De rebeliones y sediciones. Cinco (o +) aproximaciones.
La tesis revisada de Enrique Gimbernat

Salvador López Arnal||

Profesor de la UNED||

Contra los profanadores de tumbas: en recuerdo de Pablo Iglesias, Dolores Ibárruri y las “Trece Rosas”.

No es la lucha final… pero intentemos ayudar si está a nuestro alcance:
http://www.fesp.org/index.php/noticias/item/8695-decretan-la-quiebra-del-legendario-l-humanite

Para Julio Cortázar (26.08.1914-12.02.1984), 35 años después: in memoriam et ad honorem. ¡Te echamos tanto en falta, querido Julio!

Estos 21 puntos buscan esconder el carácter nacionalista de las reivindicaciones del movimiento independentista y presentarse ante la opinión pública nacional e internacional como un movimiento democrático frente a un Estado solo a medias democrático y aun contaminado por el franquismo […]. En otro orden de cosas, resulta un tanto cínico reclamar que se frene el deterioro de la imagen exterior de España, precisamente cuando el movimiento secesionista ha empleado muchos recursos y energías, en los foros internacionales a los que ha tenido acceso, en denigrar al Estado español comparándolo con Turquía o Kazajstán. El lógico rechazo de los socialistas catalanes y por ende del PSOE a aceptar este documento como punto de partida para una negociación política será utilizado por las formaciones independentistas como una adicional prueba de la cerrazón del Estado español para encarar un diálogo sincero y como un pretexto más en su irrenunciable objetivo del Estado propio”.

Antonio Santamaría (2019)

Quedarse en las palabras no basta, hay que ir a los conceptos. Pero, sea como fuere, a un marciano que creyera que “ismo” es un sufijo que denota cierto exceso en la adhesión a lo denotado por el lexema al que acompaña, sin duda le sorprendería que eso valga para “españolismo” y no, en cambio, para “catalanismo”. ¿Será debido a una tara genética de los marcianos?”

Miguel Candel (2019)

Manuel Marchena, muy denostado hoy por los independentistas, recibió grandes elogios de una parte significativa de ellos cuando, en 2015, respondió positivamente (él y sus compañeros de Sala, pero él fue el ponente de la sentencia) a un recurso de casación interpuesto por el Govern de la Generalitat, el Parlament de Catalunya y el Ministerio Fiscal contra la sentencia dictada por la AN que absolvió de todos los cargos a los ocho indignados procesados por participar, el 15 de junio de 2011, en el así llamado “cerco al Parlament”. Ese pretendido cerco fue en realidad una manifestación de protesta por los recortes sociales que se llevó a cabo en la parte exterior de las verjas del Parque de la Ciudadela de Barcelona, cerrado a cal y canto por la policía. Fue, pues, una manifestación que transcurrió a bastante distancia física del edificio del Parlament, ubicado en el interior de dicho parque, y bastante menos amenazadora que los disturbios protagonizados por algunos grupos independentistas a las puertas del Parlament el pasado uno de octubre (…)

Esos hechos fueron considerados de extrema gravedad y en algún caso como algo parecido al 23-F por los políticos y tertulianos nacionalistas. Quien desee refrescar la memoria puede repasar los artículos que escribieron al día siguiente gentes como José Antich, Pilar Rahola o Artur Mas en La Vanguardia, o Quim Torra y Josep-Lluís Carod-Rovira en los diarios electrónicos El Matí y Nació Digital respectivamente (el antiguo dirigente de ERC [Carod Rovira], tras mostrar su rechazo a los hechos del día anterior y a que, entre otras cosas, muchas pancartas del 15-M barcelonés estuvieran escritas en castellano, literalmente invitó a los indignados a irse a mear a España).

En este ambiente de linchamiento, se inició un proceso penal que en última instancia Marchena y sus colegas concluyeron imponiendo una pena de tres años de cárcel por un delito contra las instituciones del Estado. Es posible que algunos de los dirigentes independentistas actualmente procesados, como Joaquim Forn, Jordi Turull o Josep Rull, por ejemplo, recuerden con un poso de amargura aquella alabada actuación del juez Marchena y sus compañeros de sala (con la excepción de Perfecto Andrés Ibáñez, que discrepó del fallo mayoritario con un voto particular).

Las ocho personas condenadas fueron José Mª Váquez, Francisco José López, Ángela Bergillos, Jordi Raymond, Ciro Morales, Olga Álvarez, Rubén Molina y Carlos Munter. Cito sus nombres y apellidos para no contribuir a su invisibilización social. Estas personas, olvidadas por la opinión pública en general y por la opinión independentista en particular, nunca han alcanzado para el gran público el status mediático de “presos políticos”, ni tampoco ha habido una radio o una televisión generalista que se haya interesado por su situación personal o por la de sus familiares. Más bien, tras ser tachados de golpistas y totalitarios, fueron objeto de una campaña de criminalización que dura hasta hoy y a la cual también se apuntó la derecha carpetovetónica de toda la vida.

