Cayo Lara insta a Rajoy para que contribuya al cumplimiento de las sentencias sobre Coca-Cola

Ángel Pasero ||

Periodista. Director de La Hora de la República ||

El pasado 25 de septiembre, el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, remitió una carta dirigida a Mariano Rajoy en la que le pide que “actúes desde el Gobierno que presides” para contribuir al cumplimiento en la práctica de las sucesivas sentencias que dan la razón a los trabajadores de Coca-Cola y que la empresa no está aplicando en los términos marcados por los tribunales.

La misiva de Cayo Lara al presidente del Gobierno pone de relieve que “Coca-Cola no está cumpliendo con sus obligaciones en los términos dictados por la Justicia, vulnerando así los derechos fundamentales que asisten a los trabajadores. El hecho es que las sentencias reponen a los trabajadores en las mismas condiciones y puestos que tenían antes del despido. El hecho es que Coca-Cola está readmitiendo en condiciones distintas a las del despido en sus instalaciones de Fuenlabrada para que, por tanto, deje de ser fábrica de producción y cambie su actividad a la de almacén logístico, algo no contemplado en la sentencia”.

El máximo responsable federal de IU considera que “el Gobierno que presides debe contribuir activamente al cumplimiento por parte de todos de ese Estado de derecho al que ‘todos estamos sometidos’, como te hemos oído decir en múltiples ocasiones en otros casos, y esto vale también para las obligaciones a las que Coca-Cola está sujeta por ley en función de los sucesivos fallos judiciales. ¿Cómo podría entenderse que esta empresa no cumpliese con la decisión de los tribunales, mientras el Gobierno permanece con los brazos cruzados ante ello?”

Cayo Lara recuerda, a su vez, que “ya hace 20 meses que Coca-Cola -una compañía con más de 920 millones de euros de beneficio- y su embotellador en la península, Coca-Cola Iberian Partners (CCIP), apoyándose en la última reforma laboral, anunciaron el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que el conjunto de embotelladoras presentó a 1.190 trabajadores. El comunicado que entonces presentaron se asentaba bajo el concepto de ‘plan de adhesión voluntario, es decir, o tomas lo que te ofrezco o te vas a la calle. Una propuesta unilateral que presentó la empresa sin negociar con los sindicatos”.

“Después de muchas movilizaciones -expone también Lara- y una encomiable defensa de sus derechos, los trabajadores, bien asesorados jurídica y sindicalmente, vieron como todas las instancias judiciales que entendieron de este caso les daban la razón. Las sucesivas sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo declararon nulo el ERE impuesto por el conjunto de embotelladoras y señalaron la obligación de la empresa a pagar los salarios que ‘dejaron de percibir’ los trabajadores y a readmitirles en sus puestos de trabajo”.

El coordinador federal de IU concluye su carta indicando que “estoy seguro, Presidente, que compartes mi preocupación acerca de que, tras 20 meses de conflicto, sería un escándalo que se cambie el sentido de lo dictaminado por la Justicia, por muchas presiones empresariales, políticas o de cualquier tipo que se puedan estar produciendo”.

 

Montse Muñoz, expulsada de los órganos de dirección federales de Izquierda Unidad

Izquierda Abierta denuncia la expulsión ilegítima de su cooportavoz de los órganos federales de IU. La decisión de Izquierda Unida, supone según la formación que lidera Gaspar Llamazares “una purga política” y pone de manifiesto “un modo de gobernar propio de otros tiempo”

Izquierda Abierta (IzAb) denuncia y muestra su frontal rechazo a la expulsión exprés de su coportavoz, Montserrat Muñoz de Diego, de los órganos ejecutivos de Izquierda Unida (IU). A la secretaria ejecutiva de Política Institucional de IU se le ha negado su presencia esta tarde en la reunión de la ejecutiva federal, órgano del que no ha sido oficialmente expulsada, sin apertura de previo expediente, sin comisión de garantías ni un mínimo proceso de ley.

Muñoz fue elegida como secretaria ejecutiva de Política Institucional por la 10ª Asamblea de Izquierda Unida, cuyas decisiones y órganos no se renuevan hasta la convocatoria de una asamblea de la misma naturaleza. Asimismo, representa a IzAb, partido integrado en IU desde 2012, independientemente de su lugar de afiliación.

