Frente al “diálogo”, “conflicto” y la neolengua secesionista, el consenso constitucionalista*

Rodrigo Vázquez de Prada y Grande||

Periodista. Director de Crónica Popular||

La falacia del llamado “diálogo” y  del denominado “conflicto” son algunas de las expresiones que conforman la calculada  perversión del lenguaje que los secesionistas catalanes difunden sin cesar en  nuestra sociedad. Una suerte de neolengua del tenor de las que ya denunció  Orwell en su anticipadora novela 1984 como uno de los modos de operar de los totalitarismos.

Esta perversión del lenguaje y de los conceptos, que, en una manipulación extrema de las palabras, ha llevado a los secesionistas a proclamar que es democracia vulnerar precisamente las leyes democráticas, conforma uno de los pilares más siniestros sobre los que se asienta el golpe de Estado permanente que los secesionistas están inflingiendo al sistema democrático español.

Un golpe de Estado posmoderno, muy distinto a los pronunciamientos militares pero con unas peculiaridades muy definitorias de la convulsa época que vivimos: la primera, concierne al sujeto del golpe de Estado, en este caso un Gobierno de una región cuyo Gobierno se debe a la misma Constitución que pretende derribar y al Estado del que quiere desgajarse; la segunda, afecta a la publicidad del mismo puscht, mostrado en directo en todas las televisiones, paso a paso, en cada una de sus fases, desde la aprobación ilegal de las pretendidas normas de “desconexión” y el esperpento del llamado referéndum sin censos, interventores y cualquier control imparcial sobre sus resultados, a la declaración de independencia, primero proclamada y acto seguido suspendida.

Una verdadera ópera bufa pero que encaja a la perfección en la definición diseñada ya en el pasado siglo por el tratadista de Derecho Constitucional austríaco Hans Kelsen, el inspirador de la Teoría pura del Derecho, golpe de Estado cuyos orígenes se remontan a varias décadas atrás y que, tras su planificación en los años noventa del pasado siglo, se fue llevando a cabo tal cual se había diseñado a partir del llamado Programa 2000, del nada honorable y corrupto Jordi Pujol.

Evidentemente, en esta operación golpista, el falaz llamamiento al “diálogo” y la insistencia en la definición del golpe de Estado como un “conflicto” no son otra cosa que elementos que los secesionistas utilizan de manera sistemática junto a  otros muchos que conforman su estrategia y táctica: la incesante fabricación de mentiras históricas, redactadas por seudohistoriadores, que están inundando las páginas de los libros de texto de una historia imaginada tal como quisieran que hubiera sido;  el desprecio más absoluto a más de la mitad de los catalanes que rechazan el independentismo, y con la que desde la Generalidad no solo no se dialoga sino que se la persigue; la marginación de la lengua oficial de España, una lengua que hoy hablan en el mundo más de 650 millones de personas, y que se considera una “lengua extranjera” impuesta; el adoctrinamiento auténticamente goebelsiano a través de las escuelas, gracias a una irresponsable transferencia de las competencias en Educación- que la segunda República nunca hizo, ya que tal competencia fue una competencia compartida- que permitió inocular el virus nacionalista y de odio a España en los centros educativos y el adoctrinamiento realmente fascista a las jóvenes generaciones; la laminación literal de la libertad de cátedra, mediante la persecución implacable de los docentes discrepantes, como el profesor Francisco Oya, que ha sufrido una bárbara y arbitraria sanción de suspensión de empleo y sueldo durante diez meses; la utilización propagandística a través de los medios de comunicación audiovisuales públicos e incluso de los subvencionados, de los que se expulsa a periodistas críticos con el separatismo, como Gregorio Morán, despedido de La Vanguardia, por denunciar a la nueva Prensa del Movimiento secesionista. Y,  en fin, la vulneración sistemática de las resoluciones judiciales y de leyes, desde el Estatuto de Autonomía hasta la misma Constitución, por parte de las autoridades del Estado a nivel autonómico que, como tales, están más obligadas que cualquier otro ciudadano a cumplirlas y hacerlas cumplir.

