Adiós a las armas

Miguel Candel||

Profesor emérito de Historia de la Filosofía de la Universidad de Barcelona||

 

 

El digital de izquierdas elDiario.es (mucho más fiable que el marrullero Público, dicho sea de paso) publicaba recientemente uno de los artículos más sensatos salidos en bastante tiempo de siniestra (sensu etymologico) pluma. Me refiero a “El Gobierno tiene que pasar a la ofensiva”, de Carlos Elordi.

Seguro que, ante semejante título, más de una cabeza calenturienta de la «rive gauche» ha salivado de placer y otras tantas de la «rive droite» han segregado bilis a chorros y echado mano al pistolón dialéctico. Pues bien, si han seguido leyendo (ese vicio en el que los sometidos a dieta de titulares ―y/o twits― rara vez incurren), seguro que unos y otros se habrán sentido decepcionados. En cualquier caso, a un servidor le ha dado pie para una reflexión en parecida línea (con variantes, ciertamente) que expongo (exponiéndome de paso a toda suerte de invectivas cruzadas) a continuación.

En rumbo de colisión

Para empezar no puedo sino suscribir la entradilla y primeras líneas del mencionado artículo: «Hay quien ha dicho que la situación recuerda a la de los años 30. No es verdad. Pero hay un punto de coincidencia: el del resurgimiento de las dos Españas, enfrentadas e irreconciliables. La situación política no puede seguir degradándose. Y menos al ritmo al que lo está haciendo en las últimas semanas. Porque de lo contrario, se camina hacia el descontrol y puede que al desastre.»

Lo más llamativo, para mí, ha sido comprobar cómo una situación de emergencia nacional (y mundial) como la pandemia del malhadado SARS-CoV-2, en lugar de servir para unir fuerzas y tejer solidaridades (como ha ocurrido en otros países del entorno más inmediato), ha sido visto por muchos (tanto del campo gubernamental como de la oposición, y me excuso de dar porcentajes, siempre discutibles) como pintiparada ocasión para promover estrategias partidistas. (Y espérense ustedes, que ahora vendrá la rebatiña por el reparto de los fondos europeos… cuando lleguen.)

Está claro que por ese camino sólo vamos, como señala el artículo citado, al desastre. Se impone, pues, un golpe de timón (metáfora que algunos, ignaros en náutica y en política democrática, entienden más o menos como atizarle con el timón al adversario). No, el golpe de timón deben darlo muchas manos al mismo tiempo y en el mismo sentido: no sólo el Gobierno de la nación, como propone Elordi, sino también todas las demás fuerzas políticas del país. Y que la tripulación y el pasaje tomen buena nota de quienes se escaqueen…

La trampa del populismo

Antes de seguir, una consideración sobre esa noción tan de moda: el populismo. Se dicen y escriben muchas sandeces al respecto. Hay quien considera populista a cualquiera que abogue por una política centrada en las necesidades básicas de la gente. Como si eso, formal y superficialmente, no fuera lo que dicen proponer todos los partidos. Lo que pasa es que no todos los que predican dan trigo (es más, existe la fundada sospecha de que quienes menos trigo dan son los que más lo prometen: no siempre porque engañen, sino porque ellos mismos se engañan sobre su capacidad para darlo).

En el fondo, sin embargo, aunque hay múltiples usos del término «populismo», ha venido decantándose progresivamente un cierto consenso (del que no forman parte, obviamente, los partidos realmente populistas) en torno a la idea siguiente: populista es cualquier tendencia política que reduzca la democracia al plebiscito, en cualquiera de sus formas, como única expresión auténtica de la voluntad popular, una vez consolidada la idea de que la soberanía reside en el sujeto de dicha voluntad.

