IZQUIERDA EN POSITIVO: Lo que no pudo entrar por la puerta entrará por la ventana. Pedro Sánchez y la trampa del “relator”

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Izquierda en Positivo perdió hace tiempo la esperanza en que del gobierno de Pedro Sánchez pudiera salir una política coherente y respetuosa de los valores constitucionales en general y de los de la izquierda en particular frente al movimiento secesionista de Cataluña.

Pero la última pirueta del presidente del gobierno español ha superado las peores expectativas. Anunciada, inicialmente, por el primer secretario del PSC, Miquel Iceta (que habría indultado a los líderes secesionistas procesados antes de juzgarlos), confirmada con cara de satisfacción, de oreja a oreja, por Elsa Artadi y reinterpretada en un patético ejercicio de contorsión retórica por la vicepresidenta Carmen Calvo, la iniciativa de incluir un llamado “relator” (Iceta habló de un “notario”) en las próximas mesas de diálogo entre partidos acordadas a raíz de la reunión entre Sánchez y Torra en Barcelona, es la enésima concesión del gobierno central al de la Generalidad de Cataluña, pero de una gravedad sin precedentes.

En efecto, es bien sabido que una de las piezas clave de la estrategia secesionista tal como se ha desarrollado a lo largo de los últimos años ha sido conseguir una “mediación” internacional para, supuestamente, resolver el llamado “conflicto Cataluña-España”. Sólo los ciegos (o tuertos) en materia de derecho internacional pueden dejar de ver que la figura de un mediador de esta clase entre instancias políticas sólo tiene sentido cuando se trata, o bien de un grave conflicto interno de un país, con facciones claramente definidas, o bien de un conflicto entre estados. En este último caso, la instancia mediadora por antonomasia son las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad.

Por tanto, la “jugada” secesionista consiste en obtener, mediante la presencia de un ”relator” en las conversaciones entre el gobierno central y el de la Generalidad, el reconocimiento de la existencia de una de aquellas situaciones. Al no tratarse, obviamente, de un conflicto entre dos estados, sino en el interior de un mismo estado, nada tienen que ver aquí las instancias ordinarias de las Naciones Unidas. Se trata, por tanto, de conseguir al menos la presencia de un “relator especial”, que es como llaman las Naciones Unidas a la persona encargada de examinar una situación de conflicto e informar al respecto en casos de presunta vulneración de derechos humanos. De esta manera, la Generalidad se situaría automáticamente en una posición de práctica igualdad respecto del gobierno del Estado español, proyectando de paso sobre éste la sombra de la sospecha en materia de derechos humanos.

Ahora bien, presentar directamente la figura del “relator” con estas funciones y características provocaría el rechazo de una gran mayoría de los ciudadanos de este país, dentro y fuera de Cataluña, ante la evidencia de que ni el conflicto se da entre la totalidad (ni tan sólo la mayoría) de la ciudadanía gobernada por la Generalidad, de un lado, y el resto de la ciudadanía española, del otro (el conflicto, por tanto, no tiene lugar entre facciones claramente definidas), ni la Generalidad goza de un status político equiparable al del gobierno de España. Por tanto (y he aquí la función de la vicepresidenta Calvo enturbiando las aguas conceptuales), de entrada se presenta la figura como una especie de “secretario de actas”, no en reuniones entre gobiernos, sino simplemente entre partidos (únicamente de ámbito catalán, por lo que parece). Pero como es de sobra conocida la táctica del “pescado al cesto” empleada tradicionalmente con gran éxito por los nacionalistas catalanes, no albergamos la más mínima duda de que, una vez aceptada esta figura, una vez creado el precedente, asistiremos a su progresivo “upgrade”, hasta alcanzar el nivel de mediador entre iguales por el que suspiran los secesionistas. Con ello el secesionismo conseguiría el suficiente grado de reconocimiento de facto para continuar tejiendo la tela de araña de los apoyos internacionales que necesita.

Pensamos, en consecuencia, que esta concesión del gobierno español a los secesionistas, que responde claramente a uno de los famosos 21 puntos o exigencias presentadas por Quim Torra a partir de la mencionada reunión de Barcelona, tanto si obedece, como parece evidente, a la obsesión de Pedro Sánchez por obtener la aprobación de los presupuestos y permanecer dos años más en el cargo, como si es la enésima iniciativa apaciguadora al estilo “pastelero” de Miquel Iceta (un nacionalista con piel de socialista, bastante desteñida, por cierto), lejos de apaciguar a los secesionistas, les dará las fuerzas que empezaban a faltarles y pondrá a los catalanes no secesionistas a los pies de los caballos. Podemos decir, pues, que la reiterada deslealtad de los secesionistas para con el estado del que forman parte está a punto de ser superada por la deslealtad del propio gobierno español hacia la Constitución, el estado de derecho y los derechos de la gran mayoría de los ciudadanos de este país. Pero es que, además, como dijo el presidente Tarradellas, “en política está permitido todo menos hacer el ridículo”. Parece que Carmen Calvo ha olvidado esta máxima cuando, a fin de justificar el invento del “relator”, afirma que “ha de ser alguien que conozca bien Cataluña”. ¿Acaso quiere decir que el gobierno del que ella forma parte no sabe lo que pasa en Cataluña? Sospechamos que, en efecto, es así. Porque una cosa es querer mostrar una idea de España diferente de la que tiene la derecha y otra renunciar a la propia legitimidad dando por bueno el relato independentista que pinta España como un estado no democrático que necesita que entidades ajenas velen por los derechos de sus ciudadanos.

Rechazamos, pues, enérgicamente esta medida y apelamos a todas las fuerzas políticas constitucionalistas, incluidos los miembros del PSC y el PSOE no abducidos por la estrategia de los nacionalistas, a manifestar igualmente su rechazo.

Barcelona, 7 de febrero de 2019

Grupo promotor de Izquierda en Positivo

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