Contrarreforma neoliberal de la Constitución

Gustavo Buster.

Miembro del Consejo Editorial de Sin Permiso.

El mismo día que PSOE, PP y UPN aprobaron en el Congreso de los Diputados el nuevo artículo 135 de la Constitución, el pasado 2 de septiembre, el diferencial básico de la deuda española volvió a dispararse y superar los 300 puntos, mientras las bolsas europeas sufrían su penúltimo “viernes negro”. No hay mejor prueba del carácter ideológico de una teoría sobre la gestión fiscal, convertida espuriamente en ley suprema de aplicación en 2020. De hecho, el objetivo neoliberal de la estabilidad presupuestaria solo se ha cumplido de manera ocasional en los últimos treinta años.

La realidad, es decir, el carácter cíclico de la economía capitalista, se encarga tozudamente de desmentir las falacias neoliberales que repiten de manera machacona e ignorante Zapatero y Rajoy, haciéndose eco de las instrucciones recibidas del Banco Central Europeo y el Gobierno conservador alemán de Merkel. Si la reforma constitucional ―impuesta con procedimiento de urgencia, con alevosía reglamentaria y dando la puntilla final al heredado “consenso constitucional” de la Transición―, tenía por objetivo “dar seguridad a los mercados”, no se puede constatar mayor fracaso en pocas horas. Pero no hace falta ser adivino para prever que acechan a la deuda española nuevos ataques especulativos a la vuelta de la esquina.

El porqué es muy simple. Cualquier análisis del desarrollo de la crisis de la deuda soberana de los países de la UE a comienzos del mes de agosto permite discernir que la causa principal de ese ataque y de los que vendrán es la absoluta incoherencia de la estructura institucional de gobernanza económica de la UE. Una incoherencia que refleja la división y la parálisis hasta en el seno mismo del BCE (como ha puesto de manifiesto la dimisión de su economista jefe Stark), de las distintas burguesías de los estados miembros, empezando por Alemania y Francia y las contradicciones insalvables del proyecto de construcción europea neoliberal. Primero se ha forzado a Grecia un plan de austeridad que ha hundido al país en una recesión permanente; después se ha constatado que decreciendo su PIB no puede pagar sus deudas; y, por último, se tarda más de tres meses en diseñar, pactar, y aun esta por desplegar una segunda fase de la ayuda, con garantías adicionales extraordinarias para algún socio como Finlandia. Cuando llegue la medicina, si llega, en forma de nuevos créditos extraordinarios, el cadáver ya estará frio y su descomposición afectará a todas las deudas soberanas europeas. Exactamente lo mismo ocurrió en mayo del 2010 y está volviendo a ocurrir ahora.

Añádase además que los efectos depresivos de las políticas de austeridad en Europa se combinan con los debates políticos sobre el techo de la deuda fiscal en EEUU y el Plan de Empleo, que han bloqueado en buena medida la política de mantenimiento de los estímulos económicos de la Administración Obama, y con los intentos de “aterrizaje suave” y control de una inflación disparada en China e India. La crisis económica internacional comienza a acoplar los distintos ritmos cíclicos de las economías nacionales y regionales, limitando el alcance temporal de las políticas basadas en recuperar el crecimiento mediante la exportación, intensificando la competencia inter-imperialista a través de los tipos de cambio y extendiendo la inestabilidad en la gestión de la deuda soberana a los países y grandes grupos financieros que la han comprado masivamente, como un gran negocio rentista, en la primera fase de la crisis.

Lo que era una posibilidad solo, se ha convertido ahora en una certeza: las políticas de austeridad, combinadas a nivel internacional por el G-20 y los Bancos centrales, van a provocar una segunda recesión antes mismo de que se haya podido salir de la primera (2007-2010). Hace un año, el FMI preveía un crecimiento a la baja de los países de la OCDE del 1,6%; hoy la propia OCDE lo sitúa en el 0,2%. Algunos comentaristas, como Martin Wolf, del Financial Times tienen que justificar ideológicamente las consecuencias de las políticas neoliberales defendiendo que, en realidad, nunca hemos salido de la primera fase de la Gran Recesión. Brillante ejemplo de que se pueden negar los datos estadísticos cuando anuncian la crisis y volver a negarlos cuando se producen los primeros “brotes verdes” y son pisoteados por las políticas de ajuste.