Pues bien, esas ocho personas previamente habían sido absueltas de todos los cargos por la AN; más en concreto, por un tribunal compuesto por Ramón Sáez Valcárcel, que fue el ponente de la sentencia, Manuela Fernández Prado y Fernando Grande-Marlaska, el actual ministro de Justicia, el cual, todo sea dicho, se mostró disconforme con el fallo. Esa absolución, como se ha recordado, fue recurrida por la Generalitat, el Parlament de Catalunya y el Ministerio fiscal.

Por tanto, hay jueces muy distintos en sus maneras de pensar. Ahora bien, que Manuel Marchena es un juez conservador y de mentalidad autoritaria algunos lo sabemos desde, como mínimo, la sentencia del caso de los indignados y el Parlament, la cual ha sido de las más duras que se han dictado en España contra el pacífico movimiento del 15-M. Otros, a lo mejor, lo han descubierto en el último año”.

José Luis Gordillo (2019)

Cierro muy pronto esta semana. No les comento casi nada del juicio; no sé aún la fecha de las elecciones. Lo siento.

A manera de preámbulo:

¿Se aplicarán los defensores el lema-acusación que lanzaron el martes -con muy malos modos y tono desabrido- al tribunal: “¡Actúen como jueces y no como salvadores de la Patria”? ¿Actuarán ellos como defensores y no como salvadores-agitadores de otra Patria no menos patriótica que la anterior?

El fiscal Javier Zaragoza dejó muy claro el pasado miércoles lo que, de hecho, ya estaba claro: no se está enjuiciando al secesionismo o a la ideología nacionalista sino las acciones realizadas (una praxis nada emancipadora) por algunos líderes políticos secesionistas amparándose, además, en instituciones del Estado como el Parlamento catalán o el gobierno de la Generalidad.

(Hablando de Patrias y símbolos, habrá que hablar algún día de la vida sexual en “la montaña sagrada”).

Sé de la extensión de la tercera cita. Pero creo que vale la pena refrescar nuestra memoria… y la de otros colectivos interesados. Las dos citas restantes no necesitan justificación.

Como desahogo: ¡La imagen de la alcaldesa de Barcelona (y de su teniente de alcalde “en transición”) rodeada de unos 400 ediles secesionistas (muchos supremacistas, todos hispanofóbicos) exigiendo un “juicio justo” (o expresión similar) desencadena (no hay otra, no puede haber otra) tempestades de incomprensión (que comprende) y lejanía al más convencido, al más tenaz, al más fiel políticamente! ¡Dónde hemos llegado! ¿Quiénes son nuestros aliados? On és l’esquerra solidària i fraternal de Catalunya, la que se siente parte activa (y orgullosa de ello) de la tradición republicana democrática española?

Se ha iniciado el juicio y los presupuestos han pasado a mejor vida. Se acercan “tiempos interesantes” como dijo el historiador añorado. ERC y PDCat han votado lo mismo que C’s y PP (y a la inversa; por diferentes razones por supuesto: ¿Qué razones?). Desde su perspectiva: contra peor, mejor; el estilo y cosmovisión Puigdemont en estado puro. Siguen lanzados al monte (cómodo monte para una buena parte de ellos). Les importa una higa que los presupuestos PSOE-Unidos Podemos incluyeran mejoras sociales y, como ellos exigían, fuertes inversiones en Cataluña. Su mundo ahora ya no es éste.

La manifestación del pasado domingo (10.02) no sólo fue un fracaso o un no-éxito, como se prefiera, de las tres fuerzas de la derecha y extrema-derecha españolas sino que fue también (no se ha dicho apenas) una profunda refutación-falsación de la cosmovisión nacional-secesionista sobre España y su ciudadanía. ¿De verdad que, como hace el nacional-secesionismo en su trabajo capilar ininterrumpido, se puede reducir España a un Estado represor fascista y a la ciudadanía española a “un vertedero de fascistoides anticatalanalistas reaccionarios”?

(Por cierto, ese mismo día, también la mañana, se celebró en Teruel una de las manifestaciones públicas ciudadanas más importantes de su historia. Nada de identidades o asuntos afines: vindicación de la sanidad pública, grito de “Teruel también existe”, lemas como “ser pocos no resta derechos”. Otra mirada, otros sentimientos, otras preocupaciones).

Un comentario del profesor Robert Tallón sobre la manifestación del “trío calavera”:

He estado viendo la manifestación de Colón desde diversos medios: TV3, Antena 3, La Sexta y La 1. Y, curiosamente, he visto alguna que otra “senyera”. ¿Cuántas rojigualdas se ven en las manifestaciones nacional-secesionistas? Puede parecer algo anecdótico, pero no lo es. Ellos (desde su extrema derecha a su extrema “izquierda”) tienen más problema con “lo español” que esa multitud de “carcas fascistoides” con “lo catalán” (salvo en la extrema derecha). Pero los prejuicios operan”.

