Juzgado especial de delitos en centros de enseñanza. (Segunda parte. Abril-Julio de 1968)

Juan José del Águila Torres||

Ex magistrado juez e investigador||

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Además de la creación del  Juzgado de Instrucción  Especial para Centros Universitarios, la dictadura franquista adoptó en la reunión del Consejo de Ministros  de 22 de marzo de 1968 otras medidas represivas, como fueron la exigencia-a través del Ministerio de Educación y Ciencia – a rectores y decanos para que aplicasen con rigor el Reglamento de Disciplina Académica, a las que habría de sumarse, la ruptura del  tradicional fuero universitario, esto es, a través del Ministerio de la Gobernación y,  con arreglo a la Ley de Orden Público de 1959, se creaba una Policía de Orden Universitaria (POU), bajo mando de sus jerarquías gubernativas, para que actuasen libremente no sólo en los campus  universitarios sino dentro de las propias Facultades y Escuelas Técnicas.

Por último, la aprobación por parte de la Jefatura del Estado, del Decreto-Ley de 16 de agosto, sobre represión de bandidaje y terrorismo, por el que se volvía a poner en vigor lo dispuesto en el artículo segundo del Decreto  de 21 de septiembre de 1960, que había sido expresamente derogado con la creación de la Jurisdicción Especial de Orden Publico, devolviendo la competencia a la Jurisdicción de Guerra (militar  o castrense) para enjuiciar en consejos sumarísimos determinadas conductas de oposición al régimen, y la posterior declaración del Estado de Excepción en Guipúzkoa, por tres meses, prorrogados por igual plazo, constituyeron las medidas excepcionales adoptadas en el año 1968, año en el que se conmemoraba el XX Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos .

 

Manuel Lora Tamayo, protagonista y testigo cualificado de los acontecimientos universitarios de principios de 1968.

El que fue titular de la cartera de Educación y Ciencia,  Manuel Lora Tamayo (Jerez de la Frontera, 26.01.1904-Madrid 22.08.2002), en el noveno Gobierno de Franco (1962-1968) dejó escrito un libro de Memorias, con el título Lo que yo he conocido. Recuerdos de un viejo catedrático que fue Ministro, editado en Puerto Real, 1993, por los propietarios del Diario de Cádiz- Federico Joly y Cia S.A.- que no he visto citado por los diversos autores que han realizado meritorios trabajos sobre el movimiento estudiantil y universitario en España.

En la página que Wikipedia le dedica a Lora Tamayo-visitada el 28/1/2019- se dice: “Que en su gestión estimuló la investigación, reordenó las Escuelas Técnicas Superiores y creó la figura del profesor agregado que mejoró  cualitativa y cuantitativamente el acceso a las cátedras…Sin embargo, la agitación estudiantil de la época complicó severamente su cometido ministerial. Tuvo actuaciones pendulares de severidad  y tolerancia en diversos  incidentes que afectaron a las universidades españolas y que terminaron por desbordarlo, siendo el segundo ministro tras José Enrique Varela que dimitió en el Gobierno franquista el 28 de marzo de 1968″.

 

Portada del libro de Memorias del Ministro de Educación y Ciencia Manuel Lora Tamayo

 

Fue una de la “víctimas” directas de los acontecimientos universitarios de la primavera de 1968 que se venían arrastrando desde la desaparición formal del SEU,  en 1965, y su pretendida sustitución por las descafeinadas Asociaciones Profesionales de Estudiantes, patrocinadas por el sector tecnócrata  cercano al Opus Dei.

Las memorias de Lora Tamayo describen con detalle y minuciosidad, desde una posición privilegiada ya que formaba parte del  Gobierno, y ayudarían a descifrar múltiples factores concurrentes hasta ahora no debidamente contemplados por los autores que han trabajado el tema del movimiento estudiantil y las medidas  con las que  intentó el Régimen hacer frente, a lo que él entendía como una rebeldía persistente en el movimiento universitario de protesta.

No deja de ser curiosa la propia  confesión del Ministro Lora Tamayo de  que se reunía a comer con frecuencia en los salones del célebre restaurante Lhardy con los directores de los diarios madrileños para recomendarles “… que evitaran los efectos sensacionalistas de fotografías de dudoso origen y de los grandes titulares que no se correspondía con el texto de aquellas…La verdad que él no pedía más que buena voluntad y con ella actuaron los mas responsables.  