Militante de Izquierda Unida por Madrid desde su creación, en 1986, Montserrat Muñoz ha representado a esta coalición durante tres legislaturas como alcaldesa de San Fernando de Henares –dos de ellas con mayoría absoluta-, y como diputada en el Congreso. Coportavoz y cofundadora de Izquierda Abierta, ya mostró su opinión contraria a la desfederación de IUCM, pagando toda la militancia madrileña el castigo que se infligía hacia un supuesto sector contra el que, en todo caso, se debería haber actuado. Por ello, no se reafilió, dado que no consideraba ni justa ni legal aquella decisión.

IzAb considera que carece de sentido que Muñoz no forme parte de los órganos ejecutivos de Izquierda Unida y se lamenta de la incapacidad política de la actual dirección de IU, sin abrir vías de negociación ni posibilidades de entendimiento. Una decisión a contrarreloj que recuerda modos de hacer política más propios de otro tiempo.

Igualmente, IzAb denuncia la expulsión de su militante y concejala de IU por Algete Esperanza Martínez, responsable federal de Justicia, por el mismo procedimiento y maneras que la coportavoz.

 

Las Marchas de la Dignidad le ganan la batalla por el 22M a Cristina Cifuentes y al PP

Con fecha de 24 de septiembre, el Juzgado de lo contencioso administrativo nº 21 de Madrid, ha fallado a favor de las Marchas de la Dignidad en el contencioso que estas mantenían con la Ex Delegada del Gobierno en esas fechas y hoy presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Además de condenar en costas, el juzgado considera “contraria a derecho” la apertura del expediente por parte de la delegada del gobierno, al no contemplar la presunción de inocencia y por falta de “elementos probatorios”.

El fallo de ésta sentencia pruebe que en ningún momento los sucesos acorridos en la multitudinaria manifestación, fueron originados por los participantes en las Marchas de la Dignidad. Los sucesos ocurridos en la multitudinaria manifestación del 22 de marzo del 2014 fueron originados por los participantes en la misma y que desde la organización de las Marchas se cumplió en todo momento con lo acordado para garantizar la seguridad de las personas que se manifestaron pidiendo una vida digna y contra los recortes del gobierno del PP con el lema “Pan, Trabajo y Techo”, Señalan en una nota hecha pública por los organizadores de las Marchas de la Dignidad.

Más adelante se señala que “Las Marchas de la Dignidad consideran que la apertura del expediente obedece a dos cuestiones, por un lado, continuar con la criminalización de las movilizaciones por las políticas del gobierno del Partido Popular y tapar la acción violenta de las fuerzas de orden público contra los pacíficos participantes en concentración del final de la manifestación en la Plaza de Colón y, por otro, la proyección notoria de la carrera política de Cristina Cifuentes”.

La sentencia deja probado “lo insustancial del expediente, la falta de pruebas y las incoherencias de las declaraciones de los policías, todo ello desmontado por el propio informe de la policía que declara que la manifestación se desarrolló con normalidad y por las consistentes declaraciones de los testigos que aportan luz a lo sucedido. Para las Marchas, como dijimos en su momento, fue una acción del Partido Popular para desacreditar al movimiento que ha realizado la mayor movilización en las últimas décadas y planteado un programa para la dignidad del pueblo incompatible con los dictados de la Troika”.

Por último, se argumenta “que consideramos que el Presidente del Gobierno, Cristina Cifuentes, el Ministro del Interior y los mandos policiales que ejecutaron la violencia contra el pueblo son culpables de actuar contra los derechos fundamentales, el derecho democrático de reunión y manifestación y contra la integridad física de los ciudadanos en el ejercicio de los derechos mencionados, por lo que solicitamos la asunción de responsabilidades, sus dimisiones e inhabilitaciónes para el ejercicio de cargo público”.

En el fallo de la Sentencia se dice que “Que estimando el recurso para la protección de los derechos fundamentales de la persona formulado por la Procuradora Dª. Virginia Sánchez de León Herencia, en nombre y representación de D. Juan Antonio Carnés Chacón, contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto por el actor frente a resolución de la Delegada del Gobierno en Madrid, de 29 de agosto de 2014, por la que se le impuso una sanción de 3.000 euros, por la comisión de una infracción grave del artículo 23 c) de la derogada Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, debo anular y anulo dicha resolución por ser contraria a Derecho; con expresa condena a la parte demandada al abono de las costas procesales.