La estructura de la sabatina: 1. Observaciones previas. 2. Gimbernat. 3. Invitación.

I. Observaciones previas.

1. Una narración y una oportuna pregunta de Carlos Jiménez Villarejo:

Hablo del ataque de esos activistas antidemocráticos a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, en la madrugada del pasado día 4, bajo el insulto de “justicia de mierda”. La siguiente descripción resulta de la conversación con uno de los innumerables jueces y fiscales que soportaron la situación creada, que los dirigentes independentistas ignoran o banalizan. “Cuatro días después de la performance, ya no percibo la fragancia de los excrementos de cerdo que desparramaron los revolucionarios dels somriures [de las sonrisas]. Pero en la planta baja, donde radican los juzgados y la Fiscalía de guardia, donde se atiende al público, el hedor ha sido nauseabundo durante varios días. Las señoras de la limpieza han hecho un esfuerzo titánico, admirable. Pero ¿y el público?, ¿también ha de aguantarse? En la planta baja se concentran a diario los familiares de los detenidos, los testigos, las víctimas y perjudicados con sus acompañantes, a veces niños de corta edad y gente mayor… Incluso cuando la fragancia se disipe, a mí me seguirá oliendo a mierda. A la mierda difundida por quienes se autocalifican de independentistas y menosprecian a la ciudadanía que ese día y los siguientes han soportado injustamente dicha situación”. Y me pregunto, ¿quiénes responderán penalmente de ese asalto tan brutal?”

2. Sobre Venezuela: de Rafael Poch de Feliu, “Los tres delitos del chavismo”. https://rafaelpoch.com/2019/02/07/los-tres-delitos-del-chavismo/. Un comentario de José Luis Martín Ramos:

Estando de acuerdo en los sustancial – ¡es el petróleo!- yo no hablaría de delitos, ni a modo de sarcasmo; sí de errores y de problemas de fondo no abordados a tiempo. Errores en la política económica y, para mí, el principal que no es de Maduro sino de Chaves es de seguir pagando el servicio y la amortización de la deuda internacional, un dinero que se echa en falta para invertir en la modernización de la industria petrolera; la reserva venezolana es muy importante pero también con importantes problemas técnicos de extracción y refinado. Y en invertir otra parte de la renta petrolera que tendría que haber sido creciente y no decreciente – por el precio del crudo y por la caída de la producción- en la promoción de nuevos sectores económicos públicos y mixtos. Problema de fondo: el de la corrupción de los estados monoexportadores y el peso de las relaciones clientelares que además se sobredimensionan en un proceso como el venezolano en el que el cambio es promovido por un grupo militar apoyado en una muy débil base organizativa popular, que ha de construir su pieza básica – las asociaciones civiles y el partido- al mismo tiempo que tiene que redistribuir ya la renta petrolera, para lo que aparece siendo como funcional, en el mejor de los casos por inercia, las formas clientelares”.

3. Una observación de Miguel Candel al artículo de José Luis Gordillo (“Sobre el juicio al procés” http://www.mientrastanto.org/boletin-176/notas/sobre-el-juicio-al-proces-iii) que he usado en una de las citas, la tercera:

Hábil. Pero, como siempre, y tal como hacen todos los secesionistas (y compañeros de viaje), pasando olímpicamente por alto las leyes (¡leyes, no declaraciones simbólicas!) aprobadas por el Parlament entre el 6 y el 8 de septiembre de 2017, que vulneraban y dejaban sin efecto en Cataluña la Constitución y el Estatuto vigentes. Blanqueando que es gerundio. Se agradece, de todos modos, la sugerencia final sobre el harakiri de los indepes para librarse de la quema a cambio de desengañar a sus huestes. Pero también aquí hay un fallo garrafal: si el movimiento secesionista fuera racional, eso podría funcionar. Pero está claro que no lo es, y el refranero anda sobrado de reflexiones en torno a la idea “no hay peor sordo que el que no quiere oir”. Desde el “farol” de la Ponsatí hasta las confesiones de Josep Lluís Salvadó y Raül Múrcia, aireadas el 31 de octubre de 2017, hay evidencia suficiente como para que mentes medianamente abiertas se hubieran convencido ya de que “la república no existe” sin necesidad de que un mozo de escuadra sensato le llame a uno “idiota”. Pero no hay manera de desengañar a quien ha decidido firmemente engañarse a sí mismo, ni argumentos racionales ni pruebas empíricas que puedan desmontar la fe religiosa del fanático compulsivo. Las únicas grandes conversiones que conozco en la historia de las religiones, la de San Pablo y la de Martín Lutero, fueron precedidas de una caída del caballo. Pero ignoro si entre los fieles del procés abundan los aficionados a la hípica. Me temo que el único sustituto que queda de esa peculiar experiencia reveladora es un buen palo del Tribunal Supremo. Ya decía Hegel que la historia avanza siempre por su lado malo…”

4. Sobre Quilapayún y su actuación en L’Hospitalet de Llobregat. El comentario, el sabio comentario de una catedrática de Física y química prejubilada de un instituto de Poble Nou, Barcelona:

1. Esta mañana [12.02], los abogados de los políticos presos en el juicio por rebelión que tienen ante el TS de Madrid, se han sacado a Noam Chomsky de la chistera para aducir “voces internacionales” en favor de sus clientes. Aún tienen días por delante para hacer lo mismo con Joan Báez, o con Ángela Davis…

2.“Quilapayún” anda por Barcelona…Parece ser que el concierto de este conjunto musical -hermosamente y contumazmente antifascista- en L’Auditori de Barcelona (bajo el sospechoso título Projecte Home Catalunya), ha sido anulado; no así el del día 17 F en L’Hospitalet de Llobregat.

