La crisis catalana

Pere Ysàs i Solanes*||

Catedrático de Historia Contemoránea de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)||

(El presente texto fue escrito por el profesor Ysás en octubre de 2017 y publicado en esa fecha en la revista italiana de geopolítica LIMES, fundada en 1993 y dirigida por Lucio Caracciolo, periodista, economista y académico considerado como uno de los grandes especialistas.europeos en geopolítica, director, asimismo, de Eurasian Review of Geopolitics Heartland creada en 2000. 

Aunque, Pere Ysás concluye su análisis en 2017 y, en consecuencia, no aborda en él los complejos acontecimientos sucedidos desde entonces, CRÓNICA POPULAR lo reproduce ahora en tanto que el riguroso análisis de historiador que efectúa sobre la llamada “cuestión catalana” aporta antecedentes y claves de especial interés para nuestros lectores.

Pere Ysás o Solanes (Rubí, 1955) está especializado en los estudios sobre la dictadura franquista y la Transición y es autor de la obra “Disidencia y subversión. La lucha del régimen franquista por la supervivencia, 1960-1975” (2004) y coautor, junto a la también historiadora de la UAB, Carme Molinero i Ruiz, de los libros “L’oposició antifranquista a Catalunya, 1939-1950” (1981), “Patria, Justicia y Pan. Nivell de vida i condicions de treball a Catalunya, 1939-1951” (1985), “Els industrials catalans durant el franquisme” (1991), “El règim franquista. Feixisme, modernització i consens” (1992), “Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista” (1998), “Catalunya durant el franquisme” (1999). Asimismo, ha participado en diversas obras colectivas, entre las que se encuentran “La transición en el País Vasco. Historia y memoria” (1998), “El franquismo. Visiones y balances” (1999), así como “Historia política de España, 1939-2000” (2001).

La “cuestión catalana” o el “problema catalán” parecía definitivamente resuelto con la aprobación de la Constitución española de 1978, que reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, y del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 19791. Durante los 25 años siguientes, a pesar de tensiones y conflictos puntuales sobre competencias o en torno a la financiación, las relaciones entre el gobierno central y el de la Generalitat de Cataluña fueron siempre correctas y fluidas; por otra parte, pese a la existencia de una minoría independentista en Cataluña, todas las encuestas mostraban que la mayoría de la población daba su apoyo al marco constitucional y estatutario establecido. Pero a mitad de la primera década del siglo XXI la situación empezó a cambiar hasta desembocar en la crisis actual.

El 27 de septiembre de 2015, se celebraron las últimas elecciones al Parlamento de Cataluña. Fue una convocatoria electoral anticipada a la que el gobierno nacionalista de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)2 dio un carácter “plebiscitario”, a pesar de ser formalmente unas elecciones parlamentarias ordinarias. El objetivo, después de una tentativa frustrada de celebrar un referéndum en 2014, era “contar” el apoyo al independentismo, desde la convicción nacionalista de que se había convertido en claramente mayoritario en la sociedad catalana.

Las elecciones fueron el punto final de una gran movilización a favor de la independencia iniciada en 2012 y con antecedentes desde 20093, que había sacado a la calle a centenares de miles de personas, especialmente en la festividad oficial de Cataluña –la “Diada del 11 de Septiembre”- en los cuatro años anteriores. El éxito de esas manifestaciones –algunas más exactamente grandes escenificaciones de masas- contribuyeron a proyectar la imagen de la efectiva existencia de una amplia mayoría social independentista, reforzada por los medios de comunicación de la Generalitat de Cataluña y por algunos medios privados.

¿Qué alimentó el súbito y espectacular crecimiento del independentismo, que siempre había existido pero con apoyos muy limitados? Muchos observadores y analistas destacan la sentencia del Tribunal Constitucional en 2010 anulando algunos artículos del Estatuto de Autonomía aprobado en 2006 –en sustitución del de 1979- como el punto de arranque de la ola independentista. En efecto, la sentencia, precedida por una serie de maniobras propiciadas por el Partido Popular (PP) –entre ellas, el bloqueo de la preceptiva renovación de magistrados del Tribunal y la recusación de uno de sus miembros- que dañaron gravemente la imagen del alto tribunal, y la amplia campaña contra el Estatuto impulsada igualmente por el PP a partir de un agresivo discurso nacionalista español, y que incluyó el recurso de inconstitucionalidad, causó un notable malestar en sectores significativos de la sociedad catalana y lo que el presidente socialista de la Generalitat en aquel momento, José Montilla, denominó una creciente “desafección” respecto a España4.