Porque, es en este marco en el que los secesionistas hablan de “diálogo”. Por supuesto, su concepto particular no tiene nada que ver con los Diálogos de Platón, ni con los estudiados por un gran filósofo de nuestros días que tanto ha escrito sobre el fundador de la Academia y maestro de Aristóteles como Emilio Lledó, para el que “el diálogo es algo más que una invitación a hablar”, ya que “se trata de una manera de entender la verdad y el conocimiento”. Es decir, algo radicalmente diferente al concepto de diálogo que manejan los secesionistas.

Porque, por el contrario, cuando el secesionismo reclama diálogo con el Gobierno de España no pretende, además, otra cosa que imponer sus objetivos y, en consecuencia, forzar al sanchismo a que acepte el derecho de autodeterminación que la ONU únicamente contempla para las colonias o aquellos países que sufren regímenes vulneradores de los derechos humanos, así como la independencia de Cataluña.

Como ha escrito Mikel Arteta, “no se puede llamar diálogo democrático al que transcurriría en un terreno de juego donde la neutralidad de las instituciones catalanas brilla por su ausencia, pues están infiltradas, regadas con dinero público, y patrimonializadas irregularmente por el nacionalismo catalán desde hace décadas”

https://www.cronicapopular.es/2019/12/dialogamos-sobre-cataluna-en-serio-silencios-ofensas-y-algun-intercambio-sincer

Pero, para mayor osadía, en esta maniobra de acoso y derribo del Estado de Derecho español, toda esta operación se intenta llevar a cabo buscando hablar de igual a igual desde el gobierno de una región con el gobierno de todo un país, uno de los más antiguos de Europa. Es decir, como si se tratara de los gobiernos de dos Estados soberanos.

Y, para que todo encaje a la perfección en los objetivos secesionistas, en el mensaje que se lanza desde la Generalidad y los partidos independentistas se afirma que el supuesto diálogo estaría dirigido a resolver lo que ellos denominan “conflicto” político, al que, como otro de sus mantras preferidos, recurren una y otra vez en sus intervenciones. En su imaginario, el conflicto político existe entre Cataluña- que, además, son solamente ellos y no la mayoría de catalanes que no son independentistas- y España. Para ellos, el llamado “conflicto” existe entre dos Estados, dos bandos en igualdad de condiciones, cuando la realidad es que, de un lado, únicamente hay el Gobierno de un Estado que es España y la Generalidad no es más que el simple gobierno de una región, una Comunidad Autónoma más al lado de otras dieciséis autonomías creadas al amparo de la Constitución que desprecian y vulneran de modo ininterrumpido.

Tal como ha denunciado el Foro de Profesores en un reciente Manifiesto, “no hay “conflicto” sino un hostigamiento, una voluntad antidemocrática de acallar y ahuyentar a los adversarios políticos. Un ataque de independentistas, un 41% de la población de Cataluña, contra los catalanes que no lo son, que suponen un porcentaje superior, exactamente, un 49%, un ataque reiterado, promovido por las instituciones catalanas, al ordenamiento jurídico español, y que no responde a ninguna agresión previa del Estado ni a ningún agravio cometido con los ciudadanos catalanes”.

Y un ataque, además, cuajado de violencia, tal como queda patente en los informes del Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña, según el cual durante el primer semestre de 2019- es decir, meses antes de los graves desórdenes protagonizados por los CDR y Tsunami Democratic en octubre último, se produjeron 189 incidentes violentos, de los cuales 173 fueron obra de separatistas, el 91% de todos ellos.

“Diálogo” y “conflicto” se unen, así, a toda una retahíla de conceptos y palabras tan inexistentes en el acervo lingüístico común y generalmente aceptado como la misma realidad virtual que pretenden construir. Desde el supuesto “derecho a decidir”, expresión ésta puesta en circulación ya por los secesionistas vascos en 2003, a través del Plan Ibarretxe, hasta el de presos políticos, con el que se quiere ensalzar la figura de los políticos condenados por conculcar las leyes, y el de exiliados que aplican sin sonrojarse a quienes no son otra cosa que vulgares fugados de la justicia.

