Ironías de la Historia. La declaración del estado de alarma destapa la crisis del Gobierno

Rodrigo Vázquez de Prada y Grande||

Periodista. Director de Crónica Popular||

Las ironías de la Historia ponen todo patas arriba. La primera vez que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez no tiene más remedio que abordar un asunto desde la perspectiva del interés general, y aplicar medidas para toda España, con un mando único en todo el país en materias tan decisivas como las de Interior, Sanidad y Transportes, estalla, se destapa y sale a la luz pública la primera y grave crisis de su Gabinete y de los socios que le llevaron a La Moncloa. O, lo que es lo mismo, la declaración del estado de alarma decretado el sábado, día 14 de marzo, para atajar la peligrosa expansión del coronavirus ha hecho saltar por los aires la pretendida unidad de criterio del autotitulado Gobierno de Progreso, es decir, el Gobierno Frankensteinformado por socialistas sanchistas y podemitas. Y, al mismo tiempo, ha puesto sobre el tapete la inconsistencia de su alianza contra natura con el secesionismo catalán y vasco. De manual…

Pero, siendo esto cierto, lo sucedido tiene una lectura que exige analizar cuestiones de particular relevancia en la política democrática desde una perspectiva de izquierdas. Porque, en efecto, la puesta en marcha del modo constitucionalmente establecido para intervenir desde el Gobierno frente a una emergencia ha mostrado a las claras cómo la articulación de las políticas de alianzas deben responder a principios políticos sólidos y no a ambiciones personales de los políticos; deben dirigirse a resolver los intereses generales de un país y no los particulares de quien las impulsa; deben materializarse en la conformación de una mayoría responsable que permita fortalecer el sistema democrático y no en una artificial amalgama contranatura con partidos termita que tratan de dinamitarlo.

Dicho en plata: todo lo contrario de la política de alianzas que campanudamente anunció en su día Pedro Sánchez. El resultado salta a la vista en estas horas del triste reinado del coronavirus. Los aliados, a los que tan certeramente definió Alfredo Pérez Rubalcaba como “Frankenstein” y que tan afanosamente buscó Pedro Sánchez para derribar a Mariano Rajoy en julio de 2018 y encaramarse en el poder, como fuera y a costa de lo que fuera, abandonar los principios socialistas que enfrentaron siempre a la izquierda con los nacionalismos, únicamente le han servido para materializar su principal ambición y obsesión: permanecer en La Moncloa.

Pero de ninguna de las maneras le son útiles para afrontar en serio los problemas graves a los que se enfrenta España; es decir, para gobernar y, gobernando, adoptar las decisiones necesarias para el bienestar del conjunto de los españoles. Es decir, para esa mayoría de la sociedad que se ve reflejada en la Constitución de 1978, aunque, naturalmente, esto les suene a chino- y nunca mejor dicho- a sus conmilitones en el poder, a quienes el modelo de convivencia democrática establecida en nuestra Carta Magna les provoca todo tipo de rechazos y sarpullidos.

El anteproyecto ignoto, primera causa de desencuentro gubernamental

Hace tan solo una semana asistíamos al espectáculo de manifiesta incompetencia demostrado por la Ministra Irene Montero con la infumable redacción de un anteproyecto de ley de Libertad Sexual que pretendía ser presentado en sociedad como un valioso trofeo del extraño y patético feminismo podemita- un feminismo que, blandiendo teorías realmente enloquecidas, prescinde de las mujeres- en la manifestación del 8M.

Varios días antes, el Gobierno conocía de primera mano la extensión imparable del coronavirus y debería haber prohibido la manifestación. Pero, en un juego suicida para el PSOE de conceder protagonismo y espacios propios al podemismo, no lo hizo. Y no solo eso, sino que la alentó y dio todo su apoyo, participando en ella, además, varios ministros, dos vicepresidentas, y la misma esposa de Pedro Sánchez. Demagogia al cubo que se saldó con una vicepresidenta, una ministra y la misma esposa del presidente, Begoña Gómez, infectadas por el virus. De las manifestantes infectadas sin cargo, anónimas, no se sabe nada.

Pero lo cierto es que, como por arte de birlibirloque, es decir por ese halo mágico que reviste el que no se sepa de qué forma ha sucedido una cosa, hasta el día de hoy no se ha publicado el tan cacareado anteproyecto de ley. De entonces acá, se desconoce su texto, a pesar de que el Consejo de Ministros del pasado 3 de marzo lo había aprobado “para su tramitación”. Únicamente, trascendió a los medios de comunicación el informe de 26 páginas redactado por el equipo del Ministerio de Justicia en el que se ponía de manifiesto todo un conjunto de errores jurídicos monumentales contenidos en el titulado Anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual, incluidos errores ortográficos de bulto.