Sin embargo, una relación causa-efecto entre la sentencia y el crecimiento del independentismo no está tan clara. De hecho, la campaña del Partido Popular contra el Estatuto no impidió que, después de las elecciones al Parlamento catalán de noviembre de 2010, cuando la coalición nacionalista CiU –Convergència i Unió– recuperó el poder perdido en 2003, gobernara con al apoyo parlamentario del PP. Durante dos años, el gobierno de CiU, que se definió como business friendly, aplicó con el apoyo del PP una política de dura austeridad que desató importantes protestas sociales. En junio de 2011, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, y otros miembros del gobierno, tuvieron que llegar a la sesión del Parlamento que debía aprobar los presupuestos de la Generalitat en helicóptero por la presencia de miles de manifestantes “indignados” por los “recortes” en las políticas sociales. Por otra parte, empezaron a emerger casos de corrupción que afectaban de lleno a CiU. En este contexto, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el socio mayoritario de la coalición CiU, en un súbito giro estratégico, abrazó el ideario independentista, siempre presente en su seno pero muy minoritario. Apenas dos años antes, el líder de la formación, Artur Mas, había rechazado explícita y reiteradamente5, adoptar un programa independentista con el razonable argumento que dividiría profundamente a la sociedad catalana.

En noviembre de 2012, Artur Mas convocó unas elecciones anticipadas tras la primera gran manifestación independentista del 11 de Septiembre y después de la negativa del gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy a su propuesta de establecer un “pacto fiscal” que mejorara significativamente la financiación catalana. Rajoy tenía argumentos sólidos para tal rechazo: en otoño de 2012 la situación de la economía española era crítica, con el “rescate bancario” aprobado por la UE pocos meses antes, y, por otra parte, era reciente –de 2009- la última reforma del modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, una reforma propiciada y valorada muy satisfactoriamente por gobierno de la Generalitat y por la mayoría de grupos políticos catalanes, aunque no por CiU, entonces en la oposición.

Los resultados de las elecciones anticipadas de noviembre de 2012, convocadas por Artur Mas para lograr una mayoría absoluta al menos en escaños, se saldaron con una considerable pérdida de votos y de diputados de CiU6, lo que obligó a la coalición nacionalista a gobernar con el apoyo parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido de orígenes y trayectoria federalista pero reconvertido en independentista desde los años 907.

Por otra parte, a partir de 2011 entró en escena una asociación, la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que, agrupando a distintos colectivos independentistas y junto con otra creada décadas antes, Omnium Cultural, se convirtió en el núcleo fundamental de un intenso activismo que, con el abierto apoyo del gobierno de la Generalitat y de sus medios de comunicación, logró en poco tiempo una notable implantación a lo largo de toda la geografía catalana.

En este periodo, y en un contexto de crisis económica y de profundo malestar social, el independentismo articuló un discurso que mostró una notable capacidad de persuasión, especialmente aunque no exclusivamente, entre las extensas clases medias nacionalistas. El “relato” independentista incluye historia, denuncia de maltrato del Estado y la promesa de un futuro luminoso, apelando mucho más a las emociones que a las razones. Por una parte, ha rescatado un relato histórico caracterizado por una mítica procedente de la historiografía romántica, con un particular énfasis en el final de la Guerra de Sucesión en 1714 –que propició multitud de actos conmemorativos en el tricentenario celebrado en 2014- presentado como el momento de la pérdida de una inexistente independencia de Cataluña, aunque sí significó la supresión de instituciones catalanas de origen medieval a partir de los decretos de Nueva Planta y la imposición del absolutismo borbónico8. En el relato de un revivido nacionalismo esencialista, Cataluña, una nación milenaria que había perdido su Estado en 1714, tenía ahora la oportunidad de recuperar su libertad solo posible mediante la independencia. Además, se apelaba al derecho de autodeterminación, prescindiendo de su delimitación en el derecho internacional, como un derecho natural del pueblo catalán, superior a cualquier otro derecho y marco normativo.

