César Jara||
Periodista||
En los últimos tiempos, está proliferando en España el número de delitos de agresiones sexuales contra mujeres y niñas.
Especialmente grave y repugnante es el aumento de casos de violaciones brutales en grupo contra víctimas indefensas o drogadas, de forma criminal y con una impunidad casi absoluta para los autores.
En la mayor parte de las ocasiones, se trata de jóvenes violadores, muchas veces adolescentes, que actúan sin ningún tipo de reparo moral ni empatía o respeto por la víctima, jactándose incluso de su abyección colgando fotos en internet y activando morbosos chats entre otros sujetos de su calaña.
La sociedad está reaccionando ante esta lacra, pero las autoridades, no, al menos como deberían hacerlo.
Asistimos estupefactos, indignados, a actuaciones de jueces y fiscales demasiado condescendientes con los violadores, cuando no claramente cómplices de los mismos, que dictan sentencias absolutorias o benévolas o directamente les dejan en libertad sin apenas cargos y medidas cautelares.
Esto no es casual, pues cabe recordar que más de un tercio del poder judicial y fiscal está integrado por individuos, que abrazan ideologías abiertamente reaccionarias y machistas. El Opus Dei, los Legionarios de Cristo, El Yunque, loa “Quicos” y otras sectas católicas de ultraderecha copan demasiados juzgados y tribunales y eso se nota vergonzosamente luego en estos casos.
La cuestión es que todo esto, unido a un Código Penal confuso y a una complicidad de ciertos sectores sociales con los agresores, da lugar a la repetición de agresiones y a la sensación de impunidad de muchos de estos canallas, que salen en algunas televisiones no sólo no arrepentidos, sino en plan chulo alardeando de su criminal acción, sin pedir perdón jamás a las víctimas.
Más allá de las justificadas protestas masivas del movimiento feminista, mujeres y hombres juntos, cabe abordar medidas de choque para acabar con esas manadas de cabrones y su impunidad.
Propongo algunas: conocer los nombres de jueces, magistrados y fiscales cómplices y expulsarlos de sus puestos; cambiar el Código Penal, estableciendo en esos casos la prisión permanente revisable, ordenar legalmente la castración química de los violadores reincidentes o de perfil de psicópata, especialmente en los casos de niñas, de menores o de extrema brutalidad.
Hay que acabar con esas manadas de alimañas, de depredadores sexuales y hay que prohibir la prostitución, la industria de la pornografía y perseguir contundentemente la trata de mujeres con fines de explotación sexual, que son el caldo de cultivo y el fondo de tanta agresividad sexual en España y en todo el mundo.
Y, además, hay que implementar urgentemente planes de educación afectivosexual en los centros de enseñanza.
España es un país de puteros, paraíso europeo de las mafias de la prostitución, que en lugares como Palma de Mallorca han llegado, de la mano de ciertos empresarios del ocio, a comprar policías, políticos, periodistas, jueces y fiscales.
Como también hay que denunciar la complicidad descarada de algún fiscal en el caso “Carioca”, que investiga hace años una valiente jueza de Lugo y que implica a guardias civiles y policías corruptos que eran los proxenetas de una red de explotación de mujeres inmigrantes.
Esto no puede seguir así.
Y no oí a casi ningún candidato electoral manifestarse al respecto de forma clara y firme.
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