Así por esta mi sentencia, contra la que cabe interponer recurso de apelación dentro de los quince días siguientes a su notificación, lo pronuncio, mando y firmo.

 

Encuentro estatal de Colectivos de Memoria Histórica

El madrileño Distrito de Vicálvaro, acogerá en el Centro Cultural “El Madroño”, el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo, el sábado 17 de octubre desde las 09 horas, En este encuentro, se debatirá un documento unitario en el que se establecen las reivindicaciones que las entidades que lo suscriben exigen a las Instituciones del Estado y que pondrán a disposición de los partidos políticos para que las incluyan en sus programas ante las elecciones generales previstas para finales de 2015. Y que consta de 18 puntos:

1. Exigimos a las instituciones del Estado español la condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU, haciendo mención expresa a las Resoluciones de las Naciones Unidas adoptadas por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 9 de febrero y el 12 de diciembre de 1946 y expresando consecuentemente el reconocimiento político y jurídico de las víctimas.
2. Declarar por Ley la nulidad de todas las acciones legales de carácter represivo del régimen franquista e ilegales los Consejos de Guerra, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, el Tribunal de Orden Público, los Tribunales de Responsabilidades Políticas y cualesquiera otros órganos penales o administrativos de la Dictadura Franquista, así como nulas de pleno derecho las resoluciones dictadas y condenas impuestas por estos organismos.
3. Reconocimiento político, jurídico y social de cuantos defendieron la legalidad Republicana desde 1931 y lucharon contra el franquismo desde el Golpe de Estado del 36. Reconocimiento de la condición de excombatientes por la libertad a los guerrilleros antifranquistas y demás antifascistas españoles que combatieron en las filas de los aliados en la II GM. Reconocimiento jurídico de la condición de Víctima del Franquismo a todas aquellas personas que han sufrido persecución y represión por el Régimen Franquista; asesinados, desaparecidos, condenados a penas de presidio y en batallones de trabajadores penados, muertos en prisión, exiliados, víctimas de torturas y violencia sexual, población civil víctima de los bombardeos fascistas durante la Guerra Civil, deportados y demás víctimas republicanas de la persecución nazi, menores víctimas de orfanatos y preventorios franquistas, empleados públicos depurados, víctimas del expolio de sus bienes etc.…
4. Ratificación de la “Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”.
5. Cumplimiento por parte del Estado español de las recomendaciones del Informe sobre España del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y del Informe sobre España del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, (ambos presentados en septiembre de 2014 en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas).
6. Anulación de la Ley de Amnistía de 1977 que blinda la impunidad de los responsables de los crímenes franquistas.
7. Creación de una Fiscalía especializada para la investigación y persecución de los crímenes del franquismo, que deben ser considerados como Crímenes contra la Comunidad Internacional y dentro de esta categoría, como Crímenes contra la Humanidad o delitos de lesa humanidad.
8. Asunción explícita por parte del Estado español de la responsabilidad de garantizar el derecho a la Verdad de las víctimas del franquismo y del conjunto de la sociedad española, conforme las recomendaciones de las Naciones Unidas.
9. Localización y judicialización de todas las fosas comunes, declarando por ley la responsabilidad directa e ineludible del Estado Español respecto a la exhumación de las fosas comunes del franquismo. También se deberán reconocer y señalizar los espacios del crimen (referente para la historia de España) como lugares de memoria, mediante monumentos, placas y paneles expositores que expliquen los hechos que tuvieron lugar. De igual forma, el Estado Español deberá promover y alcanzar los acuerdos y convenios internacionales que sean necesarios con aquellos países en cuyos territorios haya fosas comunes de españoles víctimas del fascismo, para localizar, exhumar, identificar y repatriar sus restos a territorio del Estado.