3. Si alguien tiene acceso a esto músicos, antes del concierto del 17 en L’Hospitalet, debería hacerles llegar que Joan Báez, o Ángela Davis, han sido manipuladas y engañadas cuando han mostrado sus simpatías (en conciertos o meetings en Barcelona) por el secesionismo nacional-catalanista.

4. Consecuentemente, es de desear un concierto de “Quilapayún” el 17 F, en el que no salga vencedor (de un modo u otro) el antifeiximse al uso que venimos padeciendo unos 6 millones de ciudadanos de Cataluña en general, y unos cientos de miles en particular”.

5. Sobre “la racionalidad política temperada” de ERC, otro de los mitos del “relato secesionista” que está en auge. Aparte de sus poses competitivas (siempre miran de reojo a la Crida-PDCat y afines), sus acciones parecen refutar en toda la ocasión la idea anterior. Manifestación de deseo, nada que ver con la “realidad real” que diría Belén Gopegui.

Si tienen alguna duda, escuchen la entrevista con Esther Capella en Radio Nacional el pasado martes a las 20:30. Si eso es moderación y prudencia, entonces el siguiente de 6 es cinco. Habló, sin cortarse un pelo y en su tono “afable” de siempre, de “causa general” contra Cataluña y el nacionalismo (La misma expresión usó hace meses Enric Maragall, el ahora alcaldable, en el programa que Cuní presentaba en 8TV).

 

II. Las posiciones de Enrique Gimbernat

El título de su trabajo, de unos de sus artículos sobre nuestro asunto “Sobre los delitos de rebelión y sedición” (28 de noviembre de 2018. https://www.cronicapopular.es/2019/01/sobre-los-delitos-de-rebelion-y-sedicion/). Gimbernat es catedrático de Derecho penal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Ni que decir tiene que mostrar-explicar no es coincidir con lo expuesto en todos sus nudos y argumentaciones.

Abre EG con estas palabras:

Si no me salen mal las cuentas, entre enero de 2013 y octubre de 2017, el Parlamento catalán ha aprobado cuatro leyes y seis resoluciones y su mesa ha acordado admitir a trámite, para su aprobación por la Cámara legislativa autonómica, en 10 ocasiones, propuestas de ley y de resoluciones parlamentarias abiertamente inconstitucionales, que estaban en contradicción con resoluciones judiciales previas del Tribunal Constitucional (TC), todas ellas con la finalidad de facilitar y de ejecutar los referéndums de independencia del 9 de noviembre de 2014 (el de las “urnas de cartón”) y del 1 de octubre de 2017. Por su parte, y con la misma finalidad, el Gobierno de la Generalitat aprobó, en ese espacio de tiempo, cuatro decretos igualmente inconstitucionales”.

Todas y cada una de esas normas y resoluciones legislativas y gubernativas, nos recuerda, fueron suspendidas por nueve providencias del TC (“muchas de ellas notificadas personalmente a los miembros de la mesa del Parlament, al secretario general del mismo, así como al president y a los consejeros del Govern, advirtiéndoles de que podrían incurrir en responsabilidad penal si no acataban tales suspensiones”). Estas normas y disposiciones, posteriormente, fueron declaradas inconstitucionales y nulas por numerosas sentencias y autos del TC.

Hay que reconocer al Parlamento y al Gobierno catalanes, prosigue EG, que no le plantearon al TC problema alguno de interpretación para declarar la inconstitucionalidad de esas normas y resoluciones

pues todas ellas -con un descaro que está buscando, sin encontrarlo, su paralelo- se permitieron establecer, por sí y ante sí, por ejemplo, que el «proceso de desconexión democrática [de Cataluña] no [estaba supeditado] a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional» (resolución 1/XI, de 2-11-2015, del Parlament), así como que quedaba derogada la Constitución Española (CE) (arts. 3 y 13 Ley 20/2017, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República). Para comprender que todas esas lunáticas y arrogantes disposiciones de un Parlament y de un Govern regionales son inconstitucionales, no hace falta, ciertamente, ser Ulpiano, sino que basta con saber leer y escribir”.