Mientras tanto, Merkel tiene que ganar tiempo ante la política suicida de la derecha alemana de no abrir una perspectiva europea común al problema de la deuda en la eurozona, mediante la emisión de eurobonos. Se exigen así, vía carta del Presidente del BCE, a los países atacados por los especuladores financieros (cuyo ataque financia el propio BCE con créditos al 1%) garantías absolutas, constitucionales, de la prioridad presupuestaria del pago de la deuda soberana, que se sitúa ¡por encima del 5%! A cambio, el BCE ―rompiendo su propio mandato― vuelve a intervenir en los mercados secundarios de deuda soberana para comprar bonos por valor de 60.000 millones de euros. Gracias a esta intervención ―ante la lentitud de la puesta en funcionamiento del Fondo Europeo de Estabilidad― el diferencial de las deudas italiana y española se ha mantenido por debajo del 6%, que se considera insostenible, en una sangría continua que vampiriza financieramente a las economías mantenidas vivas gracias exclusivamente a la transfusión crediticia con fondos públicos del BCE.

Pero es más, en el caso español, el BCE, a sugerencia del Banco de España y de la Ministra de Economía Salgado, exigen también profundizar en la contrarreforma laboral para acabar con la ultra actividad en los convenios colectivos y permitir el encadenamiento indefinido de los contratos temporales. Dicho y hecho: el Gobierno Zapatero no solo propone la reforma de la Constitución, sino que decreta lo referente a los contratos temporales y los ratifica en el Congreso con los votos del PP.

Este sin sentido del Gobierno Zapatero responde a una extrema debilidad frente a la presión de la derecha económica y política. Las sesiones de debate parlamentario sobre la reforma de la constitución han revelado hasta qué punto es ya una mera marioneta en manos del Gobierno conservador alemán, del BCE y el Banco de España, de la gran oligarquía económica española y europea. No solo ha recogido la iniciativa que hace un año formuló el PP, sino que ha dañado irremisiblemente la campaña electoral de Rubalcaba, que más que un remonte anuncia un despeño del PSOE el próximo 20 N.

El ciclo político iniciado en 2002-2004, con las movilizaciones contra la guerra y la huelga general contra la reforma de las pensiones, que anticipó la derrota del PP en 2004 y las dos legislaturas del Gobierno Zapatero, se cierra ahora con una victoria política de la derecha española por pura descomposición del bloque de izquierdas articulado por Zapatero. La reacción social frente a la concatenación de agresiones sociales ―del Gobierno central por un lado y de las autonomías del PP y de CiU por otro― ha comenzado: en Cataluña contra las “retalladas”, con el 15-M ante la falta de representatividad del sistema político ―ahora más degradado con la reforma constitucional―, mediante la movilización sindical contra la reforma constitucional y la ampliación de la contrarreforma laboral y la respuesta unitaria de enseñantes y sanitarios en Madrid, extendiéndose a otras Comunidades, contra la degradación de estos servicios públicos esenciales. Después de los anuncios de recortes del gasto público de Cospedal en Castilla-La Mancha, no cabe la menor duda sobre el programa del PP de salida de la crisis.

En definitiva, una crisis económica capitalista es una coyuntura de disputa de la correlación de fuerzas. La oligarquía económica busca imponer una recuperación de beneficios a costa de los mecanismos redistributivos fiscales y de los salarios. En el terreno político estamos viviendo como se concreta en la reforma neoliberal de una Constitución postfranquista, que asentó la Transición vigilada por los “poderes fácticos” en la aspiración popular de un “estado social de derecho” que situase nuestro nivel de vida en Europa. El 2 de septiembre, PSOE, PP y UPN, con la ausencia de todos los otros grupos políticos, han puesto fin a este objetivo para priorizar el cobro de intereses de los especuladores de la deuda soberana española a los derechos sociales y el bienestar de sus ciudadanos. La felicitación de Merkel y Sarkozy a Zapatero son parte de la pesadilla en la que se han convertido el Euro y la Unión Europea, imponiendo como único mecanismo de gestión económica las “devaluaciones internas” de los estados miembros y la pérdida de derechos laborales de los trabajadores.

El nuevo ciclo político pide a gritos una reconstrucción de la izquierda, de todas las izquierdas, en el marco unitario de la movilización contra las agresiones neoliberales. Llevará tiempo, pero el camino es un Frente Amplio sin exclusiones de toda la izquierda política, social y sindical contra el neoliberalismo. Y una coordinación europea de las luchas que permita plantear una alternativa al nivel en el que se diseñan y ejecutan estas políticas neoliberales, proponiendo un nuevo periodo constituyente europeo que ponga fin al bucle de especulación neoliberal en el que se ha sumido la Unión Europea.