Prejuicios sobre el juicio al procés

Miguel Candel ||

Profesor de Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona y Coportavoz de Izquierda en Positivo ||

La revista digital mientras tanto publicó recientemente, en su número 175, de enero del año en curso, un artículo firmado por José Luis Gordillo y titulado “Sobre el juicio al procés(II)”.En él, sobre la base de una fuerte crítica del proceso secesionista catalán, se argumenta, no obstante, contra la calificación provisional de las actuaciones llevadas a cabo por los dirigentes del proceso actualmente encausados (rebelión, según la fiscalía del Tribunal Supremo; sedición, según la Abogacía del Estado). Dejando de lado la calificación de aquellos actos como sedición (impugnada igualmente por el autor del artículo), me limitaré a reproducir primero, y a contribuir a refutar brevemente después, los argumentos que éste esgrime contra la acusación de rebelión:

“Bien es verdad que hay muy poca jurisprudencia sobre el delito de rebelión porque en los últimos cuarenta años ha habido, por suerte para todos, pocas rebeliones y/o pocas denuncias por ese delito. El caso que todo el mundo tiene en la cabeza, el 23-F, se juzgó en primera instancia en la jurisdicción militar y, en un segundo momento, en el Tribunal Supremo a partir de la definición del delito de rebelión que se hacía en el Código Penal de 1973, en la cual no se exigía el requisito de la violencia.

La escasa doctrina jurisprudencial existente al respecto no parece abonar la tesis de la fiscalía o de Vox. Los autores del Manifiesto La banalización de los delitos de rebelión y sedición(texto suscrito por casi un centenar de profesores de materias jurídicas de toda España, que se puede leer, entre otras publicaciones, en la revista Sin Permiso) citan una sentencia del Tribunal Constitucional, la STC 199/1987, en la que se dice que “la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional”. Asimismo, en un auto de la Audiencia Nacional, de 21 de diciembre de 2015, mediante el que se archivó un procedimiento penal contra los concejales de un ayuntamiento catalán que habían manifestado su apoyo a una declaración del Parlamentsobre el inicio del proceso de independencia, se estableció que un alzamiento para ser violento debía ir acompañado del “ejercicio de la fuerza física, o, cuando el empleo de ésta, de resultar necesario de cara a la consecución de alguno o algunos de los fines indicados en la norma penal, constituya una seria y fundada amenaza, por estar dispuestos los alzados a conseguir aquéllos a todo trance, recurriendo inclusive, de así resultar preciso, a la utilización o al uso de la misma.” Una interpretación reiterada posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

No parece que nada semejante sucediera en Cataluña en el otoño de 2017. En realidad, se estaba tan lejos de ello que Carles Puigdemonttomó la decisión, frustrada después por la acusaciones de traición, de convocar elecciones autonómicas para darle una salida política mínimamente digna al lío en el que él y los suyos se habían metido con sus actos “unilaterales” y su verborrea mendaz y delirante. Como todos sabemos, Puigdemontoptó finalmente por hacer una declaración de independencia que se puede calificar de simbólicasi uno quiere ser generoso y condescendiente, o de mamarrachada o bufonada si uno quiere ser serio y riguroso.

Para que una declaración de independencia no sea una bufonada debe ir acompañada, como mínimo, de movilización de fuerzas que intenten, por un lado, fijar las fronteras del territorio que se quiere independizar y, por el otro, expulsar de él a las fuerzas armadas y policiales del Estado frente al cual se lleva a cabo la secesión. La independencia es, antes que nada, una situación en la que cuentan mucho más los hechos que las palabras. Es, sobre todo, una situación de hecho. Por eso, desde sus orígenes, ha habido una relación tan estrecha entre los estados y las guerras. Josep Fontana lo explicaba de forma pedagógica al señalar que quien de verdad desee la independencia debe estar dispuesto a afrontar una guerra por la independencia. Una guerra que en el caso de Cataluña, se puede añadir, se debería llevar a cabo contra los enemigos exterioreseinteriores entre los que habría que incluir, según los resultados en votos de las últimas elecciones autonómicas del 21-D, a la mayoría de los catalanes. De ahí también el carácter irresponsable y criminal de las declaraciones del nada honorableQuimTorra sobre la vía eslovena a la independencia, esto es, sobre la vía violenta a la secesión”.