Por lo que se refiere a la llama “igualmente lunática apelación a un inexistente derecho a decidir de Cataluña”, y ya que se habla de derechos, todavía se busca algún jurista (añade EG “catalanista”) que designe qué norma nacional o internacional de Derecho objetivo reconoce ese pretendido derecho. Desde luego, no se encuentra en el Derecho nacional, que “no sólo no lo reconoce, sino que niega tajantemente su existencia en el art. 2º CE”, según el cual “[l]a Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”

(Dicho entre paréntesis: resulta incomprensible que un jurista de la talla de Gimbernat no observe -cuanto menos no lo indica- ninguna inconsistencia en la formulación de este artículo. ¿La Constitución contiene un artículo en que se señala que la propia Constitución se fundamenta -¿toda ella?- en la “indisoluble unidad de la nación española”? ¿Y qué fundamenta entonces esa indisoluble unidad? ¿Punto de partida axiomático indiscutible? ¿La historia, la “evidencia”, la voluntad de los legisladores, el “sentido común”, la “opinión mayoritaria” de la ciudadanía? No hay formulaciones jurídicas similares en otras constituciones que también señalan su unidad nacional. Por ejemplo: la francesa, la portuguesa, la italiana, etc. Por lo demás, los legisladoras catalanes-nacionalistas se expresarían en términos similares (aunque más cuidados) respecto a “la unidad nacional catalana”).

Prosigamos. Desde luego que tampoco figura, comenta EG, en el Derecho internacional, ya que la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas (Carta Magna de la Descolonización) reconoce el derecho de autodeterminación exclusivamente

a las antiguas colonias, negando expresamente que se puedan acoger a tal derecho regiones como Cataluña: “Todo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas” (Principio 6 de la resolución 1514)”.

Hay más:

Y ya que, en el mismo sentido, al ocuparse del derecho de autodeterminación, la resolución 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas excluye, también expresamente, que ese derecho a decidir pueda “entender[se] en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menospreciar, total o parcialmente, la integridad territorial de Estados soberanos e independientes”, que “estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivo de raza, credo o color”.

Como no existe ningún tribunal del mundo -ni nacional ni internacional- que pueda reconocerle a esa Comunidad autónoma un derecho a decidir, no sólo inexistente sino expresamente prohibido por las normas nacionales e internacionales, infiere EG, “la independencia de Cataluña sólo se puede alcanzar por una de estas dos vías: bien pactando con el Gobierno central, bien por la fuerza de los tanques”.

No es evidente que esas vías de las que habla el autor sean las únicas posibles. De hecho, como es sabido, el secesionismo .Cat apuesta por otras vías (aunque no siempre con claridad). La expresión “fuerzas de los tanques” va en contra de la posición y análisis del autor.

EG señala que a la primera vía fue a la que acudió Escocia para celebrar, de acuerdo con el Gobierno del Reino Unido, un referéndum vinculante de independencia que, finalmente, como sabemos, arrojó un resultado negativo para los secesionistas. Pero, en su opinión,

este pacto entre una región y el Poder Ejecutivo central -que permitía la legislación del Reino Unido- es imposible en España, porque, al contrario que en el Derecho anglosajón, el nuestro no faculta al Gobierno de la Nación a pactar tal referéndum, ya que, previamente a ese pacto, habría que derogar el ya citado art. 2º CE, algo que, aunque sea teóricamente posible, no lo es en la práctica, ya que esa reforma constitucional que permitiría la segregación de Cataluña, exigiría, entre otros requisitos (art. 168 CE), que fuera aprobada por una mayoría de dos tercios del Congreso y del Senado y, posteriormente, en un referéndum de ámbito nacional; como, al menos los llamados partidos constitucionalistas, se opondrían a esa reforma, nunca se alcanzarán esas dos mayorías de dos tercios y, aun en el inimaginable supuesto de que se alcanzaran, parece igualmente inimaginable que los españoles, en ese referéndum, se declararan a favor de una reforma constitucional que permitiera la independencia de Cataluña”.

Descartada la posibilidad de alcanzar la independencia mediante un pacto con el Gobierno, queda la segunda posibilidad

De esta vía existe en Europa un ejemplo reciente: el de Crimea, cuyo Parlamento aprobó el 11 de mayo de 2014 una declaración unilateral de independencia de Ucrania, incorporándose posteriormente Crimea a la Federación de Rusia en virtud de un referéndum celebrado el 16 de mayo. Ello fue posible porque en todo ese proceso independentista y en la posterior incorporación de Crimea a Rusia, los ejércitos de este país apoyaron la causa secesionista mediante importantes movilizaciones de su ejército por tierra, mar y aire”.

Como Cataluña no tiene ejército, comenta EG, ni dispone de un país amigo que le preste sus tropas, ese procedimiento de alcanzar la independencia queda igualmente descartado.

Tras este anterior, una primera conclusión del autor:

Como no existe ningún tribunal en el mundo que, en el caso de Cataluña, pueda reconocerle no sólo un inexistente, sino expresamente prohibido derecho a decidir, como un pacto entre el Gobierno central y el catalán que permitiera la independencia de Cataluña no puede llevarse a cabo sin la prácticamente imposible derogación previa del art. 2º CE, y como Cataluña ni tiene tanques ni existe nación alguna en el mundo que esté dispuesta a prestárselos, por ello la independencia de Cataluña es, para cualquiera que no haya perdido por completo su contacto con la realidad, un objetivo inalcanzable”.

