Cospedal y la política económica del PP

Marcel Félix || Puertollano.

La presidenta de Castilla La Mancha y Secretaria General del PP ha comenzado a marcar el rumbo económico al futuro gobierno de Rajoy. Lo ha hecho con un durísimo plan de ajuste con el que pretende sanear las cuentas regionales. Según Cospedal la obliga a ello la herencia recibida y la exigencia a que la somete el nivel de déficit impuesto por el Gobierno.

Dolores Cospedal comparte los cargos de Secretaria General del Partido Popular y Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. Esta duplicidad de cargos, lejos de convertirse en un lastre como pretendían en el PSOE-CLM se convirtió en ventaja al facilitar su continua presencia en los medios de comunicación. Superaba de esta forma una de las dificultades que sus antecesores no pudieron lograr: el bajo nivel de popularidad entre la población castellanomanchega. Cierto es que la duplicidad de cargos colocó a Cospedal en una situación delicada cuando se abordó el debate de temas sensibles para la región (Estatuto, trasvase Tajo-Segura, ATC…) pero de todos ellos ha salido airosa con el apoyo de las cabeceras conservadoras.

En estos días Cospedal vuelve a ocupar las portadas de la prensa nacional e internacional al hacer público un durísimo plan de ajuste con el que pretende reducir en 1800 millones los presupuestos para 2012. El plan recorta los gastos en un 20% y se ha convertido en referencia para las comunidades recién conquistadas por los populares, pero también para las que gobiernan desde hace lustros. Tanto Extremadura como Castilla León, Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana se disponen a seguir la línea marcada por Cospedal. El propio Mariano Rajoy hace suyo el plan de ajuste de su Secretaria General al apoyarlo abiertamente en su reciente visita a Portugal.

El plan de ajuste ha llenado de inquietud a gran parte de la comunidad autónoma, con excepción de la CECAM y los autónomos que lo defienden argumentando que solo afectará al sector público de la región. Pero antes de su presentación la lista de conflictos de Cospedal no dejaba de crecer.

Quizá el más sonado ha sido, aún se mantiene abierto, el conflicto con los farmacéuticos a quienes no paga desde el mes mayo y adeuda alrededor de 150 millones. Aunque acaba de abonar un 25% de la factura mensual, gran parte de las farmacias mantienen la amenaza de cierre temporal de dos meses. En el fondo subyace el más que lucrativo negocio de los laboratorios farmacéuticos y que el marido de la portavoz del PP-CLM, Carmen Riolobos, esté vinculado al sector.

Alrededor de 32.000 viudas fueron las primeras víctimas de los recortes, aunque no son las únicas. En Castilla-La Mancha hay 115.000 viudos, de ellos 93.400 son mujeres. La primera medida que adoptó el Gobierno de Barreda tras iniciar su segunda legislatura al frente de la Junta fue promulgar el Decreto 112/2007 que regulaba las ayudas destinadas a las personas viudas. En la última actualización de marzo de 2010 se acordó que las viudas que cobraban menos de 5.456 euros recibirían una ayuda anual de 1.000 euros; las que cobraban hasta 6.291, 800 euros; hasta 7.775, 600; y hasta 8.312, 400. Estas últimas han dejado de percibir la ayuda, pese a que el Gobierno de Cospedal no ha emitido ninguna disposición anulando el anterior decreto que, según afirman desde el PSOE, sigue estando en vigor.

Los socialistas denuncian que, además de la orden para el complemento de las pensiones de viudedad, Barreda también aprobó otra con los mismas ayudas (400, 600, 800 y 1.000 euros) para las viudas que percibieran pensiones no contributivas. Esas beneficiarias, para cuyos pagos, según el PSOE, no se requiere actualización, tampoco han percibido la parte proporcional de los complementos correspondientes al primer semestre. Se estiman en 14.000 las mujeres que percibían esa ayuda. Si la dejan de recibir, el Ejecutivo del PP sumaría a los 12’8 millones de euros no pagados en pensiones otros 5 millones de euros más.