Daba  cuenta de una amplia  nota que entregó en mano a Franco el 9 de noviembre del 1967, planteándole su relevo-dimisión, por entender que había llegado a término su actuación ministerial. Cabria destacar el apartado tercero de la misma porque era significativa su concepción de la situación universitaria en España en aquellos momentos: ”El Ministerio de Educación ha sufrido siempre el impacto de las agitaciones políticas de la vida universitaria, a cuyo seno se pretende llevar, no ya  las  sanas inquietudes del país en cada momento histórico sino la tumultuosa  fermentación provocada  por agentes externos con fines de subversión revolucionaria. La minoría provocadora encuentra fácil eco con fútiles motivos en la impetuosidad juvenil, no siempre sofocada por la autoridad del profesor, en no pocas ocasiones inoperantes”.

En estas última apreciaciones – la de la participación de  agentes externos y la nula o escasa cooperación de los catedráticos y profesores en las tareas represivas de los estudiantes- coincidía en todos sus aspectos con la mantenida por Franco, quien, en aquella ocasión, no estimó oportuno aceptar la  pretendida dimisión  por entender “… que una crisis ahora que acaso tendría que ser más amplia, considerando otros aspectos y no sobran nombres…” A lo que Lora Tamayo le respondió: “Tampoco faltan los que pudiendo hacer una buena labor aceptarían con gusto ser Ministro por su vocación política…” Y Franco le replicó”… Pero esos son los que menos interesan”. Con lo que, quedaba claro el concepto que el Generalísimo Franco  tenia de  “los personajes  políticos”.

Más adelante, se quejaba amargamente Lora Tamayo de que tenía que atender simultáneamente a tres frentes: a los estudiantes, a los catedráticos y, en no pocas ocasiones, al Ministro de la Gobernación (Camilo Alonso Vega), con el que decía, a pesar de la buena voluntad de ambas partes, no era posible llegar a un entendimiento.

Resulta muy significativa la descripción pormenorizada de las presiones internas de diversas instituciones dentro del propio régimen que hubo de soportar como Ministro de Educación y Ciencia en los tres primeros meses de 1968.

A finales de enero un grupo de procuradores en Cortes enviaron un escrito a su  Presidente, solicitando el nombramiento de una Comisión Especial, “que tuviese como cometido la realización de un  Informe sobre los incidentes que venían sucediendo en las distintas Universidades españolas creando un clima de tensión y de inseguridad que repercutía en el rendimiento de los estudiantes y también en la intranquilidad de los padres…”

A su vez, la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia se dirigió por escrito al Vicepresidente del Gobierno- Carrero Blanco- exponiendo “su preocupación por el estado actual de la Universidad Española , con el fin de hallar una solución a los problemas, pues su estado no era ya de anarquía , sino que presentaba matices revolucionarios que no se podían admitir ni silenciar…Se atribuía la crisis, por razones de difícil concreción, al debilitamiento de la autoridad académica y terminaban solicitando  que el aparato político y punitivo del Estado entrara en acción para localizar e inutilizar a los elementos subversivos…pero criticaba que se hubieran impuesto medidas sancionatorias colectivas e indiscriminadas, por los graves perjuicios que ellas arrastraban a las propias familias…”

El 8 de febrero de 1968, el Fiscal del Tribunal Supremo- Herrero Tejedor-  hacía pública una Nota Informativa refiriéndose a los sucesos que venían ocurriendo en los recintos universitarios: “reparto de propaganda subversiva  marxista, difusión de obras de Mao Tse Tung, carteles y letreros ofensivos para personas e instituciones públicas, sin  que nadie los retire o impida…lo que conlleva la obligación de la autoridad académica, a las fuerzas de orden público y de los agentes de la policía…a la actuación y represión de dichas conductas”.

En la carta remitida por Herrero Tejedor, a finales de marzo, al Ministro de Educación se elogiaba la decisión adoptada por el Rector de Madrid- Isidoro Martin- de dar cuenta a la autoridad fiscal para la averiguación  de los hechos ocurridos en la Facultad de Ciencias- un intento para incendiarla- y en ella se puntualizaba “Que el Juez Especial designado para instruir los sumarios no podrá coronar con éxito su gestión si no encuentra una decidida colaboración por parte de las autoridades académicas y de los funcionarios públicos que le permita conocer la identidad de los autores, ni las condiciones necesarias para calificar los hechos como delictivos y es absolutamente necesario que estos sean proporcionados por las autoridades académicas que disponen de medios e instrumentos para tal fin”.

