Lidia Falcón O´Neill||
Abogada y escritora. Presidenta del Partido Feminista de España||
Isabel Celaá, la Ministra de Educación, ha aceptado, contenta, que el español deje de ser la lengua vehicular de la educación en España. Así se lo ha impuesto ERC para apoyar la nueva ley de reforma educativa, que todos sabemos era imprescindible para hacer que la instrucción pública en nuestro país logre un nivel aceptable. Claro está que la condición no se limita a la aprobación de esa ley sino a la de Presupuestos, mucho más importante y urgente.
La reforma educativa de la LOMLOE, también conocida como ley Celaá, no incluirá el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Se ha establecido así este jueves tras aprobarse el texto de una enmienda transaccional acordada entre PSOE, Unidas Podemos y ERC en la Ponencia o grupo de trabajo de la Comisión de Educación del Congreso, que, desde el pasado mes, está estudiando y votando las más de 1.160 enmiendas parciales. En la enmienda sobre la enseñanza del castellano se retira la frase que venía en el proyecto de la LOMLOE: “castellano, lengua oficial del Estado”.
Isabel Celaá, la Ministra de Educación, ha sido conocida anteriormente por haber desempeñado el cargo de Portavoz del Gobierno de 2018 a 2020. Y no hubiera destacado en el desempeño de su misión, siempre tan rutinaria y aduladora del gobierno, para lo que son designados los portavoces, sino hubiese sido porque añadió un argumento de peso a la explicación que hubo de dar a un periodista sobre por qué el policía político social conocido por Billy el Niño, que se distinguió por su labor de represión de los opositores antifranquista, vivía tranquilamente en Madrid.
Preguntada por cuándo se le iban a quitar las cuatro condecoraciones que poseía Antonio González Pacheco, Isabel Celaá, que ya entonces era además Ministra de Educación, respondió que “desconocía el avance de estos trámites seguidos en Interior” y que “Billy el Niño es un ciudadano libre que puede acudir a los lugares donde le invitan“. Y que murió en la misma situación.
Isabel Celaá ha sido Consejera de Educación del gobierno vasco en dos ocasiones. En su segundo mandato, prometió retirar la obligatoriedad del euskera para los profesores de enseñanzas especializadas (escuelas de idiomas y conservatorios de música), cosa que nunca llegó a materializarse. Es más, el conocimiento de esa lengua prima sobre la titulación superior en esas materias. Nadie puede optar a una oposición sin titulación de euskera y, sin embargo, sí lo puede hacer sin la titulación de la especialidad. En los concursos de traslados a nivel nacional también se exige el euskera para solicitar una plaza en el país vasco.
La nueva Ley de Educación debería resolver el atraso en que se encuentran nuestros escolares, cuyo fracaso en la enseñanza secundaria alcanza el 30%, frente al 17% de media de la Unión Europea. Debería también eliminar la llamada escuela concertada que no es más que el término que encubre la enseñanza religiosa que sigue siendo importante en nuestro país, después de que fuera suprimida por la II República en la Constitución de 1931. Es imperativo que los planes educativos contengan las materias que instruyan a nuestras generaciones jóvenes en la verdadera historia de España del último siglo, en vez de ignorarla o manipularla al estilo franquista, como se sigue haciendo en la escuela pública. Tendría también que prohibir la enseñanza segregada por sexos que todavía se mantiene en algunas escuelas de un sector de la Iglesia Católica, incumpliendo el mandato del artículo 14 de la Constitución de 1978. Debe lograr que el conocimiento de nuestros alumnos alcance los niveles de los países desarrollados de Europa en vez de encontrarse a la par de Turquía.
Estos y otros objetivos tan importantes como destinar un porcentaje suficiente en los presupuestos generales del Estado para dotar decentemente de profesores, auxiliares, administrativos y conserjes, edificios, instalaciones y tecnología digital las escuelas, deberían ser prioritarios y fundamentales para el Ministerio de Educación. Más, fundamentalmente, cuando lo dirige una mujer.
En vez de ello, la señora Celaá está muy ocupada en pactar con los partidos independentistas de Cataluña que se elimine el castellano de la enseñanza pública. Es una medida que no existe en ningún país europeo. El idioma oficial del Estado es la lengua que se enseña prioritariamente en toda escuela pública. En países que se estiman, se esfuerzan porque el alumnado de todos los grados lo conozca y lo utilice perfectamente. Es además el idioma que hablan 580 millones de personas en todos los continentes. Es imprescindible para relacionarse con los habitantes del resto de España y con las 22 naciones latinoamericanas que lo heredaron, y es el segundo idioma del mundo más hablado y estudiado. Menos en Catalunya, donde sus dirigentes que pretenden la separación de España consideran que hablando sólo en catalán y en inglés los alumnos están servidos.
No sé si la señora Celaá conoce el Artículo 3 de la Constitución española que declara que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus estatutos“. En todo caso, no parece importarle mucho. Es más importante hoy para el gobierno de España pactar con ERC, cuya diputada en el Congreso de los Diputados, Montse Bassa, ha declarado, sin ningún pudor, que el castellano es en la enseñanza en Catalunya igual que el inglés y el francés.
Quizá tenga importancia para que acepte sin conmoverse esta declaración de la representante de ERC que la señora Celaá es licenciada y profesora de Filología inglesa.
Madrid, 6 noviembre 2020.
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