Y que se conociera tal informe, fue la causa de un rifirrafe intergubernamental en el que el flamante vicepresidente Iglesias salió a defender a su pareja, raudo y veloz y con la lengua muy suelta, como es costumbre en él, acusando casi directamente al ministro de Justicia y a su equipo de “machistas frustrados”. Fue ésta la primera expresión de desencuentro real en el seno del Gobierno de coalición. Pero el encontronazo fue sepultado rápidamente por el reguero de noticias puestas en circulación sobre la expansión del coronavirus y los sucesivos anuncios por parte del Gobierno y de su presidente en persona de que se adoptarían medidas urgentes para frenarlo y garantizar la salud de los españoles…

Ahora, la primera vez que Pedro Sánchez parece querer abordar un problema en serio, aunque haya reaccionado con evidente retraso, asistimos a la primera crisis grave con sus socios. La causa, la reacción de los secesionistas y del podemismo ante las medidas aprobadas en el Consejo de Ministros del sábado, 14 de marzo, y que  acompañarán a la necesaria declaración del “estado de alarma”. Uno de los tres estados de emergencia previstos en el artículo 116 de nuestra Constitución, “por un plazo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo” (Artículo 116.2).

Todo ello, ha puesto en evidencia que la operación de Gobierno de coalición urdida por el sanchismo tenía desde su misma concepción un reducido recorrido y las patas más bien cortas. Tan cortas como la mentira, de la que Pedro Sánchez se ha revelado como un consumado practicante que, con su interminable retahíla de embustes, y sin necesidad de recurrir a un escribidor “negro”, como lo fue Irene Lozano para su Manual de resistencia, está llenando, día a día, las páginas de un auténtico Manual de mendacidad.

Realmente, ninguno de los socios de Pedro Sánchez trató de guardar las formas exigidas entre “partners”. Los hechos demuestran que el “fair play” de los socios es pura fachada. Porque, dejando a un lado el calculado lenguaje y modos de expresión con el que, en otras ocasiones, pretenden “vender” su imagen públicamente- puro marketing comunicacional-, los peneuvistas se expresaron con dureza por boca del portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, que se manifestó en desacuerdo con que el Gobierno central se haga cargo de las competencias de Seguridad y Sanidad. Para los herederos del racista Sabino Arana, eso “sería un 155 en esta materia que, en principio no estaba anunciado, ni está tampoco en el tenor de las conversaciones que el ‘lehendakari’ ha mantenido con Pedro Sánchez“. Y el vicario e inhabilitado presidente de la Generalidad, Torra, se volvió a tirar al monte discursivo del que no quiere ni sabe salir, calificando de inaceptable “que el Gobierno español confisque nuestras competencias en salud, seguridad y transporte. Necesitamos apoyo; no recentralización”. 

Y, mientras los secesionistas abrían su particular “caja de los truenos” contra el decreto recién aprobado, sus mismos socios de Gabinete, los miembros podemitas del Gobierno, con Pablo Iglesias al frente, inundaban una vez más las redes sociales de mensajes en su infantil y ridícula guerra por los espacios políticos dentro del mismo Gabinete. Unos mensajes en los que anunciaban que en próximos Consejos de Ministros se aprobarán normas en defensa de los derechos de los trabajadores frente a la grave crisis económica originada por la pandemia, apuntándose ellos el tanto y arrogándose en exclusiva una supuesta defensa de los derechos sociales, al tiempo que  Alberto Garzón se despachaba a gusto ante su cada vez más reducida parroquia, tildando de “neoliberal” al equipo de Nadia Calviño.

Pero que, en realidad, unas y otras posiciones exteriorizaban inequívocamente la gran irritación que su exclusión del núcleo duro del Gobierno que dirigirá la aplicación del estado de alarma había provocado en Pablo Iglesias; por cierto, un miembro del Gobierno absolutamente irresponsable, que, saltándose por el forro la ejemplaridad que un político está obligado a mostrar en todo momento y especialmente en casos de emergencia nacional como la actual, asistió al Consejo de Ministros, saltándose a la torera todo lo dicho desde las autoridades sanitarias y vulnerando la cuarentena exigida a la población próxima a los infectados.