El relato sobre la historia ha ido acompañado de la denuncia del “maltrato” continuado del Estado español. El foco se ha situado en el denominado “expolio fiscal” sufrido por Cataluña, es decir, en una aportación vía impuestos al Estado muy superior al gasto de la Administración central en Cataluña. Para muchos políticos y publicistas independentistas, la “Cataluña laboriosa” sufre una auténtica sangría de recursos a favor de la “España subsidiada”. De poco ha servido la aparición de numerosos estudios académicos que demuestran la insostenibilidad de tales argumentos9. El eslogan “España nos roba” ha logrado penetrar en una parte amplia de la sociedad catalana. Claro está que lo anterior ha sido favorecido por una persistente desatención de la Administración central, especialmente en todo lo relativo a las infraestructuras. Déficits de inversión en la red ferroviaria de cercanías y de media distancia, en las conexiones con el aeropuerto de Barcelona, y, singularmente, la extrema lentitud en la construcción del Corredor Mediterráneo, que debe conectar todo el este peninsular con Francia, han alimentado la percepción de un maltrato del gobierno central, que puede ejemplificarse con facilidad a partir de la distancia entre la fecha de llegada a Barcelona del Tren de Alta Velocidad, en 2008, y la inauguración de la primera línea entre Madrid y Sevilla en 1992, dieciséis años antes.

Todo lo anterior ha ido acompañado de la promesa de un futuro casi idílico. Sostiene el independentismo que una Cataluña independiente –que sería sin duda viable si la separación del Estado español fuera de mutuo acuerdo y si hubiera una incorporación inmediata a la Unión Europea- dispondría de recursos suficientes –desaparecido el “expolio fiscal”- para asegurar a sus habitantes unos niveles de bienestar muy superiores a los actuales. Así, los servicios públicos –sanidad, educación, protección social, comunicaciones, etc.- dispondrían de muchos más recursos, incluyendo unas pensiones para los jubilados sustancialmente incrementadas, el paro sería bajo, los empleos serían de mayor calidad, los salarios más altos, y un largo etc. Todo ello convertiría Cataluña en un país envidiable, para algunos líderes como Artur Mas en la “Dinamarca del Mediterráneo”10. Si a ello se añaden los “valores” intrínsecos de los catalanas, para algunos incluso derivados de su ADN, tales como la paz, la tolerancia, el dialogo, o la capacidad de integración social, etc. se estaría ante un auténtico país de ensueño. La independencia ha sido en los últimos años como un inmenso contenedor en el que se podían depositar todos los sueños.

El proyecto de este “nuevo país” se ha contrapuesto, sobre todo en los años más duros de la crisis económica, con una España presentada al borde de la bancarrota, casi como un “estado fallido”. El líder de ERC, y actual vicepresidente del gobierno del Generalitat, Oriol Junqueras, no dudó en repetir a menudo que España era un buque que se hundía y que era necesario abandonarlo para salvarse. Ello introducía la urgencia en alcanzar la independencia; “tenemos prisa” han repetido los propagandistas del independentismo en los últimos cinco años. Prisa para saltar del barco español y también para salvar una Cataluña agónica cuya supervivencia está amenazada.

Por último, el independentismo ha sostenido que lograr ese “nuevo país” estaba al alcance de la mano, dependiendo solo de la voluntad de los catalanes para alcanzarlo. Los obstáculos han sido negados o minimizados. Se ha repetido continuadamente que en pleno siglo XXI el Estado español no tendría otra opción que aceptar la independencia y que la Unión Europea acogería con entusiasmo un nuevo estado tan europeísta como Cataluña. Así de fácil. Todas las opiniones cuestionando tales afirmaciones han sido rechazadas, denunciándolas como catastrofistas, como amenazas interesadas o, peor aún, como el recurso para provocar el miedo y desanimar al “pueblo catalán” para que desistiera de alcanzar su destino manifiesto. Dirigentes políticos con máximas responsabilidades han sostenido reiteradamente que era imposible que Cataluña quedara fuera de la UE ni un minuto, simplemente porque sus tratados no contemplaban la expulsión de ciudadanos de la Unión.