Pero no solo son éstas las nuevas expresiones falaces que el secesionismo ha puesto en circulación, socavando con ello a las mismas instituciones democráticas. Otra de ellas, de una importancia capital, es la de “desjudicializar” la vida política, lo cual significa conceder patente de corso y dotar de la máxima impunidad a los políticos que no solo vulneran las leyes sino que, literalmente, las pisotean cuando reiteran cansinamente, ya no se sabe si chulescamente, tal como pretenden que se les perciba, o a la manera de Cantinflas, que “lo volverán a hacer”.

Y, otra, de tanto calado como la anterior, “activar la vía política”, que, por ejemplo, según denunció en El Confidencial el analista Ignacio Varela, significa “desactivar todas las demás, dejando inerme al Estado de Derecho”. Es decir, “sacar las conversaciones con el gobierno autónomo de la región catalana de los ámbitos regulares- Congreso de los Diputados y Senado, Parlamento de Cataluña y órganos de coordinación entre el Gobierno central y el autonómico, “para crear un espacio negociador propio del trato bilateral entre naciones soberanas”. Ni más ni menos.

Realmente, es deplorable que, como denuncia Mercé Villarrubias,  “el lenguaje nacionalista no está preocupado por articular o poner palabras a algo existente, sino en crear a través de las palabras algo que no existe”. Pero, más grave aún es que esa neolengua que el secesionismo trata de imponer, al modo que Jean Pierre Faye denuncia en su obra “Los lenguajes totalitarios”, parece haber calado en una parte de la esfera internacional, a la que el secesionismo accede delictivamente malversando caudales públicos, sin que hasta el momento se le haya puesto el freno exigible por parte del Gobierno.

He traído a colación este cínico juego del secesionismo con la neolengua, para llegar a lo que quiero situar como el mayor problema de todo ello. Porque, sin embargo, el riesgo mayor de esta operación es que el contenido profundamente socavador de las instituciones democráticas españolas que discurre por contiene todo el discurso secesionismo parece estar siendo asumido por el propio Gobierno de España, presidido por Pedro Sánchez. Por más que se trate de un gobierno en funciones, aunque éste sea el que más tiempo ha permanecido sin la confirmación debida en La Moncloa desde la recuperación de las libertades y los derechos democráticos.

Pero la trayectoria tan notoriamente oportunista e irresponsable para mantenerse en La Moncloa que hasta ahora ha demostrado Pedro Sánchez, enredado en un verdadero laberinto del que le será difícil salir al aliarse con el peronismo que representa Podemos y sus mariachis y al buscar desesperadamente el apoyo o abstención de ERC, el partido que posee la genealogía golpista más dilatada en España desde los años treinta del pasado siglo, presagia el peor de los escenarios políticos.

Solo desde esta perspectiva de asunción por el sanchismo del discurso secesionista se puede comprender en profundidad la persistencia de sus negociaciones para lograr el apoyo a su investidura del partido independentista que tiene a uno de sus máximos dirigentes cumpliendo condena por la flagrante vulneración de las leyes en septiembre y octubre de 2017.

Únicamente así se puede entender la complacencia con que las presidentas del Congreso de los Diputados y del Senado, Meritxel Batet- la Batet que no es Batet- y Pilar Llop aceptaron sin rechistar los insultantes posicionamientos de los parlamentarios secesionistas y sus palanganeros en el preceptivo acatamiento de la Constitución.

A esta misma asimilación desde el Gobierno sanchista de la neolengua secesionista responde que quienes hablan en su nombre dejen constancia por escrito de que el “diálogo” con la Generalidad del presidente inhabilitado Torra se inscribirá en el marco de “la seguridad jurídica”, expresión con la que el secesionismo evita referirse, como debiera ser, al “marco de la Constitución”.

Y solamente esto explica el planteamiento programático y completamente irresponsable del PSC según la cual España es una “nación de naciones” y “un Estado plurinacional”. Una afirmación que para un catalán ilustrado de la talla del historiador de la Economía y catedrático Gabriel Tortella, “es un dislate que revela absoluta ignorancia de la historia del siglo XX, cuando las tres “naciones de naciones” europeas (Imperio austrohúngaro, Yugoslavia y Unión Soviética) se desmembraron algunas de ellas entre episodios de gran violencia y sufrimientos”.

