo en sectores de media y alta tecnología apenas haya variado y se mantenga en el 7 por 100.

La reducción del desempleo se está logrando en gran medida a costa de disparar de nuevo los niveles de precariedad en un mercado de trabajo ya muy castigado tras años de crisis y despidos masivos, altas tasas de paro, devaluación salarial, aumento de la explotación laboral y de las horas extras no pagadas,…

El desglose de la población activa en el 2018 ofrece una imagen clara de la actual extensión de la precariedad: el 15 por 100 son personas en paro, el 5 por 100 temporales a tiempo parcial, el 14 por 100 temporales a jornada completa, el 6 por 100 indefinidos a tiempo parcial, el 14 por 100 es población ocupada por cuenta propia (un colectivo muy heterogéneo). Solo el 46 por 100 tiene un trabajo asalariado indefinido a tiempo completo.

El mercado laboral se encoge y “mejora” las estadísticas

La recuperación económica ha reactivado la creación de empleo –sobre todo el más precario- y el descenso del paro. Pero también es cierto que la pérdida de población activa en edad de trabajar ha ayudado a “mejorar” las estadísticas laborales. La EPA muestra que el descenso del paro es mayor que la creación de empleo y que hay otros factores que explican la bajada del desempleo: en los últimos años ha caído la población (envejecimiento, emigración) por la pérdida de población activa al tiempo que crece la población inactiva (personas desanimadas, que se jubilan,…).

En el 2012 la población activa alcanzó un máximo de 23,5 millones de personas (17,7 millones ocupadas y 5,8 millones en paro) que se han reducido hasta 22,9 millones en el 3t2018 (19,5 millones ocupadas y 3,3 millones en paro). En estos seis años el paro ha bajado en 2,5 millones de personas, pero el empleo solo ha crecido en 1,86 millones y la población activa ha caído en 638.000 personas: una cuarta parte de la bajada del paro se explica por el descenso de la población activa. La pérdida de la población activa se ha concentrado entre los hombres: en los últimos seis años la población activa ha disminuido en 510.000 hombres y en 128.000 mujeres. No obstante, todavía hay 1,7 millones menos de mujeres que hombres incorporadas a la actividad, lo que refleja la persistencia de barreras de género en el acceso al trabajo remunerado y que además “maquilla” las estadísticas laborales de las mujeres.

4. Se consolida la rotación y precariedad del empleo

La elevada rotación laboral de la población asalariada con contrato temporal es un rasgo característico de la precariedad, que ha aumentado con la crisis, especialmente tras la reforma laboral de 2012. Las personas asalariadas con contrato temporal en 2006 tuvieron que firmar una media de 3,6 contratos para poder trabajar durante todo ese año. En 2017 ha sido necesario que firmen una media de 5,6 contratos temporales para trabajar todo el año, reflejo de la creciente rotación en el empleo temporal consolidada tras la reforma laboral.

Tras la reforma laboral de 2012, la rotación del empleo también afecta cada vez más a la contratación indefinida. El repunte de los contratos indefinidos firmados es simultáneo a su menor supervivencia laboral, lo que consolida una menor eficacia en la creación de empleo indefinido. Ahora hace falta firmar más contratos para mantener los nuevos empleos indefinidos: en 2009 solo se necesitó firmar 1,1 contratos indefinidos por cada nuevo empleo indefinido que pervivía a fin de año, en 2017 fue necesario firmar 1,5 contratos por empleo. Un 33% de los contratos indefinidos firmados en 2017 ha causado baja (despido,…) durante el año y solo el 67% sobrevivían a fin de año. Nunca antes en la historia se habían firmado en España tantos contratos “indefinidos” que finalizan a los pocos meses y no sirven para consolidar empleo estable y de calidad.

La reforma laboral ha transferido una parte significativa del riesgo que implica crear un nuevo empleo desde el empresariado a la clase trabajadora, al hacer recaer sobre ella la mayor parte del coste y de las consecuencias negativas derivadas de las malas decisiones empresariales, a través de una mayor facilidad de despido a un coste menor. El Gobierno en lugar de incentivar y apostar por la mejora del modelo productivo, la inversión y el aumento de la productividad, sigue incidiendo en mejorar la rentabilidad empresarial a costa de comprimir los derechos laborales, “subsidiando” las malas prácticas empresariales más precarias a costa de las buenas prácticas empresariales y los derechos laborales.

