Vivienda social, un problema pendiente

Julián Arroyo Pomeda||

Catedrático de Filosofía||

La situación de la vivienda social en España es un problema grave sin resolver. El desempleo presiona, así como la crisis y los precios del alquiler, que carecen de control. No resulta fácil de resolver y tiene la virtud de que todos se encuentren insatisfechos. Los propietarios ponen el precio que les conviene para alquilar los pisos y se quejan de que, si el inquilino incumple el contrato y no paga las mensualidades, necesitan denunciar y esperar al juicio de desahucio sin cobrar. Paralelamente, los inquilinos, que pagaban lo acordado, dicen no poder hacer frente a los pagos por haberse quedado sin trabajo. Unas veces se abusa de los precios y otras, de la caradura de quien no respeta el contrato.

Esto lleva a que en el mercado del alquiler haya cada vez menos pisos disponibles, porque sus dueños prefieren tenerlos cerrados antes que arriesgarse a lo que pueda suceder. Hay gobiernos en las Comunidades que amenazan con elevar los impuestos a los pisos cerrados, que no contribuyen a la solución del problema. Por otra parte, los bancos se están apropiando de buena parte de los inmuebles, porque los interesados dejan de pagar las hipotecas concedidas. En el fondo, a ellos también les quema esto y están deseando ponerlos en venta para quitarse de en medio una situación tan desagradable. Hay, pues, un problema social con la vivienda en España.

Muchos propietarios de pisos en alquiler se plantean la venta, porque no les compensa la pelea que tienen que lidiar para recibir las mensualidades. Las agencias de venta ven aquí un buen negocio, ofreciendo comprar por un buen porcentaje a cambio de su trabajo. Tratan de bajar el precio de salida, ya que, al fin y al cabo, un piso vale lo que se oferta por él. Además, consiguen una buena financiación con la que atraen al comprador. Le hacen cuentas para que vean que por lo que paga de alquiler al mes el piso será suyo en 20 o 30 años de financiación.

El actual gobierno de coalición ha sido sensible a esto y ha recogido en su acuerdo escrito el derecho a acceder a una vivienda digna, que achaca “a una mala planificación política en materia de vivienda”, lo que lleva a establecer ahora una organización distinta del asunto. Uno de los puntos de fricción entre las dos formaciones gobernantes es la cuestión la vivienda, que va con un gran retraso. Ya en 1978 recogía la Constitución, en su artículo 47, el “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” para lo que hay que establecer normas que lo hagan efectivo. Más de 40 años después sigue sin solucionarse el contenido de dicho artículo. Las estadísticas dicen que España cuenta con menos de una vivienda social por 100.000 habitantes, mientras que la Unión Europea tiene cuatro. Así que nuestro retraso aquí es colosal. Estamos poco protegidos socialmente en este tema.

Ahora acaba de saltar la noticia de que el Gobierno Balear ha puesto en marcha una iniciativa pionera en el Estado, que consiste en la expropiación de 56 viviendas a grandes propietarios para dedicarlas al alquiler social durante siete años, lo que notificará a los afectados para que puedan presentar las alegaciones que consideren. Parece que se expropia su uso, pagando su valor real. Enseguida se ha posicionado la prensa, preguntándose si se puede solucionar el problema de la vivienda a golpes de expropiación. Algunos lo llaman “chavismo a la española”. Otros critican que con esto todavía se alquilarán menos viviendas. Contrariamente, el Govern cree que la medida puede estimular la puesta en alquiler de más. Para que nadie se alarme declaran que se trata de una expropiación temporal.

También otros han criticado la medida de forma mucho más solemne, proclamando que es un “torpedo en la línea de flotación de la seguridad jurídica” y reclaman el derecho constitucional a la propiedad privada, además de que esto espanta a los futuros inversores. En el Govern replican con su Ley de Vivienda autonómica, por la que, cuando un inmueble lleva dos años cerrado, se considera desocupado y permite a la Administración disponer de él, si justifica una necesidad real para sacarlo del mercado especulativo. Se trata, según algún medio, de “intervencionismo salvaje”. A nadie se le oculta que por aquí anda Unidas Podemos, que es el chivo expiatorio de todo lo que ocurre últimamente.

Conviene entender bien el derecho a la propiedad privada en el artículo 33, que tiene una función social y puede privarse de ella por causa de utilidad pública o interés social, mediante la indemnización correspondiente, como ocurre en este caso.

¿Quiénes son estos grandes propietarios? Fundamentalmente, las entidades bancarias y sectores inmobiliarios, denominados ‘fondos buitres’. El mayor problema es que esto sirva de ejemplo y veamos más muestras en nuestro país.

Se ofrecen datos para que los lectores puedan reflexionar y hacerse su propia opinión. Este es un problema grave, que no debemos dejar pasar como si no nos concerniera. Necesitamos atender al interés social.