La España Que Reúne
En pleno proceso de agitación política y social para hacer ‘aceptables’ los indultos parciales a los presos del procés, ha surgido una nueva campaña de desprestigio institucional contra los reguladores independientes que existen en España y que ejercen la labor de control de las decisiones políticas o la conducta de los agentes intervinientes en los mercados. Concretamente, el ataque más contundente está dirigido contra el Tribunal de Cuentas, una institución básica para el control y supervisión ex post de los presupuestos públicos.
Es evidente la necesidad de que el Tribunal de Cuentas y otros entes administrativos se modernicen, aceleren sus tiempos de trabajo y sean más efectivos en la labor imprescindible de ‘check and balance‘ que cualquier democracia representativa debe tener. Si no existiera este organismo, los políticos podrían utilizar el dinero público a su antojo sin que el Parlamento o los ciudadanos pudieran parar decisiones injustas o la mala gestión del dinero público. Es necesario siempre un contrapeso técnico, riguroso y transparente.
Por ello, no podemos más que rechazar la ofensiva planteada contra esta institución, a la cual se ha sumado el propio Gobierno de coalición PSOE-Podemos. En vez de plantear una reforma en profundidad que mejore el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, persiguen eliminar competencias y ámbitos de actuación básicos para asegurar la calidad de la gestión económica de los diferentes niveles de Administración Pública.
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