Dicho en otras palabras, tanto las posiciones de Pablo Iglesias y su equipo como las de los secesionistas traslucen claramente que la luna de miel del Gobierno está comenzando a hacer aguas. Porque las reacciones de unos y otros, tras un interminable Consejo de Ministros, alargado por la aparición de desacuerdos crecientes en muchos puntos del decreto, permiten vislumbrar un dato esencial de este momento político y que va a tener un creciente y decisivo peso en las próximas semanas: ni el secesionismo catalán y vasco ni el populismo peronista-podemita van a seguir apareciendo – ni para el mismo Pedro Sánchez - como los aliados fiables que la versión cesarista- sanchista del PSOE quiso convencerse a sí mismo que podrían ser. Lealtad, unidad de criterio, etc, no son más que palabras vanas en boca de políticos inanes. De pura raza. Como diría un castizo madrileño, “lo que no puede ser, no es, y, además, es imposible…”.

Los intereses políticos de unos y otros discurren cada uno por su lado. Cada uno de los partidos y coaliciones políticas que conforman el conglomerado “Frankenstein” tiene los suyos  propios, al margen de los generales de España. O, más exactamente, en contra de los intereses de España. Por más que la vacua propaganda diseminada por los medios por el mercenario de la comunicación política y superpoderoso jefe de Gabinete del presidente, Iván Redondo, pretenda ocultarlo, el “Gobierno Frankenstein” y la marcha triunfal de Pedro Sánchez del brazo de los secesionistas tiene los días contados.

En el camino de esta aventura quedarán, sin embargo, las terribles huellas de lo que hace y deshace desde el poder un político irresponsable. Merece la pena recordar algunos hitos. El primero, en la frente. En el comienzo de todo.

Y, aunque resulte cansino, es necesario que quede constancia de ello. Tras los desastrosos resultados electorales del 10N para el PSOE- los socialistas volvieron a ganar las elecciones, con un 28%, pero con menos votos (7 décimas menos que el 28ª) y tres menos diputados que seis meses antes- Pedro Sánchez cambió por completo de parecer, autoconcenciéndose con el slogan de que “No hay alternativa”

Así, “en horas veinticuatro”, pasó de confesar el insomnio que, al 95% de los españoles y a él mismo, le produciría la presencia del peronista Pablo Iglesias en el Gobierno, a abrazarlo efusivamente y aceptar su integración en un pomposamente autotitulado Gobierno de Progreso. Y, siguiendo la estela de la diputada secesionista Montserrat Bassa, de ERC, cuando proclamó con vehemencia en el Congreso que le importaba “un comino la gobernabilidad de España” (sic), algo que muy pocos ignoraban, a Pedro Sánchez, hombre de palabra donde los haya, parece que le importó otro comino tirar por la borda sus promesas de que “nunca gobernaré con el populismo y con los secesionistas”.

Y, como las palabras las lleva el viento, y las suyas las primeras de todas, un comino le importó acordar el apoyo de los secesionistas de toda laya- incluido el de los diputados de Bildu, los herederos de ETA-, quedando rehén de sus votos y abstenciones y pagar los votos del podemismo peronista regalándole nada menos que cinco puestos en su Gobierno, incluida una vicepresidencia. Y otro comino le importó también aceptar otro “trágala”: sentar en él, al alimón, a una pareja sentimental, la de Pablo Iglesias e Irene Montero. Solo le faltó sentenciar para la posteridad aquello de “porque ellos lo valen”, como se dice en un famoso anuncio de cosméticos.

Pero, realmente es una verdadera lástima que Pedro Sánchez desprecie tan olímpicamente las propiedades terapeúticas del comino y actúe tan frívolamente. Aparte de por otros “atributos” y “ventajas comparativas” que él cree firmemente que le adornan, pasará a la Historia como un caso único en España, de cuyos gobiernos, incluidos los de la dictadura franquista, nunca formó parte una pareja. Algo en lo que, con esta “progresista” praxis política, está siguiendo, tristemente, la senda de dos países, como Rumanía y Argentina, que mantuvieron en sus Gabinetes a matrimonios como los Ceaucescu y los Kichner, respectivamente. ¡Manda…! Y lo peor de todo es que la manipulación propagandística que se hace desde los medios audiovisuales afines al “Gobierno de progreso” ha terminado “vendiendo” a la opinión pública este hecho insólito y ética y estéticamente reprobable como absolutamente normal y aceptable…

En fin, como guinda de esa operación de cómo la ambición y la política hace extraños “compañeros de cama”, como reconoció Fraga Iribarne al aliarse con López Rodó, la ambición de Pedro Sánchez elevó al rango de Ministro a un Alberto Garzón al frente de unas competencias ministeriales que nunca hasta ahora habían pasado de ser una dirección general, que defiende el derecho de autodeterminación de Cataluña y se permite el lujo de expulsar de la IU podemizada que lidera a una feminista de la talla de Lidia Falcón. Y, junto a él, como ministro también, a Manuel Castells, asesor del Yeltsin ebrio de poder y de alcohol en el vergonzoso proceso de privatizaciones que regaló a la mafia rusa las principales empresas públicas, y que, desde las páginas de La Vanguardia, defendió meses atrás sin ningún sonrojo a los violentos CDR, porque “cuantos más jóvenes apaleen, cuantos más nuevos presos políticos haya, más se irá creando una reserva de rauxa que se expresará de mil formas”.