Este es el riesgo real al que estamos asistiendo en las últimas semanas y cuyo desenlace, si discurre por la senda que parece haber comenzado a caminar el sanchismo, puede ser verdaderamente catastrófico para los intereses generales.

Es, desgraciadamente, cierto que en la base de las muchas falacias que explican el incesante golpismo secesionista se encuentra la ley electoral. Una norma que, como Vicente Serrano deja al descubierto con todo tipo de datos en su obra El valor real del voto, y en sus numerosos artículos de Crónica Popular, proporcionan una sobrerrepresentación a los partidos nacionalistas que solamente concurren en su autonomía al mismo tiempo que castiga gravemente a otras formaciones políticas que necesita un número mucho más elevado para obtener representación parlamentaria. Y de esta ley electoral y de esta sobrerrepresentación nace el dato perturbador para nuestro sistema democrático de que, en la dinámica oportunista del presidente Pedro Sánchez, ERC aparezca con toda naturalidad como la llave para la investidura del Gobierno llamado de progreso.

Y fuera de toda discusión está el hecho cierto que de que, partiendo de esa sobrerrepresentación en escaños del secesionismo catalán y vasco, los Gobiernos del PSOE y PP, proporcionaron ininterrumpidamente durante más de treinta años un apoyo real al separatismo al implorar su apoyo para gobernar. Porque cada vez está más claro que uno de los debilitamientos más serio y profundos de nuestro sistema democrático se deriva de la  perversa operación por la cual el PP y el PSOE aceptaron sus votos en el Parlamento de la nación a cambio de la cesión interesada de unas y otras transferencias de competencias que otras Comunidades Autónomas no habían recibido y, al mismo tiempo mediante el acuerdo- expreso o tácito- de  dejarles el espacio libre de cada una de las dos regiones para que desarrollaran a su antojo su programa nacionalista.

Porque el resultado de todo es que la conjunción de una ley electoral claramente sesgada y contraria a la proporcionalidad real y de un oportunismo de la peor laya y un cortoplacismo miope del PSOE y PP, conformaron una suerte de círculo vicioso que fue sembrando de minas nuestra democracia durante varias décadas, hasta que, finalmente, en estos últimos años, han terminado por explotar y a punto están de hacer saltar por los aires el edificio democrático construido en la Transición, el modelo territorial acordado entonces y la Constitución de 1978. O, en otras palabras, amenaza con dinamitar a la misma España.

Quizás, en el pliego de descargos que ambos partidos podrían argüir ante los perplejos españoles de hoy en día se podría admitir que su gran pecado/error fue,  sobre todo y por encima de cualquier otra consideración, de pura ingenuidad política, dando por sentado que ignoraban que sus regalos de poder, competencias y financiación a raudales a los nacionalistas no iban a ser utilizados contra el sistema democrático al que sus instituciones de autogobierno debían su misma existencia. Sin embargo, su tremendo error fue confiar en la existencia de la lealtad constitucional de sus aliados secesionistas. Si, como escribió el escritor norteamericano Mark Twain “la lealtad al país siempre y la lealtad al gobierno cuando se lo merece”, los secesionistas no mantuvieron nunca ni la lealtad al país ni la lealtad al Gobierno con el que negociaron la gobernabilidad en cada momento.

Y esa falta de lealtad fue in crescendo año tras año hasta ahora, dinamitando poco a poco, pero de modo permanente, el sistema democrático español y utilizando con total impunidad los aparatos ideológicos del Estado, en una operación de reproducción de su ideología reaccionaria y supremacista como pocas veces se ha hecho en la Europa contemporánea: utilizando con total impunidad los aparatos ideológicos de Estado, desde las escuelas y los medios de comunicación hasta la misma Iglesia católica de Cataluña, en una triste rememoración del apoyo de una parte de la iglesia vasca prestó al terrorismo de ETA, que no solo nació en un seminario sino que, desgraciadamente, contó con el silencio unas veces y con la complicidad otras de una parte del clero vasco, incluido un alto dignatario.