Que a pesar de esta evidencia, los políticos independentistas .Cat hayan movilizado a millones de catalanes en la persecución de una imposible independencia ha sido, en opinión de nuestro autor, “una imperdonable irresponsabilidad por la que un día -más o menos lejano- les pedirán cuentas tantos catalanes de buena fe que han sido miserablemente engañados”.

Como se ha manifestado en alguna ocasión, de nuevo tiene EG la palabra, los movimientos independentistas en Europa se caracterizan porque persiguen siempre la segregación de regiones que son más ricas que el resto del Estado en cuestión.

Ello es lo que sucede con los partidos independentistas de Flandes (Interés Flamenco, Nueva Alianza Flamenca [N-VA]), que disfruta de una renta per capita muy superior a la del resto de Bélgica (Valonia), o con la Liga Norte (LN), que persigue la secesión de las restantes regiones menos favorecidas de Italia. Es decir: que lo que caracteriza a esos movimientos independentistas, aparte de su nacionalismo, ultraderechismo y xenofobia, es la insolidaridad, como lo pone igualmente de manifiesto que no se registre ningún movimiento independentista que provenga de las regiones más pobres de Europa”.

Son esos partidos europeos de ultraderecha (Interés Flamenco, N-VA y LN) los que prestan su máximo apoyo y hermanamiento a los secesionistas catalanes.

Pero para confirmar que el movimiento secesionista catalán se caracteriza también por la xenofobia, sostiene EG, “ni siquiera hace falta indicar quiénes son sus amigos en Europa”. Basta con reproducir “algunas de las frases xenófobas pronunciadas en su día por quien ha sido elevado a la más alta magistratura de Cataluña por los partidos independentista PDeCAT, ERC y CUP, Quim Torra”. El autor nos recuerda el “ahora miras a tu país y vuelves a hablar a las bestias. Pero son de otro tipo. Carroñeros, víboras, hienas. Bestias con forma humana, sin embargo, que destilan odio… Hay algo freudiano en estas bestias. Un pequeño bache en su cadena de ADN ¡Pobres individuos!”. También la otra gran reflexión torriana: “España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente”.

Los sectores progresistas españoles, señala con acierto EG, “que ven con buenos ojos al independentismo catalán, algún día tendrán que explicar cómo han podido apoyar a un movimiento que niega dos de las señas de identidad fundamentales de la izquierda: el internacionalismo y la solidaridad”. EG sabe perfectamente que no lo explicarán y que negarán la mayor. Es así… aunque no nos guste e incluso nos parezca incomprensible.

Lo sucedido en Cataluña lo resume EG en estos términos: una trama organizada en su día por el Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y algunos miembros de la mesa de aquél, actuando todos ellos de común acuerdo con las mediatizadas organizaciones ANC, OC y AMI, así como con los mandos de los Mossos d’Esquadra, promovieron e hicieron posible, malversando fondos públicos, el referéndum ilegal del 1-O. Su versión, algo sesgada en mi opinión, innecesariamente además:

En ese referéndum, y a pesar de que estaban cumpliendo órdenes judiciales, los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional fueron repelidos violentamente (resultaron heridos 58 de ellos), mediante murallas humanas, que se habían formado siguiendo los llamamientos de los brazos civiles del Govern ANC y Òmnium Cultural, los cuales, primero, intentaron impedirles -a veces con éxito- incautarse de las urnas y de las papeletas que se encontraban en los locales de votación, teniendo que enfrentarse, después, a otras murallas humanas que trataron de evitar que dichas urnas y papeletas fueran sacadas de los colegios electorales”.

A estos enfrentamientos, que EG caracteriza de violentos, de las muchedumbres con los miembros de las Fuerzas de Seguridad contribuyeron decisivamente -como se deduce -o deduce EG- del escrito de conclusiones provisionales, de 7-11-2018, del MF ante la AN- “los Mossos d’Esquadra, siguiendo las órdenes de sus mandos, entre ellos del consejero de Interior Forn -procesado por rebelión por el TS- (“Los mossos cumplirán la ley y permitirán votar el 1-O”) y del mayor Josep Lluís Trapero”. En efecto, comenta EG

para el cumplimiento del auto de 27-9-2017 de la magistrada instructora del TSJ de Cataluña, que ordenaba a las Fuerzas de Seguridad “[e]l cierre de aquellas dependencias en que se hicieran actos de preparación o fuera a celebrarse la votación del día 1”, así como “el requis[o] de todo el material relacionado con el referéndum”, en las reuniones de coordinación mantenidas entre los cuerpos policiales se acordó que fueran los mossos los que primero intervinieran en los centros de votación, mientras que los efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sólo actuarían a requerimiento de los mossos cuando esa primera actuación no fuera suficiente”.