Lo cierto es que, desde el minuto uno de esta alianza de un partido socialdemócrata con el populismo peronista y los secesionistas, la irresponsable aventura emprendida por Pedro Sánchez tenía fijada la fecha de caducidad. Todo era fácilmente previsible. Al menos, para quienes desde el primer momento criticamos abiertamente el modelo “Frankenstein” y una alianza del más puro estilo Groucho Marx, alejada por completo de los principios de la izquierda.

En los dos meses de Gobierno que se cumplen en estos días, Pedro Sánchez ha cometido errores monumentales. Algunos de ellos, de perverso calado para el futuro de España. Constituyó un serio error contar con el apoyo de los secesionistas para sacar adelante la moción de censura contra Rajoy, el 1 de julio de 2018, y colmar con ello su desmedida ambición, llegando a ser investido como presidente. Máxime cuando, además, utilizó para esta operación de asalto a La Moncloa una frase introducida de matute en la sentencia sobre el caso Gürtel por el juez José Ricardo de Prada, al que en octubre último el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo una crítica expresa y apartó del juicio de la caja B del PP por haber “destruido su apariencia de imparcialidad” al incluir en aquella sentencia valoraciones políticas que “no eran necesarias”.

Pero el volumen y la naturaleza de tal error los fue aumentando de manera creciente a niveles detestables al asumir el mismo discurso y argumentario de los golpistas, haciendo suyos los conceptos de “conflicto político”, “diálogo”, “desjudicialización”,  omitiendo en cuantos documentos ha suscrito con el vicario Torra la referencia a la Constitución, que increíblemente y de modo cínico sustituye por la expresión “seguridad jurídica” y creando una llamada “mesa de diálogo” bilateral con la Generalidad de Cataluña.

Y, teniendo siempre como objetivo la política de “contentamiento” al secesionismo- a pesar de que un buen conocedor del secesionismo, como el ministro canadiense Stephane Dion no ha dejado de advertir de su inutilidad-, fue socavando paso a paso y peligrosamente la fortaleza de las instituciones democráticas con el nombramiento de la anterior ministra de Justicia, la fiscal amiga del policía procesado Villarejo y del ex juez Baltasar Garzón, como Fiscal general del Estado; el anuncio de una reforma del Código Penal que le permita reducir las penas para el delito de sedición y aplicar tal rebaja, retroactivamente, a los golpistas condenados en octubre de 2019 por el Tribunal Supremo; cesando, en los primeros días de este mes, a la abogada del Estado jefe del Ministerio de Hacienda, la prestigiosa jurista Carmen Tejera, que presentó la prueba pericial de malversación de caudales públicos en el juicio a los golpistas; utilizando a su antojo el inmenso poder de persuasión de RTVE, tras nombrar, con carácter “provisional”, a Rosa María Mateo como presidenta del ente público; y destituyendo recientemente al presidente de la Agencia EFE nombrado por él mismo tras su primer acceso a La Moncloa, en 2018, y que, en su carta de despedida a los trabajadores, se vió en la obligación de recordar que “una agencia pública de noticias no es una agencia de noticias del Gobierno, ni siquiera una agencia oficial” y que, tal como se contempla en el Estatuto de Redacción, “Efe es propiedad de la sociedad en su conjunto”.

Por decirlo brevemente, en sus dos primeros meses, Pedro Sánchez, aupado por lo peor de cada casa del arco parlamentario, ha venido gobernando a trompicones, demagogia y cesiones continuas a los secesionistas. Esa peculiar política fue el preámbulo de una crisis de gobierno y de alianzas que, más temprano que tarde, tenía que estallar. Y, ahora, con la crisis generada por la expansión del coronavirus, ha iniciado su estallido.

Aunque, como Ignacio Varela había escrito, el pasado 6 de marzo, en El Confidencial, el pasado 6 de marzo, antes, por tanto, de la declaración del estado de alarma, “este equipo no se diseñó para gobernar, sino para durar. Es probable que consiga lo segundo sacrificando lo primero. Por eso no puede decirse —al menos por ahora— que el Gobierno esté en crisis; más bien, que lleva la crisis dentro de sí”.