 

Precariedad: el 38% de los contratos se concentra en el 1% de los empleos

La elevada rotación del empleo temporal se produce en un número limitado de puestos de trabajo que concentran un gran volumen de contratos temporales, muchos de apenas unas horas o días: entre enero y septiembre de 2018 se han firmado 6,26 millones de contratos temporales con una duración igual o inferior a 1 mes, de los que el 70% tenía una duración igual o inferior a 1 semana.

Hay un flujo muy elevado de contratos temporales de corta duración, que se concentra en un número limitado de empleos muy precarizados. Es decir, cada empleo ligado a contratos de muy corta duración ha requerido firmar una media de 3,4 contratos al mes (una media de 30 contratos en estos nueve meses de 2018). Gran parte de los contratos firmados se concentra en un pequeño porcentaje de empleos: el 38 por 100 de todos los contratos firmados entre enero y septiembre de 2018 tenía una duración igual o inferior a 1 mes, pero solo el 1,3 por 100 de la población asalariada estaba trabajando durante ese mismo periodo con contratos de duración inferior a 1 mes.

Los datos de contratación muestran el flujo de acceso a la actividad laboral, pero no proporcionan la foto real del empleo existente, como evidencian los datos de rotación anteriores, donde se necesitan firmar muchos contratos temporales para consolidar el mismo número de jornadas de trabajo que un empleo indefinido. Solo el 0,4% de los contratos temporales tiene una duración firmada superior a12 meses. Los contratos indefinidos firmados son muchos menos en cifras absolutas, pero debido a su mayor pervivencia, tienen un peso real muy superior en la duración/empleo generado. Valga como ejemplo que un puesto de trabajo puede ser cubierto durante 2018 firmando un solo contrato indefinido o 365 contratos temporales de un día.

En diciembre de 2018 se han firmado 1,7 millones de contratos de trabajo (el 91,5% temporales y el 8,5% indefinidos). En el conjunto de 2018 se han firmado 22,3 millones de contratos, nuevo máximo histórico, de los que el 90% han sido temporales y el 10% indefinidos, con un elevado peso de los contratos a jornada parcial (3 de cada 10 temporales, y el 40% de los contratos indefinidos). Los datos de 2018, en el quinto año de la recuperación, evidencian que la contratación sigue marcada por la precariedad y lastrada por los efectos negativos de la reforma laboral de 2012: se firman más contratos que antes de la crisis, pero son más precarios y todavía no se han recuperado todos los empleos destruidos por la recesión.

En diciembre se ha moderado el crecimiento interanual de la contratación indefinida (10,5%), que no obstante se mantiene alto en el acumulado del año (18,4%). El crecimiento de las conversiones de contratos temporales sigue siendo superior al de los contratos indefinidos iniciales: en diciembre, el 39 por 100 de los contratos indefinidos procede de conversiones.

5. La protección por desempleo es baja y crece la brecha de género

Poco más de la mitad de la población en paro registrado cobra una prestación y la mayoría solo cobra una prestación asistencial. La tasa de cobertura1 bruta del desempleo se sitúa en el 59,9% en noviembre y sigue en niveles muy bajos tras acumular una fuerte caída desde 2010. La duración de la crisis y la profunda destrucción de empleo han enquistado el paro de larga duración –que todavía afecta a la mitad de la población en paro- y un descenso de la protección por desempleo, que se refleja tanto en el bajo porcentaje de población en paro que cobra prestación como en el deterioro de su calidad media, por el menor peso de las prestaciones contributivas y la menor cuantía media de la prestación percibida. Este recorte tiene su origen en un sistema de protección que no estaba preparado para una crisis tan profunda y con una duración tan larga, a la que se añaden los recortes ejecutados por el Gobierno y que no se han visto paliados con la fallida creación del Programa de activación para el empleo.

En noviembre de 2018, la tasa bruta de cobertura del paro de las mujeres (55,2%) está 11 puntos porcentuales por debajo de la de los hombres (66,4%). 

La larga duración de la crisis ha rebajado la tasa de cobertura y además ha empeorado la calidad media de las prestaciones por desempleo, al agotarse las prestaciones contributivas y perder peso a favor de las asistenciales. Desde 2017 ha mejorado la calidad media de las prestaciones, aunque en noviembre de 2018 el 54,5% eran prestaciones asistenciales y solo un 45,5% contributivas, reflejo de la cronificación del desempleo. En noviembre 1,5 millones de personas en paro registrado carecían de prestación y 1.844.843 personas percibían alguna prestación: 1.053.869 cobraban un subsidio, la RAI o el PAE y solo 790.974 la prestación contributiva).

