Julián Arroyo Pomeda||
Catedrático de Filosofía||
Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam. Es la fórmula para comunicar al mundo católico la elección del papa. Podemos decir ahora que tenemos presidente del gobierno de España, recién estrenado: ha llegado la fumata blanca, por fin. Tiene un significado importante: es la primera vez en democracia que se han unido las formaciones de izquierda, mediante la firma de los acuerdos que se gestionarán “adaptándolos al nuevo contexto macroeconómico” (Coalición, introducción). La marcha de la economía ha de permitirlo. Es un riesgo, pero también una aventura. La derecha explota sin poder contenerse: es “consumar la tradición a España”. Los términos de la gran guerra no se harán esperar. Acecha el peligro.
En 49 páginas se expone el programa de Coalición PSOE-Podemos con una introducción y 11 bloques de desarrollo. Son de carácter inequívocamente socio-económico y afrontan los retos principales de la sociedad española actual. Podrán gustar o no, pero responden a los asuntos que se plantean. Todos son relevantes, aunque podrían no estar otros, pero no está nada mal para una legislatura. Más preocupante me parece la forma de hacerlo.
Tenemos arraigada la mala costumbre de eliminar siempre las leyes establecidas por los considerados los rivales políticos, lo que implica hacer y deshacer permanentemente. Por ello me parece imprescindible el diálogo socio-político para que los interlocutores lleguen a acuerdos básicos sobre las reformas a emprender, haciéndolas suyas en lo posible. De lo contrario, lo que se consiga ejecutar ahora durará lo que tarde la oposición en ganar las próximas elecciones, ya que todo se desmantela cuanto antes. Nuestro deficiente cultura democrática tiene todavía mucho que aprender aquí.
El eje uno se dedica a crecimiento y empleo. Hay que reducir la desigualdad que se está produciendo. Se derogará la reforma laboral de 2012, recuperando los derechos laborales perdidos, uno de los más abundantes es el despido por bajas de enfermedad. Subida del salario mínimo y persecución del fraude laboral, más conciliación. Integración a la seguridad social a empleadas de hogar. Aumento de impuestos a las rentas más altas.
El eje dos trata de los derechos sociales. Para ello hay que derogar la LOMCE, establecer la coeducación en todo el sistema, prevenir el acoso, asegurar la gratuidad real de la educación obligatoria, hacer la religión voluntaria sin alternativa ni computación de su nota a efectos académicos. Hay que atender a los interinos, prohibir contratar para el curso y despedir en verano e invertir hasta el 5% del PIB en 2025, universalizar la educación infantil cero-tres años. Es importante la laicidad del Estado. En universidades: simplificar los procedimientos de acreditación, pacto por la Universidad, política de becas y tasas, estabilizar al profesorado universitario. En Sanidad, introducir la salud bucodental, blindar el sistema público de salud, mejorar las condiciones del personal sanitario, revalorizar las pensiones conforme al IPC, apoyo a las familias. Impulsar la política de vivienda, su rehabilitación, alquiler e hipotecas. Regular los juegos de azar. Elaborar un plan contra la corrupción y hacer más eficaz la justicia.
El resto de los ejes recogen el cambio climático, industria, pymes, autónomos y sector primario, los derechos de muerte digna y eutanasia, así como la memoria democrática, las políticas feministas, la despoblación, el Estado autonómico, la justicia fiscal y el equilibrio presupuestario. Proclama una vez más la España europea.
La reforma laboral se impuso a favor de los empresarios, que la aplaudieron frente a la inseguridad de los trabajadores. El gobierno debe mantener en todo momento un mayor equilibrio entre empresarios y trabajadores. Siendo un buen empresario, creará puestos de trabajo, porque es el primer interesado en obtener nuevos beneficios. La especulación orientó el precio de los alquileres y ya se sabe que viven de alquiler quienes no pueden adquirir la propiedad de su vivienda. El ingreso mínimo vital puede ayudar a quienes no tienen ningún trabajo.
Los desequilibrios entre mujeres y hombres no pueden negarse, aunque la ultraderecha se atreva a hacerlo. Pedir a las rentas altas que compartan sus privilegios en forma de impuestos es razonable. Una LOMCE que segrega por sexos, que financia a colegios llenos de ideología, no potencia la educación pública para crear ciudadanos honestos y no religiosos. Cuando se planteen conflictos en las Autonomías, hay que detectarlos lo antes posible y enfrentarse a ellos con el diálogo entre gobernantes y consultas ciudadanas, si es el caso. Cualquier cosa antes de que acaben pudriéndose.
No se desguaza nada, como algunos medios de comunicación denuncian a toda página, sino que se impone el bien común. Rugirán y ladrarán los cavernícolas conocidos, aunque no hayan ganado las elecciones. Los señala la laicidad del Estado, que marca un buen camino. Es una aventura que implica riesgos, pero vale la pena intentar que los privilegiados contribuyan un poco más al bien general.
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