También relataba Lora Tamayo que en una de las últimas reuniones del Consejo de Ministros a las que asistió, después de su intervención sobre la situación en las universidades, el  titular de la cartera de la Secretaria  General del Movimiento, Solís Ruiz,  informó de que un grupo de consejeros de dicha institución habían solicitado la presencia de los Ministros de Educación y de Gobernación para que diesen cuenta de su proceder frente a las alteraciones en la Universidad, a lo que Lora Tamayo se negó rotundamente. Franco ordenó a Solís que saliera de la reunión donde se celebraba el Consejo y llamara al director del diario Pueblo– Emilio Romero- para que no publicase esa petición, pero al rato volvió para decir que ya era tarde pues el periódico se estaba imprimiendo.

Según decía el propio Lora Tamayo, terminó enfrentándose a Camilo Alonso Vega, como bien ilustran estas palabras: “Como gota de agua que colma el vaso de la paciencia llegó el esperado final del Ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega”, quién era conocido en los medios opositores estudiantiles como “Camulo”, también como “El Extreñío”, ya que al tomar posesión de la cartera ministerial, dijo en su discurso “que iba a obrar duro”). Alonso Vega remitió a Lora Tamayo “unas normas  que regulaban la actuación de las fuerzas públicas en la Facultades que resultaban inadmisibles, porque  el Jefe de las fuerzas podía decidir, cuando sus superiores  se lo ordenaran, la entrada de aquellas, si en cierto plazo la autoridad académica no restablecía el orden interior alterado…” que fueron rechazadas de plano por Lora Tamayo, que, a partir de esos momentos –finales de marzo de 1968-se mantuvo en situación de Ministro dimitido fáctico.

Sin embargo, al día siguiente, Camilo Alonso Vega dio una nueva nota en la que se mantenía  el mismo espíritu e idéntico propósito, lo que provocó una llamada de Lora Tamayo a Franco, para informarle de la situación creada y la amenaza que representaba la aplicación de esas normas de la Policía del Orden Universitario… La ya entonces débil voz de Franco le respondió por teléfono: ¿pero es que no pueden ponerse de acuerdo ustedes mismos ?

A consecuencia de ello, las fuerzas de orden público entraron en casi todas las Facultades y Escuelas Técnicas – sin la pertinente autorización de la autoridades académicas – para desalojar a los estudiantes e impedir la celebración de Asambleas y reuniones, llegando a lesionar a profesores y catedráticos hasta que, el 29 de marzo, el Gobierno, tras reunión del Consejo de Ministros, decidió adelantar las vacaciones de Semana Santa y cerrar todas las Facultades y Escuelas Técnicas del distrito universitario de Madrid. Y emitió un comunicado- que se transcribe literalmente en una página del ABC, de 30 de marzo de 1968, en el que reconocía que la situación de tensión llevaba produciéndose desde el curso anterior y durante todo el año académico 1967/1968 y la comparaba, para mejor, con la que se vivía  en las universidades de otros de otros países.

El Magistrado Juez de Instrucción  Especial Manuel González Alegre dio orden, en marzo de 1968, de  clausurar la Delegación de Estudiantes de Económicas, en contra de  la opinión del Decano, que quedó precintada hasta el 15 de mayo.

Con la Universidad cerrada y Lora Tamayo enfermo, el Ministro de Agricultura, Díaz Ambrona, leyó en las Cortes el discurso sobre la situación en las universidades, que debió hacerlo el ya dimitido, y  en el que, en líneas generales, se mantenía la tesis de la conjura universitaria a nivel mundial.

El Ministro Manuel Lora Tamayo fue  sustituido por José Luis Villar Palasí, el 17 de abril de 1968, que nombró nuevo Rector a José Botella Llusiá, quienes intentaron compatibilizar medidas académicas enérgicas con otras más conciliadoras como fue la de permitir el concierto de Raimon. Pero los enfrentamientos de estudiantes y policía se mantuvieron una vez reiniciado el curso, después del primero de mayo.

 

 José Álvarez Cobelas, autor de Envenenados de cuerpo y alma. La oposición universitaria al franquismo en Madrid (1930-1970), una de las mejores aproximaciones al tema por su enfoque y documentación, terminaba el balance del curso 1967/1968, afirmando que la conflictividad y la anormalidad habían sido las notas predominantes, con cerca de 2.000 detenidos, la mayoría por unas horas y muchos de ellos en repetidas ocasiones, 200 estudiantes expedientados, un ministro, un rector y varios decanos destituidos, disparos y heridos en los campus universitarios- incluidos profesores- intentos de incendios y de ocupación de Facultades fracasados, cotidianidad de enfrentamientos violentos continuos con la policía por parte de grupos minoritarios y cierres intermitentes de muchas Facultades, algunas, como Económicas, cerradas durante medio curso.