Pero, hay que recordar que  esa deslealtad de los secesionistas catalanes y vascos, concretamente de ERC y del PNV con España y su sistema democrático no se producía por primera vez en estos últimos años. La deslealtad del secesionismo está inserto en su verdadero ADN. Su historia encierra una siniestra genealogía de deslealtad a España.

Y no es cierto que, tal como los secesionistas pretenden hacer creer, se trate de una deslealtad a la España de hoy por el hecho de que nuestra Constitución consagre una Monarquía parlamentaria. La II República sufrió, antes incluso de su misma proclamación y en sus peores situaciones, la expresión más ruin de la deslealtad y el asedio de los secesionistas, tal como escribí en estas mismas páginas meses atrás (https://www.cronicapopular.es/2019/04/la-deslealtad-de-los-secesionistas-catalanes-a-la-ii-republica/), a partir del testimonio del socialista Julián Zugazagoitia recogido en su obra “Vida y vicisitudes de los españoles”.

Aquella deslealtad hacia la II República se materializó abiertamente primer, en 1931 y 1934, mediante los golpes de Estado de Maciá primero y de Companys después, frenado gracias a la firmeza del entonces capitán general de Cataluña, el general constitucionalista Domingo Batet y Mestre, odiado desde entonces tanto por el separatismo como por el franquismo, que le mandó fusilar por negarse a secundar el golpe de Estado de Franco. Encubiartamente después, en 1938, en el momento bélico peor para el Ejército de la II República, tras la batalla del Ebro. De tan vergonzoso proceder, dejó constancia el socialista Julián Zugazagoitia, entonces Secretario General de Defensa, en aquel año, según el cual el presidente del Gobierno, el doctor Juan Negrín, fue informado de las negociaciones unilaterales con el Foreing Office de personas de confianza de los presidentes vasco y catalán en las que pedían la mediación de Gran Bretaña para la paz de Cataluña y País Vasco separadamente de España.

Frente a todas estas falacias, estoy firmemente convencido de que la formación del Gobierno llamado de progreso no puede llevar a España más que a la falta de progreso, a una inestabilidad creciente y a una desafección de muchos españoles hacia las mismas instituciones democráticas. Inestabilidad y desafección que, además, se acrecentarían peligrosamente si la llave de lo que Rubalcaba calificaba de Gobierno Frankenstein se queda, tal como el sanchismo y los peronistas pretenden, en poder del partido cuyo dirigente Oriol Junqueras está condenado por tratar de hacer añicos la Constitución española.

La razón de que el mismo Gobierno Frankenstein no conduce más que a una no deseada inestabilidad y desafección radica para empezar por su misma composición.

De un lado, el sanchismo cada vez tiene menos que ver con la socialdemocracia que participó activamente en la discusión y redacción de la Constitución. Desde el acceso al poder cuasi absoluto de Pedro Sánchez, no es otra cosa que la versión más oportunista del PSOE, cada vez más dirigido en las cuestiones clave desde la dirección del PSC, liderado por un dirigente como Iceta cada vez más empeñado en situarse ideológica y políticamente al lado de los nacionalistas. Y si algo ha caracterizado a Pedro Sánchez en estos años son sus continuos vaivenes políticos y su cambio permanente de posiciones que le definen como a un político cuya ambición por seguir siendo jefe del Gobierno está por encima de los intereses generales y de su mismo partido. En suma, cada vez aporta menos confianza.

De otro, el peronismo podemita representa a un partido atrapalotodo que hizo su aparición para dinamitar directamente a la Izquierda Unida que lideraba Cayo Lara e intentar dar el “sorpasso” al PSOE. Una doble operación en la que contó con la ayuda eficaz desde dentro de la coalición de un grupo de dirigentes y de personas que no lo eran, y desde fuera por varios medios audiovisuales de capital privado que les hicieron gratuitamente su primera campaña de aparición pública.

Referiré dos datos que certifican lo que estoy afirmando: El primero relaciona la constitución de Podemos en el momento en que los sondeos de intención de voto estaban situando a IU entre un 17 y un 20%. Tan creíbles eran aquellas encuestas que, por primera vez en la historia de IU, los embajadores de algunos de los países de mayor peso de la Unión Europea pidieron una reunión con Cayo Lara para conocer qué tipo de política económica podría proponer la coalición en el caso de una alianza con el PSOE para llegar al Gobierno. No se trata de un rumor. Cayo Lara nos lo relató a Antonio Gallifa y a mí, personalmente, inmediatamente después de hacer su triunfal aparición Podemos.

