El caballo de Atila

Luis Cabo||

Ex dirigente del PCE||

Hace tiempo que mi personal experiencia militante me enseñó que, en momentos como los actuales, en los que las aguas de la política bajan revueltas y enturbiadas, suele ser útil mantener la cabeza fría, objetivar al máximo y contextualizar la obligada reflexión.

 

 

Pasaron ya casi 18 meses desde que se constituyera en nuestro país el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez. Toda España pudo comprobar que nació producto de dos realidades políticas que poco tienen que ver con la Izquierda y sus valores :

- 1. Engañó al electorado sobre sus intenciones de formar gobierno con el Sr. Iglesias y Unidas-Podemos. A la hora de pedir el voto, anunció exactamente lo contrario de lo que luego hizo.

- 2. Se hipotecó políticamente. Entregó la estabilidad institucional del país al independentismo, al nacionalismo y al populismo. A todos cuantos sueñan con ajustarle las cuentas a la Transición democrática y con tomarse la revancha. A todos cuantos, entre odios y complejos, viven obsesionados con quebrar la arquitectura constitucional que nos dimos en 1978.

Para no ocultar nada, obligado es recordar que las Elecciones que dieron lugar a este Gobierno (10 de noviembre de 2019) no permitieron conocer el impacto electoral que hubiera tenido la sentencia del caso “ERES” en Andalucía. Ésta se hizo pública una semana después de votar. Uno de los mayores y más repugnantes casos de corrupción política (desvío de 680 millones de euros destinados a los parados), generó una severísima condena judicial a dos ex-Presidentes de la Junta de Andalucía, que también lo fueron del PSOE, los Sres. Chaves y Griñán.

En la actualidad, tras un año y medio de gestión de la pandemia que hasta El Pais califica de desacertada e ineficaz (editorial del 11 de junio 2021), cuando aún supuran las heridas de su antológica derrota electoral en la Comunidad de Madrid; cuando todos en el Mundo descubren atónitos la endeblez de su Política y Relaciones Exteriores; cuando se impone un tarifazo eléctrico y se disparan la carestía, la pobreza severa y la miseria social; cuando se destapan las trampas fiscales con los ERTES y las limitaciones en la cobertura real del SMI; cuando esa espada de Damocles llamada Deuda Pública alcanza la cifra record del 125% del PIB; cuando se constata la dimensión del caos vacunal que ha provocado; cuando se evaporan las visionarias predicciones de su “España 2050”; etc, etc…Mientras todo eso está ocurriendo, el Gobierno Sánchez no parece tener más preocupación que alargar y nutrirse de las derramas políticas que proporciona el apestoso culebrón “Villarejo-Bárcenas-Kitchen”, apropiarse la mejoría en la lucha contra el Covid y reaparecer autoritario, fingiendo diligencia y autoridad, o atisfacer el insaciable chantaje político del independentismo.

Camino de perder la escasa credibilidad social que pudo tener, la decadencia política de este Gobierno, ya de por sí apreciable, puede muy bien volverse irreversible. Tal vez baste con que, finalmente, cometa la indecencia política de indultar a los condenados por los tribunales de Justicia que, en el otoño del 2017, protagonizaron desde el Parlamento de Cataluña un golpe en toda regla contra la Constitución, la convivencia democrática y la integridad territorial de España.

Si, indecencia. Indecente es promover los indultos contra la opinión de todas las autoridades judiciales del país. Con ello se alimentan, y ello es especialmente indecente, las miserables tesis que los sublevados expanden por Europa y por el Mundo acerca de las “deficientes garantías democráticas en España y la existencia de presos políticos”.

Indecente es empeñarse con una medida que no entiende ni comparte una gran mayoría del país, ni siquiera la mayoría de los afiliados del PSOE, con los que, por cierto, Pedro Sánchez se comprometió a consultar antes de tomar polémicas decisiones.

Indecente es que, en pleno debate sobre los indultos, el Gobierno anuncie también una reforma del Código Penal que rebaje la calificación sancionadora del delito de sedición. A modo de “efecto llamada”, tal vez la mejor manera de incitar al delito sea relativizar su alcance y abaratar sus consecuencias penales.

Indecente es conceder indultos careciendo por completo de los requisitos mínimos que lo alejarían de la arbitrariedad y lo diferenciarían de una mera rendición política. No resulta asumible que se concedan indultos sin antes existir al menos un compromiso político público de no reincidencia en el delito juzgado. Máxime si, como es el caso, se reafirman en su disposición a repetirlo.

Indecente es que Pedro Sánchez acuse de revanchismo o venganza a los que opinamos que no se dan las condiciones mínimas necesarias para la concesión de tales indultos, lo que en absoluto equivale a proponer que “se pudran” en la cárcel”, sino simplemente que cumplan sus condenas, accediendo a todos los beneficios penitenciarios que les puedan corresponder.