Historia, agravios y utopía han dado lugar a la afirmación de las convicciones independentistas en una parte notable de la sociedad que, además, ha sido notablemente impermeable a las críticas a tales argumentos, por muy fundamentadas que estuvieran11.

Pero, pese al formidable activismo independentista y a la constante movilización, indicadores de actitudes y de intención de voto no han confirmado, al menos hasta hoy, la existencia de una amplia mayoría social favorable a la independencia, más bien al contrario. Estamos ante un caso, nada excepcional por otra parte, de falta de correspondencia entre un sector social amplio y muy movilizado y una efectiva mayoría social identificada con sus posiciones y con su proyecto. Así, las encuestas sobre la identidad de los ciudadanos de Cataluña muestran de forma persistente que dos tercios de la población se identifica a la vez como catalana y española. Quienes se identifican exclusivamente como catalanes oscilan alrededor del 30% aunque muchos menos lo hacen como exclusivamente españoles. Por otra parte, quienes en encuestas se manifiestan partidarios de la independencia oscilan entre un 40 y un 45%, desde luego una parte muy considerable de la población, pero no la mayoría12.

Las elecciones “plebiscitarias” de septiembre de 2015 mostraron la distancia entre la imagen de un muy mayoritario independentismo y los apoyos en un proceso electoral con una elevada participación. Por su carácter pretendidamente plebiscitario y para agrupar a todo el voto independentista se formó una coalición, Junts pel Sí (JxS), integrada por la casi totalidad de partidos independentistas, por las entidades sociales del mismo signo, y por grupos formados por quienes habían abandonado formaciones políticas que rechazaban el proyecto independentista13. Junts pel Sí obtuvo un decepcionante 39,57% de los votos14. Sumando los sufragios obtenidos por la CUP (Candidaturas de Unidad Popular), una amalgama de independentistas de extrema izquierda, el independentismo alcanzó el 47,7% de los sufragios. Como confesaron en un primer momento algunos líderes independentistas, habían ganado las elecciones parlamentarias pero habían perdido el plebiscito.

Ante tal resultado, la coalición independentista Junts pel Sí, podía renunciar a lo establecido en su programa, consistente en proclamar la independencia en 18 meses, al constatar la insuficiencia de apoyo electoral, y abrir una etapa de gobierno buscando al mismo tiempo ampliar los apoyos tanto sociales como electorales al proyecto independentista. Sin duda ello habría comportado la decepción y la desmovilización en sus bases, rompiendo el espejismo de contar con el apoyo de la mayoría de la sociedad.

Otra fue la opción tomada por JxS: el pacto con la CUP para formar una mayoría parlamentaria, sacrificando incluso al candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, vetado por la CUP, e iniciando una hoja de ruta hacia la independencia que ha estado continuadamente condicionada por los planteamientos radicales de los aliados minoritarios, lo que ha dado lugar a tensiones y conflictos, hasta ahora siempre superados. La CUP y las entidades sociales independentistas reintrodujeron el objetivo de celebrar un referéndum –que no formaba parte del programa de JxS, ya que las elecciones “plebiscitarias” eran la alternativa al referéndum- incluso vulnerando la legalidad, a partir de la posición de la CUP de negar legitimidad al orden constitucional vigente y de propugnar una política de “desobediencia” al Estado.

Esta es la estrategia que llevó a las sesión del Parlamento celebrada del 6 al 8 de septiembre en las que, vulnerando las propias normas parlamentarias y en abierta violación del Estatuto de Autonomía15, la mayoría independentista de 72 diputados que representa a menos del 50% de los votantes aprobó una ley de referéndum y una ley de “transitoriedad jurídica” que suponen una abierta y proclamada ruptura del orden constitucional, apelando a una soberanía sin límites del Parlamento –más exactamente de la mayoría parlamentaria-, en una doctrina desconocida en cualquier democracia.

Este es el momento desencadenante de la situación actual. Las leyes fueron suspendidas por Tribunal Constitucional, renovado y que ha tomado todas sus decisiones respecto al conflicto catalán por unanimidad, pero el gobierno de la Generalitat proclamó que no reconocía al alto tribunal. A partir de aquí los acontecimientos se han precipitado hasta la tensa situación actual.