10. Reconocimiento como un problema de Estado del robo masivo y sistemático de bebés, durante décadas y en todo el territorio español, desde los años 40 hasta bien entrada la democracia; el compromiso de instar a las autoridades españolas, de cualquier ámbito institucional, a una investigación efectiva de los hechos que permita la búsqueda de los “niños” y “niñas” desaparecidos, hoy adultos en busca de su identidad robada; así como la determinación de promulgar leyes que permitan la persecución y enjuiciamiento de los culpables de este delito que, inexorablemente, deberá considerarse como un crimen contra la humanidad.
11. Condena de los actos de exaltación franquista y de negacionismo histórico e ilegalización de las organizaciones que los promueven, así como, la retirada de simbología franquista de espacios públicos y privados y la anulación de conmemoraciones y títulos que reconozcan a personas vinculadas al régimen franquista, desarrollando la correspondiente legislación que deberá instruir procedimientos acordes con el derecho internacional de derechos humanos como norma de convivencia ciudadana.
12. Establecer una legislación que permita la recuperación e indemnización a cargo del estado, o de los responsables patrimoniales si existieran, de los bienes expoliados a personas físicas o legales por motivos políticos, religiosos o de represalias de cualquier tipo. Fijación de un sistema de resarcimiento económico actualizado, en términos actuariales y que se corresponda con la realidad económica y social española, a todo tipo de víctimas aún vivas, herederos y sus familias, así como adoptar las medidas necesarias para el reconocimiento social y cultural, para lo que se procederá a la localización, catalogación y declaración como patrimonio histórico de los lugares de memoria de la lucha en defensa de la República y de la represión franquista.
13. Apertura de todos los archivos públicos y privados existentes en la actualidad (policiales, diplomáticos, militares, de inteligencia militar, penales, judiciales, carcelarios, municipales, de Falange Española y de las J.O.N.S. - Sección Femenina, eclesiásticos, de hospitales, clínicas y maternidades), y todos aquellos relacionados en general o particular con la represión franquista y su herencia posterior.
14. Desclasificación y catalogación, por expertos de la documentación, de todos los documentos contenidos en dichos archivos (punto 13) para asegurar el acceso a la información y garantizar el derecho a la Justicia y reparación de las víctimas de la dictadura.
15. El Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación de las Comunidades Autónomas deberán establecer, para los diferentes niveles de enseñanza y sus contenidos curriculares, una normativa acorde con la verdad histórica del Golpe de Estado del 18 de julio del 36, la Guerra Civil, la Dictadura y la represión franquista. A tales efectos, las instituciones educativas deberán comprobar y subsanar los contenidos en los libros de texto sobre historia, contemplándolos desde la objetividad y la transparencia, en pro de un plan pedagógico que ayude a conocer los hechos en beneficio de una armonía ciudadana sin negacionismos ni revisionismos.
16. Supresión de la asignatura de religión de la enseñanza pública, en tanto que es la principal herencia que en materia educativa hemos recibido de la Dictadura Franquista.
17. Solución definitiva para el Valle de Cuelgamuros, consistente en el traslado de los restos del Dictador Francisco Franco como del Fundador de Falange José Antonio Primo de Rivera, identificación de los republicanos represaliados enterrados en el Valle de los Caídos y su devolución a los familiares; Desacralización del lugar, expulsando a la orden benedictina y desmantelando la cruz, que “representa al nacional-catolicismo”, así como, reconvertir el Valle en un memorial democrático, en el que se cuente lo que fue la II República y el golpe de Estado de 1936.
18. Consideramos que estas propuestas, así como las reivindicaciones de los diferentes colectivos de víctimas del franquismo y del fascismo, deben plasmarse durante la próxima legislatura en una Ley de Víctimas del Franquismo. Se acabaría así definitivamente con la impunidad del franquismo, y con la situación de flagrante injusticia que han tenido que soportar durante décadas centenares de miles de personas.