Pero, de acuerdo con las órdenes recibidas de sus mandos,

los mossos, engañando a los que habían dispuesto que su intervención fuera la primera, no hicieron nada ni por cerrar los locales, ni por impedir la entrada en ellos de los votantes, ni por retirar las urnas y las papeletas, de tal manera que, cuando avisaron a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, sus efectivos se encontraron con locales abarrotados que permitieron la formación de murallas humanas, efectivos que, en cumplimiento de mandatos judiciales, intentaron reducir la resistencia antijurídica y violenta que oponían a las Fuerzas de Seguridad nacionales los integrantes de ANC y de Òmnium u otras personas que habían sido seducidas por dichas organizaciones”.

La descripción es correcta en general. Fue tal como EG señala. Les guste o no, por ahí fueron las cosas. Es discutible su afirmación sobre la resistencia antijurídica y violenta (no lo fue en todos los casos según parece; sí, tal vez, en algunos colegios). EG insiste en este punto:

El alzamiento violento de quienes se opusieron a los miembros de las Fuerzas de Seguridad nacionales no desaparece por los eventuales y ocasionales excesos que hayan podido cometer algunos de los efectivos de aquéllas, algo que está siendo investigado por diversos Juzgados de Cataluña, sin que hasta ahora se haya producido condena alguna, sino, por el contrario, siete sobreseimientos y una absolución, por entenderse que los agentes querellados habían actuado “necesaria y proporcionalmente” en el cumplimiento de las órdenes judiciales recibidas”.

Viene ahora el nudo central de su argumentación y de su posición revisada.

En un artículo suyo anterior (12-12-2017, El Mundo), EG mantuvo que lo sucedido el 1-O integraba un delito de sedición y no uno de rebelión en el sentido del art. 472.5º del Código Penal (CP): “Son reos del delito de rebelión los que se alzaren violenta y públicamente para cualquiera de los fines siguientes: … 5º. Declarar la independencia de una parte del territorio nacional”. La interpretación, la de rebelión, no podía prevalecer porque

dichos actos violentos y multitudinarios solo estaban dirigidos a hacer posible el ilegal referéndum del 1-O en el que lo que se les preguntaba a los votantes era: ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Pero ese referéndum no supuso todavía una declaración de independencia, por lo que no es posible poner ésta en conexión con los actos previos violentos y públicos ejecutados con anterioridad al y durante el 1-O”.

Cierto, admite nuestro autor, que también se produjo una declaración de independencia, pero “ésta se proclamó en una inconstitucional votación, celebrada en el Parlament el 27 de octubre, para la cual no fue necesaria -ni se produjo- manifestación alguna violenta”. Para aprobarla, bastaba con la simple y en sí pacífica acción “de depositar un voto en una urna dispuesta al efecto”.

Luego, por tanto, en su anterior argumentación: delito de sedición, sí; delito de rebelión, no. Ahora rige una rectificación.

No puedo seguir manteniendo esta interpretación de que aquí estamos ante un delito de sedición y no de rebelión. El art. 472.5º no tipifica como rebelión «la declaración de independencia» mediante un alzamiento violento y público, sino que basta con que tal alzamiento vaya dirigido al «fin» de declararla, que es precisamente lo acontecido el 1-O: porque las acciones violentas que ese día se desarrollaron en Cataluña tenían como “fin”, en efecto, no votar afirmativamente al referéndum por el referéndum mismo, sino “declarar” la independencia, para lo cual era requisito imprescindible que previamente triunfara en la consulta la opción secesionista, puesto que, según el art. 4.2 de la inconstitucional Ley catalana del Referéndum, “[e]l Parlament, dentro de los dos días siguientes a la proclamación de los resultados oficiales de la Sindicatura Electoral, procederá a la declaración formal de independencia de Cataluña”.

En consecuencia (recordemos: para él no existe duda sobre la existencia de un alzamiento violento y público; su duda estaba en la relación referéndum-declaración de independencia). EG abandona la posición mantenida en ese artículo anterior (del 12-12-2017) y se muestra ahora de acuerdo con el auto de 21-3-2018 del juez Llarena “que declara procesados por un delito de rebelión a los políticos independentistas allí enumerados, así como con los escritos de conclusiones provisionales, de 2-11-2018, del MF ante el TS y ante la AN, declarando este último que los hechos atribuidos a los mandos de los mossos (Puig, Soler, Trapero y Laplana) son constitutivos de un delito de rebelión de los arts. 472.5 y 7 y 473.1 CP.”

Recientemente, prosigue EG, y a raíz de los escritos de conclusiones provisionales del MF ante el TS y ante la AN, se ha puesto a la firma un Manifiesto (“Banalización de los delitos de rebelión y de sedición”), que ha sido suscrito predominantemente por juristas catalanes (entre ellos, el abogado Francesc Homs, el antiguo portavoz del Govern y condenado por el TS por un delito de desobediencia en relación con el referéndum de 9-11-2014), en el que se niega la concurrencia de un delito de rebelión en los acontecimientos del 1-O sobre la base de un argumento que él discute.