A los que habría que unir los procesados en los 120 sumarios que tramitó el nuevo y fugaz Juzgado Especial para Centros Universitarios, del magistrado Manuel González Alegre (alias Manolo Alegría), que funcionó desde abril a finales de julio de 1968.

El Decreto ley 9/1968, de 16 de agosto, sobre represión bandidaje y terrorismo     

 

Franco, tras el nombramiento de Villar Palasí, comentó el 27 de abril de 1968 con su primo y secretario, Francisco Franco Salgado- Araujo: ”El Gobierno estaba pendiente de la  política del nuevo Ministro de Educación Nacional, pues si este fracasa no quedará más remedio que poner a uno ajeno a la carrera universitaria para que, sin el menor perjuicio, tome las medidas enérgicas para conseguir el fin que aspiramos. La dificultad está en el gran número de universitarios que hay y en la facilidad de una minoría, amparada en dicha masa, para realizar su acción subversiva. Creo que el Ministro de la Gobernación no utiliza bien las fuerzas de orden público, exponiéndolas inútilmente a ser el “pim pam pum”.

Como ya expuso  Álvarez Cobelas y reproducíamos anteriormente, el nombramiento del nuevo Ministro de Educación, quien inició su actuación impulsando un servicio secreto para la prevención de protestas estudiantiles, no redujo la conflictividad estudiantil y fueron sintomáticas algunas de las iniciativas adoptadas antes de finalizar el curso para organizar actos conjuntos de estudiantes y obreros, para, entre otras cosas, pedir la libertad de los presos políticos.

De ahí que, una vez finalizado el curso académico, tras los primeros enfrentamientos y atentados de ETA- que ocasionaron la muerte de un guardia civil de tráfico y un comisario de la Brigada Político Social –, en plenas vacaciones estivales el Gobierno, reunido en La Coruña el 14 de agosto, volvió a sus antiguos fueros; esto es, aprobó el Decreto-Ley  9/1968 de 16 de agosto sobre represión del bandidaje y terrorismo, por el que una vez más, se decía en la introducción, “constatados en recientes acontecimientos, que han puesto de manifiesto acciones y tendencias encaminadas a atacar la seguridad de la patria, y basándose en la defensa de la unidad e integridad nacional y el mantenimiento del orden público y de la paz social, resultaba urgente la adopción de medidas jurídicas adecuadas y, en consecuencia, sería de aplicación lo dispuesto en anterior Decreto 1794/1960, de 21 de septiembre, incluido su artº. 2, restableciendo la competencia de la  jurisdicción militar para conocer de todos los delitos comprendidos en dicho decreto por el procedimiento “sumarísimo”.

Dicha medida significaba, ni más ni menos, que retrotraerse a la legislación represiva de la posguerra – Ley para la Seguridad del Estado, de 29 de marzo de 1941, Ley de 19 de febrero de 1942, Ley de 2 de marzo de 1943 por la que se equiparaban algunas transgresiones de orden jurídico al delito de rebelión militar contra los opositores políticos, a quienes se les calificaba de “enemigos”  y Decreto ley de 18 de Abril de 1947 sobre represión de delitos de bandidaje y terrorismo, por cuanto que, volvían a considerarse delitos de rebelión militar… “Los que difundiesen noticias falsas o tendenciosas con el fin de causar trastornos de orden publico interior, conflictos internacionales o desprestigio del Estado, sus instituciones, Gobierno, Ejército o autoridades. Los que, por cualquier medio, se unan, conspiren o tomen parte  en reuniones, conferencias o manifestaciones  con los mismos fines expresados anteriormente. Podrán tener tal carácter los plantes, huelgas, sabotajes y demás actos análogos cuando persigan un fin político o causen graves trastornos de orden público. Los que para atentar contra la seguridad pública, atemorizar a los habitantes de una población, realizar venganzas y represalias de carácter social o político provocaren explosiones, incendios naufragios…que puedan causar grandes estragos”.

Las penas previstas eran las de muerte – si  se produjese alguna – y de reclusión menor en todos los demás casos.

Tras la muerte de Melitón Manzanas, el Gobierno decretó el 3 de agosto el Estado de Excepción en Guipúzkoa por tres meses, alegando motivos de alteración de orden público y con suspensión de los artículos 14, 15, y 18 del Fuero de los Españoles, posteriormente prorrogados el 31 de octubre por otros tres meses. La vigencia temporal  de este nuevo Estado de Excepción enlazaría con otro nuevo, de ámbito nacional, de 24 de enero de 1969, consecuencia de las movilizaciones tras la muerte del estudiante Enrique Ruano.