 

Las fosas del Valle de los Caídos ante la Justicia

Dos días después del 18 de julio de 1936, dos hermanos fueron asesinados por falangistas en Zaragoza Hoy el Juzgado de los Civil de El Escorial (Madrid), afronta la vista para la exhumación de los restos de los asesinados.

Recientemente el Juzgado de la Civil de la localidad madrileña de El Escorial acoge el primer juicio en la historia de España para lograr que se extraigan los restos de presos del Franquismo inhumados en la cripta del Valle de Los Caídos.

En este procedimiento se trata de autorizar la exhumación de los cadáveres de los hermanos Lapeña –Altabás, “paseados” por los “camisas azules” tras confirmarse el golpe de Estado. Estas víctimas fueron los fundadores de la CNT en la localidad zaragozana de Villarroya de la Sierra. Tras ser ejecutados y enterrados en una fosa, los restos mortales de los dos hombres fueron trasladados a Cuelgamuros en 1959 por orden del régimen franquista.

La demandante, nieta y sobrina nieta de los fusilados, solicita que se constate la muerte violenta de los suyos y se proceda a identificar los restos y entregarlos a la familia, para que los puedan enterrar donde deseen.

La vía civil permite este tipo de demandas bajo el concepto legal de “Ad perpetuam memorian”. Se trata de un expediente orientado a limpiar el honor y a recordar al fallecido, dejando constancia en los registros y archivos públicos, de que esos hombres vivieron y fueron asesinados en la provincia de Zaragoza, pero además fueron secuestrados, ejecutados y sus cuerpos desplazados por sus verdugos sin que la familia fuera informada.

Esta vía tiene por objeto comprobar esos hechos y reconocer los derechos que tiene la demandante para recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

No fue posible utilizar la jurisdicción penal ante el tiempo que ha transcurrido desde los hechos. Las posibles responsabilidades criminales ya habrían desaparecido como la mayoría de los actores que participaron en estos criminales actos.

 

Anemoi contra las declaraciones del ministro Morenés

En un comunicado hecho público por el colectivo de militares republicanos antifascistas ANEMOI, sale al paso de las declaraciones del ministro de Defensa del Gobierno de Rajoy, que dan a entender una posible intervención armada en Catalunya.

En el comunicado se argumenta que “Las recientes declaraciones del ministro Morenés, en abierta contradicción con las declaraciones de otros miembros del Gobierno, ponen en evidencia la crisis terminal de un régimen incapaz de gestionar políticamente una crisis institucional que le desborda.

Todo parece indicar que el Sr. Ministro de la Guerra (imperialista y global), anteriormente relacionado con una fábrica de bombas de racimo y minas antipersonas, ambas prohibidas actualmente por su extrema crueldad, sucumbe ante la irresistible presión de los halcones del Ejército dando a entender una posible intervención armada en Catalunya.

Lo que sí es evidente es la colisión del Titanic de la Transición contra las ansias de libertad de un pueblo. Por lo tanto es de prever un hundimiento inminente ya que el bipartito hace agua rápidamente por ambas bandas: la de babor y la de estribor.

Catalunya está inmersa en una revolución democrática para su independencia. Ello explica la atenuación del inevitable antagonismo entre clases sociales que ha pasado a un segundo plano. En estos momentos cruciales el objetivo prioritario para la mayoría del pueblo catalán es otro: hacer respetar su soberanía como pueblo y como nación”.

Los militares republicanos antifascistas integrados en Anemoi, concluyen su comunicado afirmando que, “desde nuestra radical autonomía respecto a cualquier grupo político, manifestamos nuestro apoyo a todas aquellas fuerzas que luchen sinceramente por hacer viable un proceso constituyente por la III República, que deseamos sea federal. Sin embargo manifestamos también nuestro profundo respeto por el derecho de los pueblos y naciones de España a ejercer su derecho a la autodeterminación, pues sin libertad nunca habrá unidad y sin República no habrá esperanza”.

 

La tergiversación de la Historia

(Editorial de La Hora de la República, 22 de septiembre de 2015)

La desfachatez y la interpretación de la Historia por parte de la derechona montaraz y trabucaire encarnada el PP, que ha hecho de España su cortijo particular, no tienen parangón en ningún lugar del mundo civilizado. El PP con sus corifeos no tienen empacho en tergiversar la Historia para favoreces sus intereses.

La editorial McMillan Ibérica, ha editado un texto para los/as alumnos/as de 6º de Primaria de la Enseñanza Pública, que equipara al gobierno de Esperanza Aguirre con la Guerra de la Independencia y la Guerra Civil. En ese texto, contestado por todos los sectores de la enseñanza pública y los sindicatos, la guerra civil se asocia con la II República y no con el Golpe de Estado del genocida general Franco y la posterior cruel dictadura. Se argumenta también en los sectarios comentario sobre la II República, “que no hay referentes ni figuras sobresalientes”. El colmo del cinismo.

A los editores y asesores suponemos que nada ajenos al PP, les decimos que la instauración de la II República, fue el resultado de unas elecciones democráticas y la proclamación de la Constitución de 1931, después de la celebración de unas elecciones constituyentes, es el antecedente histórico más importante y cercano a nuestra democracia. La sublevación militar que provocó la guerra de resistencia democrática nacional contra el fascismo español y la intervención internacional nazi/fascista. Este es un gran referente republicano.

