Profesores por el Bilingüismo: Una nueva Ley de Educación que nacerá muerta

 

Profesores por el Bilingüismo||

1. La propuesta inicial de la ministra Celáa, acerca de una nueva Ley de Educación, sigue abundando en el gran error de propugnar una política de partido en un terreno tan sensible como la Educación. Consideramos que España no necesita más leyes ideológicas de partido, con su secuela de discordias, imposiciones, agrias polémicas, batallas estériles y, finalmente, sustitución inmediata en el próximo relevo político. Por el contrario, necesitamos una decidida Política de Estado en Educación, Universidades e Investigación Científica, que produzca frutos de eficacia y estabilidad.

2. Se continúa con la irresponsable actitud de negarse a consensuar una Ley tan importante con los partidos de la Oposición, para asegurar su estabilidad futura, eficacia y aceptación general, por encima de los previsibles relevos ministeriales.

3. Se sigue concibiendo la Educación, en la práctica, como un instrumento para que los poderes regionales puedan seguir impulsando su agenda identitaria particular, por encima -y a menudo en contra- de los intereses generales de la Nación. Pues las excesivas transferencias a las CCAA han provocado de facto un país ingobernable e ineficaz, a la vez que ineficiente, con un guirigay de 17 sistemas educativos.

Entendemos que urge una recuperación de aspectos esenciales para superar las disfunciones actuales, asegurar el derecho de los ciudadanos a moverse libremente por todo el territorio español y promover la cohesión nacional. Por el contrario, con este proyecto la educación seguirá siendo un instrumento en manos de los enemigos del Estado, los cuales continuarán utilizándolo para adoctrinar a los alumnos en el odio a España y el desapego hacia el resto de sus compatriotas. A la vez que sigue en expansión una burocracia mastodóntica, que multiplica los cargos por 17, consumiendo de un modo estéril los recursos públicos.

4. En dicho Proyecto no hay ninguna propuesta para corregir graves desafueros, como la imposición generalizada de la lengua regional (mal llamada inmersión), que se comete en algunos territorios bilingües como Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia, Baleares o Comunidad Valenciana. Con esa ‘inmersión’ se conculcan impunemente, a gran escala, derechos civiles de menores, como el derecho irrenunciable a educarse en la lengua materna, reconocido por la UNESCO. Con el resultado de un fracaso escolar generalizado en un alto porcentaje de alumnos afectados http://convivenciacivicacatalana.blogspot.com/2017/03/en-cataluna-el-fracaso-escolar-de-los.html .

Por tanto, entendemos que el Gobierno seguirá haciendo dejación de responsabilidades, y permitiendo que se pisoteen los derechos de la ciudadanía de lengua materna española, el sector mayoritario en las regiones bilingües.

5. En este proyecto de ley se sigue hablando mucho de igualdad entre el alumnado, y nada de búsqueda de la excelencia académica en los resultados finales.

Hay una confusión importante en la priorización de los grandes objetivos educativos fundamentales. Sin duda, es fundamental la Igualdad de Oportunidades en el punto de partida y durante el trayecto educativo para todo el alumnado, con el apoyo del correspondiente sistema de becas para quienes lo necesiten. Pero el sistema educativo no puede propugnar una igualdad en las metas, pues ahí ya entran en juego los diferentes intereses, capacidades y motivaciones de los actores del sistema. Y, sobre todo, porque semejante pretensión destruye la cultura del esfuerzo y la superación personales, e implica una condena a la mediocridad para los alumnos de los sectores sociales más desfavorecidos, a los que les está vedado el acceso a los centros privados, destruyendo el ascensor social que de modo tan trabajoso fue conformándose en España durante la segunda mitad del siglo XX.

6. La igualdad de derechos no es ofrecer la misma opción a todos los escolares, con independencia de su situación personal, aptitudes y preferencias, sino facilitar los medios para que cada alumno pueda sacar el máximo partido de sus posibilidades de formación. Por consiguiente, es profundamente injusto promover la paulatina desaparición de las escuelas de educación especial y presionar a los padres de estos alumnos para que los matriculen en centros ordinarios, poniendo como justificación el mantra de la “educación inclusiva”.

Como han denunciado las plataformas de padres afectados, “Nuestros hijos necesitan un tipo de atención personalizada que solo los centros de educación especial ofrecen en España. Nos encantaría que la escuela ordinaria pudiera con esto, pero muchas experiencias demuestran que es imposible” https://www.elconfidencial.com/espana/2020-04-29/gobierno-educacion-especial-cierre-colegios_2571044/ . Pero, una vez más, como se hace en la “inmersión lingüística”, los intereses de los alumnos de carne y hueso son sacrificados en el altar de la ideología, pasando por encima de la evidencia y del sentido común.

7. Nuestro sistema educativo no es eficiente. Y el Proyecto no propone nada para corregirlo. ¿De verdad que el Estado debe pagar los libros de texto a todas las familias, incluyendo las que llevan sus hijos a elitistas y carísimos colegios privados? ¿No deberían reservarse dichas ayudas a los usuarios de la escuela pública, situados en la franja inferior de ingresos familiares, que realmente lo necesiten? Así podría ahorrarse mucho presupuesto, susceptible de ser utilizado en otras formas socialmente más provechosas. Además, lo que se regala no se valora. Al final, la escuela pública cuesta un montón de dinero a los contribuyentes, pero muchos usuarios no la valoran, ni aprovechan al máximo su oportunidad, porque todo ha sido un regalo que no les ha costado apenas esfuerzo –incluyendo el aprobado casi automático al final.