 

El Informe del Fiscal del Tribunal Supremo en la solemne sesión de apertura de Tribunales el 16 de septiembre de 1968

 

 En el Informe anual del Fiscal del Tribunal Supremo – Herrero Tejedor-  en la sesión solemne de apertura de tribunales, celebrada el 16 de septiembre del año 1968, no se mencionaba y se omitía referencia expresa a la creación del Juzgado  de Instrucción Especial para centros universitarios, aunque sí lo hacía, respecto al nombramiento de  un  Juez Especial, Salvador Barberá García, magistrado titular del Juzgado Nº 1 de Valencia, también con jurisdicción en todo el territorio nacional, para instruir un sumario por una estafa en la construcción de unas viviendas que afectó a más de 10.000 perjudicados de Madrid, Valencia, Alicante, Málaga, Alcalá de Henares y Sevilla.

Así como tampoco se hacía mención a la publicación de ese Decreto Ley de Represión del terrorismo y bandidaje, que colocaba de nuevo a la jurisdicción militar como protagonista en la represión de la oposición política.

Al definir al Fiscal como defensor de la ley, pretendía asumir y convertir a los miembros del cuerpo de fiscales como defensores de las  garantías penales y procesales de las personas, de las que se decían estaban ya todas ellas reconocidas en el Fuero de los Españoles y repitiendo una vez más que  España era un Estado de Derecho.

Tales afirmaciones  categóricas se contradecían con lo afirmado en el propio Informe, al calificar  la llamada  delincuencia subversiva, como uno de los apartados de los diferentes tipos de delincuencia que existían en España (juvenil, contra propiedad, infracciones de tráfico, infracciones culposas en materia laboral, tráfico de drogas, subversiva y los delitos de prensa), al analizar en el apartado Tribunales de Orden Publico, las estadísticas desglosadas de los años 1966 y 1967  “de las causas incoadas, las sentencias dictadas-absolutorias y condenatorias- , clasificación por  delitos ( contra la seguridad exterior e interior del Estado, contra la libertad y seguridad)”, así como la función revisora del Tribunal Supremo con respecto a las sentencias dictadas por el TOP en dichos años.

También se incluía en esa Memoria de 1968 la Instrucción Nº 1/1.967, de 12 de mayo, por la que se daban pautas de actuación de los Fiscales de las respectivas Audiencias Provinciales, “en las actuaciones judiciales por delitos singularizados por la tendencia a subvertir los principios básicos del Estado, perturbar el orden público o sembrar la inquietud en la conciencia nacional”.

Se decía en ese Informe,  que en 1968 se conmemoraba el XX aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Gobierno de la nación así lo había proclamado, tomando algunas iniciativas, como  fueron la de crear una Comisión presidida por un alto cargo del Ministerio de Justicia y la edición de una tirada especial de un sello de correos recogiendo ese aniversario.

Conclusión

Con ello, el régimen franquista venía a reconocer una vez más, y así lo entendió y practicó en sus casi cuarenta años de existencia, que a mediados de 1968 – año declarado formalmente por el Gobierno Español “De los Derechos Humanos”-, la máxima garantía para la defensa de sus intereses, eran las leyes excepcionales,  como el Decreto-Ley sobre Represión de Bandidaje y Terrorismo, las jurisdicciones  especiales, como  la jurisdicción militar de guerra, y la declaración de estados de excepción, con lo que, sus propios intentos de “civilizar” la represión de sus oponentes políticos, con la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial de Orden Publico, a principios de 1963, y con la creación de un nuevo Juzgado de Instrucción Especial para Centros Universitarios, en marzo del 1968, no fueran suficientes para contener las movilizaciones de estudiantes y obreros y del nacionalismo radical vasco para conseguir el reconocimiento de sus derechos y libertades.

Nota final

Los lectores interesados pueden acercarse al tema en  la entrada del presente  blog del 29/06/18 con el trabajo colectivo de un grupo de estudiantes  de antropología y sociología de la UCM, con el titulo España 1964-1976. El TOP, el Movimiento estudiantil y el Mayo del 68.

Tema este último, que estaría necesitado de un tratamiento más detallado, lo que podría ser objeto de una tercera entrada, situándolo, por una parte, entre las diversas represiones practicadas en nuestro país y, por otra, en un contexto global convulso como se vivió en el mundo ese año de 1968. Ambas coordenadas pondrían de manifiesto la consideración que le merecían a la Dictadura Franquista los Tratados  Internacionales, Declaraciones y  el XX Aniversarios de los Derechos Humanos.

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