Muchas fueron las figuras sobresalientes republicanas, pero no demos nombres; se crearon 17.000 escuelas públicas, se extendió la cultura por toda la geografía hispana, el analfabetismo prácticamente desapareció, además de lograr la auténtica separación de la iglesia del Estado, de afrontar una reforma agraria que ponía en manos del campesinado la tierra que poseía los terratenientes latifundistas, y reformar el ejército que en 1931, tenía un oficial por cada tres soldados.

A la señora Aguirre y los editores del texto laudatorio y al silencio que quieren que cubra la Historia reciente de España, decirles que aun hoy, hay más de 150.000 asesinados durante la dictadura franquita, eso es Memoria Histórica y no el que la sr. Aguirre, haya inaugurado hospitales, o kilómetros en la red del suburbano. Esperanza Aguirre, quitó las becas de libros, privatizo la Sanidad Pública, recortó los presupuestos para la Enseñanza Pública, y se volcó con la enseñanza privada mediante conciertos para dibujar el modelo de enseñanza que el PP patrocina.

Para vergüenza de los dirigentes de la derechona, resulta que en el programa de enseñanza en Argentina, lleva a jóvenes de 16 y 17 años a presenciar los procesos judiciales que se siguen por delitos cometidos durante la dictadura. Estudiantes y docentes participan en “La Escuela va a los Juicios”, un programa para promover entre los jóvenes la importancia de la Memoria Histórica y el valor de unos procesos judiciales que, más de 30 años después, todavía buscan justicia. ¿Cuándo se hablará en las escuelas españolas de la Memoria Histórica? Esperemos que pronto, para el próximo curso, si las fuerzas políticas que se reclaman de izquierdas, van a las elecciones generales con un inequívoco programa republicano, que traiga a España la III República, heredera de la II, el más largo y fructífero periodo histórico de Democracia y conquistas sociales en España. Quienes apostamos por esta solución para España, estamos Al Servicio de la República.

 

Canarias: se demolerá el monumento al franquismo

El cabildo de Tenerife, Islas Canarias, ha anunciado que demolerá este año el monolito de Las Raíces, uno de los cientos de monumentos dedicados a enaltecer la dictadura de Francisco Franco que permanecen en España.

El obelisco, cuyo derribo fue aprobado hace ocho años, conmemora una reunión de Franco, el 17 de junio de 1936, con sus oficiales y generales en el monte de El Rosario para impulsar el golpe de Estado contra la II República española. El consejero regional de Ambiente, José Valbuena, del Partido Socialista de Canarias, dijo que las autoridades locales se proponen tirar el monumento el próximo octubre y llevar los restos al vertedero, como se hace con cualquier otro residuo. En el lugar se proyecta crear un parque que recuerde la Guerra Civil sin ensalzar ninguno de los dos bandos, adelantó el consejero, quien insistió que su departamento no considera el monolito bien de interés cultural.

 

Cuenca: Homenaje a las Brigadas Internacionales

En octubre, dentro del Otoño Libertario, se celebrarán en Santa Cruz de Moya (Cuenca) las XVI Jornadas del Maquis en Santa Cruz de Moya. Crónica rural de la Guerrilla Española. Memoria Histórica Viva. El día 2 se subirá a Cerro Moreno y se izará la Bandera Republicana. El día 3 actuará “Brigada Intergeneracional” Proyecto de música colectiva por la recuperación de la Memoria Histórica. Ese mismo día por la tarde se tratará en las jornadas el tema de “La memoria en las aulas” con propuestas didácticas y metodológicas de diversos ponentes. Se presentarán trabajos de temática guerrillera y se homenajeará a Pedro Peinado, activista y luchador por la memoria de los maquis, que fue presidente de la Asociación La Gavilla Verde, fallecido en el pasado 17 de diciembre en Barcelona, donde nació hace 54 años, tras una larga lucha contra el cáncer.

 

La Audiencia de Valencia archiva la querella de los bebés robados.

La sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha notificado el sobreseimiento y archivo de las actuaciones penales imputadas a la actual directora en funciones de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, sor Aurora Gallego, por un caso de posibles niños robados. La querella fue interpuesta por el letrado y presidente de la Asociación SOS Bebés Robados, Enrique Vila, por la negativa de Casa Cuna de darle información sobre madres biológicas y por un supuesto tráfico de bebés en la institución. Según el auto “respecto de los delitos o hechos delictivos que el querellante apunta o sospecha que pudieran haberse cometido contra su madre biológica, al tiempo de su nacimiento, el 18 de mayo de 1965, y adopción formalizada a los cuatro meses de edad, no puede en absoluto hacerse responsables penalmente a los querellados”

 

Indignación por el nombramiento de Faisal Trad, de Arabia Saudí, como responsable de Derechos Humanos en la ONU.

La ONU se ve inmersa en una oleada de críticas después de haber nombrado al embajador de Arabia Saudí, el segundo país en el mundo por número de ejecuciones y el que emplea los métodos más bárbaros para las mismas, al frente de de la comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH).

Varias ONGs independientes señalan que “Faisal Trad, embajador de Arabia Saudí en la ONU se dispone a ocupar la presidencia del panel del Consejo de Derechos Humanos, un organismo intergubernamental del sistema de la ONU encargado de reforzar y proteger los derechos humanos en el mundo entero.”

La oleada de críticas por este nombramiento no se han hecho esperar entre los defensores de los derechos humanos e indignación entre la mujer de un bloguero saudí que se halla encarcelado por haber realizado declaraciones “inapropiadas”.

Como jefe de un grupo de diplomáticos, Trad dispondrá de grandes poderes, incluyendo el de seleccionar expertos encargados de informar sobre los países donde la ONU dispone de un mandato en materia de derechos humanos.

Hillel Neuer, director ejecutivo de la ONG independiente, UN Watch, calificó este nombramiento de “escandaloso” y recordó que Arabia Saudí ocupa el peor puesto del mundo en lo que se refiere a la libertad de religión y de los derechos de la mujer. “Este estado mantiene también encarcelado al bloguero saudí Raif Badawi”, dijo Neuer.

Paz Ahora también se ha pronunciado ante este nombramiento. Según Alain Rozankier, sociólogo, manifestó al respecto que “la nominación de Arabia Saudí a la cabeza del panel es una derrota para los derechos humanos y para la ONU porque el Consejo va a quedar desacreditado”.

“Esto es contraproducente tanto para Arabia Saudí como la ONU. Esto da una imagen poco favorable de la moral y la ética en el mundo moderno”, dijo Rozenkier antes de recordar que Arabia Saudí no había firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. El sociólogo estima que hay varios factores que explican la nominación de Arabia Saudí.

“En primer lugar, los medios financieros que han puestos en movimiento para ayudar a la campaña de elección de Arabia Saudí”, señaló.

Los casos de detenciones, castigos corporales y ejecuciones, son una constante en Arabi Saudí, así sabemos que Badawi, un bloguero fue en carcelado en 2012 condenado a 1.000 latigazos y 10 años de prisión. Su esposa, Ensaf Haidar, que desde hace años lleva a cabo una campaña internacional para obtener la liberación del joven bloguero, escribió en su página de Facebook que esta decisión de la ONU daba, de hecho, carta blanca a las autoridades saudíes para mantener en prisión a su marido.

“Es una triste constante que en nuestro mundo el petróleo y el dinero prevalecen sobre los principios básicos con respecto a los derechos humanos. El hecho de que Arabia Saudí sea miembro del Consejo es algo horrible, y la nominación realizada por la ONU no hace más que echar sal sobre las heridas de los disidentes que agonizan en las prisiones saudíes”, subrayó Hillel Neuer.

Cabe señalar que el gobierno saudí envió su solicitud para presidir el CDH poco después de que se publicara en Arabia Saudí una oferta de empleo para ocho verdugos que deberán efectuar las ejecuciones de presos por medio de la decapitación.

En el país, numerosos crímenes pueden ser castigados por la muerte. Muchos de ellos no tienen relación con delitos de sangre.

Este año, el gobierno saudí ha aumentado el ritmo de las ejecuciones, algo que Amnistía Internacional ha calificado de “ritmo macabro” sin precedentes.

Por otro lado, la aviación saudí ha matado a casi 6.000 civiles en los bombardeos efectuados contra Yemen desde el pasado 26 de Marzo. De ellos, 3.000 son mujeres y niños.

Y la monarquía que manda en España, amiga de la monarquía que gobierna en Arabia Saudí.