La segunda, deja al descubierto el apoyo real de la derecha a Podemos, fundamentalmente a través de sus televisiones. Días atrás, un periodista de Madrid revelaba que Podemos contó con el apoyo de la vicepresidenta del Gobierno de Mariano Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría. Es muy posible que así fuera. Pero en aquellas fechas, además, a mí me llegó otra información desde aquí, desde Barcelona, que va en la misma dirección. Un catalán, situado políticamente en la derecha, preguntó extrañado al presidente de una empresa de primer nivel con un importante paquete accionarial en una de las televisiones, acerca de la razón para que su cadena diera acogida cada vez más frecuente a Pablo Iglesias y a la que entonces era su pareja, Tania Sánchez. La respuesta del empresario fue tajante: “Había que destruir a la izquierda”.

Y casi esas mismas palabras las pronunciaría en aquellos días uno de los principales podemitas, Juan Carlos Monedero: “Vamos a triturar a Izquierda Unida”. Y, efectivamente, lo hicieron, dejando reducida a la coalición en una formación puramente testimonial. Lo que, sin embargo, le salió rematadamente mal a Podemos fue la segunda parte de su destrucción de la izquierda. Y el “sorpasso” al PSOE quedó tan malparado como cuando lo intentó, en los años noventa, el entonces coordinador general de IU, Julio Anguita, que, después, convenció a sus discípulos de Podemos para que volvieran a intentarlo. De ese fracaso viene la caída permanente de los votos podemitas.

Con estos mimbres en un Gobierno que se autoproclama “de progreso”, la situación política discurrirá por la senda peor que años atrás podríamos imaginar. Situados ante el problema más serio al que se enfrenta nuestro país, en ninguno de los dos partidos se puede confiar. Ni uno ni otro tiene nada claro lo que es España y cómo combatir al secesionismo, claro está, en el supuesto que pretendan hacerlo.

A las pruebas me remito. El sanchismo ha pasado de proclamar como reclamo puramente electoralista el “ahora España”, con el fondo de una enorme bandera rojigualda detrás de él, a hablar de “nación de naciones” y “plurinacionalidad”, cuando en las videotecas queda registrada la pregunta que le formuló su compañero de partido, el vaso Patxi López: “Pedro, pero tú sabes lo que es una nación…? Por su parte, el podemismo peronista mantiene, sin embargo, las posiciones más queridas por los secesionistas: el derecho de autodeterminación para Cataluña, como si de una colonia se tratara, la conveniencia de un referéndum solamente para los catalanes, despreciando la soberanía de todos los españoles, la necesidad de una amnistía para los condenados como sediciosos. Y, para que no quede duda de cuáles son sus preferencias, continúa haciendo de correveidile de Pedro Sánchez ante el independentismo. Aunque, también hay que consignarlo, su testigo de vergonzante visitador de presos, lo han cogido con extraña satisfacción los máximos dirigentes de los sindicatos CCOO y UGT.

Que, inmediatamente después de conocerse los pobres resultados electorales del PSOE en las últimas elecciones, Pedro Sánchez se olvidara del insomnio que unos días antes había confesado que le producía la posibilidad de gobernar con Podemos y suscribiera un nuevo acuerdo con Pablo Iglesias habla a las claras de la inconsistencia de su posición política. Y su abrazo con el dirigente de Podemos ante las televisiones más que a un abrazo del oso, se parece más al que se dan dos náufragos que luchan denodadamente por evitar ahogarse y cada uno de ellos tira del otro hacia abajo, hasta que terminan hundiéndose los dos. Todo parece indicar que así será. El problema de verdad es lo que dejarán detrás de sí cada uno de ellos si terminan gobernando juntos.

La gravedad de la situación a la que el secesionismo ha empujado a España, la más grave, sin duda, desde la Transición, exige afrontar las soluciones con una óptica que ni pasa por el Gobierno sanchista-peronista ni por proporcionar desde el Gobierno en funciones oxígeno a las formaciones secesionistas, entrando irresponsablemente en su juego.