En mi opinión, la trampa de ese tipo de argumentaciones siempre es la misma: partir de la imagen “clásica” de rebelión como un alzamiento de fuerzas que tratan de destruir, mediante la violencia física o la amenaza de su uso, el orden legal existente. A este supuesto se añade de manera implícita otro tanto o más decisivo: que dichas fuerzas actúan “desde fuera” de las instituciones que tratan de derribar (razón por la cual necesitan ineludiblemente el recurso a la fuerza física). Como en este caso no ocurrió eso, puesto que los llamémosles, sensu kelseniano, “golpistas”[1]ocupaban una parte importante (decisiva, por lo que a Cataluña respecta) del aparato institucional a derribar, de las anteriores premisas extraen su conclusión los juristas mencionados y avalados por Gordillo: ni rebelión ni sedición ni nada de nada; a lo sumo, como sentenció el tribunal de Schleswig-Holstein, malversación.

El sentido común (no incluyo entre los usuarios consecuentes de dicha facultad a la mayoría de los secesionistas) no puede dejar de maravillarse, ante semejante docta conclusión, de que un mínimo de siete años de conspiración constante encaminada a la ruptura del orden constitucional, con declaraciones explicitísimas en ese sentido desde 2013, como mínimo, proceso que ha perjudicado gravemente el clima social y de convivencia entre los habitantes de Cataluña y de muchos otros españoles, así como las perspectivas económicas del territorio (con miles de empresas trasladando fuera de él sus sedes sociales y/o domicilios fiscales) resulte no ser, a final de cuentas, más que una “mamarrachada” (o una partida de póker) a duras penas punible por un quítame allá esos dineros públicos.

Y es que el sentido común sin duda percibe o intuye, sin necesidad de entrar en disquisiciones jurídicas, que los que un día de éstos se sentarán en el banquillo (así como los que huyeron cobardemente para evitarlo) no tuvieron necesidad de recurrir a la fuerza física para derribar el orden legal establecido precisamente porque eran los representantes de ese orden en Cataluña y pudieron dinamitarlo desde dentro.Si no llegaron a hacerlo efectivo (ocupación del territorio, control de las fronteras, etc.) fue porque su apuesta era en todo momento, como bien dijo la inefable Ponsatí, un “farol”, un inmenso farol con el que sí perseguían realmente“ganar la partida” (la independencia). Para eso sirven los faroles en el juego.

Se trataba, en suma, de mantener un constante desafío verbal desde el gobierno y el parlamento catalán, acompañado de acciones callejeras no exentas de violencia de baja intensidad, que buscaba provocar una respuesta desproporcionada de la Administración central, una reiteración de las cargas policiales del 1-O, por ejemplo, que propiciara algún tipo de intervención diplomática exterior: con sólo lograr eso, se creaba un precedente y una situación de hecho que confería ya a los golpistas el mínimo reconocimiento internacional suficiente como para erigirse en titulares de una soberanía no sometida a la española.

Ese era uno de los dos posibles resultados esperados. El otro, seguramente, un amedrentamiento tal del gobierno central, asustado ante la idea de un enfrentamiento no sólo civil, sino entre fuerzas policiales autonómicas y estatales, con posibles víctimas mortales, que forzara al vacilante Rajoy a algún tipo de transacción que legitimara, siquiera parcialmente, el golpe.

Si ninguno de ambos resultados se obtuvo, no fue por falta de voluntad, sino por errores de cálculo sobre las fuerzas propias y ajenas. En cuanto al hecho (que, extrañamente, no añade a la lista de eximentes el manifiesto “de los cien”) de que la declaración de independencia fue, en una primera ocasión, suspendida segundos después de proclamada y se camufló rocambolescamente de compromiso parlamentario (o vaya usted a saber de qué) en una segunda ocasión, cabe recordar que la ruptura decisiva del orden constitucional no se produjo en ninguna de esas ocasiones ni con el pseudo-referéndum del 1 de octubre de 2017, sino en las previas sesiones parlamentarias de los días 6, 7 y 8 de septiembre, en que se aprobó la llamada “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la república”, actuación que nunca fue suspendida, anulada ni desmentida por quienes la llevaron a cabo y de la que ahora casi todo el mundo parece haberse olvidado.