Aún en el supuesto de que el Sr. Junqueras escribiera esa última carta por iniciativa propia, es indecente, además de imprudente, otorgar credibilidad a quien hace unas semanas afirmó que “se pueden meter sus indultos dónde les quepan” o que “lo que hicimos en el otoño 2017 estuvo bien hecho”. Máxime cuando, a la vez, la dirección de su partido político, ERC, declara “no estar dispuesta a abandonar ninguna vía para conseguir la independencia en forma de República catalana”. Una de cal y otra de arena: es la ambigüedad calculada que suele encubrir el engaño. Una ambigüedad que, sin embargo, desaparece en los documentos descubiertos por la Guardia Civil (publicados el viernes 10 de junio) que revelan el último plan urdido por ERC para debilitar y menoscabar al Estado español mediante la desobediencia.

Es indecente y especialmente mezquino asumir el relato maniqueo que difunde el abultado equipo de propaganda que habita la Moncloa según el cual el malo y reaccionario PP de Mariano Rajoy judicializó el conflicto encarcelando a los insurrectos y el bueno y progresista Pedro Sánchez recupera el diálogo y el entendimiento indultándoles. Es evidente que ni el intento de golpe constitucional se centraba en derrotar a Rajoy, ni el PSOE faltó entonces al apoyo activo a la hora de decidir la inmediata aplicación del artículo 155 de la Constitución, ni Pedro Sánchez ha conseguido nada sustancialmente nuevo en la solución del conflicto.

Es indecente afirmar que el indulto producirá un contexto positivo, de re-encuentro y de solución al conflicto. Los meses de Gobierno transcurridos y las considerables cesiones que se le han hecho al separatismo vasco y catalán demuestran lo contrario.

Se empezó por asumir que se trata de un “conflicto político” y no de una situación creada por la flagrante vulneración de la legalidad vigente. Se continuó aceptando vetos a la presencia del Jefe del Estado en Cataluña. El idioma de todos, el español, sigue siendo impunemente marginado y perseguido. Las trasferencias económicas del Gobierno central hacia Cataluña son, cuando menos, de una notable desproporción. Ante la pasividad cómplice del Gobierno, tuvo que producirse una Resolución Judicial firme para que los miembros de la Policía Nacional y la Guardia Civil destacados en Cataluña recibieran las vacunas contra el Covid.

En fin, por más que el PSOE le deba al independentismo catalán la Presidencia de la poderosa Diputación de Barcelona, o por más que comparta gobierno con el PNV en Euskadi, la realidad es tozuda: en Galicia, en Euskadi y en Cataluña se han fortalecido el nacionalismo y el independentismo. Los últimos resultados electorales así lo demuestran. Por vez primera, alcanzan la mayoría absoluta en votos y escaños en el Parlamento de Cataluña. Y no conviene dejarse embaucar: la tensa pugna política por la hegemonía que enfrenta a los distintos partidos separatistas en nada altera su coincidencia política de fondo, que no es otra que imponer la Amnistía, el Referéndum de Autodeterminación y la Independencia.

En su ya conocida afición por vender humo, el Gobierno Sánchez presenta la reanudación de las reuniones de la Mesa de negociación entre el Gobierno de España y el de la comunidad autónoma de Cataluña como una inconfundible muestra de mejoría política. Grotesco. Como es obvio, ignoro lo que se debatirá y acordará en ella. Probablemente, sólo se sepa lo que interese a los participantes en la misma, dado el carácter gubernamental y excluyente de su composición. Lo que sí sé es que, por más que se pretenda, no se podrán acordar medidas que afecten a las facultades constitucionales del soberano, que no es otro que el conjunto del pueblo español. A partir de ahí, es muy probable que lo que se persiga sea establecer un sistema de privilegios competenciales, fiscales, financieros, etc. que, a imagen y semejanza de Euskadi, permitan ir vertebrando un “casi Estado propio”. Es tan probable que hasta el nada sospechoso Sr. Ximo Puig reclama el Concierto Fiscal para la Comunidad Valenciana sí éste se termina concediendo para Cataluña.

El domingo 13 de junio, se celebró en la madrileña Plaza de Colón una concentración de rechazo a los mencionados indultos convocada por la asociación “Unión 78”. Una Asociación compuesta por distintas personalidades políticas, con plurales horizontes y militancias partidistas. De la misma forma que no me hice seguidor de Fraga cuando participé en aquella gigantesca manifestación que él encabezó junto a Carrillo, Marcelino, Simón, Víctor, etc. en repulsa al golpe de Tejero, o que no me hice seguidor de Aznar por acudir a la masiva protesta contra los atentados terroristas de Atocha en marzo del 2004, no me convertiré en lo que no soy por decir que dicha concentración me parece oportuna y necesaria. Me parece delirante que, por el hecho de anunciar su participación los partidos de la derecha, prime la descalificación (foto de Colón) sobre el respeto que merece por los objetivos que persigue, que no son otros que detener la concesión de los indultos en cuestión.

Por motivos que saben bien quienes me conocen, no acudí a Colón este domingo, y, sin embargo, estuve en Colón. Estuve junto a quienes entienden que la Izquierda seria y consecuente está del lado de la Constitución, sin por ello sacralizarla, al tiempo que combatiendo democráticamente los nacionalismos, aventurerismos y populismos que son absolutamente incompatibles con el avance democrático, la Solidaridad, el Progreso y el Bienestar social.