El enemigo del populista, por consiguiente, es cualquier sistema de encauzamiento de la voluntad popular que establezca criterios y «controles de calidad», por así decir, sobre lo presuntamente deseado por la ciudadanía (concepto mucho más preciso y articulado que el de «pueblo»): en una palabra, el a veces complejo sistema de contrapesos y garantías conocido como «Estado de Derecho», concretado en la clásica división de los tres poderes y en la existencia de una jerarquía normativa que ordene las leyes en coherencia con el marco general definitorio de derechos y deberes comúnmente denominado «Constitución».

Puede haber ley sin legitimidad, pero no legitimidad sin ley

Dicho sistema de controles y garantías remite, obviamente, a la cuestión de cuál es la fuente de su legitimidad. Porque si resulta que el pueblo (o la ciudadanía) es el soberano, parece entrarse en un bucle o círculo vicioso al fundamentar en la voluntad popular el Estado de Derecho que debe encauzar precisamente esa misma voluntad popular. De ahí la aparente coherencia del populista que propone romper ese círculo saltándose los mencionados controles para que la voluntad popular se exprese sin trabas de ningún tipo.

Coherencia sólo aparente, sin embargo, porque más allá de microsociedades como una comunidad de vecinos, por ejemplo, la toma de decisiones a gran escala, dados los dos rasgos que la caracterizan, a saber, el gran número de sujetos implicados y la diversidad de sus intereses, hace imprescindible, por una parte, el recurso a la delegación (sin mandatos imperativos) y, por otra, la mediación de los partidos políticos. Mecanismos ambos que hacen necesario a su vez el sistema de controles y garantías antes mencionado. Por lo general ―y la acumulación de ejemplos brindados por la historia es abrumadora―, la apelación directa a la voluntad popular se acaba traduciendo en formas más o menos larvadas de tiranía, es decir, de ejercicio irrestricto del poder por una parte de la sociedad (no necesariamente representada por un tirano individual) sobre el resto.

La legitimidad del Estado de Derecho deriva, por supuesto, de la voluntad popular, pero expresada a través de un esbozo preliminar de ese mismo Estado de Derecho, como es la redacción de un texto constitucional por ponentes designados entre los miembros de una asamblea constituyente elegida por sufragio universal. Para que esa legitimidad sea plena, además, es preciso que los ponentes representen a las diversas tendencias políticas existentes en el seno de la asamblea, sin exclusiones. Este proceso no es de hecho sino el establecimiento de unas reglas procedimentales que canalicen con la máxima fluidez posible la voluntad de los ciudadanos impidiendo a la vez su desbordamiento, es decir, evitando que esa «guerra por otros medios», en que en ciertos momentos inevitablemente se convierte la política, degenere en guerra de verdad, como ocurrió en 1936 y tantas otras veces, a mayor o menor escala, en el siglo XIX.

Porque no hay que ser ingenuos ni tontamente irenistas: no ha habido hasta la fecha ni es presumible que haya en el futuro (diga Rousseau lo que diga) colectividad humana de cierta envergadura en la que no aniden intereses contrapuestos y, por tanto, fuerzas conflictivas, pese a la imperiosa necesidad que el conjunto tiene, para su supervivencia, de un mínimo de solidaridad y espíritu cooperativo entre las partes.

¿Agua o leña al fuego?

Precisamente porque un mayor o menor grado de confrontación (¿qué otra cosa es, si no, la tan cacareada y promocionada «competitividad») parece inseparable de la condición humana en sociedad, los momentos idóneos para establecer reglas de convivencia como las constitutivas del Estado de Derecho no son aquellos en que la confrontación se encuentra en fase aguda, sino fases de calma presididas por un mínimo de consenso. Y ése es el problema de España en la coyuntura actual, como señala el artículo citado al principio: que nos encontramos en fase aguda de confrontación.