El gasto medio por beneficiario, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social, se situó en noviembre en 839 euros mensuales (5,1% interanual) mientras que la prestación contributiva media por beneficiario se situaba en 825 euros mensuales (0,7% interanual). En 2017 se ha frenado el fuerte descenso que arrastraba la cuantía media de las prestaciones por desempleo, pero el gasto en desempleo seguía bajando por la caída del número de personas beneficiarias. El gasto en prestaciones por desempleo se ha recortado a la mitad (-46%) entre 2010 y 2017, bajando desde 32.238 millones (2010) a 17.474 millones (2017). En 2018 el gasto en prestaciones ha frenado su descenso y en noviembre repunta ligeramente (2,1%).

 

VALORACIÓN Y PROPUESTAS DE CCOO

España sigue encadenada a un modelo productivo basado en los servicios de bajo valor añadido (hostelería, comercio, servicios auxiliares) con un peso muy bajo de la industria y los servicios de alto valor añadido, lo que nos condena a un empleo precario y de bajos salarios, con muchas fluctuaciones estacionales e insuficientes para dar una oportunidad de empleo a su población. En consecuencia, no se observa un cambio en el modelo productivo liderado por la industria y los sectores de contenido tecnológico alto, lo que pone en duda la solidez a medio plazo de la mejora de la afiliación a la Seguridad Social y la rebaja del paro, como se ha evidenciado en las etapas de recesión.

El empleo que se crea es en gran medida precario y temporal, lo que sumado a la devaluación salarial fomentada por la reforma laboral, hace que encontrar un trabajo sea cada vez menos una garantía de poder llevar una vida independiente o escapar de la pobreza. Es necesario mejorar el poder de compra de los salarios, para impulsar la demanda interna y un aumento vigoroso del empleo y una rebaja rápida del paro. Las mejoras acordadas en el SMI así como el establecimiento de un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales pactada con las organizaciones empresariales deben servir de estímulo para impulsar aumentos salariales en la negociación colectiva y en la calidad del empleo generado.

 

Cambios en la estructura productiva para un empleo de calidad

Ante este panorama, es necesario que el Gobierno lleve a cabo un giro hacia una política económica que fomente el cambio estructural del aparato productivo, que promueva el uso eficiente de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración y que ayude a recuperar la demanda interna. El objetivo debe ser sacar la economía española de su patrón tradicional de crecimiento de bajo valor añadido, sin industria, empleo inestable y salarios bajos. Para ello hace falta aumentar la inversión pública y reorientarla hacia la mejora de la calidad y el contenido tecnológico de la producción. Los servicios de alto valor añadido, los servicios a las personas, la reorientación del sector de la construcción hacia la rehabilitación y la eficiencia energética y un sector industrial diversificado con presencia creciente de los sectores de futuro deben ser la base del nuevo modelo.

 

Impulsar la negociación colectiva y una reforma fiscal progresista

Fortalecer la negociación colectiva para que los trabajadores y las trabajadoras participen de los beneficios de las empresas y acabar con la precariedad del empleo, exige derogar las dos últimas reformas laborales.

La economía española mantiene su expansión aunque a un ritmo algo más moderado (2,5% interanual en el dato avanzado del 3t2018). Mientras, los beneficios empresariales suben (en 2015 ya se recuperó el excedente empresarial que tenían antes de la crisis) y los dividendos están en máximos, debido a que las empresas no trasladan a precios toda la caída del precio del petróleo y de las materias primas, al recorte de sus costes de financiación, la bajada del impuesto de sociedades y la devaluación de los salarios provocada por la crisis y la reforma laboral. Es necesario que el crecimiento y los mayores beneficios se repartan ahora en forma de más puestos de trabajo, de empleo más estable, y de salarios que ganen poder de compra. La creación de empleo y el aumento del poder adquisitivo de salarios y pensiones son los dos factores que más hacen por consolidar el crecimiento y su sostenibilidad, gracias a la rebaja de la desigualdad que generan.

Con los datos hasta noviembre de 2018, los convenios colectivos cubrían ya a 8,5 millones de personas, con una subida salarial media del 1,7%. La firma del IV AENC 2018-2020 debe servir para fortalecer la negociación colectiva, garantizar el reparto real de la riqueza y beneficiará a más de 10 millones de trabajadores. El AENC busca consolidar la recuperación de los salarios y que ganen poder adquisitivo, especialmente de los salarios más bajos que se verán beneficiados por el establecimiento progresivo de un salario mínimo de convenio de 1.000 euros por 14 pagas (esta medida se estima que beneficiará a 2 millones de trabajadores y trabajadoras a tiempo completo).