Por el contrario, la gravedad de la situación exige recuperar los consensos que fructificaron en la Constitución de 1978. Una posición, pues, de unidad de las fuerzas políticas constitucionalistas de la que la izquierda real, la que luchó contra la dictadura y por las libertades y derechos democráticos y participó activamente en la redacción de la Constitución de 1978 no tiene que recelar. Si en la Transición participamos muy activamente en aquella tarea de reconquista de la democracia con todas las fuerzas políticas, incluidas aquellas que provenían del mismo franquismo que entonces dejamos atrás, con más razón tenemos que hacerlo ahora, en las actuales circunstancias.

En la izquierda, precisamente por haber caído en el oportunismo de la peor laya y en haber transformado sus principios en sumamente líquidos, sobran los oportunismos y los planteamientos infantiloides que tanto daño están causando a toda España. Sobran también los prejuicios de naturaleza izquierdista que hacen impensables en todo momento los Pactos de Estado con las fuerzas constitucionalistas necesarios para que España avance. Sobran asimismo los complejos que impiden defender desde una posición de clase la integridad territorial de España y la idea de España misma, como si una y otra cuestión disminuyera el carácter de nuestras convicciones. Y falta coraje para que, quienes no renunciamos a nuestras posiciones de izquierda y, en consecuencia, estamos combatiendo al secesionismo y al peronismo que, se viste con galas que no son suyas y le baila el agua o, por decirlo con palabras de Paco Frutos, está haciendo de palanganero del separatismo, contribuyamos positivamente a la articulación de los nuevos consensos constitucionales.

Consensos que garanticen realmente la igualdad de todos los españoles y la integridad territorial de España. Consensos para reformar entre todos la Constitución, de modo que sea un instrumento que cada vez más ampare y blinde más los derechos de la clase trabajadora. Consensos que nos permitan avanzar sólidamente en direcciones realmente progresistas, fortaleciendo nuestras instituciones democráticas, para caminar hacia una democracia avanzada. Porque, aunque no se quiera ver desde determinadas ópticas, nuestra Constitución contiene elementos realmente transformadores.

Lo he dicho muchas veces y en esto coincido con otros compañeros que también vienen de la época de la Transición. La Constitución de 1978 es la mejor de todas las Constituciones españolas desde la primera de la historia de nuestro constitucionalismo, la de 1812. Pero no se trata del mejor texto constitucional porque responda únicamente a la correlación de fuerzas presentes al final de la dictadura, aún siendo ese dato un elemento que no podemos desconocer.

Su validez por encima de otras que la antecedieron, deriva de un hecho que, a mi juicio al menos, cada vez cobra mayor peso y simboliza lo mejor del concepto de política: por primera vez, una Constitución española respondió a los intereses, planteamientos y convicciones de la mayor parte de nuestra sociedad. Su contenido no fue obra de una mitad de España contra la otra. Y, aunque resulte quizás muy manido repetirlo, conviene subrayar que tanto su espíritu como su letra fueron aceptados por la mayor parte de las fuerzas políticas porque todas ellas, desde el PCE a aquellas otras formaciones provenientes del mismo franquismo, como expresiones de las distintas clases sociales, tuvieron que renunciar a muchas de sus posiciones para alcanzar un punto común de acuerdo.

Ése es su mayor timbre de gloria. Sin embargo, no se trata de un texto perfecto, ni mucho menos. Contiene defectos, lagunas evidentes y algún concepto particularmente discutible, como el de “nacionalidad”, criticado en su momento con rigor por el filósofo y entonces senador de las Constituyentes, Julián Marías. Defectos, lagunas y conceptos controvertidos que el paso del tiempo ha puesto en un primer plano y exige resolver. Hoy se hace más necesario que nunca anteriormente corregir los defectos, llenar los vacíos que se observan desde hace ya muchos años y, quizás, redefinir algunos errores conceptuales que se deslizaron peligrosamente en el texto constitucional y algunos de los cuales seguramente son causa y origen de los graves problemas a los que hoy se enfrenta la sociedad española.