Es, por tanto, una invitación al suicidio político colectivo pretender ahora la puesta en marcha de un nuevo período constituyente previa demolición del edificio constitucional de 1978, por muchas que sean sus carencias. Que no son tantas, por cierto. No lo es, por ejemplo, el hecho de que no queden prácticamente personas menores de 60 años que hayan votado el texto constitucional vigente (un servidor tiene unos cuantos más de 60 y tampoco la votó: me abstuve). ¿Cuántos quedan, por cierto, de quienes votaron la Constitución de los Estados Unidos de América (1787)? Ni siquiera quedan muchos de quienes votaron su última enmienda sustantiva: la reducción de la edad con derecho a voto a los 18 años (vigesimosexta enmienda, 1971; la vigesimoséptima, sobre actualización de las retribuciones de los congresistas, se promulgó en 1992, pero era una simple aplicación de una regla aprobada en 1789).

Ahora bien, que el horno no esté para bollos (nunca mejor dicho, porque lo máximo que saldría ahora de nuestro horno no pasaría de ser un buñuelo, como decimos en la España catalana), que la cosa esté que arde, digo, no quiere decir que, precisamente por eso, no haya que esforzarse por bajar la temperatura. ¿Cómo?

Aunque a la edad de uno es fuerte la tentación de situarse cómodamente au-dessus de la mêlée o, en el peor de los casos, por el tiempo que a uno le queda en el convento, decir aquello de «ya os apañaréis», no puedo resistirme a sugerir algunas medidas de contención del desmadre actual. Básicamente las dos siguientes:

La verdad ante todo

Primera. Que los partidos actúen con la máxima sinceridad en cuanto a sus respectivos proyectos políticos. De momento, y por desgracia, los más sinceros parecen ser los independentistas catalanes, con su desafiante-cansino «ho tornarem a fer» (aunque no suelten prenda sobre cómo se concreta eso; salvo que sigamos el consejo que dan en Inglaterra a quienes preguntan por el tiempo que hará al día siguiente: «mire por la ventana»: o sea que su proyecto se reduce a prorrogar sine die el marasmo actual.)

En otras palabras, todos los partidos deberían decir sin ambages, por ejemplo, no sólo cuántos millones piensan dedicar, si llegan a gobernar, a tal o cual política de aplicación inmediata, sino también cuál es su estrategia a largo plazo. Cómo conciben ellos el país a diez o más años vista. Qué distribución de la renta, y mediante qué mecanismos, piensan promover. Qué ratio público/privado consideran óptima en servicios básicos como sanidad, educación, energía, transporte, investigación y desarrollo, etc. Qué política industrial tienen en mente, más allá de que sigamos amorrados a las ubres de la industria turística. Qué plazos realistas prevén para la llamada transición energética ecológica: si ello pasa por recuperar en parte la siderurgia a base de hornos eléctricos alimentados con la chatarra obtenida mediante el desguace en cinco años del 80% del parque automovilístico actual; a partir de qué fuentes, y con qué régimen tarifario, piensan suministrar la energía eléctrica necesaria para cargar las baterías de los futuros vehículos de cero emisiones; ítem más: cuántos países africanos o latinoamericanos consideran necesario esquilmar de sus recursos de coltán y de litio para fabricar las mencionadas baterías. Y, last but not least, cómo ven el proceso de integración europea, así como las relaciones internacionales, la política de defensa en general y el papel de España en la OTAN en particular.

Sabemos de sobra que desnudarse políticamente de ese modo es tan embarazoso para las personas jurídicas constituidas por los partidos como lo es frecuentar una playa nudista para la mayor parte de las personas físicas descendientes de Adán y Eva. Pero mientras la gente no vea ningún esfuerzo en esa dirección, la desconfianza hacia los partidos en general seguirá aumentando… en beneficio de los partidos que hacen bandera de su descalificación sistemática del sistema de partidos: los «populistas» estilo Trump.