O sea, señoras y señores, que lo de Puchi no fue un Putsch. Que no fue rebelión, ni pronunciamiento, ni golpe de Estado, ni nada remotamente parecido. Vamos, que, como aseguró Carme Forcadell, se trató simplemente de algo así como una “performance” para regodeo de catalanistas enragésy ludibrio de españolistas casposos. Todo porque no hubo “violencia” entendida como uso de armas y asalto a edificios públicos.

Pero ¿acaso no es un quebrantamiento masivo del orden constitucional el que una parte del Estado (la Generalitaty el Parlament, en este caso) decida, tras un concienzudo (aunque con no pocos flecos chapuceros) proceso de preparación de “estructuras de Estado” y leyes al margen de la Constitución vigente, proclamar la instauración, en una parte sustancial del territorio del Estado, de un nuevo orden legal incompatible y en abierta contradicción con el vigente? ¿Y acaso no es ese proceso un acto masivo de violencia ejercida sin necesidad de disparar ni un solo tiro por la simple razón de que los edificios públicos ya estaban ocupados y la fuerza armada (17.000 mossos) controlada por los promotores de esa operación?

¿Acaso la aprobación de la llamada “ley habilitante” que dio en 1933 plenos poderes a Hitler no es considerada universalmente como un “golpe de Estado” pese a que aquel acto, por el que se liquidó en Alemania todo vestigio de Estado de derecho y de democracia, se llevó a cabo también sin disparar ni un solo tiro?

Y claro que no hay jurisprudencia escrita sobre el caso: porque es la primera vez que se produce algo semejante desde que entróen vigor la Constitución de 1978. ¿Y? ¿Para qué existe el criterio jurisprudencial propiamente dicho, el no escrito, el que forma parte de la humana capacidad de pensar analógicamente (que es la base, desde los primeros filósofos presocráticos, de toda forma de pensamiento racional)?

Tengo para mí que, si en España nos rigiéramos, como en el Reino Unido, por el “common law”,para el que no hace falta que todos los delitos posibles estén tipificados con pelos y señales en un código escrito,la acusación no precisaría ni media página de argumentación para llegar a las mismas conclusiones a las que ha llegado la fiscalía del Tribunal Supremo.

[1]Dice Hans Kelsen, en efecto:“Una revolución, en el sentido amplio de la palabra, que abarca también el golpe de Estado, es toda modificación no legítima de la Constitución –es decir, no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales–, o su remplazo por otra. Visto desde un punto de vista jurídico, es indiferente que esa modificación de la situación jurídica se cumpla mediante un acto de fuerza dirigido contra el gobierno legítimo, o efectuado por miembros del mismo gobierno; que se trate de un movimiento de masas populares, o sea cumplido por un pequeño grupo de individuos. Lo decisivo es que la Constitución válida sea modificada de una manera, o remplazada enteramente por una nueva Constitución, que no se encuentra prescripta en la Constitución hasta entonces válida.”

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2 comentarios de “Prejuicios sobre el juicio al procés

  1. Paco Frutos Gras
    12 enero, 2019 at 16:12

    Totalmente de acuerdo con las argumentaciones y conclusiones de Miguel Candel. En este país, y me refiero al conjunto de España, hay demasiados exquisitos progres.

  2. Juan Monras Creus
    16 enero, 2019 at 13:06

    Habria que insistir en el golpe de Estado de Primo de Rivera, en la marcha sobre Roma de Mussolini, y en la asunción de plenos poderes por parte de Adolf Hitler. En ninguno de estos casos hubo violencia porque en todos ellos el golpe se perpetro con la anuencia de los poderes publicos.
    El prologo del golpe que duró desde 1981 hasta 2017 fue el equivalente de la subversion contra la Republica de Weimar que posibilitó todo lo demás.

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