Al conflicto con las farmacias y las viudas no dejan de sumarse afectados. 60.000 mayores de Castilla La Mancha no han disfrutado este año del programa de vacaciones sociales y miles de familias con dependientes a su cargo denuncian que Cospedal no paga las nóminas desde el mes de mayo y amenazan con movilizaciones. Parecida situación viven las asociaciones y entidades de discapacitados físicos o sensoriales. La asociación ASPRONA de Albacete denuncia una deuda cercana a los 5 millones. Taxistas que trabajan en exclusiva para el SESCAM y empresas de transporte sanitario denuncian también impagos desde hace tres meses.

Con tales precedentes cuesta creer que el plan de ajuste presentado por Cospedal no vaya a afectar directamente a los servicios públicos de Castilla La Mancha. Aunque no detalló mucho, y prometió no tocar el gasto social, sí cuantificó el ahorro en gastos de personal: 391 millones de euros. A un coste laboral medio de 50.000 euros anuales, muy alto para esta administración, supone casi 8.000 puestos de trabajo menos entre los interinos y los empleados de empresas públicas, ya que los funcionarios no son recortables. Según los sindicatos, el recorte podría llegar hasta los 14.000 puestos de trabajo públicos menos. Es una cantidad relevante en una comunidad con 76.000 funcionarios.

«El objetivo fundamental es crear empleo» insiste Cospedal. Sin embargo, buena parte del recorte son costes de personal. El PP asegura que en su mayoría se trata de directivos y cargos a dedo, pero los sindicatos denuncian que se trata de algo más profundo. Además de las medidas ya anunciadas, como la reducción de altos cargos o la supresión del Defensor del Pueblo, el documento añade algunos ejemplos simbólicos, como la eliminación del 50% de los conductores, aunque no aclara si estos eran o no funcionarios, en cuyo caso habrá que reubicarlos. También hay otro recorte simbólico, en línea con la estrategia seguida por la Comunidad de Madrid, de la que Cospedal fue consejera: la reducción de los liberados sindicales, que pasarán de 785 a 284, y la supresión de subvenciones a sindicatos para ahorrar 19,4 millones de euros.

La presidenta castellanomanchega cree que este plan creará empleo, pero de momento anuncia una «congelación temporal de la oferta pública de empleo en todos los sectores durante el año 2012» y una «prohibición de contratar personal funcionario interino, salvo que se financie con fondos finalistas», con lo que ahorrará 111 millones.

En cuanto a gastos claramente sociales, se pretenden ahorrar casi 21 millones de euros reduciendo el gasto corriente del mantenimiento de los centros de servicios sociales. Sin embargo, y pese al detalle de otras partidas menores, lo que realmente se lleva la mayor parte del ahorro son cuatro medidas: personal, transferencias corrientes —se eliminan la fundación Ínsula Barataria, el Instituto Don Quijote de promoción turística y se reducen las subvenciones a empresas del sector agrícola, además de una bajada del 20% del presupuesto de la televisión autonómica— las inversiones, que se congelan totalmente —se suspende la ejecución de obra nueva de infraestructuras— y por último, el más polémico, que apenas se apunta: 400 millones de ahorro en «infraestructuras e instalaciones sanitarias», esto es hospitales y consultorios.

Quienes de momento han respondido al plan con más beligerancia han sido los sindicatos. Incluso la CSIF que inicialmente parecía apoyarlo ha criticado la pérdida de empleo que supondrá en servicios trascendentales como enseñanza y sanidad. CCOO y UGT valoraran posibles movilizaciones tras la reunión prevista para el 8 de septiembre. En lo que coinciden ambos sindicatos es en luchar contra un plan que según sus cálculos supondría reducir un 5% el PIB de Castilla La Mancha.

Al plan de ajuste presentado por Cospedal no han tardado en salirle admiradores y distintas comunidades gobernadas por el PP se plantean seguir los pasos de su Secretaria General.