En primer lugar, se han desmentido con rotundidad muchas de las afirmaciones sostenidas por el independentismo durante los últimos cinco años. Pero, ¿puede sorprender que el gobierno español esté dispuesto a utilizar todos los recursos legales en sus manos para impedir que se vulnere la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legalidad vigente? Lo que sería realmente inimaginable es que no lo hiciera. Por tanto, o los dirigentes independentistas han sido de una ingenuidad difícilmente perdonable en personas que ejercen cargos de elevada responsabilidad política, o han mentido a conciencia para mantener una movilización que tal vez creen que hubiera flaqueado si se explicaban con sinceridad las extraordinarias dificultades para lograr una separación casi sin coste alguno.

Y si la ingenuidad es muy difícil de aceptar, aunque no imposible a la vista de algunas opiniones y actitudes, parece más probable la tesis de la provocación. Es decir, consciente el independentismo de su debilidad al no haber logrado una amplia mayoría en las elecciones de septiembre de 2015, se trataría de tensar la situación hasta el máximo para obligar al gobierno central a adoptar medidas extraordinarias que permitieran multiplicar la denuncia de un Estado español autoritario y maltratador de Cataluña, y de esta manera lograr para la causa del independentismo un incremento sustancial de adeptos, una opción realmente peligrosa y de muy incierto resultado.

Hay que decir que tal estrategia ha tenido notables éxitos parciales, con la inestimable ayuda de la extraordinaria torpeza del gobierno del PP, que se suma a su absoluto inmovilismo durante 5 años en cuanto a la formulación de propuestas políticas que al menos intentaran reconducir la situación, con una intervención policial para impedir el referéndum el 1 de octubre que ha constituido la mejor publicidad internacional de la causa independentista.

No obstante, también ha quedado meridianamente claro el rechazo de la Unión Europea a una Cataluña independiente, no solo por la condena a la vulneración el orden constitucional español sino porque la fragmentación de los estados miembros atenta directamente contra el proyecto de unidad europea, algo bastante evidente pero negado constantemente por el independentismo. Por otra parte, las reiteradas llamadas del independentismo para lograr la intervención europea han sido desoídas.

Además, la inestabilidad política ha generado a partir del 1 de octubre un espectacular movimiento de salida de sedes sociales y de sedes fiscales de grandes empresas, empezando por los dos bancos catalanes y sus grupos industriales y de servicios que ha tenido un gran impacto en la sociedad. En apenas 20 días, la lista de empresas –más de 1.000- que han trasladado sus sedes fuera de Cataluña es espectacular, incluyendo empresas emblemáticas en sectores fundamentales de la economía catalana.

Si la estrategia de la provocación ha dado frutos, el independentismo también ha cometido tres grandes errores. El primero, ignorar la complejidad de la sociedad catalana, muy alejada de esa Cataluña que según algunos propagandistas hace ya tiempo que ha “desconectado” de España y que tiene su máxima expresión en territorios y espacios muy homogéneos identitariamente. Más importante es el segundo error: la confusión del gobierno del PP con el Estado, es decir con el ordenamiento constitucional y las instituciones de una sin duda muy imperfecta democracia pero que goza de legitimidad interior e internacional. Tal error ha dejado al independentismo sin apenas interlocutores en el resto de España, mucho más cuando se ha identificado con frecuencia no solo al PP con el Estado sino a éste con España y su ciudadanía. Por último y no menos importante, un error casi incomprensible: la reiterada proclamación por parte de los dirigentes del independentismo, y desde el inicio del proceso, de estar dispuestos a vulnerar la legalidad constitucional y estatutaria, y a desobedecer resoluciones y sentencias judiciales, empezando por las del Tribunal Constitucional. Con tal carta de presentación, poco puede extrañar el fracaso en la obtención de apoyos significativos en el exterior.

Por su parte, el gobierno del PP es prisionero de un nacionalismo español esencialista que considera que la unidad de España es incuestionable, no solo porque así lo establece el texto constitucional, sino porque es un bien superior que debe preservarse a cualquier precio. No solo eso, el PP también se ha negado hasta hace pocos días a considerar la posibilidad de una reforma de la Constitución para lograr un nuevo pacto sobre la organización territorial del Estado, para la que está sobre la mesa una imprecisa propuesta de desarrollo federal formulada por el PSOE, y que dependiendo de su concreción podría obtener un amplio apoyo en Cataluña.