En este sentido, la reciente decisión de la ministra Celáa https://elpais.com/sociedad/2020-04-15/el-gobierno-acuerda-con-las-autonomias-el-aprobado-general-salvo-casos-muy-excepcionales.html , acordada con las CC. AA., de decidir que todos los alumnos, como norma general, pasarán de curso con independencia del nivel académico que hayan alcanzado, es plenamente coherente con la praxis habitual de los últimos decenios. Esto ya se hacía en la práctica, pero la pandemia ha sido la gran excusa para eliminar cualquier resistencia y decretar un aprobado general, más o menos encubierto.

8. La propuesta del Ministerio no incluye medidas para reforzar la posición de los profesores y su prestigio profesional, degradado en los últimos tiempos por una pedagogía de baratillo, que ha provocado un durísimo estrés profesional en los centros, incrementado en Cataluña por el acoso separatista a los discrepantes https://www.elconfidencial.com/espana/2018-03-18/profesores-por-bilinguismo-denuncian-campana-acoso-cataluna-nos-machacan_1536802/ .

Sistemáticamente, todas las decisiones políticas relativas a la Enseñanza, incluyendo los proyectos de Leyes de Educación, se hacen sin consultar adecuadamente a los profesionales que se baten el cobre diariamente en los centros. La idea de una carrera profesional docente progresiva https://www.lainformacion.com/espana/la-comunidad-educativa-apuesta-por-un-mir-pero-exige-una-carrera-profesional/6341428/ , con alicientes profesionales y económicos que estimulen la superación en el trabajo docente, se ha comentado en alguna ocasión en círculos sindicales, pero nunca ha sido asumida por ningún Gobierno de la Nación. Mientras tanto, las condiciones económicas y la consideración social de los docentes, así como el nivel de la escuela pública española en las clasificaciones internacionales, continúan desplomándose. https://elpais.com/sociedad/2019/12/03/actualidad/1575328003_039914.html .

9. El Gobierno trabaja sin unos objetivos educativos claramente definidos con precisión. No existen pruebas válidas de nivel a escala nacional, ni se pueden comparar resultados de Comunidades Autónomas. Realmente, no sabemos quién lo está haciendo bien y quién no.

Las autoridades educativas conceden títulos, en tal o cual nivel, a ciegas, sin saber si los alumnos han conseguido mínimamente los objetivos fijados. Este conocimiento sólo sería posible mediante pruebas al final de la Primaria y la Secundaria, idénticas para toda España. Pero existe horror a conocer la verdad.

Llevamos décadas trabajando por la cantidad, pero no por la calidad educativa. Con esta actitud, el Estado contribuye a la degradación de las titulaciones. Y si se degradan los títulos, se engaña a la ciudadanía y se atasca el ascensor social. Entonces, los individuos consiguen sus puestos de trabajo, no por méritos propios y formación, sino por las amistades familiares, conexiones sociales y políticas, ‘enchufes’, etc. Y esto es mucho más injusto para las capas populares, pues el único instrumento que pueden hacer valer para demostrar su valía es su titulación. Si los diplomas se han devaluado y banalizado, esas personas quedan inermes y en inferioridad de condiciones ante los miembros de la élite social, situación provocada por políticos que se llenan la boca con la supuesta defensa de los sectores sociales más desfavorecidos.

10. La definición de la Unesco sobre cuándo una persona está alfabetizada es muy clara: tiene que cumplir 3 objetivos: saber leer, saber escribir, y tener un conocimiento básico o general razonable del ordenamiento legislativo de su país.

Las dos primeras condiciones se cumplen, mejor o peor, en España; pero la tercera, no. Estrictamente hablando, pues, los ciudadanos españoles no están bien alfabetizados. ¿Dónde están las asignaturas y prácticas correspondientes por las que se forma a todos los ciudadanos en el conocimiento de la Constitución española?

El Proyecto de Ley no prevé nada en este sentido, ni en Primaria ni en Secundaria. Cosa especialmente frustrante si tenemos en cuenta que en los primeros tiempos de la Transición sí que se enseñaba la Constitución al alumnado en las escuelas. Este conocimiento ha desaparecido en toda España, a la vez que el supremacismo separatista hacía su labor de zapa en Cataluña y otras regiones.

11. Desde hace muchos años, en el sistema educativo se experimenta mucho con el alumnado, sin ninguna garantía de mejora y sin avisar a los afectados. Con total impunidad.

En los hospitales se siguen unos protocolos para pedir permiso en la experimentación con personas, pero no en el sistema educativo, donde reina la mayor arbitrariedad. Los métodos a aplicar deberían ser aquellos de constatada fiabilidad. Cualquier cosa no es válida. Y los experimentos, con gaseosa. Pero esto no se asume en los colegios públicos. Por poner un ejemplo: hay centros educativos que decidieron en un pasado reciente, desterrar los libros y utilizar sólo ordenadores en el aula. Ahí se estaba experimentando. Luego se vio que aquello fue un grave error https://www.abc.es/familia/educacion/abci-10-razones-tableta-no-bien-recibida-aulas-201604221620_noticia.html. ¿Alguien pidió disculpas a los alumnos afectados y sus familias?

En resumidas cuentas: echamos en falta un proyecto educativo consensuado de Estado, que decrete el fin de la imposición lingüística y del adoctrinamiento en las aulas. Y que promueva la igualdad real de oportunidades, la excelencia académica, la cohesión nacional, el prestigio del profesorado, una carrera docente profesional, eficiencia, pruebas de nivel idénticas para toda España e innovación pedagógica controlada y responsable.

Asociación de PROFESORES POR EL BILINGÜISMO