Transacciona, que algo queda

Segunda medida. Si, por un lado, consideramos necesario ese ejercicio de sinceridad de los partidos (que no nos engañen con programas «caramelo», que no somos niños… aunque a menudo nos comportemos como tales), ejercicio que sin duda afilaría las aristas de unos programas frente a otros, por otro lado es igualmente necesario aparcar el «unilateralismo», tan justamente criticado cuando se les achaca a los partidos independentistas catalanes que se pasaron la Constitución por el forro en 2017. Unilateralismo entendido aquí como la pretensión de aprobar leyes con mayorías raspadas, como la que actualmente sirve de sostén al Gobierno.

En efecto, en los asuntos que suscitan más polémica y, por tanto, más división, el buen juicio debería llevar a unos y otros (salvo que se quiera ver cumplida la profecía del artículo de Carlos Elordi) a la búsqueda de la transacción y el acuerdo. Se podría quizá acordar de entrada como criterio general que determinadas leyes de alcance muy general o que afecten derechos fundamentales exijan para su aprobación mayorías de dos tercios, como determinadas modificaciones sustanciales de la propia Constitución (artículos 87, 166, 167, 168 y 169 CE). Ello implica, es obvio, «aguar» las propuestas iniciales de cada parte. Pero cuando el riesgo es una intoxicación etílica grave no hay más remedio que echarle agua al vino, como hacían siempre los antiguos griegos, que de vino (y de agua) sabían bastante.

Por supuesto, antes de la transacción (y también después, con vistas a futuros envites) cada parte tiene todo el derecho (y, ante sus bases, la obligación) de hacer todo el despliegue dialéctico necesario (siempre sin descalificar arbitrariamente ni insultar al adversario) a favor de sus propuestas iniciales, llamando a la ciudadanía a ver las bondades de éstas, aunque a continuación se defienda, como lo buenamente posible, el acuerdo alcanzado. Claro que esta línea de actuación hace más lentos los procesos de reforma que unos u otros puedan considerar necesarios. Pero cambiar rapidez por solidez y seguridad suele ser siempre ventajoso.

Repárese que esta política de pactos sobre temas concretos no tiene nada que ver con las no infrecuentes sugerencias de «grandes coaliciones» derecha-izquierda a la alemana (o a la romana tipo «triunvirato»). Esta segunda «solución» sólo sería pan para hoy y hambre para mañana. Pues está claro que los conflictos de fondo no desaparecen con semejantes políticas, sino que a duras penas se adormecen y lo más probable es que resurjan de nuevo con más virulencia en el momento más imprevisto y en peores circunstancias socio-económicas (como está ocurriendo actualmente al socaire de la pandemia).

Si algo bueno tuvo la crisis de 2008, no fue ciertamente que «reformara» el capitalismo (más bien lo «deformó» un poco más, si cabe), sino que sacó a muchas sociedades, como la nuestra, de unos cuantos decenios de amodorramiento político, manifestado en el aparentemente insuperable bipartidismo. Pero salir de un sueño para vivir despiertos una pesadilla (el «procés» catalán es una de ellas) no parece que suponga una gran mejora.

De los derechos a los hechos

Para concluir: es indudable que el Estado de Derecho, con todas las garantías de su procedimentalismo, no inmuniza frente a las trampas que los más fuertes en una sociedad tan desigual como la nuestra puedan hacer en provecho suyo. Es cierto que, con las rémoras de un pasado antidemocrático cuya duración apenas ha sido superada por el presente democrático actual sumado al período republicano, a las gentes de izquierda les ha podido parecer a veces que el Estado de Derecho funciona como Estado de Derecha.

Pero romper el tablero cuando el adversario hace trampas no soluciona nada a corto plazo (si acaso, le deja las manos más libres todavía al tramposo) y, a medio o largo plazo, deja inermes a aquellos que más necesidad tienen de las garantías de un marco legal que reconozca sus derechos, aunque luego tengan que currárselos día a día, procurando no volver a «amodorrarse» ni dormirse en los laureles. Porque siempre hay que seguir el consejo de Goethe:

«Lo que habéis heredado volvedlo a ganar a pulso o no será vuestro.»