Por ejemplo, resulta necesario reformar la Constitución para establecer de una vez por todas las competencias que corresponden al Gobierno central y aquellas otras que competen a las autonomías. Con esa reforma, el reparto de poder competencial quedará fuera para siempre del mercadeo político de un Gobierno u otro, al que tanto el PSOE como el PP han sido tan aficionados. Aunque para ello sea absolutamente necesaria, previamente, una reflexión en profundidad sobre cuáles sean las competencias que, de verdad, conviene que estén situadas en una u otra instancia del Estado, de modo que regresen al Gobierno central aquellas que la experiencia ha demostrado que no tendrían que haber sido transferidas. También resulta necesario reformar la Constitución para transformar al Senado, convertida en una simple cámara de segunda lectura, en una cámara realmente territorial desde la que las comunidades autónomas puedan contribuir a la gobernación del Estado.

Y también se precisan consensos para reformar la ley electoral en la línea que el experto en estas cuestiones Vicente Serrano viene proponiendo desde hace muchos años, partiendo del establecimiento de la circunscripción única y de otras medidas por él apuntadas. Es decir, para que la nueva ley resulte lo más proporcional posible, para que sus mecanismos no supongan beneficios para unas formaciones y perjuicios para otras, y, en suma, para que sus resultados reflejen de la manera más completa la realidad política de nuestro país expresada en el voto.

Para todo ello, reforma de la ley electoral en profundidad y reforma de nuestra Constitución en la dirección de perfeccionar el llamado Estado de las Autonomías, se necesita el consenso de las principales fuerzas políticas representadas en el Parlamento y que creen en España. Y la articulación de ese consenso es más necesaria que nunca para abordar esas reformas necesarias.

Afortunadamente, sin ser una Constitución excesivamente rígida- según la distinción clásica que el británico James Bryce definió en su obra “Constituciones rígidas y flexibles”-, la de 1978 establece en sus artículos 167, 168 y 169 unas mayorías particularmente cualificadas para abordar su reforma. Y esas mayorías únicamente pueden darse con los votos de los partidos políticos mejor representados, de izquierda y de derecha. Ni los de derecha por sí mismos ni los de izquierda por el suyo podrían hacer reforma alguna.

De esto tenemos que ser conscientes todos. Incluso el sanchismo y el peronismo. Con Gobierno Frankenstein o sin él, pero aliados como extraños compañeros de cama que pueden terminar exterminándose mutuamente, con el apoyo de los partidos secesionistas de Cataluña, con los separatistas racistas sabinianos y los herederos del terrorismo etarra, podrán sacar adelante algunas iniciativas parlamentarias y hacer algunos juegos florales para el regocijo y aplauso de sus parroquias respectivas. Pero nunca, esas fuerzas en comandita podrán reformar un ápice de nuestra Constitución.

Cada día estoy más convencido de a quien más protege la democracia y la Constitución de la que nos dotamos en 1978 es a la clase trabajadora. Y, por el contrario, los vientos que, desgraciadamente, soplan hoy en España y que, realmente, no son los vientos del pueblo que cantó Miguel Hernández pueden hacer volar por los aires a nuestras instituciones democráticas, a la Constitución y a la propia España, y tienen unos beneficiarios bien alejados de las clases y capas sociales más desfavorecidas.

Para evitarlo, es necesario que la izquierda que enlaza con la izquierda que combatió a pecho descubierto contra la dictadura franquista, que culminó su lucha en la Transición y en la Constitución de 1978 y que nunca pactó ni con el terrorismo ni con los nacionalistas, alce su voz cada vez de modo más claro y contundente contra los separatismos y la defensa de la integridad de España. Sin ninguna vacilación.

*Texto de la intervención en el acto “La falacia del diálogo o el chantaje ”, celebrado el día 17 de diciembre en La Sedeta, de Barcelona, organizada por Alternativa Ciudadana Progresista y en el que participaron también María Dolores Albiac, profesora, especialista en Literatura española y ensayista y dirigente de las Comisiones Obreras de la Enseñanza de Cataluña, y Vicente Serrano, presidente de la ACP.