Impulsar los salarios y la mejora de la protección social, que eviten la pobreza laboral, permitan una vida digna y garanticen la sostenibilidad de las pensiones.

El AENC incide en la imprescindible mejora de los salarios más bajos que ya se inició con el acuerdo para subir el salario mínimo a 850 euros brutos por catorce pagas, y es otro avance en el objetivo de aproximar el SMI al 60 por 100 del salario medio.

CCOO defiende que el crecimiento de la actividad económica debe servir para recuperar los salarios tras la fuerte devaluación interna sufrida por la población trabajadora de los sectores público y privado durante la recesión. España ha acumulado varios años con una inflación por debajo de la media, ganando competitividad vía precios, lo que proporciona un margen que debe ser utilizado para recuperarnos de los durísimos efectos de la devaluación salarial. Los convenios colectivos negociados deben garantizar la mejora del poder adquisitivo, participar del reparto de la productividad generada e incorporar cláusula de garantía salarial. En el área pública, CCOO insta a la rectificación de todos los recortes laborales y salariales sufridos en el sector público durante la crisis y considera la oferta extraordinaria de empleo público una respuesta a la presión ejercida por los sindicatos.

Es necesaria una verdadera reforma fiscal progresiva, lejos de las últimas reformas regresivas que reducen la recaudación y agravan los recortes.

CCOO reclama un reforma fiscal que proporcione recursos suficientes (aproximando nuestra presión fiscal a la media europea) y que reparta las cargas de manera progresiva, aumentando la imposición directa y sobre el capital (IRPF, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre el Patrimonio) y fomentando el crecimiento y la bajada del desempleo mediante un impulso de la inversión pública que incremente la productividad.

Hay que incrementar los ingresos públicos y de la Seguridad Social de forma estructural para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el corto plazo, al tiempo que a medio plazo se siguen desarrollando medidas en el marco del Pacto de Toledo. Algunas de las medidas que plantea CCOO para incrementar los ingresos y la sostenibilidad de las pensiones pasan por eliminar el tope de las bases máximas de cotización por contingencias comunes y financiar las pensiones de muerte y supervivencia con impuestos directos y progresivos sobre la renta, el patrimonio y los beneficios empresariales.

 

Mejorar la protección social de la población

En esta salida de la recesión no debemos permitir que sigan aumentando los niveles de pobreza y desigualdad. CCOO, UGT y la mayoría de los Grupos Parlamentarios registraron una Proposición de Ley que pedía garantizar el poder adquisitivo de las pensiones en 2017 y que fue rechazada por el Gobierno, y las pensiones perdieron el año pasado 1,7 puntos de poder adquisitivo por la subida de los precios. Es necesario vincular de nuevo la subida de las pensiones al IPC, como acaba de reflejar la recomendación sobre revalorización de las pensiones del Pacto de Toledo.

En paralelo a la mejora del SMI, los incentivos a la contratación deben concentrarse en las personas en paro de larga duración, para evitar que la mejora salarial recorte sus oportunidades de empleo. Hay que promover un Plan de Choque por el Empleo para crear puestos de trabajo, aumentar la protección social, en particular de las personas desempleadas (la tasa de cobertura sigue muy baja), poner en marcha un Plan de Choque para la Recuperación de la Población en Paro de Larga Duración e implantar una Prestación de Ingresos Mínimos.

La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser la prioridad que guie las decisiones económicas y laborales. En España hay 1,45 millones de personas paradas excluidas del sistema de protección por desempleo con los datos de SEPE². Este altísimo nivel de desprotección genera pobreza y exclusión y debe ser combatido, entre otras medidas, implantando una Prestación de Ingresos Mínimos en el conjunto del estado, como la impulsada por CCOO y UGT en el Congreso de los Diputados. Se trata de una prestación equivalente al 80% del IPREM (426 euros mensuales) destinada a personas que llevan más de un año en desempleo, que carecen de rentas y que no reúnen los requisitos para acceder a prestaciones contributivas o asistenciales de cualquier tipo.

²La cifra asciende a 2,2 millones de personas con los datos de paro de la EPA del 3t2017. 

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