En dicho Manifiesto se apela a la STC 198/1987 (sic: en realidad se trata de la STC 199/1987, de 16 de diciembre), según las cual, “[p]or definición la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso de armas de guerra o explosivos”. Pero lo manifestado por la STC 199/1987 carece actualmente de vigencia, porque se dictó sobre la base de una regulación del delito de rebelión que ya no es la que rige para el CP actual. Para el CP ahora vigente es imposible mantener que sólo existe rebelión cuando los autores tienen «el propósito de uso de armas de fuego o explosivos”; ello se sigue de que, como el art. 473.1 CP contiene un tipo agravado de rebelión cuando en ésta “se han esgrimido armas”, de ahí se sigue, en virtud de un elemental argumento a contrario, que las restantes modalidades de rebelión se caracterizan, negativamente, porque no se han esgrimido armas”.

Además

el Manifiesto rechaza también la concurrencia de un delito de sedición “debido a que en ningún momento se ha aportado indicio alguno de que los imputados hayan inducido, provocado o protagonizado ningún alzamiento tumultuario con la finalidad de evitar el cumplimiento de la ley”.

Contra esto, como ha tratado “de demostrar en este artículo y en los dos anteriores publicados en EL MUNDO de 12-12-2017 y 31-7-2018”, EG indica que

lo que sobran son precisamente indicios de que los alzamientos violentos y públicos del 1-O sólo fueron posibles porque los procesados organizaron y financiaron un referéndum del que sabían que, con la intervención de común acuerdo de ANC y de Òmnium, y la imprescindible colaboración de los mossos, necesariamente se iban a producir enfrentamientos violentos entre las muchedumbres dirigidas por esas organizaciones que se opondrían a las órdenes judiciales cuyo cumplimiento había sido encomendado a las Fuerzas de Seguridad. Por lo demás, esa violencia provocada por la trama golpista no es subsumible en el art. 544 (“sedición”), ya que no se ejerció únicamente para “impedir… resoluciones judiciales”, sino en el delito de rebelión -que absorbe al de sedición-, porque, como ya he expuesto anteriormente, persiguió el “fin” de «declarar la independencia» de Cataluña”.

Vamos finalizando. Un apunte final ahora sobre prisión preventiva e indultos.

Uno de los fines del Derecho penal, recuerda EG, es el de la prevención general: aplicando la pena prevista para un delito a quien lo ha cometido, se trata de disuadir al mayor número de ciudadanos posibles de que no incurran en el mismo delito, por miedo a tener que sufrir la pena que van a padecer -o que ya están padeciendo- los que se atrevieron a infringir el CP.

Cuando se pide el cese de la prisión provisional por rebelión para los políticos catalanes procesados, o la aplicación del indulto para el caso de que sean condenados, se está renunciando, con ello, a la función preventivo-general del Derecho penal. Porque si los procesados por rebelión ni siquiera van a estar presos hasta que se celebre el juicio y si, caso de ser condenados, van a ser puestos en libertad mediante los correspondientes indultos, con ello se envía el mensaje de que la rebelión sale gratis y tendremos en Cataluña, en el futuro, un golpe de Estado un año sí y otro también”

De hecho, insiste

el que los políticos independentistas se encuentren en prisión y se enfrenten a muy graves penas, y que otros hayan huido para eludir sus responsabilidades, ya está desplegando sus efectos preventivo-generales, porque lo único que explica que los actuales dirigentes catalanes -desde Torra hasta Torrent-, a pesar de sus discursos incendiarios, se cuiden muy mucho de ejecutar actos, es porque saben que podrían tener consecuencias penales, tales como las que están sufriendo y se enfrentan a sufrir sus compañeros de partido procesados”.

Sus palabras de cierre:

El huevo de la serpiente del secesionismo catalán tendría que haber sido combatido con la aplicación del art. 155 CE, antes de que eclosionase. Pero, a pesar de la catarata de normas inconstitucionales que se fueron dictando desde enero de 2013 a septiembre de 2017, el Gobierno del PP se resistió a aplicarlo, lo que habría evitado males mayores. Y la supuesta explicación de que, si no se hizo, fue porque los partidos constitucionalistas PSOE y Ciudadanos no respaldaban esa aplicación, entonces ello no puede servir de excusa al Gobierno del PP, sino que sólo condiciona que ese mismo reproche se extienda también a aquellos dos partidos”.

Hasta aquí la argumentación y las posiciones de EG.

Conviene cambiar de tercio y temática la próxima semana. El panorama jurídico de la situación está bastante cubierto. Veremos nuevos elementos durante el juicio.

III. Invitación.

Me permito insistir de nuevo.

Por si pudieran, para el próximo 23 de febrero, del colectivo Juan de Mairena. Un homenaje a Antonio Machado y al exilio. Me da que les gustará.

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