Nadie es capaz de prever el desenlace de esta situación. Una parte notable del independentismo, aun sin disponer de ninguna legitimidad para ello, pretende proclamar la independencia, lo que supondría la culminación de la estrategia de la provocación. El gobierno de la Generalitat y la mayoría parlamentaria independentista fundamenta tal proclamación en el “mandato” del referéndum del 1 de octubre, interferido por la acción judicial y policial sin un escrutinio transparente, realizado por los propios convocantes, y por tanto sin garantías en cuanto a los datos proclamados y con muchas evidencias de manipulación16. En todo caso, la participación según los datos de la Generalitat apenas superó el 40% con una aplastante mayoría de votos afirmativos, lo que indica que no participaron quienes rechazaron tal referéndum sin garantías precisamente por su carácter.

Por su parte, el gobierno del PP, con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, reclama el restablecimiento de la legalidad como condición previa a cualquier diálogo, y está preparado para aplicar el artículo 155 de la Constitución, que permite la intervención de una Comunidad Autónoma. La parte más radical del independentismo lo fía todo a la movilización que podría desencadenarse apelando a la defensa de las instituciones catalanes de autogobierno y, en última instancia, a una agudización del conflicto que forzara una intervención internacional.

Es cierto que casi todos los actores han experimentado una cierta sensación de vértigo, al igual que buena parte de la sociedad. Pero el combustible sigue fluyendo en una situación muy inflamable. Gobierno central y Generalitat hacen apelaciones al diálogo, pero con condiciones. El gobierno de la Generalitat quiere negociar pero exclusivamente la separación, lo que obviamente es inaceptable para el gobierno central, para la mayoría de fuerzas políticas españolas y, por lo menos, para la mitad de los catalanes. El gobierno central acepta dialogar pero solo a partir del respeto a la legalidad y los sectores del PP más radicales tienen la tentación de aprovechar la oportunidad para propinar un duro golpe al nacionalismo catalán.

Los historiadores no solemos hacer previsiones de futuro y mucho menos aportar propuestas de solución. En todo caso, es seguro que sin renuncias importantes por parte de ambos nacionalismos, el español representado fundamentalmente por el PP y el catalán mayoritariamente por ERC y PDeCAT, va a ser muy difícil cualquier solución. El primero debería admitir que la unidad no es un bien superior indiscutible y que, como acaba de recordar el propio Tribunal Constitucional en su reciente sentencia anulando definitivamente la ley catalana del referéndum, todos los artículos de la Constitución española son reformables siguiendo el procedimiento establecido en la propia Carta Magna. El segundo, debería aceptar que no dispone de la mayoría social necesaria para un cambio de tal magnitud y que no tiene ni la legalidad ni la legitimidad para proclamar la independencia. Habiéndose situado el independentismo en un callejón sin salida, su gran tentación, como criticaba un reputado economista miembro del PdeCAT, es forzar una derrota épica que podría acabar siendo patética. Si el gobierno de la Generalitat no ha logrado realizar un referéndum tal y como hubiera querido por no disponer de los recursos para ello, ¿cómo se puede pretender que una declaración unilateral de independencia tenga alguna efectividad?, se pregunta Andreu Mas-Collell17.

Pero mucho peor que una derrota épica o patética del final del “proceso” independentista es el enorme daño que ya se ha causado a la sociedad catalana, profundamente dividida, a las instituciones de autogobierno, y a la propia democracia, en Cataluña y en toda España, y el muy superior que se puede causar en las próximas semanas.

1.- La Constitución española fue aprobada en Cataluña con el 90,5% de votos afirmativos, un porcentaje superior al del conjunto de España (87,8). Dos de los siete ponentes que elaboraron el anteproyecto de Constitución eran catalanes, el comunista Jordi Solé Tura y el nacionalista Miquel Roca Junyent. Por esa importante participación catalana y por algunos de sus contenidos fue denominada periodísticamente “la Constitución de los catalanes” El Estatuto de Autonomía fue aprobado con el 88,1% de los votos favorables. Ver, Carme Molinero y Pere Ysàs, La cuestión catalana. Cataluña en la transición española, Barcelona, Crítica, 2014.

