La Asociación de Historia Contemporánea sobre el auto del Tribunal Supremo
que paraliza la exhumación de los restos de Franco

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La Asociación de Historia Contemporánea considera que, más allá de la problemática específica de la exhumación de los restos del dictador, la forma en que lo argumenta el Tribunal Supremo contraviene la opinión mayoritaria entre los historiadores acerca de la Jefatura del Estado de Francisco Franco al situar su inicio el 1 de octubre de 1936. En esa fecha en España existía un único Jefe del Estado legítimo, el Presidente de la II República, Manuel Azaña. Es este un hecho incontestable.

Cuestionarlo como hace el Tribunal Supremo, implica la legitimación de hecho, a posteriori, de un golpe de Estado, el del 18 de julio de 1936, que generó una guerra civil, con cientos de miles de muertos, y una represión brutal que costó la vida a otras decenas de miles.

Suspender la exhumación, y más con la argumentación señalada, constituye una ofensa a las víctimas; al depositario de la voluntad nacional, el Parlamento español, que aprobó la exhumación; al gobierno democrático de la nación, que la ordenó; y a toda conciencia cívica y democrática, española e internacional.

Pero esto no es todo. En distintos países europeos que han tenido que afrontar las herencias y traumas generados por dictaduras antidemocráticas, como la Italia fascista, la Alemania nazi o la Francia de Vichy, es motivo de debate la cuestión de hasta qué punto los historiadores pueden o no convertirse en “autoridades” a la hora de determinar o condicionar procesos judiciales o disposiciones gubernamentales. Todo esto puede ser discutible, PERO LO QUE NO SE PLANTEA EN NINGUNO DE ESTOS PAISES ES JUSTAMENTE LO CONTRARIO: QUE SEA EL PODER JUDICIAL EL QUE DETERMINE LA “VERDAD HISTÓRICA”.

Esta es una intromisión inaudita a la que solo ha llegado el Tribunal Supremo español. Y bajo ningún concepto cabe ignorar las posibles implicaciones de este hecho. Tales:

1. Podría llegar a tener efectos sobre la libertad de los historiadores eventualmente obligados a confrontar sus propias investigaciones con instancias que nada tienen que ver con su profesión.

2. Sitúa a España, a su judicatura y, por extensión, a la democracia española en el furgón de cola de las europeas.

3. Abre la vía a eventuales derroteros de judicialización de la historia con consecuencias tan impredecibles como inquietantes. Por todo ello esta Asociación considera absolutamente necesaria una rectificación total y sin ambages de la anotada disposición del Tribunal Supremo.

En Madrid, a 6 de junio de 2019

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