2.- Sobre CDC, el partido mayoritario del nacionalismo catalán hasta su crisis, en 2016 refundado como Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCAT) después de su conversión al independentismo y también después de numerosos casos de corrupción que llevaron incluso al embargo judicial de sus locales, ver , entre otros estudios, Antonio Santamaría, Els orígens de Convergència Democràtica de Catalunya. La reconstrucció del catalanisme conservador (1939-1989), Barcelona, El Viejo Topo, 2011; Joan Marcet, Convergència Democràtica de Catalunya. El partit i el moviment polític, Edicions 62, Barcelona, 1984; Joan B. Culla (coord.), El pal de paller. Convergència Democràtica de Catalunya (1974-2000), Barcelona, Pòrtic, 2001.

3.- Entre 2009 y 2011, grupos independentistas promovieron consultas sobre la independencia de Cataluña en un número creciente de municipios, especialmente de pequeño tamaño. En todos ellos el voto favorable se situó casi siempre por encima del 90%, aunque con porcentajes de participación entre bajos y muy bajos.

4.- “Montilla avisa del gran riesgo de desapego de Cataluña”, El País, 8 de noviembre de 2007.

5.- Entre otras ocasiones en el programa de TVE “Tinc una pregunta per vosté” , 11 de noviembre de 2010.

6.- CiU obtuvo el 30,7% de los votos y 50 diputados –en una cámara de 135- frente al 38,4% y los 62 escaños obtenidos en 2010.

7.- ERC, partido mayoritario durante la Segunda República, tuvo apoyos electorales escasos y fluctuantes desde la restauración de la democracia hasta casi el inicio del siglo XXI, coincidiendo con la etapa gubernamental del líder del PP José María Aznar. Ver, Joan B. Culla, Esquerra Republicana de Catalunya 1931-2012, Barcelona, La Campana, 2013.

8.- Ver, entre otros estudios, Joaquim Albareda, La Guerra de Sucesión de España (1700-1714), Barcelona, Crítica, 2010.

9.- Entre los recientes y más didácticos, Josep Borrell y Joan Llorach, Las cuentas y los cuentos de la independencia, Madrid, La Catarata, 2015.

10.- Ver, http://www.expansion.com/economia/politica/2017/03/04/58ba8d0c46163f285c8b45ee.html , consultado el 17 de octubre de 2017.

11- Sobre el denominado simplemente “proceso” (independentista) ver el reciente volumen editado por Steven Forti, Arnau González Vilalta, Enric Ucelay Da Cal, El proceso separatista en Cataluña. Análisis de un pasado reciente (2006-2017), Comares, Granada, 2017.

12.- En el último Barómetro de Opinión Pública del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, de julio de 2017, el 41% de los encuestados se mostraba a favor de la independencia frente al 49% en contra. Si se ofrecían distintas opciones de relación Cataluña-España, el porcentaje favorable a un estado independiente se reducía al 34,7%.

13.- De hecho, la casi totalidad de partidos sufrieron divisiones y fracturas como consecuencia de divergencias sobre el objetivo de la independencia. Ver, Joan Marcet y Lucía Medina (eds), La política del proceso: actores y elecciones (2010-2016). El sistema político catalán en tiempos de crisis y de cambio, Barcelona, ICPS, 2017; Joan B. Culla, El tsunami. Com i per què el sistema català de partits ha esdevingut irreconeixible, Barcelona, Pòrtic, 2017.

14.- En las elecciones de 2012, CiU había obtenido el 30,6% de los votos y ERC el 13,6%.

15- Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de 2006 –igual que el de 1979- establece que la reforma del Estatuto y otras decisiones de gran importancia, como la ley electoral, requieren una mayoría reforzada de dos tercios de diputados, es decir de 90 diputados.

16.- Un solo ejemplo: en el municipio de residencia del autor de este artículo, el Ayuntamiento hizo públicos después del escrutinio los datos de la votación. Habían participado 8.140 electores –una cifra que incluía a residentes en otros municipios- que, en la proclamación oficial de los resultados de la Generalitat se transformaron en 15.846.

17.- Andreu Mas-Collell, “El primer dia del que ve després”, Ara, 2 de octubre de 2017.

21 de octubre de 2017.

 

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